Han pasado casi 20 años de la vuelta a la democracia y es aconsejable mantener en la memoria colectiva los hechos eventuales o reales de corrupción que se han denunciado. La ciudadanía responsable debe mantenerse atenta ante estos hechos vergonzosos protagonizados por personas a las cuáles se les dió una alta responsabilidad...
Invitamos a todos a enviar sus aportes para modificar, ampliar e incorporar hechos de corrupción...
GOBIERNO DE DON PATRICIO AYLWIN AZOCAR
1991 EL CASO ONEMI: Desvío de aportes de emergencia para damnificados por temporales y aluvión de Antofagasta y por la erupción del volcán Hundson, en Aisén, debutan como el primer caso de corrupción grave conocido en los gobiernos de la Concertación.
La Oficina Nacional de Emergencias hace desaparecer ayuda avaluada en cerca de $700 millones, siendo desviada a los directivos del organismo. En 1994, la Corte de Apelaciones acreditó delitos por $ 27 millones, condenando a 5 años al ex-director Sergio Navas, un independiente muy ligado a la DC. Se sancionaron también al ex jefe de Adquisiciones Sergio Contreras, Patricio Navas, Sergio Yaksic, Jesús Mundaca y Juan Manuel Yáñez.
Un hecho curioso en torno a este caso es que, cuando los damnificados que iban a recibir la ayuda en Aisén por la erupción del Hudson clamaron ayuda especial de parte del Gobierno de Patricio Aylwin Azócar, el entonces Ministro de Interior, Enrique Krauss Rusque, tuvo el desparpajo de responder que “en Chile no debía haber regiones privilegiadas”.
1992 FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES DE CHILE, FECH: Uso irregular de dineros fiscales. Implicados dirigentes, varios de ellos relacionados directamente con los partidos de la Concertación.
1992 , DIGEDER: Aparecen señales de que la Dirección General de Deporte y Recreación, dirigida entonces por el DC Iván Navarro, había protagonizado irregularidades por un monto de 500 millones de pesos, equivalente al 5% del presupuesto total del organismo ese año. Aunque la Contraloría sólo constató desórdenes administrativos, parte de la Cámara de Diputados y la propia DC reclamaron denunciando que la mayor parte de estos dineros no habían sido perdidos por mala gestión, sino desviados a campañas políticas del partido. Se optó por tapar con tierra este asunto y prácticamente ya está olvidado. Fue la primera denuncia de corrupción que implicaba desvíos de fondos públicos hacia gastos de tipo electoral.
1993 , SERVIU: El organismo se ve involucrado en la extensión irregular de boletas de garantía. Además, hubo cobros indebidos en la Comuna de La Granja.
1993 COBRE, CODELCO / EL TENIENTE: Se denuncia la existencia de contrataciones irregulares en la VI Región. A pesar de la gravedad del caso, nunca hubo sanciones.
1993 CORREOS DE CHILE: Apropiación indebida de recursos en oficinas de Juan Fernández.
1993 REFINERÍAS DE PETRÓLEOS DE CONCÓN, RPC : Tremendo escándalo por millonarios pagos para “desmalezamiento” de la planta. Lo que empezó con la denuncia del diputado RN Ramón Urrutia en los tribunales de Viña del Mar, desembocó en otro de los escándalos más grandes conocidos.
La denuncia demostraba que RPC había pagado en 1993 nada menos que $381 millones de pesos por labores de desmalezado de 32O hectáreas del recinto, encargadas a una empresa propietada por Francisco Zárate. En años anteriores, este trabajo no había superado los $90 millones.
La evidencia apuntaba a que los dineros podrían haber sido utilizados en la campaña senatorial de por lo menos un conocido político entreguista, militante de la DC. La investigación fue abordada por la juez Beatriz Pedrals, del Quinto Juzgado del Crimen viñamarino. Se comprobó el abuso y otra serie de irregularidades, que culminaron en el sometimiento a proceso de seis personas, entre ellas el propio Zárate y el ex-Gerente General de RPC, Marcos Vásquez.
Pero, en una desconcertante decisión, el día 24 de octubre de 1995, la Corte de Apelaciones de Valparaíso aceptó un recurso de protección que habían interpuesto los afectados, con lo que se anuló la resolución de la juez, lo que permitió, dos años más tarde, que los cargos se bajaran simplemente a los de mera “estafa residual”. El gravísimo affaire culminó con ocho directores expulsados, pero ningún detenido y ninguna comprobación de los vínculos del despilfarro con financiamientos electorales. Sin embargo, un océano de oscuros rumores y conjeturas han quedado aún haciendo olas en torno a este sorprendente caso.
1993 INSTITUTO NACIONAL PREVISIONAL, INP: Polémica compra de computadores, aparentemente con montos y cantidades alteradas.
1993 EMOS: Pagos indebidos en Santiago por razones nunca aclaradas.
1993 EMPREMAR: Compra irregular de motonave en Valparaíso. Nada, sin embargo, con el escándalo que al año siguiente comprometería a esta empresa estatal, obligando su cierre definitivo (ver más abajo).
GOBIERNO DE DON EDUARDO FREÍ RUIZ-TAGLE
1994 SEREMI de Transporte, Concepción: Acusaciones de extorsión y chantaje.
1994 OFICINA NACIONAL DE RETORNOS: Desviación de los dineros supuestamente destinados a “retornados” que regresaban a Chile desde el extranjero. También una marejada de rumores persiste sobre el destino real de estos dineros.
1994 SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS: Conflictos de intereses. Primeras sospechas de posibles irregularidades.
1994 EMPREMAR: La Empresa Marítima del Estado protagonizó oscuras transacciones ilegales por parte de sus directores, con las que desfalcaron al Estado en la nada despreciable suma de $495 millones. Estas acciones se cometieron con tal audacia, que no costó emitir sentencias, lo que resulta excepcional en la historia de los escándalos de corrupción en Chile.
Tres ex-ejecutivos íntimamente ligados a la Concertación (Patricio Vidal Walton, Heriberto Guerra Gálvez y Alexis Ramírez) fueron condenados en primera instancia por el ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Gonzalo Morales Herrera, por los delitos reiterados de fraude al Fisco y cohecho.
La sentencia declara que estos delitos tuvieron lugar entre 1991 y 1994. Vidal Walton, que era el Gerente General, fue condenado a seis años de presidio mayor en su grado mínimo como autor de delitos reiterados de fraude al Estado. Se verificó además, que la consultora Seminsa había depositado U$90 mil dólares en su cuenta personal como producto de estas maniobras ilícitas. Él canceló una multa superior a los $168 millones de pesos, siendo inhabilitado de manera perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos, y su castigo con presidio habrá de comenzar tiempo más tarde.
1994 EMPRESA NACIONAL DE CARBÓN, ENACAR - VIII Región: Graves denuncias de narcotráfico e irregularidades involucrando a la empresa estatal. Las acciones venían realizándose desde 1992.
1994 ESVAL - Viña del Mar: Otro de los escándalos más graves y groseros de saqueo de arcas públicas de los últimos años, que comprometió las labores de construcción del colector de Viña del Mar - Valparaíso, encargado a la Empresa Sanitaria de Valparaíso, ESVAL.
Un informe de una comisión investigadora en la Cámara y de la Contraloría de Valparaíso demostraron, en septiembre de 1994, que se había cometido una seguidilla de irregularidades y anomalías, al punto de que el proyecto había cuadruplicado los valores iniciales de la obra. Los desvíos se produjeron a través de dudosas asesorías y manejos oscuros, que significaron pérdidas por $13.500 millones y comprometían seriamente a su Gerente General, Manuel Llanos, y varios otros ingenieros y ejecutivos de la empresa.
El informe culpó a los directores y a dos empresas contratistas. En 1996, sin embargo, ESVAL y CORFO presentaron sus propias querellas por fraude al fisco ante los tribunales viñamarinos. No existe ningún procesado, pero sí un bosque de dudas y cuchicheos de todo tipo sobre el destino final de las platas perdidas.
1994 CORPORACIÓN DE FOMENTO, CORFO – Aisén: Ventas irregulares.
1994 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, MINEDUC: Dudas sobre el destino de U$ 4.700.000 del Ministerio de Educación utilizados hacia 1994 y poco antes de las parlamentarias. El abogado y columnista de “El Mercurio”, Hermógenes Pérez de Arce, emplazó públicamente al Presidente Ricardo Lagos Escobar, en más de una oportunidad, a responder por el destino de este dinero, ya que él era, entonces, el Ministro de Educación. Según Pérez de Arce, parte de estos dineros habrían ido a parar a la polémica compra de herramientas informáticas que ese ministerio realizó aquel año a un conocido empresario socialista español amigo de Ricardo Lagos, sin concursos ni licitaciones.
1994 CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE, CODELCO: El tristemente famoso caso del ejecutivo Juan Pablo Dávila y del fraude de las “Operaciones a Futuro”. Era, hasta entonces, el mayor escándalo de corrupción de la historia de Chile y el mayor fraude al fisco del que se tenga registro.
Todo empezó en el verano de 1994 y casi al final del Gobierno de Patricio Aylwin Azócar, cuando se descubren pérdidas por cerca de U$217 millones relacionadas con el operador de mercados a futuro de la CORFO. Dávila las venía realizando desde fines de 1993 y ostentaba grandes cuentas de enriquecimiento personal como prueba de que se estaba frente a una organización especialmente coordinada para estos ilícitos, y no sólo frente al caso de un funcionario aislado perdiendo dinero patrimonial de Chile.
Nunca se determinaron otras responsabilidades directas, pero el escándalo trajo como consecuencia las renuncias de importantes figuras de la Concertación, como el Vicepresidente Ejecutivo de CORFO Alejandro Noemí, el Vicepresidente de Comercialización de la Minera Gonzalo Trivelli (además de ser familiar de la ex Primera Dama, Leonor Oyarzún de Aylwin), el Gerente de Ventas Owen Guerrini y el Subgerente de Área Carlos Derpsch.
1995 SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANISMO, SERVIU: Irregularidades en fiscalización de viviendas.
1995 SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANISMO, SERVIU - Arica : Fraude al Fisco.
1995 OFICINA DE INSPECCIÓN DEL TRABAJO: Aparente extracción ilegal de dineros.
1995 SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS – Santiago: Se descubre contrabando de prendas de vestir.
1995 BANCO CENTRAL : Falta al procedimiento de licitación pública.
1995 BIBLIOTECA NACIONAL: Desórdenes financieros.
1995 SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS – Arica: Fraudes descubiertos en el complejo aduanero de Chacalluta, que regula el tráfico entre Arica y Tacna, lo que le da una importancia vital en la comunicación Chile-Perú.
1995 EMPREMAR: Compra irregular de computadores en el país y fraude a fisco en la V Región. Estos escándalos terminaron por sepultar y hacer desaparecer la empresa estatal luego de años de polémicas e irregularidades.
1995 CORREOS DE CHILE: Múltiples licitaciones indebidas.
1995 BANCO DEL ESTADO: Otorgamiento irregular de créditos.
1995 SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS / SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO, SAG : Denuncias de corrupción.
1995 ESVAL - V Región: Claras muestras de nepotismo.
1996 SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO, SAG Irregularidades en gastos de la institución.
1996 SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS Irregularidades en declaraciones de importación por pago simultáneo.
1996 METRO DE SANTIAGO Irregularidades en contratos.
1996 INTENDENCIA DE VALPARAÍSO Irregularidades y problemas de gestión culminan en la bullada destitución del Intendente Hardy Knittel.
