 |
| Alberto Benegas Lynch, el drama de la drogadicción |
En gran medida, debido a la reiterada argumentación de varios de mis alumnos en distintos medios universitarios, he cambiado de parecer en cuanto a la prohibición, lo cual he puesto de manifiesto en otras ocasiones. En esta oportunidad, pretendo resumir este problema tan espinoso y controvertido para señalar las graves consecuencias de que el aparato estatal penalice la producción y el uso de los estupefacientes en cuestión. Divido el análisis en quince puntos, que considero centrales y que, estimo, derivan de la aludida prohibición.
PRIMERO: el mercado negro eleva el precio de la droga.
En primer término, el precio de la droga se eleva debido a la prima por el riesgo de operar en el mercado negro. En la mayor parte de los países, la cruzada estatal es de tal envergadura que el riesgo es grande y, consecuentemente, los márgenes operativos resultan astronómicos. Los ingresos que reciben los productores de Bolivia, Perú, Turquía, Laos o Pakistán resultan mínimos si se los compara con las suculentas ganancias de los que ponen el producto a disposición del consumidor final. Esto estimula el incremento de la producción y elaboración de las drogas.
SEGUNDO: los altos precios rentabilizan el negocio de la droga.
Debido a lo señalado en el punto precedente, se torna económica la producción de productos sintéticos de efectos inmensamente más demoledores que los naturales, tales como el crack, el china white, el ice, el coco snow, el synth coke, el crystal cain, etcétera.
TERCERO: las altas rentabilidades estimulan a los intermediarios.
También como consecuencia de los exorbitantes márgenes operativos surge la figura del pusher, con incentivos descomunales para conseguir adeptos en todos los mercados posibles, especialmente entre la gente joven, siempre más dispuesta a ensayar lo nuevo, sobre todo si la mercadería se presenta con características poco menos que redentoras.
CUARTO: el mercado de la droga no genera víctimas, y puede afectar otros derechos de las personas.
En los casos en que se produce la lesión a un derecho, hay un victimario y una víctima. Esta última, o quienes actúan como subrogantes, denuncian la agresión y pretenden el castigo y la recompensa correspondiente.
En el caso que nos ocupa, debido a que se trata de arreglos contractuales, no hay víctima del atropello a un derecho, ni victimario. Por lo tanto, debe recurrirse al soplón y también al espionaje y a la consecuente invasión de la privacidad y de los derechos de las personas, lo cual incluye exámenes de orina, sangre, revisión de bolsillos y carteras, olfateo por parte de sabuesos entrenados al efecto, violación de la correspondencia, del domicilio y el secreto bancario, "pinchadura" de conversaciones telefónicas y detención de personas por llevar "demasiado" efectivo, además de violencia física de muy diversa índole y magnitud.
QUINTO: el que se droga pasa a ser un criminal.
En este contexto, toda persona que desea drogarse es obligada a entrar necesariamente en el circuito criminal, con lo que se expone a todo tipo de vandalismos, al tiempo que es permanentemente invitada a incorporarse a las bandas.
SEXTO: aumenta la corrupción.
Debido a las sumas astronómicas que manejan los narcos, existe una permanente presión para corromper a policías, jueces y gobernantes, incluyendo, en primer término, a lo que era en Estados Unidos el Federal Bureau for Narcotics y lo que ahora es el Drug Enforcement Administration. Se llenan libros con las listas de los corruptos que, se supone, están encargados de librar la guerra a los narcos, pero que, en verdad, muchas veces cubren sus operaciones.
SÉPTIMO: la guerra a la droga la financian los contribuyentes.
El costo de la antedicha guerra lo deben sufragar, coactivamente, todos los contribuyentes. Por ejemplo, en los Estados Unidos, sólo en el último ejercicio fiscal, el gobierno federal gastó 18 mil millones de dólares en esta cruzada, en la que la gran mayoría de los ciudadanos debe pagar para combatir al porcentaje minoritario que decide intoxicarse.
OCTAVO: lo prohibido es más atractivo.
El atractivo del "fruto prohibido" hace de incentivo adicional, especialmente entre los colegiales. Esto fue lo que también ocurrió en los Estados Unidos con la ley Volstead, más conocida como Ley Seca, que requirió una enmienda constitucional y que duró desde 1920 hasta 1933. Esta cruzada contra el alcohol tuvo que ser abandonada porque terminó en una catástrofe y en un estímulo enorme para la mafia.
NOVENO: la guerra contra la droga amplifica una violencia creciente.
Cada vez en forma progresiva, la guerra antinarcóticos abarca territorios mayores. Hay ciudades en las que los tiroteos entre facciones rivales y la policía convierte en imposible la coexistencia. No hay esta violencia entre vendedores de pollos o de relojes. Ocurrió con el alcohol y ahora con las drogas debido a la manía de manejar vidas ajenas en lugar de reservar la fuerza para fines exclusivamente defensivos.
DÉCIMO: las diferencias en los mercados de la droga se resuelve con sangre.
