EL NEGOCIO DE LOS DDHH DE LA IZQUIERDA CHILENA

No debe extrañar a nadie el verdadero negocio público que armaron los gobiernos de izquierda de los últimos 20 años para, supuestamente, defender los derechos humanos. Ellos, los históricamente violadores de los derechos humanos se han transformado, ¡que paradoja!, en sus principales defensores…Pero, claro, lo han transformado en un muy buen negocio a cargo de los contribuyentes…

El negocio de los DDHH de la izquierda

Así, durante estos años, la izquierda ha promulgado las leyes 19.123 o Informe Rettig, 19.234 o de beneficios para los Exonerados Políticos y 19.992 sobre prisión política y Tortura, y hasta agosto del 2007, todos estos pagos han alcanzado la impactante cifra de US$ 1.386.000.000. Anualmente estos beneficios tienen un costo aproximado para los contribuyentes y el erario nacional de US$ 200.000.000. El desglose es el siguiente:

Ley 19.123 de Reparación, originada en el Informe Rettig (por desaparición y ejecutados) contempla $2.500.000 al año por beneficiario. Entre 1994 y 2006 arroja una cantidad de $99.799.067.000. A eso hay que agregar un bono compensatorio pagado por una vez en 1992 de $2.500.000 (Dos millones y medio de pesos).

Ley 19.234 Estableció beneficios para los Exonerados Políticos, desde 1995 hasta 2006 a significado una cantidad de $573.788.439.000.

Ley 19.992 sobre Prisión Política y Tortura (Producto del Informe Valech) entre 2005 y 2006 ha significado la cantidad de $44.734.983.000.

Resulta claro de que estamos hablando: un verdadero negocio con los recursos de los contribuyentes que debe detenerse. Es así como se confirma la tesis de que a los progresistas les desagrada el capitalismo de derecha pero son fanáticos del capitalismo de estado o de izquierda.

La defensa de los derechos humanos solo requiere de más democracia

Lo extraño de todo es que, en democracia, la defensa de los derechos humanos solo requiere leyes que nos hagan iguales y sean respetadas por todos.

John Locke decía que “la finalidad perseguida por las leyes no se cifra en abolir o limitar la libertad, sino, por el contrario, en preservarla y aumentarla. En su consecuencia, allí donde existen criaturas capaces de ajustar su conducta a normas legales, la ausencia de leyes implica carencia de libertad. Porque la libertad presupone el poder actuar sin someterse a limitaciones y violencias que provienen de otros; y nadie puede eludirlas donde se carece de leyes. Tampoco la libertad consiste -como se ha dicho- en que cada uno haga lo que le plazca. ¿Qué hombre sería libre si el capricho de cada semejante pudiera gobernarlo? La libertad consiste en disponer y ordenar al antojo de uno su persona, sus acciones, su patrimonio y cuanto le pertenece, dentro de los límites de las leyes bajo las que el individuo está, y, por lo tanto, no en permanecer sujeto a la voluntad arbitraria de otro, sino libre para seguir la propia”.

La lucrativa institucionalidad de los derechos humanos

El negocio público de los derechos humanos se centra en instituciones como el Instituto de Derechos Humanos, el Museo de la Memoria, otras fundaciones y las regalías de las leyes de reparación que nacieron en estos 20 años de gobiernos de izquierda y que por supuesto, requieren recursos siempre crecientes para funcionar, siendo su único fin recordar y mantener una “atenta vigilancia sobre la situación de los derechos humanos en Chile”.

Así, los ejecutivos de la actual institucionalidad pública, autónoma, asociada a los derechos humanos están preocupados por la disminución de los presupuestos asignados y como la intención es mantener y/o aumentar, pero no reducir, los montos históricos, están realizando el lobby para que los parlamentarios de la oposición presionen al gobierno con el bloqueo de estar partidas del presupuesto.

Resulta curiosa la “independencia” de esta parte del sector público para defender sus propios y particulares intereses. Fueron creadas como una extensión de la ideología de izquierda y financiada por los gobiernos de izquierda de los últimos 20 años, pero la cuestión es: ¿Qué aporta esta institucionalidad para que los contribuyentes sigan aportando recursos?, ¿Por qué no usar esos recursos en otros fines?.