1996 CONGRESO NACIONAL En el mes de julio se destapa un escándalo de tráfico de drogas dentro del Congreso Nacional. Algunos de los implicados están derechamente relacionados con parlamentarios concertacionistas, e incluso aparece implicada la secretaria personal de un conocido diputado DC, uno de los mayores políticos entreguistas de Chile. El aludido debió declarar en el Tercer Juzgado del Crimen de Valparaíso, ante el magistrado Roberto Contreras. El mismo se negaría rotundamente a hacerse el famoso examen antidrogas del “test de pelo”, que varios parlamentarios se practicaron voluntariamente después del escándalo.
1996 BANCO DEL ESTADO – Angol: Contrataciones de contraparte y nuevos créditos irregulares.
1996 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS SANITARIAS, EMOS: Múltiples negocios irregulares en Santiago. El más recordado derivó de gestiones anómalas en el pago del colector para el Zanjón de la Aguada.
1996 EMPRESA DE FERROCARRILES DEL ESTADO, EFE: Irregularidades administrativas y financieras.
1996 MINISTERIO DE SALUD / SERVICIO DE SALUD – Biobío: Irregularidades en Concepción.
1997 COMPIN – Santiago: Actividades incompatibles.
1997 CORPORACIÓN NACIONAL DE DESARROLLO INDÍGENA, CONADI: Compra irregular de de terrenos y derechos de aguas en la Región de la Araucanía. Increíblemente, se estaba lucrando con los dineros de las comunidades rurales más pobres del país, como son las indígenas.
1997 INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD, INJ: Escandalosas irregularidades en el manejo de los recursos del organismo para cuotas políticas, que casi culminan en la desaparición del instituto y terminaron el pérdidas por cerca de $600 millones, desfalcos descubiertos por la Contraloría.
Las acusaciones apuntan -entre otros funcionarios- al director del organismo, el PS Leonardo González, y se remontan al inicio de su gestión en 1994. Lo grave del asunto es que difícilmente no podría implicar a otros políticos de la Concertación, cuyos nombres lograron mantenerse escondidos con sobrehumanos esfuerzos. Como suele suceder, la falta de condenas en este caso ha generado toda clase de rumores y especulaciones sobre el verdadero trasfondo que tuvo, implicando especialmente -de ser ciertos- a sus correligionarios socialistas. Los ilícitos más comunes fueron fallas administrativas, falsificación de facturas, entregas reiteradas de adjudicaciones a un grupo específico de empresas y las infaltables “consultorías” millonarias de las que también gozó este organismo, con variados servicios creados ad-hoc para estos desvíos de dineros.
1997 ZONA FRANCA INTERNACIONAL DE IQUIQUE: Múltiples irregularidades.
1997 JUNTA NACIONAL DE ABASTECIMIENTOS Y BECAS, JUNAEB: A solicitud del ministro de Educación, José Pablo Arellano, en junio la Contraloría investiga y descubre la existencia de coimas y pagos adelantados de concesiones para los contratos de adquisición de alimentos, por $5.600 millones, que aparecían utilizados sin ningún respaldo. En esencia, consistían en préstamos “amistosos” (sin garantía ni interés) disfrazados de adelantos, a 29 de las 31 empresas que mantenían relación con JUNAEB, que comprometieron gravemente a su director, el PPD Arturo Benítez, quien había contratado, además, desde el año anterior, los servicios de la empresa Alidec por 180 mil raciones de $90 millones, por las cuales, sin embargo, se pagaron $338 millones, en un broche de la magnitud y el descaro de este desfalco. Tanto Benítez como el jefe de finanzas, César Rioseco, renunciarían después del escándalo.
La Contraloría les exigió pagar el 20% y el 5% de su sueldo respectivamente, pero la causa se mantuvo en el 6º Juzgado del Crimen de Santiago.
1997 EMPRESA NACIONAL DE MINERÍA, ENAMI: Pago de enigmáticos dineros a la secretaria de un conocido diputado entreguista de la DC.
1997 MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO, MINVIU / COPEVA: El triste caso conocido como las “Casas Copeva” o “Casas de Nylon”. Tras el crudo invierno de 1997, la opinión pública no podía dar crédito al descubrimiento denunciado por la prensa nacional en un sector de Puente Alto: cientos de casas departamentos recién entregadas a sus modestos moradores a través del fondo de subsidios, estaban completamente llovidas, con graves filtraciones y daños estructurales severos producto de las precipitaciones, que obligaron a sus moradores a colocar pliegos de plásticos para intentar frenar desesperadamente la entrada de agua. La indignación generalizada pedía la cabeza de los altos cargos en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Sin embargo, el escándalo fue mayúsculo cuando se supo que la empresa concesionaria, COPEVA, era de Francisco Pérez Yoma, hermano del ex-Ministro de Defensa durante el Gobierno de Patricio Aylwin Azócar, don Edmundo Pérez Yoma, muy conocido por participar intensamente de la entrega de Laguna del Desierto desde la cartera de Defensa y luego de las negociaciones por el “gasoducto-comodato” boliviano en Atacama. Y, como si esto fuera poco, se supo después que el ministro de vivienda, Edmundo Hermosilla, había recibido de regalo un fino caballo de parte de Francisco Pérez Yoma, noticia que le costó el puesto. Tanto Hermosilla como Pérez Yoma intentaron justificar las anomalías en las casas con “mejoras del estándar”. Las investigaciones de ingenieros demostraron, sin embargo, la existencia de graves irregularidades en las construcciones, como la falta de resistencia hídrica en los muros. Pero, como suele suceder en estos casos, no hubo culpables y la Corte de Apelaciones de San Miguel dejó sin efectos el sometimiento de los tres máximos ejecutivos de COPEVA por el delito de estafa que había resuelto el ministro en visita Ismael Contreras.
1997 SEREMI de Puerto Natales: Ventas irregulares de terrenos.
1997 DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN, DIGEDER: Entrega de dineros para la campaña política del fallecido diputado DC y ex dirigente sindical Manuel Bustos.
1997 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, MOP: Irregularidades en licitaciones para tramos de carreteras y modernización de la ruta 5 Sur. En 1995, una empresa del contratista Francisco Ortúzar había ganado concesión por 700 millones, pero en 1997 ésta le fue retirada y entregada a Bitumix Ltda., que pedía 2.100 millones. El Ministro de Obras Públicas de entonces era don Ricardo Lagos Escobar. Más abajo, veremos que durante el año 2002, Ortúzar y la Contraloría General de la República, pusieron al descubierto una situación mucho más oscura aún, derivada de la relación entre el MOP y Bitumix, que permitió tomar desde el fisco una enorme cantidad de dinero a través de obras sobrevaloradas y exageradas en gastos.
1997 SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANISMO, SERVIU – Concepción: Fraude al fisco y cobros indebidos de subsidios. Caso conocido como las “Casas Bilbao”. 896 modestas familias de Concepción postularon vía SERVIU a adquirir casas propias encargadas a la inmobiliaria Empresa de Inversiones Bilbao S.A., del empresario Carlos Wöerner Tapia. A pesar de que la firma recibió un millonario adelanto de $1.700 millones tomados del fondo de subsidio, las casas jamás fueron construidas y los postulantes quedaron abandonados, motivando la creación de una comisión especial en la Cámara de Diputados para investigar el caso. La comisión de la Cámara señaló responsabilidades en las autoridades del SERVIU, además de irregularidades, ausencia de permisos y falta de fiscalización. Se indicó la culpabilidad del ex-director del SERVIU de la VII Región, Ignacio Soler Viada, y de la misma inmobiliaria Bilbao por apropiación de dineros fiscales sin cumplir con los contratos, razón por la cual el señor Wöener se encuentra procesado.
1998 JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS, JUNAEB - VII Región: Irregularidades en la entrega de raciones.
1998 INTENDENCIA DE LA XII REGIÓN / FNDR: Uso inaceptable de recursos fiscales en campañas políticas de la Concertación. A pesar de las gravísimas denuncias que involucraron este caso, se tapó al mismo rápidamente con tierra.
1998 SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANISMO, SERVIU - X Región: Cuestionada compra de terrenos Rahue Alto Osorno.
1998 DIRECCIÓN DE GENDARMERÍA DE CHILE: El Director de la institución arrendaba su propia residencia al servicio y la ocupaba en el cargo recibiendo una gran cantidad de dinero por ella. En vista del escándalo, debió presentar su renuncia.
1998 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, MOP: La empresa mexicana Tribasa gana licitación en remodelación Ruta 5 y el Acceso Norte a Concepción, pero en medio de las faenas, la firma quiebra, abandona la obra, deja a todos con el saco vacío y no paga indemnización. Entrega otras partes de la obra en inaceptable estado de incumplimiento. Otro caso lleno de velos y sombras oscuras. Sólo en el 2003 se comenzaron a dilucidar y a determinar responsabilidades concretas. El Ministro de Obras Públicas del período en que se llamó a la licitación era el señor Ricardo Lagos Escobar. En marzo 2003, apareció posible evidencia de irregularidades comprometiendo a Tribasa con el escándalo MOP-Gate (ver más abajo). También se supo que el primo de la Primera Dama, Matías de la Fuente, participó de estos oscuros negocios como Director de Planeamiento MOP-Gate y MOP-Tribasa, siendo sometido a proceso en dos oportunidades por esta causa el año 2005.
1998 DIPRECA: Acusaciones de asociación ilícita y fraude al fisco. Se contabilizan desfalcos por $150 millones.
1998 BANCO DEL ESTADO / OFICINA NACIONAL DEL RETORNO: Irregularidades en la entrega de recursos para retornados provenientes desde Alemania. Los recibieron personas íntimamente ligadas a la Concertación y que estaban lejos de necesitarlos realmente. Una investigación arrojó entre los receptores de estos dineros para facilitar la reincorporación de “retornados” a la esposa del PRSD Anselmo Sule (cuando éste era Senador), al millonario empresario Oscar Guillermo Garretón (cuando era Presidente del Metro), al director de cine Miguel Littin (siendo alcalde de Palmilla), al humanista y luego PPD Pablo Vergara (siendo alcalde de Ñuñoa), al PS Hernán del Canto (cuando era Asesor de la Secretaría General de la Presidencia de Patricio Aylwin Azócar), etc.
1999 INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA, ISP – Santiago: Operaciones ilícitas de una empresa de fachada y otra serie de irregularidades.
1999 INTENDENCIA DE LA II REGIÓN: Denuncia por uso indebido de recursos fiscales.
1999 SERVICIO DE SALUD – Maule: Irregularidades.
1999 INTENDENCIA DE TOCOPILLA: Escándalo por apropiación de dineros del organismo.
1999 GOBIERNO DE CHILE / COMANDO ELECTORAL DE RICARDO LAGOS ESCOBAR: Se denuncia la recepción de una serie de dineros obtenidos de recortes o descuentos a funcionarios públicos en plenas campañas electorales.
GOBIERNO DE RICARDO LAGOS ESCOBAR
2000 METRO DE SANTIAGO: Alzas abusivas del servicio, aprovechando las alzas paralelas en el petróleo y locomoción colectiva. Conductas monopólicas que nunca han sido abordadas.
2000 CORREOS DE CHILE: Una denuncia generada por un conflicto dentro del directorio de la empresa estatal, inicia el destape de lo que sería conocido como el caso de las “indemnizaciones”, que tratamos ampliamente más abajo. En el caso de Correos, el director PS don René Labraña, recibió por desahucio $71 millones tras sólo cuatro años de trabajo
2000 EMPRESA NACIONAL DE CARBÓN, ENACAR: Se contabiliza un total de pérdidas por mala gestión e irregularidades en cerca de $800 millones.
