La lamentable situación generada por la empresa La Polar, repactación de deudas en forma unilateral dejando a miles de clientes afectados, ha puesto en la boca de los ávidos socialistas de siempre la “urgente necesidad de más regulaciones y controles”. Así, los diputados DC, Torres y Chahín en conjunto con los dirigentes de organizaciones de protección al consumidor y usuarios están exigiendo a las autoridades de gobierno facilitar y promover la legislación de iniciativas de protección.
Los socialistas ya enfatizan que no se trata de casos aislados, si no que este tipo de situaciones suceden todos los días y son las personas-consumidores los que tienen que sufrir las inclemencias que les impone el mercado, la falta de regulación, la falta de protección y además la falta de legislación que proteja efectivamente.
La incompetencia de la SVS y la SBIF
Las críticas se centran en el papel de las diversas instituciones públicas, SBIF y SVS, encargadas de la fiscalización de las empresas del retail y financieras, ¿qué tipo de instituciones fiscales hemos construido?, ¿estamos seguros que, si tuviéramos instituciones ad-hoc, el caso La Polar no hubiese ocurrido de igual manera?.
Respecto de la SBIF, en el Artículo 2º se plantea que “corresponderá a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras la fiscalización, del Banco del Estado, de las empresas bancarias, cualquiera que sea su naturaleza y de las entidades financieras cuyo control no esté encomendado por la ley a otra institución...La Superintendencia tendrá la fiscalización de las empresas cuyo giro consista en la emisión u operación de tarjetas de crédito o de cualquier otro sistema similar, siempre que dichos sistemas importen que el emisor u operador contraiga habitualmente obligaciones de dinero para con el público o ciertos sectores o grupos específicos de él…”. Y en el Artículo 12 se indica que “corresponderá al Superintendente velar porque las instituciones fiscalizadas cumplan con las leyes, reglamentos, estatutos y otras disposiciones que las rijan y ejercer la más amplia fiscalización sobre todas sus operaciones y negocios...”. ¿Dónde estuvo la SBIF y el superintendente todo este tiempo?
Respecto de la SVS, en el Artículo 3º se indica que “corresponde a la Superintendencia de Valores y Seguros la superior fiscalización de las personas que emitan o intermedien valores de oferta pública…”. En el Artículo 4º se indica que “corresponde a la Superintendencia velar por que las personas o instituciones fiscalizadas, desde su iniciación hasta el término de su liquidación, cumplan con las leyes, reglamentos, estatutos y otras disposiciones que las rijan, y, sin perjuicio de las facultades que éstos le otorguen, está investida de las siguientes atribuciones generales…: examinar todas las operaciones, bienes, libros, cuentas, archivos y documentos de los sujetos o actividades fiscalizados y requerir de ellos o de sus administradores, asesores o personal, los antecedentes y explicaciones que juzgue necesarios para su información. Podrá pedir la ejecución y presentación de balances y estados financieros en las fechas que estime convenientes, para comprobar la exactitud e inversión de los capitales y fondos. Igualmente, podrá solicitar la entrega de cualquier documento, libro o antecedente que sea necesario para fines de fiscalización, sin alterar el desenvolvimiento normal de las actividades del afectado. Salvo las excepciones autorizadas por la Superintendencia, todos los libros, archivos y documentos de las entidades o personas fiscalizadas deben estar permanentemente disponibles para su examen en la sede principal de sus negocios”. ¿Dónde estaba la SVS y el superintendente?
Lo que aquí existe, por el lado del ámbito público, es un clásico caso de incompetencia en su accionar por parte de las entidades llamadas para ello. En realidad, si estas instituciones, al parecer, no son capaces de fiscalizar adecuadamente, ¿Por qué existen?, ¿debemos crear nuevas leyes e instituciones para suplir la incompetencia de las existentes?. Lo anterior es muy peligroso puesto que las excesivas regulaciones de corte socialista siempre terminan castrando el crecimiento, creando barreras de entrada y limitando el acceso igualitario al mercado.
En realidad, a las grandes empresas ya existentes, que siguen hundiendo costos al aumentar el número de sucursales, les interesa muchísimo un sector sobre-regulado porque de esa manera impiden la libre competencia y reducen la posibilidad de que algún entrante más competitivo los pueda dejar fuera del mercado por ineficiente.
Por ejemplo, algunos analistas sostienen que Home Depot y JC Penney, en su momento, no pudieron sostenerse en el mercado chileno, no por mayor eficiencia de las empresas existentes, sino que el cumplimiento de las excesivas leyes y burocracia terminaban encareciendo las operaciones del nuevo entrante a lo que se sumaban estrategias comerciales más agresivas de los nacionales.
La maldición de la regulación gubernamental.
