LA DICTADURA DE LA INCOMPETENCIA DEL ESTADO.

El miércoles 8 de Febrero de 2012, Raúl Vejar, Gerente General de Sonda S.A., escribió a Cartas de El Mercurio, su impresión respecto del proceso de licitación de cédulas y pasaportes que está llevando a cabo el Registro Civil.

El nuevo refrán: A río revuelto, ganancia para Sonda

Comienza la misiva indicando que le resulta “curioso” que “una de las propuestas más grandes de tecnologías de información de la historia de Chile, fue adjudicada en los hechos sin competencia, al proponente más caro de todos, y en medio de múltiples demandas por irregularidades en la oferta de este proponente”. Y solicita que “los tribunales de justicia restablezcan el derecho quebrantado en este proceso…vergonzoso proceso licitatorio internacional, en el que la imagen de Chile ha quedado seriamente dañada, y con consecuencias difíciles de predecir”. Recuerda que “anteriormente, existieron ya varios fallos en contra del Registro Civil por irregularidades en este mismo proceso, que significaron la salida de varios directivos de esta institución del Estado”.

Y continúa planteando que “Sonda es el actual proveedor de cédulas de identidad y pasaportes chilenos desde el año 2002, documentos que son destacados en toda la región por su extraordinaria calidad y cuya obtención es expedita y segura…”. Y “por ello, resulta insólito e increíble que se excluyera a Sonda, la empresa de TI latinoamericana más importante de la región, por falta de experiencia, y nadie haya cuestionado tal calificación”.

Indica Vejar que “en este proceso licitatorio, la adjudicación final prescindió de cualquier análisis de las propuestas técnicas o precios de los seis proponentes competidores del adjudicado, dado que los seis, sin excepción, fueron excluidos del proceso por razones administrativas”. Recalca que “Sonda anteriormente había sido excluida por un "criterio técnico", pero los tribunales de justicia ordenaron reincorporar a Sonda al proceso de evaluación, puesto que a todas luces había sido una arbitrariedad”.

Finaliza diciendo que “estamos convencidos que Sonda tiene la mejor oferta técnica, a un precio muy competitivo, lo que definitivamente conforma una propuesta mejor que la adjudicada por el Registro Civil, pero el Registro Civil finalmente no comparó las propuestas del adjudicado con la propuesta de Sonda ni de los otros proponentes. Lo más increíble es que, al final, el Gobierno podría terminar comprando 400 millones de dólares sin competencia”.

Y resulta realmente curioso que una empresa tan exitosa apele a la opinión pública, buscando apoyo y sostén y no enfoque sus energías hacia la presentación de las mejores propuestas tecnológicas para el Chile del siglo 21. En la mente de muchas personas, equivocadas o no, está sembrada la duda de Sonda como proveedor de un proyecto como el Transantiago fracasado. Además, seamos claros, a rio revuelto en el Registro Civil, ganancia para Sonda.

A río revuelto, ganancia de Sonda.

Ya se van a cumplir cinco años de que el Registro Civil iniciara la millonaria licitación de US$ 400.000.000 para la fabricación de cédulas y pasaportes, y las denuncias por supuestas irregularidades en el proceso de licitación continúan lo que provoca demoras y retrasos.

Claramente, estos millones de US$ son el suficiente estímulo para que todas las empresas que postulan a esta licitación presenten denuncias ante la Contraloría General de la República alegando actuaciones irregulares por parte del organismo público que van desde la no entrega de una boleta de garantía, funcionarios con conflictos de intereses, críticas a la estructura de la comisiones evaluadoras, cambios sobre la marcha de las reglas de licitación, etc., y con el fin expreso de ser los elegidos.

Al final, es la Contraloría la que realiza los sumarios administrativos para investigar la transparencia del proceso y proteger los intereses públicos y fiscales. Y este permanente escenario significa siempre nuevos retrasos.

¿A quién benefician estos retrasos?. Por supuesto, estos retrasos benefician a  Sonda, empresa de Andrés Navarro, que es la que continúa proveyendo las cédulas y pasaportes hasta que se adjudique el negocio a un nuevo proveedor. Por ejemplo, hasta el momento, el contrato que Sonda mantiene con el servicio estatal ha caducado dos veces. La primera vez el 30 de agosto de 2008, y como aún no se adjudicaba la licitación, el servicio público debió renovar su contrato por dos años más. Luego, el 30 de agosto de 2010 volvió a caducar la extensión, la que se amplió hasta el mismo mes de 2013.

En otras palabras, todas las suspensiones y dilataciones del proceso sólo benefician a Sonda, cuyo contrato venció en agosto de 2008 y ha sido renovado sucesivamente, incluso mejorando las condiciones y solo porque no ha podido adjudicarse esta licitación. Claramente, la participación de Sonda en las acciones legales, que detienen el proceso, implica claros conflictos de interés porque se ve directamente beneficiada.

Es decir, mientras más se alargue el proceso en el Tribunal de Contratación Pública y la respectiva investigación de Contraloría, la empresa de propiedad de Andrés Navarro, uno de los grandes amigos del Presidente Piñera y socio suyo en la propiedad de un helicóptero, continuará facturando sin necesidad de invertir en nuevas tecnologías, como las requeridas por el Registro Civil en su nueva licitación. Y si la licitación se declarara desierta, Sonda continuaría como proveedor del Registro Civil hasta que se lleve a cabo un nuevo concurso.