2000 EMPRESA DE FERROCARRILES DEL ESTADO, EFE: El militante del PRSD, don Patricio Morales recibió 47 millones como “indemnización” para abandonar la dirección de EFE tras siete años en el cargo. La estatal ya había estado implicada en casos de irregularidades en 1996.
2000 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS / AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ : En medio de los trabajos de ampliación de la infraestructura del Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, la sociedad concesionaria alegó que las bases de licitación debían ser modificadas porque se había requerido de obras adicionales que habían encarecido la ejecución, como remoción de cercos, revestimientos, instalación de defensas para caminos y otras estructuras.
La sociedad había sido escogida por el MOP en concurso público, por lo que la empresa exigía a la Dirección General de Obras Públicas cancelar las diferencias. En mayo, el Tribunal Arbitral del MOP accedió a cancelar la suma de 4.641 Unidades de Fomento, cuando estas estaban a aproximadamente $15.400 cada una.
Esta situación es una seria advertencia sobre la conveniencia de los criterios que siguen utilizándose para licitar los millones y millones de dólares en inversiones de infraestructura pública.
2000 CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO: Una investigación periodística publicada en noviembre destapó un hecho gravísimo dentro del CDE. Documentación del Departamento de Extranjería de la Policía de Investigaciones demostraba que la Presidenta del Consejo, Clara Szczaranski, aparecía resolviendo un conflicto de una empresa minera mientras se encontraba fuera del país.
La misma investigación comprobaba que la autoridad usaba su cargo público para lograr adjudicarse arbitrajes en litigios entre empresas privadas. La presidenta del CDE fue amonestada por la Corte Suprema por el escándalo del arbitraje minero, y los cuestionamientos hacia su persona aún continúan en torno a este caso.
2001 CASA DE LA MONEDA: Severos problemas administrativos que culminan con la salida del Director del organismo. Silva Muñoz, el Director de la Casa de Moneda (empresa estatal productora de billetes, monedas y especies valoradas) fue designado por el presidente Frei sin reunir la condición de ser ingeniero como exige la ley para el cargo de Director de esta institución. El mencionado no tiene profesión y el mérito para su designación fue el de ser dueño de una imprenta que colaboró en la campaña electoral del presidente Frei.
En su desempeño como Director, enajenó bienes fiscales sin los procedimientos legales, empleó recursos fiscales para pagar gastos personales, hizo uso indebido de vehículos fiscales (se iba de vacaciones en estos vehículos), regalaba medallas de oro a sus amigos o servidores, se llevó por varios días matrices fotográficas de billetes de $10.000 a lugares o instituciones desconocidas (estas matrices son muy caras y fáciles de fotocopiar son imprescindibles en las licitaciones), compró maquinarias innecesarias (nunca se usaron), etc.
Uno de los hechos más escandalosos fue el otorgarle una medalla de oro al Inspector de la Contraloría que estaba a cargo del control de la Casa de Moneda. También regalo una colección de medallas de oro a la Contraloría General de la República para que el Contralor las regalara a sus pares en un congreso internacional de Contralorías. El mencionado Director justificó estos regalos y otros similares, señalando que usaba el oro sobrante o "mermas" de la fabricación de monedas. A pesar de las denuncias de parlamentarios y de la Asociación Gremial respectiva se mantuvo en su cargo hasta el fin del gobierno de Frei y sólo fue sancionado con una pequeña multa por la Contraloría General de la República por uso indebido de vehículos fiscales.
2001 COMISIÓN NACIONAL DE DESARROLLO INDÍGENA, CONADI: Serias irregularidades en el fondo para compra de tierras en Temuco. Es tal vez el más severo de los escándalos que ha comprometido a este organismo.
Recordemos que la CONADI ya había sido sorprendida antes en otra compra irregular de terrenos.
2001 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, MOP – GATE: Irregularidades en contrato, detectadas por la Contraloría General de la República. GATE sería, sin embargo, el centro del huracán más de una años después, en otro escándalo infinitamente mayor y más grave.
2001 COMISIÓN NACIONAL DE MEDIO AMBIENTE, CONAMA: Denuncias por irregularidades en licitación de contenedores de basura. A la sazón, la directora del organismo era la ecologista Adriana Hoffmann Jacoby, quien ha recibido importantes sumas de dinero de parte de Douglas Tompkins.
2001 EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO, ENAP: Altos directores de este organismo también aparecen implicados en escándalo de “indemnizaciones”, especialmente el fallecido ex-Gerente General don Álvaro García Álamos, padre del ex-ministro García de Ricardo Lagos.
Vale recordar que el ex-ministro García era un apasionado defensor de Douglas Tompkins y se dice fue de su iniciativa la burda defensa que ese mismo año realizara el Ministerio de Salud en favor de una conocida cadena norteamericana de hamburguesas, luego de que se detectaran bacterias nocivas para la salud en sus alimentos.
2001 POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA: El ex-Gerente General, el PRSD Orlando Cantuarias, había recibido $90 millones por diez años de servicio como “indemnización” a su salida
2001 EMPRESA NACIONAL DE MINERÍA, ENAMI: Se revela que el ex vice Presidente de ENAMI, Patricio Artiagoitía, recibió la suma de 32 millones 631 mil pesos por concepto de “indemnización” a sus sólo dos años y medio en la gerencia, prefiriendo renunciar a su cargo antes de devolver el dinero como se lo había solicitado el Presidente Ricardo Lagos.
Patricio es hermano del ahora tristemente famoso “Cura Jolo” José Luis Artiagoitía (implicado en el escándalo del montaje contra el Senador Jovino Novoa por el caso de pedófilos de Spiniak), y del imitador chileno del radiolocutor neoyorkino Howard Stern, Rodrigo Artiagoitía, más conocido como “El Rumpy”.
2002 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS: A principios de año, los Diputados Víctor Pérez y Lily Pérez acusaron a la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas de despilfarrar 3.400 millones de pesos en los últimos tres años bajo el pretexto de hacerle publicidad a esta cartera, desde junio del 2000 en una cifra de 3.400 millones de pesos, que habría alcanzado para dar empleo a 28 mil cesantes.
Entre los gastos, figuraban una conferencia de prensa de 850 mil pesos, la suscripción a una revista por 8 millones al año y extraños contratos asesores contratados y recontratados. Vale advertir que la Dirección, por entonces, estaba el proceso de despedir a un 25% de sus trabajadores y cerrar 300 oficinas en distintas comunas del país.
2002 CÁMARA DE DIPUTADOS / MINISTERIO DE TRASPORTES (Caso “Coimas”): Un reportaje de Canal 13 pone al descubierto una red de falsificación de certificados de revisión técnica. El Gobierno toma cartas en la denuncia y ordena una investigación judicial, la que arroja por resultado la culpabilidad del dueño de una planta revisora en Rancagua, llamado Alejandro Fillipi.
Todo parecía ser un caso habitual de falsificadores hasta que, molesto y en represalia, Fillipi denuncia que él y su socio Gabriel Álamo operaban con el consentimiento del Sub-Secretario de Transportes y flamante presidente del Partido Radical, don Patricio Tombolini, a quien habría pagado 15 millones de pesos para obtener el permiso para su planta, parte de los cuales habría usado éste en su campaña dentro del partido.
Implicó, además, al agente político Alejandro Chaparro (ex jefe de gabinete de Tombolini) y al ex ministro Víctor Manuel Rebolledo (PPD, a la sazón abogado e “intermediario” con el ministerio) y al diputado Juan Pablo Letelier (PS), este último eximido de los cargos unos meses después.
En medio del reguero de pólvora, el empresario Alejandro Demhan -dueño de 18 plantas revisoras- aprovechó la ocasión para denunciar a los diputados DC Jaime Jiménez y Cristián Pareto (la dupla “fiscalizadora” conocida como “Los Sopranos”) y al PRSD Eduardo Lagos, quien también fue excluido más tarde. Según Demhan, los tres se reunieron con él exigiéndole dinero (20 millones, según se estableció) para obtener permisos para que las plantas funcionasen en una reunión realizada en el Hotel Kempinski, de la capital.
Los aludidos se justificaron diciendo que habían intentando ponerle un “anzuelo” como parte de sus labores fiscalizadoras, cosa que pocos creyeron. El ministro en visita Carlos Aránguiz tomó el “caso Coimas”, consiguió el desafuero de los involucrados y sometió a proceso a varios de ellos, en una investigación que concentró la atención pública por casi tres años. Los dos DC fueron expulsados del Partido.
Paralelamente al proceso, otro escándalo siguió afectando al Diputado Eduardo Lagos, ya que sus antecedentes educacionales declarados para postular a la Cámara no parecían ser reales y de hecho, el honorable no habría completado siquiera la enseñanza media, según la resolución de septiembre de ese año, emitida por el Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Juan Manuel Muñoz Pardo, en la causa que pasó a la Corte de Apelaciones de Santiago.
El 31 de mayo de 2005, el tribunal de alzada de la VI Región resolvió, por voto dividido, confirmar las sentencias del juez Aránguiz, entre otros, para Chaparro (21 días de presidio remitido más multa), Rebolledo (por delito de soborno a 300 días de pena remitida por un año de firma, más una multa de 30 millones de pesos), Jiménez (por delito de cohecho a 540 días de pena remitida y a pagar una multa de 20 millones de pesos) y Pareto (por delito de cohecho a 540 días de pena remitida y a pagar una multa de 20 millones de pesos), pero conmutando la pena de 3 años y un día para Tombolini (por 540 de presidio remitido y a mil ochenta días de firma, por delito de cohecho), pues consideró su “irreprochable conducta anterior”, como una atenuante calificada. Todos quedaron inhabilitados para ejercer cargos públicos.
2002 MINISTERIO NACIONAL DE SALUD, MINSAL / MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO: Se utilizan $600 millones del Estado para financiar carísima publicidad para el cuestionado Plan AUGE en radio y televisión, algo inconstitucional y expresamente prohibido en la legislación, que sólo se permite financiamiento de información sobre leyes o planes de ejecución completa, no sobre proyectos leyes que ni siquiera están aprobados.
Como nota curiosa, recordamos que en ese mismo período el Gobierno le prohibió y censuró a los trabajadores de la salud que pretendían exponer en los consultorios un video (financiado por ellos mismos), para informar a la población sus razones para estar contra el Plan AUGE.
2002 CONGRESO NACIONAL: Una serie de denuncias implican seriamente a los honorables. El conocido Diputado “fiscalizador” y Presidente del PPD, Guido Girardi aparece implicado en el uso ilegal de sobres del Congreso para campañas electorales al interior del partido.
Se descubre, además, que el Senador Jaime Naranjo (PS) mantiene contratada a su esposa en servicios no especificados, y llega a negar que la conoce cuando la periodista del programa de TV “Patalla Abierta” (Canal 13), Constanza Santa María, le consulta si el nombre de ella le es familiar. Adicionalmente, varios otros parlamentarios aparecerán implicados en estas irregularidades y en más nepotismo. Por último, el año termina con el destape de gestiones de dudosa legalidad para subir el sueldo de los parlamentarios. Ese mismo año, el honorable diputado DC Jorge Burgos intentó impulsar una ejemplar iniciativa para bajar las dietas parlamentarias, noble causa que fue saboteada por sus propios compañeros de bancada al no asistir a las sesiones.
2002 EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO, ENAP: Denuncias periodísticas sobre la aparente existencia de un poderoso lobby ligado a la empresa estatal, que se encargaría de procurar la mantención del altísimo precio del combustible en el mercado nacional y el alza constante del mismo.