Las municiones que vuelan por los aires y que hacen la vida imposible a ciudadanos pacíficos aparecen también como consecuencia de que las diferencias que pueden suscitarse en las operaciones comerciales de marras no se pueden resolver en los tribunales, ya que la droga está prohibida, lo cual cierra el camino a procesos evolutivos de arbitraje.
UNDÉCIMO: la prohibición de usar jeringas.
En algunos lugares se restringe, también por ley, el uso de jeringas, lo cual conduce a un espeluznante efecto multiplicador del sida y de otras enfermedades infecciosas, además de las lesiones cerebrales irreversibles que causa la tragedia de la drogodependencia.
DUODÉCIMO: se estimula el lavado de dinero.
Se estimula el engaño a través del lavado de dinero o del blanqueo de capitales, fruto del comercio con la droga, con lo que operaciones que aparecen como inocentes terminan por envolver a personas ajenas al negocio de los estupefacientes.
La Financial Task Force of Money Laundry estima que el 70 por ciento del dinero que se lava en el mundo es el resultado del narcotráfico (el resto es, principalmente, fruto de la corrupción de gobernantes, del terrorismo y de la extorsión).
DÉCIMO TERCERO: los delincuentes no son drogadictos.
Visto desde una perspectiva metodológica, como es sabido, correlato no significa nexo causal. Se suele mostrar la participación de drogadictos en diversos crímenes, cuando lo relevante para el caso es mostrar el porcentaje insignificante de drogadictos que cometen crímenes, tal como queda reflejado, entre otros, en el trabajo de Bruce Benson y David Rasmussen sobre crímenes y drogas.
DÉCIMO CUARTO: el consumo de drogas es una decisión personal.
Quien usa la droga para fines no medicinales se está dañando, pero eso no significa que se convierte en un asesino.
Constituye una presunción a todas luces gratuita el suponer que el poeta que se cree "más inspirado" y que el operador de Wall Street que piensa que será "más eficiente" si consume drogas se convierten en asesinos.
Cada uno responde ante su conciencia y debe asumir las responsabilidades por lo que hace. Quien comete un crimen bajo el efecto de las drogas no debería sufrir consecuencias legales atenuadas, sino, por el contrario, agravadas.
DÉCIMO QUINTO: una persona drogada debe ser punible si comete actos violentos o criminales.
Sin duda que hay comportamientos que pueden poner en peligro la seguridad de otros. Si mi vecino está maniobrando con fósforos y explosivos o si su hijito está jugando con un cañón antiaéreo en la medianera de mi casa, tendré el derecho de denunciarlo y de que se proceda en consecuencia para remediar la situación.
También quienes habitan las casas lindantes a la mía protestarán justificadamente si me excediera en la emisión de decibeles o de monóxido de carbono.
En esta misma línea argumental es natural que en un centro comercial o en una autopista privada cualquier manifestación de intoxicación sea reprimida. En los casos de la llamada propiedad pública, las manifestaciones de intoxicación deben ser punibles. A estos efectos resulta irrelevante si la intoxicación se produjo con pegamentos, jarabe para la tos, tranquilizantes, alcohol o con las drogas a las que nos estamos refiriendo.
Algunas opiniones.
En el Wall Street Journal, Milton Friedman nos dice: "Las drogas son una tragedia para los adictos. Pero la criminalización de su uso convierte esa tragedia en un desastre para la sociedad, indistintamente para usuarios y no usuarios".
William F. Buckley, en el Washington Post, escribe: "La nuestra es una sociedad en la que mucha gente se mata con tabaco y con borrachera. Algunos lo hacen con cocaína y heroína. Pero deberíamos tener presente todas las vidas que se salvarían si la droga mortal se pudiera vender al precio del veneno para las ratas".
En uno de los editoriales de The Economist titulado "Misión imposible" se lee: "La prohibición (de las drogas) y su fracaso inevitable convierten un mal negocio en uno rentable, criminal y más peligroso para los usuarios".
En el margen, hoy se expenden algunas drogas de mala calidad a un precio relativamente bajo, pero siempre en el contexto de una fenomenal estructura montada por los antedichos márgenes suculentos. Anulados los incentivos artificiales, habrá drogas que desaparecerán por antieconómicas y, en otros casos, los precios se reducirán sin que se eleve el consumo, debido, precisamente, a que se revierte drásticamente la potente maquinaria que empuja las ventas.
Sin duda que el drama de la drogadicción es consecuencia de la pérdida de valores por parte de quienes alegan la necesidad de alucinarse y, por tanto, renuncian a la condición propiamente humana de utilizar con lucidez la estructura intelecto-volitiva de que estamos dotados. Independientemente de aquella decisión vital, manteniendo los demás factores constantes, la propuesta de liberar el mercado de drogas permite concluir que el uso de las drogas tiende a disminuir, tal como ha ocurrido en diversos lares, lo cual queda consignado, por ejemplo, en las obras Dealing with drugs, Consequences of government control, compilada por Ronald Hamowy, y The crisis in drug prohibition, compilada por David Boaz.
Alberto Benegas Lynch es presidente de la sección Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias.
Fuente: La Nación de Buenos Aires.
No hay comentarios:
Publicar un comentario