En conclusión, Sonda es la gran beneficiada de este caudal de conflictos sin fin, ¿por qué las instituciones del Estado son tan incompetentes en su actuar?.

La dictadura de la incompetencia del Estado: el Principio de Peter

La frase predilecta del presidente Lagos, cada vez que se producía un escándalo, era que había que "dejar que las instituciones funcionen". Pero, con el caso Registro Civil, Coimas, Indap, los sobresueldos MOP-Gate, el jarrón de Corfo-Inverlink, indemnizaciones, ProChile, Onemi, La Polar, colusiones, etc., la duda es permanente: ¿realmente las instituciones estatales funcionan?, ¿funcionan?.

La dictadura de la incompetencia del Estado 

La percepción generalizada es que las instituciones estatales no funcionan de acuerdo a las exigencias modernas porque tienen una plantilla de funcionarios y profesionales muy poco preparadas para las nuevas exigencias, y que rozan con la incompetencia, lo que da pábulo para recordar al Principio de Peter. Afortunadamente, durante los últimos gobiernos se implementó el Servicio Civil para la contratación de mandos medios y jefaturas en la administración pública, y la necesaria transparencia ha permitido avances respecto de épocas pretéritas, lo que ha posibilitado que salgan a la luz las maquinarias y redes que se han instalado, moviendo millones de dólares y que alcanzan las más altas esferas del poder.

En nuestra sociedad observamos tres grandes clases sociales. En primer lugar, tenemos la clase dominante, social y económicamente, que no cree en la libre competencia ni en el libre mercado; en segundo lugar, tenemos el pueblo llano, la clase económicamente modesta que, a causa de su origen socioeconómico o de la educación que han recibido, desconfían de todos y de la libertad de mercado; y, en tercer lugar, tenemos a la clase política que llega al poder y se considera maneja los recursos del Estado.

Así, mientras la clase política se declara enamorada públicamente del pueblo llano, en los oscuros pasillos lo engaña con la clase dominante porque el Fisco es un botín apreciable para aquellos que buscan el poder para sus fines personales. Por ejemplo, ya no sorprende que muchos políticos populistas sin riqueza heredada y que jamás han trabajado fuera de la política terminan siendo, luego de algunos años, magnates e iniciadores de familias ricas, poseedores de empresas, dueños de acciones y activos de enorme valor.

Por lo tanto, el matrimonio público entre la clase política y el pueblo llano genera hijos legítimos estériles en la forma de empleados públicos que son los que predominan en los cargos inferiores de las planillas estatales. Al mismo tiempo, la relación oculta entre la clase política y la clase dominante hace surgir otro vástago estéril: el gerente público. Al final, ambos funcionarios tienen dos jefes, el jefe directo del servicio y el jefe político que le puso en el cargo, por lo que deben moverse entre aguas para no tener problemas.

Cómo se comprenderá, para ambos tipos de cargos, se eligen personas que reúnan una serie de características: pertenecen al partido político o a la ideología de turno; tienen un padrino en las instancias políticas que responde por ellos; muchas veces no importa ni la experiencia ni los conocimientos para el cargo; acceden a los cargos directamente y sin concursos.

Lo anterior forma parte del macroproceso de "feudalización de la administración pública” que consiste en que los partidos políticos empiezan a adquirir derechos sobre ciertos servicios públicos, y ellos quedan a cargo de un partido determinado, incluso con cambios de presidentes. Esta feudalización se concentra en los partidos mayoritarios que, de esa manera, institucionalizan dichas prácticas y crean instituciones que responden a sus propios intereses en vez de los intereses de la ciudadanía.

No debe extrañar, entonces, que un alto porcentaje de personas que se desempeñan como funcionarios públicos sean incompetentes porque ejercen cargos para los cuales no tienen las aptitudes mínimas. Pero, lo asombroso no es esto, sino que a nadie parece importarle e incluso lo aceptan y lo consideran normal. Es decir, el Principio de Peter opera públicamente en las jerarquías estatales.

“El Principio de Peter” de Laurence Peter fue editado por primera vez en el año 1969, sin embargo sigue vigente hasta el día de hoy. Según este Principio “en una jerarquía, todo empleado tiende a ascender hasta su nivel de incompetencia”, y el Corolario indica que “con el tiempo, todo cargo tiende a ser ocupado por un empleado que es incompetente para desempeñar sus obligaciones”.

Por lo tanto, si se llenan los cargos en la administración pública en base al compadrazgo y cercanía política, sin tener en cuenta los méritos y las competencias, creamos jerarquías conformadas por personas que no están capacitadas para desempeñarse mínimamente.

El resultado de todo este proceso es que tenemos un Estado precario, débil e incapaz de enfrentar las exigencias de la modernidad. Estamos atrapados por la dictadura de la incompetencia estatal, ¿hasta cuándo?.

Y la solución no va por aumentar el tamaño del Estado, como insisten latamente los socialistas, sino en profesionalizar la plantilla, y evaluar permanentemente a los funcionarios públicos. En el siglo 21, necesitamos un Estado profesional, moderno, limitado y potente, para entregar los servicios que los ciudadanos requieren, porque el Estado debe estar al servicio de los ciudadanos y no al revés, ¿tendremos éxito en este desafío?.

PANORAMA Liberal

Martes 14 febrero 2012