2002 SEREMI DE EDUCACIÓN VI REGIÓN / MINEDUC: Canal 13 denuncia en septiembre la existencia de un descarado fraude al fisco protagonizado por dos institutos de educación de Rancagua, que reciben subvenciones del Estado por impartir clases a ancianos de la zona.
Al estudiarse las listas de “matriculados”, se encontró la sorpresa de que casi todos ellos eran abuelos postrados o físicamente impedidos como para estar asistiendo a las clases, y que incluso un porcentaje de ellos ya habían fallecido. Las acusaciones apuntan sobre todo a la directora del Instituto Manuel de Salas, doña Valentina Tapia. Parece increíble que este caso haya pasado inadvertido por los fiscalizadores del Ministerio de Educación, entre los que la señora Tapia tenía grandes amistades. Estas responsabilidades significaron la salida del SEREMI de la VI Región, Víctor Olea.
Un informe de la Contraloría de marzo 2003 verifica la existencia de funcionarios públicos y privados en complicidad para esta estafa.
2002 MINISTERIO DE SALUD, MINSAL: Escandalosa fiesta por cerca de $28 millones dentro del Ministerio para celebrar aniversario de la creación del ya desaparecido Servicio Nacional de Salud, en momentos de gran déficit fiscal y cuando se anunciaban los recortes que financiarían el Plan AUGE. Las críticas cayeron sobre el Ministro Osvaldo Artaza. La fastuosa fiesta fue organizada por una empresa ligada al hermano del Diputado PS Sergio Aguiló.
2002 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, MOP / GATE: En 1997, el ex-Seremi de Transportes, Héctor Peña Véliz, había creado la empresa Gestión Ambiental y Territorial S.A. o GATE, que asesoraba servicios de reparticiones públicas. Contaba únicamente con él y su secretaria como personal humano, y cerca de 5 millones de pesos de capital.
Poco después, ya firmaba contratos por más de 2.000 millones. En el año 2000, Peña Véliz denunció el robo de $190 millones a GATE, pero la policía de investigaciones concluyó que se trató de un autorrobo y culpó del mismo a la secretaria Sara Oliva y su madre, María Martínez, como autoras, recuperándose 172 millones.
Pasaron los meses y las mujeres procesadas decidieron denunciar -en venganza- que GATE era en realidad una empresa falsa, que sólo buscaba desviar fondos públicos a Campañas Políticas de conocidos entreguistas de la Concertación, pero pocos dieron crédito a la grave acusación.
Sin embargo, en abril del 2001 la Contraloría General de la República detectó las primeras irregularidades en un contrato de GATE, luego de una fiscalización realizada por el MOP. Sin embargo, la bomba estallará al año siguiente, en noviembre, cuando el Ministro en Visita Carlos Aránguiz, realizando estudios sobre el caso “coimas” que conducía y que ya vimos, descubrió que la empresa GATE había estado pagando sobresueldos o dineros “extras” en sobres y libres de impuestos a los funcionarios del Ministerio de Obras Públicas, comprometiendo seriamente al ex-Ministro, el PS Carlos Cruz.
Además, se verificó que GATE recibía pagos por más de 1.700 millones, mientras que el contrato con el MOP sólo registra 1.400 millones. Tal como lo habían denunciado las mujeres procesadas dos años antes, los dineros -o al menos una parte de ellos- estaban siendo utilizados para campañas políticas.
LA Corporación de defensa de la soberanía contaba desde principios del 2001 con antecedentes de que estos desvíos a campañas políticas se producían, pero, ante el desconocimiento de la existencia de las operaciones de GATE, lo creyeron relacionado con el escándalo de las indemnizaciones y así se le hizo entender al Presidente de la República en una profética carta enviada en mayo de 2001 donde se le anticipo que estos dineros iban a ser utilizados en las campañas parlamentarias de ese año.
El escándalo desencadenó una avalancha de denuncias de otros funcionarios de Estado recibiendo “sobresueldos”, casos en los cuales no se han precisado del todo las responsabilidades y consecuencias, especialmente con relación a varias empresas constructoras que habrían pagado dineros a GATE para conseguir licitaciones.
Un dato curioso e intrigante, es que, cuando el juez Aránguiz denuncia los pagos de sobresueldos por parte de GATE, el ex-presidente Patricio Aylwin Azócar se apresuró a declarar públicamente que el magistrado “ha ido demasiado lejos en su investigación”, palabras que obviamente reflejan el deseo de que no se llegue a algo de lo que ya estaba cerca. Las presiones del Gobierno consiguieron sacar al juez Aránguiz de esta investigación, pero en una formidable y acertada jugada, la Corte Suprema designó una ministro en visita exclusiva para el caso, Gloria Ana Chevesich, dejando en jaque los intentos del Gobierno por salvar a los involucrados. Entre otros, al propio primo de la Primera Dama, Matías de la Fuente, procesado de falsificación y estafa en el 2005 en su condición de Director de Planeamiento de MOP-GATE y MOP-Tribasa, saliendo en su defensa en mismo Presidente Lagos en los medios de comunicación.
La oposición presentó entre fines del 2002 y principios del 2005, cerca de ocho iniciativas para formar una comisión parlamentaria que investigara las irregularidades del MOP, fundamentalmente en desvíos de dinero de 1997-1998 por medio de la agencia M&P Délano Consultores (vínculo conocido como el caso MOP-Délano), pero en todos las ocasiones, los parlamentarios de la Concertación votaron en forma corporativa contra el proyecto (ver más abajo).
Finalmente, el 8 de diciembre de 2005, la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones estableció que los delitos del caso MOP-Gate estaban prescritos por dos votos contra uno (dos los ministros Amanda Valdovinos y Carlos Gajardo contra el de Víctor Montiglio), pues consideró que los años debían contarse desde que el momento en que fue procesada Ximena Riff por la juez Gloria Ana Chevesich, por un contrato de $ 92 millones para sobresueldos. Desde ese instante, se cuentan cinco años hacia atrás, por lo que el convenio quedó fuera del plazo de indagación de la juez, con lo que la responsabilidad de Ricardo Lagos queda fuera del caso y se prescribe el delito, pues ella nunca lo citó a declarar y, en agosto de 1998, él dejó el MOP.
No hay duda de que,. con esta decisión, el tribunal logró sacar al Presidente Lagos de la peligrosa posición en que había quedado empantanado con este escándalo.
2002 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS / CIADE (UNIVERSIDAD DE CHILE): Casi simultáneamente al escándalo MOP-GATE, y producto de unas declaraciones del propio Ministro de Obras Públicas en un medio escrito, sale a la luz el primer caso confirmado de “sobresueldos”, es decir, triangulaciones de dineros en “sobres” que se hacían dentro de los organismos del Estado para incrementar informalmente las dietas de los funcionarios bajo el concepto de “gastos reservados” que no era necesario declarar en la Contraloría General de
la República sino más de que un modo meramente global, desde el propio Presidente hacia abajo, práctica que -trascendió- llevaba varios años siendo usada.
Se detectó la participación de una consultoría en particular que tuvo gran importancia en estos fraudes: Centro de Investigación Aplicada para la Investigación de la Empresa o CIADE, dependiente de la Universidad de Chile, que trabajó con el MOP con el mismo proceso de servicios pagados pero nunca ejecutados. Cabe advertir que este caso revistió negros pasajes, como el robo de uno de los computadores de los implicados en el caso; luego, la desaparición (23 de diciembre de 2002) y hallazgo de sus restos en Pirque (13 de abril de 2003) del contador de Idecon y pieza clave del caso, Daniel Figueroa; y luego el suicidio en Las Condes, a fines de octubre de 2004, sociólogo Enrique Ponce de León Milnes (59 años), procesado en el marco del caso.
Vale advertir que, al saberse de este caso, CIADE estaba prestando servicios de auditoría a la Corporación Administrativa del Poder Judicial por un contrato entre el entonces presidente de la Corte Suprema, Mario Garrido Montt y el rector de la Universidad de Chile, Luis Riveros.
Se precisó que cerca de 12 Seremis recibieron pagos extraordinarios o sobresueldos por un total de 120 millones de pesos gracias a un contrato suscrito entre el MOP y el CIADE, pero en octubre de 2003, la Corte de Apelaciones anuló los procesos por fraude al fisco que pesaban sobre Manuel Peña Véliz, Seremi de Atacama (PS); Juan Antonio Muñoz, Seremi Metropolitano (PPD); Enrique Jiménez Sepúlveda, del Maule (DC); José Luis Larroucau Reitze, del Biobío (DC); Yazmín Balboa Rojas, de la Araucanía (DC); Miguel Silva Rodríguez, de Los Lagos (DC); Carlos Alert Agüero, de Coihaique (independiente DC); Fernando Vilches Santibáñez, de Tarapacá (PRSD); Pedro Martínez Rojas, ex seremi de Antofagasta (independiente DC); Raúl Gutiérrez Areyuna, ex seremi de Coquimbo (PPD); Vladimir Morales González, ex seremi de Valparaíso (PPD); y Ricardo Trincado Cvjetkovic, ex seremi y ex intendente de O´Higgins.
2002 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS - Bitumix Ltda.: Como vimos más arriba, en 1995 el MOP había llamado una licitación para el mejoramiento de la Ruta W-775 Chonqui-Teupa, Décima Región, siendo ganada la empresa del ingeniero Francisco Ortúzar, que cobraba 700 millones de pesos. Sin embargo, posteriormente la licitación fue transferida a la empresa Bitumix Ltda., que pedía 2.100 millones para un tramo de sólo seis o siete kilómetros de carretera.
Las obras se entregaron a fines 1997. Sin embargo, en diciembre de 2002, la Contraloría General de la República respaldó los fundamentos del contratista Ortúzar, denunciados en torno a este oscuro contrato MOP-Bitumix y quien presentó, poco después, una querella por fraude al Fisco, malversación de fondos públicos y estafa contra los funcionarios recontratados para la obra con un presupuesto que, además, excedió con amplitud el monto estimado originalmente. Según el dictamen de la Contraloría, firmado por el fiscal instructor de la causa, Ricardo Herrera, el ingeniero jefe del Departamento de Construcción de la Dirección de Vialidad del ministerio, Mario Fernández Rodríguez, había adjudicado a Bitumix la terminación de la obra por más de $1.380 millones, algo que constituye “una práctica carente de sustento legal que ha derivado en un resultado altamente oneroso para el interés fiscal”, pues el valor cobrado por Bitumix bajo el sistema de trato directo fue un 42% mayor que lo ofertado la empresa en el llamado a licitación y en el contrato del 8 de agosto de 1995.
El texto agrega que “yendo al fondo del asunto, resulta absurdo sustentar los precios inusualmente elevados, con la explicación del encausado (Fernández) en el sentido de que la diferencia de precios entre Bitumix y los valores reajustados de Ortúzar, deberían entenderse como la distinta confirmación de costos entre una empresa y otra”, y que “esto implica dejar supeditado el interés fiscal a meras explicaciones carentes de fundamento técnico analítico y real”. Según la defensa de Fernández en el sumario, “el director de Vialidad de la época (Yanko Vilicic Rasmussen) pidió autorización al señor ministro de Obras Públicas de turno (Ricardo Lagos Escobar) para contratar la terminación de las obras por trato directo”. Efectivamente, el oficio N° 9.813 del 4 de noviembre de 1997 autorizando esta acción, posee el visto bueno del entonces Ministro Lagos. Cabe destacar que un grupo de diputados puso en manos del Consejo de Defensa del Estado estos antecedentes, pero el organismo se puso del lado del Gobierno.
2003 SEREMI DE EDUCACIÓN de la IX Región: 14 funcionarios son expulsados por irregularidades en dineros y falsificación de documentos públicos.