Los reclamos (ver carta anexa) están liderados por la directora del Instituto de Derechos Humanos, Lorena Fries, quién ha pedido a los parlamentarios opositores que salgan a denunciar este fuerte recorte presupuestario. La ley 20405 creó esta institución “como una corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio..”. Así, el IDH debe solicitar financiamiento y en esta oportunidad solicitó $2.180 millones y el presupuesto solo le asignó algo más $1.000 millones, cifra “muy menor” para que éste funcione durante todo el año. En opinión de Fries “estamos en una situación muy complicada…que nos rebajen cerca del 35% es atentar contra el mandato legal, no cubrimos todas nuestras necesidades y eso es no darle la relevancia que tiene al Instituto. Hubiese esperado que nuestro surgimiento fuera bienvenido por todos los sectores y a eso aspiramos"...¿Cómo puede ser autónoma una institución si necesita recursos del estado?

En democracia, los DDHH se respetan con leyes justas e igualitarias, y así lo confirma la misma ley en su Artículo 2º al plantear que el IDH “tiene por objeto la promoción y protección de los derechos humanos de las personas que habiten en el territorio de Chile, establecidos en las normas constitucionales y legales; en los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, así como los emanados de los principios generales del derecho, reconocidos por la comunidad internacional”.


Es decir, en democracia, los DDHH se respetan promoviendo leyes que defiendan los derechos individuales de manera justa e igualitaria, pero no creando instituciones autónomas y parásitas que terminan defendiendo sus propios intereses como es este el caso.

ANEXO: La carta de la Sra Fries
Viernes 22 de Octubre de 2010

Derechos Humanos: desafío transversal

Señor Director:

La creación del Instituto Nacional de Derechos Humanos constituyó uno de los consensos importantes en lo que podríamos llamar la conversación política y social de los derechos humanos en Chile. En efecto, nuestra experiencia en derechos humanos tiene su origen en las violaciones sistemáticas y generalizadas ocurridas entre los años 1973 y 1990. A partir de entonces, y si bien otros campos normativos y de reflexión se han abierto, no se ha logrado instalar aún una mirada integral en materia de derechos humanos.

La voluntad política de todo el espectro en la aprobación de la Ley 20.405 fue una buena señal y, más aún, da cuenta de que existió una disposición para encarar el desafío de superar las trincheras, las apropiaciones y las descalificaciones en torno a la temática, que inauguraron un nuevo período en dicha conversación. Ese primer consenso reflejó una preocupación de país y una convicción en torno a que es necesario ampliar, renovar e integrar aquello que hasta ahora habíamos entendido como derechos humanos, con el conjunto de demandas por reconocimiento y protección de otros derechos, propio de una sociedad moderna y democrática. Queda aún mucho paño que cortar, pero ese consenso marco original debiera guiar esta etapa de manera de minimizar temores, prejuicios y estigmatizaciones a los que hemos estado habituados en los últimos años.

Ningún Estado festeja el que una entidad nacional autónoma de derechos humanos le señale que se puede avanzar más en el reconocimiento o protección de un derecho, y por tanto diferencias en este campo las habrá. Ellas, sin embargo, son el reflejo de una sociedad que madura y no de una que se convulsiona. Inauguremos entonces un nuevo período donde la reflexión y el debate democrático sean los elementos que nutran los avances en materia de derechos humanos, superando la práctica política nacional a dos bandas en la que lo que unos dicen es negado por otros y viceversa. El Instituto Nacional de Derechos Humanos constituye una inversión para el país, o, más importante todavía, para todos los chilenos y chilenas y tendremos que aprender -y el Instituto debe contribuir a hacer pedagogía no sólo en materia de derechos, sino que también en torno al rol que está llamado a cumplir- a reconocer la existencia y relacionarnos con este nuevo actor.

No escapa a este proceso el que hoy se esté debatiendo el presupuesto del Instituto en el Parlamento. La inauguración de funciones del Instituto Nacional de Derechos Humanos debiera darse en el marco de la voluntad transversal que lo creó. Requiere del apoyo político de todos los partidos y del Gobierno para superar la incomprensión reflejada en una merma del 34,1% respecto del presupuesto solicitado originalmente con que nace a la luz pública. Si no se entiende esta necesidad -que por lo demás afectaría el cumplimiento de las funciones que le señala la ley-, habremos dejado escapar una oportunidad única para trazar la conversación a futuro de los derechos humanos.

Lorena Fríes
Directora Instituto Nacional de Derechos Humanos