La tesis socialista de maximizar la regulación gubernamental es la siguiente: En general, las empresas privadas son más eficientes, pero deben ser fuertemente intervenidas y reguladas por el Estado y sus instituciones con el objetivo de impedir comportamientos inadecuados que afecten al “bien común”.
Así, la crisis financiera subprime y la crisis de La Polar han entregado leña para el fuego socialista, enemigo acérrimo de los mercados libres, en su pedido de continuar aumentando las regulaciones a niveles infernales. Recordemos que, por adoctrinamiento, los socialistas no creen en el rol que tienen los mercados como generadores de riqueza, y aprovechan cualquier desliz para seguir condenando sus defectos. Al final, lo aceptan a regañadientes pero presionando por un mayor control político y democrático.
La caída del muro de Berlín puso a los socialistas de cara a la realidad y como su ideología cayó como un castillo de naipes, han pasado a la estrategia del segundo mejor: inocular el virus socialista en el interior de las sociedades democráticas y libres. Por lo tanto, los socialistas se han convertido en demócratas dogmáticos porque solo reconocen un límite al gobierno: la opinión mayoritaria expresada en elecciones cuando los elegidos son ellos. Por eso, para los socialistas, demócratas dogmáticos, el hecho de que la mayoría quiera algo es una razón suficiente para considerarlo bueno, pues, en su opinión, la voluntad de la mayoría determina no solo lo que es ley, sino lo que es buena ley.
Pero, la democracia solo permite legitimar el poder y no es perfecta debido a los defectos inherentes del proceso político. En primer lugar, los que manejan el Estado son políticos que surgen de partidos políticos que, se supone, reflejan la diversidad ideológica de una sociedad, pero que siempre reflejan intereses individuales o de grupos de poder que disputan la “teta fiscal” con dientes y garras. Si a lo anterior, agregamos que los partidos políticos son una fiel expresión de espacios cerrados a la participación democrática podremos convenir que el resultado es el surgimiento de liderazgos marcadamente autoritarios.
En segundo lugar, en su búsqueda de apoyo electoral, los políticos y los partidos se asocian a grupos de poder que después les pasan la respectiva factura en los pasillos del Palacio. Y, claro, como por arte de magia surgen las leyes ad hoc que aumentan las regalías y ventajas por medio de manipulaciones artificiales o legales. Pasa a ser, en la jerga socialista, los “nuevos derechos adquiridos luego de una gran lucha social”.
En resumidas cuentas, la democracia política no es una fiel representante de todo el pueblo, pero si una fiel representante de los grupos de poder que la mantienen y sostienen.
Por lo tanto, dado el modo de funcionar del proceso político, las regulaciones siempre terminan favoreciendo invariablemente a las industrias reguladas. Es decir, el regulado siempre cautiva a su regulador.
Una conclusión: la maldición de la regulación socialista
Y la esperanza socialista de que maximizar la regulación es la clave para aumentar la prosperidad se convierte en una maldición. Los gobiernos y la política son incapaces de hallar adecuadas soluciones a los problemas de dinámica y evolución de los mercados, y sus pretensiones de más regulación solo traen consigo una reducción de los niveles de competencia y los consiguientes aumentos en los niveles de pobreza.
Recordemos que solo a socialistas como Lagos-Bachelet se les podría haber ocurrido diseñar e implementar un engendro del transporte como el Transantiago. La economía de la regulación tiene pruebas bastante sólidas de los enormes daños que causan los gobiernos “bienintencionados” cuando intentan suplir el funcionamiento de sistemas complejos con leyes humanas diseñadas en cómodos y calefaccionadas oficinas a 300 metros de altura. Y mientras mejor es la intención, mayor es el daño.
El castigo en términos de imagen para La Polar, y la investigación en curso es un disuasorio claro para evitar futuros casos. En otras palabras, el fraude y ofrecer servicios de baja calidad no duran eternamente, y son corregidos por el propio mercado cuando los consumidores dan la espalda a proveedores infractores.
En cambio, el proceso político genera fuertes incentivos para implementar leyes muy restrictivas que permiten cosechar votos a costa de aumentar los costos y los precios, por medio de la reducción de la amenaza de ingreso de nuevos entrantes. Así, los precios más elevados perjudican más a los pobres que a los ricos, y, en otras palabras, las externalidades del socialismo pueden causar mayores daños que las del capitalismo.
La conclusión final es que la maximización de la regulación socialista lograría su objetivo si fuera realizada por “los hombres y mujeres buenos y nuevos del socialismo”, una especie de nueva raza humana superior a las actuales. Desafortunadamente, debemos conformarnos con los Auth, Escalona, Lagos, Bachelet, Toha, Andrade y tantos más que están muy lejos de ser la nueva raza prometida por el socialismo.
En realidad, son los mismos que gobernaron por 20 años, ¿les permitirá la ciudadanía que sigan administrando los recursos estatales con el desparpajo que muestran en su vida pública y política?.
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