2003 SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO (SENCE) / Proem: En enero, Diputados de la UDI solicitan ante la Cámara la creación de una Comisión Investigadora que estudie la asignación de recursos en las licitaciones a empresas particulares ofrecidas por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, Sence.
En la denuncia que avalaba la solicitud de investigación, se demostraba que la empresa “Proem” había logrado gestionar en el sistema bancario, a través del Sence, créditos por unos $ 4.000 millones para centenares de microempresarios en todo el país que jamás recibieron estos beneficios destinados a la capacitación. No sería el último escándalo Sence de aquel año.
2003 MINISTERIO DE SALUD, MINSAL / CENTRO NACIONAL DE ABASTECIMIENTOS, CENABAST: En febrero, miles de cajas de leche descompuesta para niños fue repartida por todo Chile por el Ministerio de Salud en los consultorios nacionales. El Ministerio y CENABAST se culparon agresivamente entre sí, culminando el escándalo con la destitución de la directora de este último organismo. El asunto se agravó cuando una partida de estas leches agrias llegó a Arica y a pesar de que, para entonces, la denuncia era cubierta por todos los medios con gran bulla. Las sorpresas continuaron al mes siguiente, cuando fueron descubiertas nuevas partidas de productos en mal estado: bolsas de arroz para niños.
El gremio de los trabajadores de la Salud denunció que el Ministerio había realizado esta compra y distribución de leches a sabiendas de los riesgos que se corrían, pero con la urgencia de desviar dineros para el financiamiento del controvertido Plan AUGE, a la sazón en práctica piloto. Los dardos apuntaban al entonces ministro Eduardo Artaza, quien no sobrevivió en su puesto a los ajustes ministeriales realizados por el Presidente Ricardo Lagos, poco después.
2003 SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO (SENCE) / Escuela de Conducción Siglo XXI: Luego de una gran cantidad de denuncias sobre el desempeño del Servicio de Capacitación y Empleo, Sence, entre el 2002 y el 2003, sobre la asignación de recursos a las empresas y organismos que compiten por las licitaciones, una investigación de la Contraloría General de la República deja al descubierto que una serie de sospechosas fallas en los mecanismos de control del servicio habían permitido el uso malicioso de los recursos estatales, especialmente por parte de la escuela de conductores “Siglo XXI”, empresa que recibió más de $ 1.000 millones en franquicias tributarias para una capacitación en la figuraban personas que nunca asistieron a los cursos y que, en otros casos, no tenían relación laboral con quienes cobraron las facturas.
2003 SENADO DE LA REPÚBLICA: Hacia mediados de año, se hace pública la noticia de que el Presidente del Senado, el DC Andrés Zaldívar, votaría a favor de la nefasta Ley de Pesca, de la que estaría técnicamente inhibido de hacerlo al ser accionista de una empresa vinculada al rubro, con el 0.2 % de las acciones.
Junto a otros 16 miembros de su familia, controlaba el 1.1 % del paquete accionario. También se insinuó que el hermano del Senador y Presidente de la DC, Adolfo Zaldívar, también participaba de esta sociedad.
La Moneda solidarizó con Zaldívar alegando que cada “institución debe actuar libremente” y que, por lo tanto, no re correspondía al Ejecutivo intervenir a pesar de que la propia Constitución Política impide a los legisladores votar en un tema en el que estén implicados sus intereses personales. Zaldívar renunció a su participación en el paquete de acciones, después de estos hechos.
2003 MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO / CEDUC : En el marco del Programa Pro-Empleo, por intermedio de la Municipalidad de Tocopilla, se traspasaron $400 millones desde el gobierno a la ONG CEDUC, cuyo director ejecutivo era funcionario del Ministerio Secretaría General de Gobierno. La Contraloría detectó las irregularidades en noviembre.
2003 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES: Luego de decidirse el traslado de la Cancillería a las dependencias del histórico ex Hotel Carrera, el Diputado Arturo Longton demostró con papeles en mano, en el mes de septiembre, que se habían pagando cerca de US$8 millones por sobre el valor real del edificio, dato que fue confirmado por algunos corredores de propiedades en base a la depreciación comercial que experimentaba el centro de Santiago.
2003 BANCO CENTRAL / INVERLINK / CORPORACIÓN DE FOMENTO, CORFO: Un mail enviado equivocadamente a principios de año por la secretaria del Director del Banco Central (el DC Carlos Massad), doña Pamela Andrada, pondría en carpeta el escándalo más grande conocido sobre fraude al fisco y tráfico de información privilegiada: la secretaria estaba proporcionando información confidencial a un organismo particular.
La filtración hizo que, a mediados de febrero, terminara detenido el ex-gerente general de la corredora de Bolsa del holding Inverlink, don Enzo Bertinelli, por robo de información del Banco Central ya que su empresa era la que se proveía de los datos confidenciales. Inverlink era una firma nacida en 1991 como mera agencia de valores, experimentando un vertiginoso crecimiento y asimilando entre 1998 y 1999 otras empresas como la corredora Edwards Hearns y las AFP Magister, Qualitas, Aporta y Fomenta, y las isapres Vida Plena, La Araucana y más tarde Cigna Salud, clínica Las Lilas y aseguradora Le Mans. Ocho empresas en total.
Sin embargo, la detención de Bertinelli (su socio representante en La Bolsa) significó grandes problemas financieros para la firma y un escándalo mayúsculo que aún no se resuelve. Pero, como si fuera poco, el Presidente de Inverlink, don Eduardo Monasterio (dueño del 30% del holding), intentó salvar de la ruina a Inverlink realizando toda clase de actos ilícitos, especialmente con un robo de instrumentos financieros de CORFO, que fueron traspasados al holding sin autorización y gracias a la complicidad de Javier Moya Cucurella, jefe de la tesorería de la corporación, estimados hasta ahora en unos U$80.000 millones y que la empresa se apresuró a vender en el mercado financiero.
Las relaciones entre los socios de la empresa y los entreguistas son evidentes. En su directorio vuelve a aparece el nombre del ex-Ministro de Ricardo Lagos, don Álvaro García Hurtado. El entonces alcalde de Viña del Mar, Jorge Kaplán, denunció también que García le había llamado telefónicamente presionándole para que no retirara fondos municipales invertidos en Inverlink, noticia que causó verdadero estupor, y por la que Kaplán interpuso querella contra los responsables.
El ministro en visita del caso, Patricio Villarroel, decidió someter a proceso al ex ministro, en calidad de cómplice del delito de estafa a la Municipalidad de Viña del Mar por $ 1.500 millones, en octubre siguiente.
Otro implicado directo es Gonzalo Rivas, Gerente General de Corfo y yerno del Presidente Ricardo Lagos, que lo puso en el cargo. Sólo se le señalaron responsabilidades jerárquicas, que le costaron la renuncia y ser sustituido por Oscar Landerretche. También debió renunciar Gibran Harcha, Coordinador de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas que, hasta fines de 2002, ocupaba el cargo de Gerente Productivo de Corfo. Todos estos tambaleos desataron un verdadero terremoto en el mercado de valores y, tras negarse a declarar ante una comisión parlamentaria, el Director del Banco Central, don Carlos Massad, finalmente renunció también a su cargo a fines de marzo 2003, tras seis años de cuestionada gestión y en medio de un escándalo mayúsculo por su responsabilidad jerárquica en el asunto.
2004 CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL, CONAF: Luego de un reportaje denuncia de un canal de TV sobre actividades de tala ilegal e indiscriminada de Alerce al interior de Chiloé continental, e incluso en áreas protegidas, se descubren vínculos entre altos funcionarios regionales de la CONAF y los leñadores furtivos, llegando a ser detenido su director, Carlos Weber.
2004 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS: El 18 de noviembre, se derrumbó inesperadamente el puente “Loncomilla”, que representa un acceso principal de la ciudad de Constitución. La gravísima situación comenzó a ser investigada y, a las pocas semanas, se supo en la Cámara Baja que empresas particulares estaban pasando por el puente con exceso de carga y con pleno conocimiento del entonces Ministro de Obras Públicas, el PS Javier Etcheberry, que a la sazón ya estaba involucrado en el caso MOP-GATE.
Indignado por la información, el diputado DC Pablo Lorenzini realizó un furioso descargo en la Cámara, el día 14 de diciembre, donde acusó directamente al ministro de lo sucedido desatando una colosal polémica: “¡¿Cuánto le pagan ministro?! Se lo pregunto desde aquí, no de afuera, desde aquí porque tengo fuero, y no me venga con que lo digamos afuera, porque el tema está acá adentro, ya que usted no quiere venir a la Cámara, que es una cámara fiscalizadora… ¿Y le falta sobresueldo al ministro o tiene arreglines con las concesionarias?”.
Lorenzini se negó a pedir disculpas ante las muestras de furia del gobierno y del propio Etcheberry, incluso cuando se pidió su desafuero, el 2 de febrero del año siguiente. En los actos públicos, tanto el Presidente Lagos como el Ministro Insulza se negaron a darle la mano y, presionado, debió renunciar a la Presidencia de la Cámara poco después.
Jamás retiró sus dichos, se negó a disculparse y hasta ofreció su voto a la oposición ante una eventual petición de comisión investigadora para el MOP.
2004 COMISIÓN NACIONAL DE MEDIO AMBIENTE (CONAMA): La Municipalidad de Talagante denuncia acuerdos oscuros entre la CONAMA de Santiago y la Empresa de Residuos Sanitarios Santa Marta, para liberar a esta última de acciones legales en su contra.
2005 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS / FICOR: En enero, como parte de la investigación llevada por la ministra Chevesich y en medio del terremoto generado por las declaraciones del diputado Lorenzini, se publicó que ante la magistrado el socio de una empresa contratista denominada FICOR, había reconocido que, en 1999, el MOP había utilizando dicha firma como “caja de cuadre”, para desviar fondos hacia la campaña presidencial de Ricardo Lagos, que por entonces acaba de renunciar al ministerio y competía en las elecciones presidenciales con Lavín. Según declaró ante la magistrado, la empresa entregaba facturas por servicios no prestados.
2005 CHILEDEPORTES: Una serie de denuncias contra Chiledeportes, dependiente del Ministerio Secretaría General de Gobierno, comienzan a hacerse públicas en marzo. Una investigación analizó proyectos presentados entre 2003 y 2004 y develó un abuso en las franquicias tributarias y la presencia de empresas intermediarias que lograron favorecer con los fondos actividades deportivas de elite, violando así el espíritu del organismo.
Las denuncias implicaron a importantes personajes del ambiente dirigencial de los clubes chilenos y llevaron incluso la postergación (y posterior fracaso) de los trámites del Congreso para otorgar la nacionalidad por gracia al entrenador de tenis argentino Horacio de la Peña, complicado en los enredos del fondo para el deporte. En una polémica decisión, la comisión de la Cámara encargada de investigar estas denuncias comunicó en octubre de 2005 que los procedimientos cuestionados estaban ajustados a las normas vigentes.
2005 MINISTERIO DE JUSTICIA / DJP SA: En medio del enrarecido ambiente de las campañas presidenciales, los diputados de oposición Marcela Cubillos, Cristián Leay y Víctor Pérez, revelaron que durante la secretaría de la presidenciable y sumamente entreguista Soledad Alvear (que se había declarado partidaria de terminar con el financiamiento de las FF.AA. por el cobre y liquidar el buque escuela “Esmeralda”, entre otros claveles), el Ministerio de Justicia a su cargo había entregado millonarias licitaciones de las Defensorías Públicas de la Región Metropolitana, entre 1994 y 1999, a una de las firmas de abogados integradas por su marido, Gutenberg Martínez, también DC.
De las 123 sociedades jurídicas que postularon, al menos 90 habían pasado la evaluación técnica pero sólo dos de ellas captaron el 80% de las defensas licitadas: la Sociedad Defensa Jurídico Penal (DJP S.A) integrada por la Universidad Miguel de Cervantes que preside Martínez, y la Sociedad Defensores Penales Metropolitanos. De hecho, el 48% del total de causas adjudicadas lo obtuvo la Sociedad Defensa Jurídico Penal. También se reveló que el subsecretario de justicia y miembro del Comité de Licitaciones era entonces profesor de esa Universidad.
2005 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS / PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA / GESCAM: En la primera semana de junio, el candidato presidencial de la UDI, Joaquín Lavín, lanzó públicamente una bomba mediática al exigir al Presidente de la República, Ricardo Lagos, que explicara la presencia de una millonaria licitación que fuera adjudicada a su cuñado, el ingeniero Hernán Durán.
La información habría aparecido en el transcurso de las investigaciones que la juez Chevesich estaba realizado sobre todos los contratos extendidos por el Ministerio de Obras Públicas, descubriendo que había uno de diciembre de 2002, para asesorías por cerca de $ 2.000 millones, entregado a la firma Víctor Faraggi y Gescam Consultores Ambientales, del hermano de la primera dama María Luisa Durán.
Otro importante socio de la consultora era el embajador de Chile en Francia, Hernán Sandoval, gran amigo del Presidente Lagos. Luego de 8 intentos fallidos por abrir una Comisión Investigadora del Congreso para la actuación del MOP, fracasados por los votos corporativos de los parlamentarios concertacionistas en contra de tal proyecto, la oposición logró aprobar por un voto una comisión tras reñida votación del 22 de junio de 2005, a raíz de este caso, al parecer gracias al cambio de actitud de diputados DC.
Con el correr de las semanas, aparecieron nuevos miembros de la familia de la primera dama colocados en cargos y licitaciones estratégicas, que comprometieron al Presidente de la República en acusaciones de nepotismo, como era el caso de su cuñado Pedro Durán, quien oficiaba como Director de Programación de la Presidencia, y el de su propio hijo Ricardo Escobar Weber, designado en la Dirección Económica de la Cancillería.
2005 CORPORACIÓN NACIONAL DE COBRE, CODELCO: Simultáneamente, se supo que la firma Gescam del cuñado del Presidente Lagos, entre 1997 y 2005, había hecho 18 asesorías ambientales para CODELCO, por montos superiores a los 900 millones de dólares, de los cuales sólo 5 fueron adjudicados por licitación, mientras que los otros 13 lo fueron por asignación directa.
Pocos días después, el 19 de junio, la Senador UDI Evelyn Matthei reveló públicamente que CODELCO había extendido similar tipo de contratos sin licitaciones a firmas de propiedad de los hermanos del ex ministro del Trabajo Ricardo Solari y del entonces ministro MOP Jaime Estévez, ex Director del Banco de Estado.
La Sociedad de Gestión Limitada de Jaime Solari Saavedra aparecía con un contrato por más de 356 millones de pesos por asignación directa, mientras que la empresa Tecnología Organización y Personas Consultores S.A. o “TOP Consultores”, perteneciente a Rafael Estévez Valencia, ostentaba contratos por más de 1.100 millones de pesos en cursos de capacitación sin licitación, también por asignación directa, y en circunstancias de que Estévez había sido vicepresidente de recursos humanos en CODELCO. Hernán Durán, cuñado del Presidente Lagos, también apareció recibiendo de CODELCO millonarios proyectos sin procesos de licitación.
2005 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS - Autopista Vespucio Express: En 2004 el entonces ministro de Obras Públicas Javier Etcheberry fue informado de un posible agotamiento del stock inicial de 900 mil televías o “tags” para el cobro automático de peajes en las carreteras concesionadas a privados por la cartera.
El problema derivaba de un error en la estimación inicial de la demanda de usuarios desde 900 mil a 1.350.000 de los dispositivos. El MOP acordó con las empresas adquirir más “tags”, pero a cuenta del Estado. Sin embargo, en septiembre del año siguiente se supo que el “error” le había costado al Estado de Chile la suma de $ 5.175 millones, en otro de los más grandes despilfarros de dineros fiscales de los que es responsable este oscuro ministerio.
2005 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS / AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ: La carísima y flamante segunda pista del Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez, de Pudahuel –misma que el Gobierno utilizó como excusa para cerrar irresponsablemente el importantísimo y vital Aeropuerto de los Cerrillos- comenzó a presentar serios daños estructurales hacia las Fiestas Patrias del 2005 y se verificó que no cumplía con las normas internacionales de seguridad, al punto de que generaba una nube de partículas en suspensión de varios metros de alto tras cada despegue.
La obra, que fue licitada y defendida a muerte por el MOP, había sido inaugurada con fastuosas celebraciones y, menos de dos semanas después, ya presentaba grietas, agujeros y otras fallas peligrosas, al punto de tener que ser reconstruida en al menos 600 metros sin que la empresa concesionaria debiese pagar por las cartas de garantías vigentes.
En una oscura decisión destinada a proteger a los concesionarios, Ministro de Obras Públicas Jaime Estévez declaró en “La Segunda” del 23 de septiembre que la pista ”se puso en operación antes porque necesitábamos reparar de urgencia la pista uno” y que esto explicaba los problemas, pues aún se estaba en “marcha blanca” y la obra no era recibida por el MOP de manos de los constructores. Sin embargo, la pista se suponía ya en operaciones y así se presentó ante la opinión pública el mismo día en que entró en funciones.
2005 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS – GESYS: En de octubre de 2005, la ministro Gloria Ana Chevesich confirma la existencia de dineros desviados por el ex Director de Planeamiento del MOP, Matías de la Fuente (primo de la Primera Dama y ex Jefe de Gabinete de Lagos), a la campaña presidencial de Ricardo Lagos en 1999, a través de su página web, revelación que produjo un escándalo público a mediados de octubre de 2005.
De la Fuente y Sergio Cortés, este último ex jefe de Finanzas de Vialidad del MOP, fueron procesados por la juez por fraude y estafa al fisco, al igual que Raúl Herrera de la Consultora Gesys y Óscar Araos de la firma asesora Ábaco. Las triangulaciones se realizaron a través de la Consultora y se destinaron a la empresa Faunes para la confección sobrevalorada de una página web que apoyaba la candidatura de Ricardo Lagos, acción en la que participaron personas ligadas a su comando electoral y a través de un contrato MOP-Ábaco.
De la Fuente actuó directamente en esta maniobra y Cortés se encargó de blanquearla con un manto de aparente normalidad. La operación fue realizada simulando un desvío de fondos hacia un supuesto “Programa de Capacitación” por $15 millones que nunca se realizó, según se constata en el fallo presentado por la señora Chévesich el 13 de octubre de 2005. Tras ese monto se descontaron dos facturas que se le adeudaban a Faunes, sumando un total de $4.720.000.
La revelación provocó una inusitada reacción de La Moneda defendiendo a De la Fuente y pretendiendo sentar la absurda tesis de que se trataba de una maniobra para perjudicar a la candidata presidencial concertacionista Michelle Bachelet. Intentando sacarse de encima los graves cargos que pesaban sobre la Concertación, el director ejecutivo de la campaña de Ricardo Lagos en 1999, Genaro Arriagada, no tuvo mejor idea que intentar emplazar al candidato opositor Joaquín Lavín a explicar “de dónde consiguió los cerca de 20.000 millones de pesos que gastó en la misma contienda electoral”, como si fuese este quien estaba siendo cuestionado y complicado en los tribunales. Vale recordar que la juez Chevesich ya había considerado en el procesamiento del ex ministro Carlos Cruz, la presencia de un desvío de $32 millones desde el MOP, ocasión en la que el propio Cruz argumentó que los dineros fueron a parar a la campaña presidencial de Lagos y no al enriquecimiento personal, e incluso su defensa consiguió que el Senador socialista Carlos Ominami declarara corroborando esta tesis. De este modo, resulta inaudito e inaceptable que la propia Concertación haya negado los hechos demostrados por el fallo judicial que procesó por segunda vez a De la Fuente, pretendiendo vincularlo a la monserga del “asesinato de imagen”.
A pesar de todo, y como ha sucedido antes, la Séptima Sala de Apelaciones -integrada por los jueces Jorge Dahm, Lamberto Cisternas y el abogado integrante Oscar Herrera- revocó los procesamientos el jueves 1º de diciembre, bajo la insólita decisión de que “no se vislumbra que los hechos tipifiquen los ilícitos de fraude y estafa al Fisco, por cuanto no se le ha originado pérdidas ni se le ha privado legítima ganancia” y que, de hecho, “el origen de los dineros es irrelevante”, ya que aunque salieran del Fisco, estos “ingresaron al patrimonio de la sociedad, pasando a formar parte de su activo, y debido al carácter fungible de este bien, se ha confundido con los de su especie en el mencionado patrimonio”… Es decir, se consideró que el dinero fiscal comprometido era “privado”.
2005 CANDIDATURA PS VI Región - FOSIS - CHILEDEPORTES - SERNAM - SERVIU – PRODEMU: El Diputado PPD y candidato a Senador por la Sexta Región, Aníbal Pérez, denuncia públicamente una red de corrupción estatal destinada a beneficiar la candidatura del socialista Juan Pablo Letelier, que involucra el uso de funcionarios, recintos y dineros públicos, poniendo a disposición de la Contraloría General de la República todos los antecedentes que demostraban esta grave imputación.
En la red participaban entidades como el Fosis, la cuestionada institución de Chiledeportes, el Sernam, el Serviu y Prodemu.
2005 SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO (SENCE) / Organismos Técnicos de Capacitación (OTEC): A principios de noviembre, se anuncia un exhaustivo proceso de fiscalización del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), tras una denuncia recibida por la Contraloría General de la República sobre vínculos comerciales existentes entre dos altos funcionarios del organismo y empresas ligadas a la adjudicación de recursos estatales destinados a la capacitación.
Los denunciados son el Jefe de la Unidad de Microempresas y ex Director del Programa Proempleo del organismo, Enrique Correa Jaña, y del Jefe de la Unidad de Innovación y Desarrollo de la entidad, Ramón Castillo Corral. Según el Registro de Sociedades del Diario Oficial, ambos estaban ligados a dos entidades de giro comercial dedicadas a la capacitación del personal de micro y pequeña empresa, denominadas Organismos Técnicos de Capacitación (Otec), que operan con recursos fiscales asignados por Sence a través de licitaciones.
En el caso de Correa Jaña, se trata de la la empresa Servicios de Asesorías y Capacitación a la Micro y Pequeña Empresa, cuyo nombre de fantasía es Emprenda S.A., y en el de Castillo Corral, corresponde a la Corporación de Capacitación para el Desarrollo de la Productividad, alias Corcepri.
La investigación preliminar demostró que ambas aparecían en el listado de postulantes pre-seleccionados (supuestamente, debido a su experiencia) para participar en el segundo proceso de licitación de recursos de 2005, que debían culminar dentro de las semanas siguientes. En este caso hay, cuanto menos, una incompatibilidad inaceptable.
2005 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS - MINISTERIO DE TRANSPORTES - MINISTERIO DEL TRABAJO: Por largo tiempo, las licitaciones de puertos para el proceso de transformación y modernización de los terminales al final del gobierno de Frei Ruiz-Tagle, generaron una gran cantidad de protestas y violentas manifestaciones de pescadores y operarios, que generaron la creación de una comisión investigadora hacia el año 2002.
En un comunicado del 6 diciembre de 2005, el gremio de Trabajadores Marítimos, Portuarios y Aduaneros señalaba como principal culpable al señor Walter Astorga Lobos, Presidente de la Coordinadora Nacional Marítimo-Portuaria y ex-Presidente de CONGEMAR, por “haber usado dineros de los trabajadores por concepto capacitación, según lo publicado en ese mismo diario (”La Estrella” del 12 de noviembre anterior) hace algún tiempo atrás, ex Presidente del Sindicato de Marineros de Bahía de San Antonio, en donde entró y salió por la Ventana, ex Presidente del Sindicato Rema-Port, creado para que tuviera donde llegar después de que fuera expulsado de CONGEMAR.
El cuestionado señor Walter Astorga quien también está mencionado en el proceso que se investiga por Malversación de Fondos de los Ministerios de Transportes, Obras Públicas y del Trabajo, a raíz de la ley de modernización de los Puertos”. Coincidió que el día 21 de diciembre siguiente, y luego de más de tres años de haberse conformado, la Comisión Investigadora encargada de estudiar la situación que afecta a los trabajadores portuarios del país, identificó graves irregularidades que involucrarían a los funcionarios públicos con diversos grados de participación en el proceso de asignación anómala de unos dos mil millones de pesos, e hizo pública la información, pidiendo la intervención del Consejo de Defensa del Estado y de la Contraloría General de
la República para que actúen los tribunales sancionando a los responsables.
La noticia fue comunicada por la Diputada Rosa González, presidenta de la comisión que, además, estuvo integrada además por los diputados Waldo Mora (DC), Ramón Pérez Opazo (UDI), Carlos Vilches (RN), Mario Varela (UDI) y Francisco Encina (DC), quienes concluyeron en forma unánime en la existencia de un fraude, evidenciado por los siguientes hechos:
“a.- El acuerdo de 18 de agosto de 1999 aparece suscrito –entre otros- por don Walter Astorga Lobos, el que no se habría encontrado en el país en esa fecha”.
“b.- Respecto del programa de reconversión laboral, recibieron beneficios 53 personas que no cumplían con los requisitos habilitantes –mayor de 40 años, 15 de desempeño en el sector, y haber sido desplazado de él-, recibiendo aportes por un monto de $ 428.520.000.-”.
“c.- Se observa que 38 carpetas no cuentan con los antecedentes de respaldo para acreditar los años de servicio en el sector portuario, y a pesar de ello recibieron beneficios por un monto de $ 298.920.000.-”.
“d.- En la entrega a ex trabajadores beneficiarios del Programa de Reconversión es posible observar ausencia de respaldo con documentos fehacientes de la calidad de tales, sólo se cuenta con fotocopia de cédula de identidad y una declaración jurada, en la entrega de fondos por un monto de $ 220.000.000.-”.
“e.- Se entregaron recursos por un monto de $ 428.520.000.- a personas que no reunían los requisitos estipulados”.
“f.- Se entregaron recursos por un monto de $ 298.920.000.- a ex trabajadores con antecedentes incompletos”. “
g.- Ausencia de rigurosidad en la selección de postulantes por parte de la Subsecretaría de Transportes, no velando esta institución por el correcto destino de los fondos públicos”.
“h.- Se pactaron, al margen del acuerdo final con los trabajadores portuarios del puerto de Iquique, condiciones de otorgamiento de los beneficios pactados que no guardan relación con la seriedad y rigurosidad con que debieran administrarse los recursos públicos”.
2005 INTENDENCIA DE LA V REGIÓN / SEREMI V REGIÓN / Candidatura Parlamentaria del PS en Quillota: El 7 de diciembre, faltando muy poco para las elecciones presidenciales (primera vuelta) y parlamentarias del 11 de diciembre anterior, el Alcalde de Quillota, el DC Luis Mella, destapó uno de los mayores escándalos electorales que han ocurrido en Chile, al denunciar ante el Ministerio Público que la candidatura a diputado del PS Marcos Enríquez-Ominami (hijo adoptivo del Senador Ominami) utilizó fondos públicos para financiar parte de la campaña, comprar votantes y cometer cohecho.
Los dineros, que sumaban por lo menos unos tres millones de pesos, habrían sido tomados de 55 documentos bancarios respaldados por el Estado y originalmente destinados a un plan de generación de empleos o PGP, para trabajadores de Quillota, que iban a recibir 50 mil modestos pesos por el desmalezamiento del cerro Macaya. La denuncia fue respondida por el electo diputado alegando que se trataba de una venganza política por haber derrotado en las urnas a la hermana del alcalde, doña María Eugenia Mella.
Rápidamente, un grupo de integrantes de la farándula firmaron una sentida carta de solidaridad en favor de Enríquez-Ominami, quien estaba estrechamente ligado al mundo del espectáculo, a principios del año siguiente.
Sin embargo, la existencia de estos 55 cheques fue ampliamente difundida por los medios de prensa y se demostró que el desmalezamiento jamás se había realizado. El Fiscal Jefe de Quillota, Pablo Bravo, formalizó cargos contra cuatro personas: los contratistas Giovanni Malatesta y Hernán Meza; el activista político Luis “Luiggi” Fernández Sarmiento, y el ex Seremi del Trabajo en la V Región, José Manuel Mancilla. Todos por el fraude al fisco, siendo imputados ante el Tribunal de Garantía de la ciudad el 3 de enero. Mella, en tanto, renunció a la DC y Enríquez-Ominami anunció querellas en su contra por injurias y calumnias.
Otra ardiente polémica se generó en torno a la Intendencia de la Quinta Región y en la persona del Intendente PS Luis Guastavino, a quien el Gobernador DC Iván De la Maza y el alcalde también DC Aldo Cornejo, le señalaron posibles complicidades con el caso por no haber brindado su apoyo a las denuncias de Mella tras haber sido uno de los primeros en conocerlas, ocasión en la que prefirió meterlas a su escritorio.
La Contraloría regional asumió la investigación del caso ante la magnitud de los gravísimos cargos y luego de que se lo solicitaran, entre otros, el integrante del Consejo Regional, Manuel Millones. Cabe señalar que el Seremi Mancilla dirigía varios otros proyectos similares al de Quillota en otras ciudades de la V Región y con los mismos demás involucrados. El fiscal Bravo expuso que Malatesta (quien ya había sido impedido de participar en planes gubernamentales por una anterior resolución de la Contraloría) estaba recibiendo en su cuenta pagos por “nada” recibidos por Meza, quien sólo actuaba firmando y recibiendo documentos. Fernández, en tanto, organizó todo el montaje de los trabajos en cerro Macaya simulando cancelar las obras de los trabajadores con cheques de la cuenta de Malatesta.
2006 MINISTERIO DE EDUCACIÓN / Cofinsa: Al entregarse los resultados del proceso de admisión en enero de 2006 para los créditos universitarios con aval del Estado para estudiantes de Chile, con otro de los planes estrella del Gobierno sobre materias de educación, aparece una serie de denuncias sobre asignaciones a postulantes que estaban en condiciones económicas muy superiores a otros que no quedaron en la selección.
Las sospechas por el error comienzan a recaer sobre el ex Ministro Sergio Bitar, quien había renunciado convenientemente a principio de año y antes de publicarse los pésimos resultados de la PSU (que, de paso, comprueban el fracaso rotundo de la reforma educacional introducida durante el gobierno e Frei Ruiz -Tagle) y su sucesora, doña Marigen Hornkhol, además de la Jefa de la División de Educación Superior, Pilar Armanet.
En un enredo descomunal de declaraciones para tratar de ocultar lo sucedido, el Presidente Ricardo Lagos declaró públicamente que subirían los créditos para alumnos de escasos recursos desde los 14 mil anunciados a 40 mil. Sin embargo, a las pocas horas la ministra Hornkhol corrigió a la autoridad dando a conocer que sólo serían 28 mil.
Para empeorar la situación, el día 21 de enero se reconoció públicamente desde el Ministerio que por un “error informático” se habían asignado los créditos universitarios a los estudiantes con más recursos de la postulación en lugar de aquellos que más lo necesitaban, por lo que las señoras Hornkhol y Armanet debieron declarar ante la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados el día 24 de enero y el Jefe de la Comisión Administradora, don Cristian Larraín, presentó su renuncia.
Sin embargo, casi simultáneamente se denunció que Larraín era miembro representante de la empresa Cofinsa, que había estado encargada de diseñar y vender el proyecto de ley de créditos universitarios durante el año 2004, además de haber participado directamente en la implementación del sistema y en el cuestionado proceso de selección, recibiendo por ello varios millones de pesos de la misma secretaría en remuneración, en una incompatibilidad evidente con el cargo en el Ministerio al que había renunciado
2006 GUIDO GIRARDI / PUBLICAM: Guido Girardi, senador del Partido por la Democracia (PPD), confirmó que su comando estuvo relacionado con la empresa Publicam, cuestionada en el escándalo por corrupción en Chiledeportes, ya que utilizó a la firma sólo para pagar gastos electorales.
El parlamentario fue enfático en señalar que, en cualquier caso, se trató de un "error de forma" en que los dineros involucrados correspondieron a dineros privados y en ningún caso tuvieron origen en Fisco. Girardi fue enfático en señalar que la situación no tiene "nada que ver con las actividades que se le adjudican a Publicam", en referencia a las indagaciones a las que es sometida la firma por aparecer recibiendo ocho millones 900 mil pesos por un proyecto de Chiledeportes que nunca se realizó, de acuerdo a Contraloría. Sin embargo, explicó que "nosotros en nuestro comando, a partir de finales de noviembre estableció una relación con Publicam como empresa prestadora de servicios para la campaña".
Esta relación se dio "en el sentido de que nosotros tenemos grandes cantidades de gente que hacia puerta a puerta. A los puerta a puerta tú no les puedes pagar directamente dado que no tienen boleta, no tienen factura, no tienen cómo comprobar su acción". Respecto a si conocía de los cuestionamientos a Publicam, el senador por Santiago Poniente indicó que la firma "llegó recomendada como una empresa seria".
"(El objetivo de) las personas que se relacionaron con Publicam fue chequear si efectivamente existía. Nosotros no sabíamos de todas estas irregularidades que se iban a resolver después. Ellos chequearon que efectivamente Publicam tenía vida tributaria, aparecía en el Servicio de Impuestos Internos, aparecía en Dicom y la gente consideró que era suficiente", explicó.
"Más allá de eso", añadió el parlamentario, "los trabajos que había avalado Publicam se hicieron. De hecho nosotros tenemos las firmas de todas las personas que trabajaron en las campañas, nosotros tenemos los documentos que muestran que todas las personas que trabajaron poniendo publicidad o haciendo puerta a puerta firmaron. Es decir, el 100 por ciento de los trabajos se hizo", aseveró, anunciando que presentarán estos documentos al Servicio de Impuestos Internos.
"Y esos trabajos se pagaron contra aportes privados de la campaña, no contra aportes públicos", recalcó, añadiendo que José Ignacio García, director del Servicio Electoral, confirmó el lunes que los gastos de Publicam aparecían en su rendición de cuenta electoral como gastos privados y no para ser reembolsados por el Fisco. "Aquí no hay ninguna malversación, ningún uso de recursos fiscales. Esto se pagó con dineros de privados que hicieron aportes a nuestra campaña", enfatizó.
Sobre el uso de Publicam reconoció que fue un hubo un error "en la forma en que se rindieron estos recursos, porque el tema de fondo es que las personas fueron pagadas, tenemos los antecedentes de que fueron pagadas, tenemos los documento firmados por ellos de que recibieron sus dineros y que en segundo lugar los dineros que se usaron fueron aportes privados".
El senador salió al paso también de del e-mail de Andrés Farías, ex jefe de gabinete del director metropolitano Chiledeportes, Orlando Morales, donde están los nombres de nueve diputados del Partido por la Democracia (entre ellos su padre) y el de un parlamentario ex militante de la colectividad, como destinatarios de fondos de asignación directa. Al respecto, fue enfático en señalar que eso "es absolutamente falso". "No hemos recibido ni un peso ni hemos pedido ni un peso", recalcó.
Posteriormente, cerca del mediodía, Girardi reiteró sus dichos y puso su palabra como prueba de que decía la verdad al asegurar que no conocía del vínculo con Publicam: "Si bien yo desconocía absolutamente esto, y es mi palabra de hombre que yo no tenía idea de cuáles son los montos, las empresas que habían trabajado y cómo se habían vinculado no sólo con esta, con las distintas empresas ni sabía que se había generado un vínculo con esta empresa Publicam, ni sabía quién lo había hecho ni sabía para qué ítem se había pedido los servicios de Publicam".
"Independientemente de eso, de no tener ninguna vinculación, ni siquiera haber sabido, yo entiendo que tengo responsabilidad política sobre los hechos", dijo. (Cooperativa.cl)
Junio 2007 CHILEDEPORTES / MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO: Corresponde al desvío de fondos de Chiledeportes al Ministerio de la Secretaría General del Gobierno. Después de varias semanas de tranquilidad, el escándalo de Chiledeportes volvió a ganar los titulares. Según el informe final sobre la Secretaría de Deportes que presentó la Contraloría, la cartera desvió 135 millones de dólares a la Secretaría General del Gobierno en 2005, de los cuales sólo se regularizaron 30 millones después de estallar el escándalo. En sus conclusiones, el ente fiscalizador determinó que los desvíos de fondos no eran legítimos, contradiciendo la posición que defendía el gobierno.
Desde el Palacio de la Moneda aceptaron este informe, aunque volvieron a sostener que el desvío de fondos era una práctica usual, no sólo de este gobierno, sino también de los anteriores. “Esto se ha hecho por muchos años, no ha sido cuestionado con anterioridad por ninguna institución”, explicó ayer Ricardo Lagos Weber, el ministro cuya cartera recibía los fondos de los proyectos de Chiledeportes. “Ahora se tienen que rendir las cuentas como corresponde”, agregó.
Sin embargo, esta promesa no dejó tranquila a la oposición que, con el informe de la Contraloría en mano, quiere que empiecen a rodar cabezas ya. “¿Quién tiene responsabilidades sobre la plata que se perdió?”, cuestionó el presidente de la Unión Democrática Independiente (UDI), Hernán Larraín. Sus aliados de Renovación Nacional (RN) también aprovecharon el momento de debilidad del gobierno y recordaron que ningún funcionario de primer nivel de la Secretaría General del Gobierno reconoció su responsabilidad sobre los desvíos –sólo renunció el ex jefe de gabinete de Lagos Weber– ni explicó el destino de los 104 millones de dólares de Chiledeportes que todavía no fueron fiscalizados.
La seguidilla de denuncias –hubo otros casos menores promocionados por la oposición, que perdieron fuerza por falta de evidencia– les ha permitido a los dirigentes de la UDI y RN un renovado protagonismo. “No puede ser que en Chile no pase un día o una semana en que no conozcamos un nuevo caso de corrupción en alguna institución pública”, se indignaban ayer un grupo de diputados de la UDI al conocer las irregularidades en el Servicio de Impuestos Internos. Declaraciones como ésta abundan en estos días en los medios chilenos. Y es que finalmente la oposición parece haber encontrado una herramienta para enfrentar a un gobierno que, casi a un año de asumir, sigue manteniendo el apoyo de más de la mitad de los chilenos.
Junio 2007 SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS: Un grupo de funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII), que asociados con una consultora externa, obligaban a las grandes empresas a aceptar gestiones para evitar futuras sanciones tributarias. Por supuesto, ellos se quedaban con un porcentaje del costo de esas gestiones.
El ministro del Interior, Belisario Velasco, calificó de graves las denuncias y prometió que el gobierno seguirá de cerca la investigación. Sin embargo, la oposición acusó al oficialismo de ser incapaz de encontrar y juzgar a los responsables.
Agosto 2007 EMPRESA DE FERROCARRILES DEL ESTADO:
Durante el gobierno de Patricio Aylwin, los ferrocarriles dejaron de ser un servicio público y se convirtieron en empresa comercial, que pasó a llamarse Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE). Según las autoridades, se han ejecutado proyectos de rehabilitación de vías, con durmientes de hormigón, y adoptado nuevas tecnologías, reparado la electrificación y señalización y se han comprado nuevos equipos. Los sindicatos advierten que tras los escándalos de corrupción vienen "nuevos ajustes y racionalizaciones", y emerge el peligro de la privatización. "Nuestras bases están inquietas por los malos resultados de EFE.
Hay que buscar las verdaderas causas de ese inmenso déficit", dice Miguel Muñoz, presidente de la Federación Nacional de Sindicatos de Ferrocarriles. Desde años vienen denunciando la corrupción en la empresa. Durante la presidencia en EFE de Luis Ajenjo (DC), revelaron la compra de trenes españoles con motores fundidos, la duplicación de contratos por trabajos ya ejecutados, el no hacer efectivo el pago de boletas de garantías por fallas en el servicio Victoria-Puerto Montt y tres mil millones de pesos en facturas no cobradas, según el balance 2006. Denuncias que hoy son investigadas por la Contraloría General de la República.
Según Muñoz, los problemas de mantenimiento de equipos, infraestructura y construcción de vías con empresas de capital español no son nuevos. "EFE no defiende los ferrocarriles, quieren privatizarlos. Todos los gerentes de la administración Ajenjo conocían los problemas y el plan trienal. Hoy se encogen de hombros y eluden responsabilidades". Recientemente 138 dirigentes ferroviarios resolvieron solicitar -en un Consejo ampliado- a la Contraloría y al Consejo de Defensa del Estado (CDE) investigar el plan trienal 2003-2005.
Luis Ajenjo firmó contratos con las empresas Sice-Enyse, del grupo ACS, y con la Compañía Americana de Multiservicios (CAM), del grupo Enersis. Sice controla los peajes free flow de las autopistas Central y Vespucio Norte Express. Según Ajenjo, los contratos implicarían "modernización tecnológica y de infraestructura, un salto del siglo XIX al XXI". Pero no sucedió, dicen los sindicatos.
CAM tiene inversiones en Brasil, Argentina, Colombia y Perú; y ACS es tercer grupo en Europa en construcción y servicios. Otra empresa Tecsa-Dragados S.A., es propiedad de ACS-Dragados. Otras empresas españolas cuestionadas son Temoinsa, Tecdra y Renfe, y las chilenas Evasa Consultores, B y S Consultores, Empresa Servicios Tributarios Integrales, Inmobiliaria Plaza Constitución, K & V Ltda. y Ferrocarriles del Pacífico (Fepasa), entre otras.
Según los trabajadores el ex presidente Ricardo Lagos aseguró que los ferrocarriles llegarían hasta Puerto Montt antes de 2007: "El ex ministro de Transportes Carlos Cruz puso manos a la obra; hoy, se suspenden itinerarios. La estación de Puerto Montt está vacía. En los tramos entre Chillán, Victoria y Temuco la suspensión de trenes es habitual; el servicio está deteriorado y hay menos frecuencias y aumentan el precio de los pasajes". Un círculo vicioso que acrecienta el déficit.
Se hicieron millonarias inversiones con nula rentabilidad. En Merval se invirtieron 340 millones de dólares; en Biovías, 160 millones de dólares; en SEC, 180 millones de dólares; y en el tramo Victoria-Puerto Montt, 47 millones de dólares. "Dinero despilfarrado", dicen los trabajadores. Hoy los ejecutivos de EFE negocian con la banca créditos por más de 37 millones de dólares para "recuperar" a EFE del descalabro.
Según los trabajadores ferroviarios entre otras anomalías se han "perdido" 50.000 durmientes, 1.300 guantes y 22.834 facturas. Hay terrenos han sido "cedidos" o "arrendados" sin contratos. Se pagó por obras deficientes en la remodelación de la Estación Central. Se compraron trenes averiados a Renfe por millones de dólares. Se supone que EFE posee controles: el Ministerio de Transportes, Mideplan, el Ministerio de Hacienda y el Sistema de Empresas Públicas (SEP).
Los dardos apuntan a los ejecutivos Luis Ajenjo y Eduardo Castillo, entre otros. Ajenjo, casado con Victoria Martínez, gerente de BancoEstado y hermana de Gutemberg Martínez, y por tanto cuñada de la senadora Soledad Alvear, presidenta de la DC, fue presidente de la Compañía Chilena de Comunicaciones, dueña de Radio Cooperativa. Castillo fue ejecutivo de Repsol YPF. Ajenjo fue quien llevó a EFE a Claudio Carreño -gerente de administración-, hoy procesado por fraude al Fisco.
El actual Fiscal de EFE, Rodrigo Asenjo, anunció querellas y revisión de contratos con Renfe y Fepasa. Tras el informe de Contraloría decidió ampliar la querella contra Claudio Carreño, presentar otra contra ex ejecutivos vinculados a Evasa, y demandar a ex ejecutivos de EFE por fraude al Fisco. "Hemos ampliado dos querellas, presentado otras dos y vamos a presentar otras dos, además del arbitraje en el SEC", señaló. Le preocupan las 22.843 facturas perdidas, muchas más que en el escándalo Publicam.
"El contrato con Temoinsa -firmado bajo la administración de Nicolás Flaño-, establecía que sólo realizaría mantenimientos mayores, mientras la Maestranza San Eugenio se encargaría de las necesidades rutinarias. Con Luis Ajenjo, el gerente de planificación, Vicente Pardo, lo modificó entregando todo el mantenimiento a Temoinsa. Hoy EFE paga cuantiosas sumas por mantenimiento de equipos, estén o no en el taller. Temoinsa era filial de Renfe", dice Muñoz. Agrega que cuando se instalaron durmientes de hormigón en San Fernando, Tecdra (española) no ejecutó trabajos de limpieza que habrían impedido que los durmientes se soltaran, pero cobró por ese trabajo. EFE no hizo efectiva las multas o boletas de garantía. También le señalaron a Ajenjo que no arrendara oficias en Morandé Nº 115 por su alto costo. Hoy de los tres pisos arrendados sólo se ocupan dos.
Osvaldo Sepúlveda, ex gerente general de EFE, reconoció irregularidades ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, entre ellas que el ex gerente de contabilidad y finanzas, Jorge Letelier, "recibía tres sueldos gracias a asesorías a Merval, y bonos". Según los ferroviarios los gerentes superaban los cien millones de pesos en sueldos. Las indemnizaciones de Alberto de la Carrera, Carlos Gárate, Vicente Pardo y Claudio Carreño fueron millonarias, a pesar del poco tiempo que se desempeñaron en la empresa. Según los trabajadores, tras la investigación iniciada por Contraloría por la pérdida de las facturas, Jorge Letelier -con el visto bueno de Eduardo Castillo, gerente general- habría firmado un instructivo para los trabajadores de Contabilidad prohibiéndoles dar cualquier información a la Contraloría.
Durante meses permanecieron estacionados trenes en la Maestranza San Eugenio. Eran usados, sólo cuando fallaban los convoyes españoles, denuncian los sindicatos. Jaime Araneda, presidente de la Federación de Ferrocarriles Nº1 señala: "Eran trenes reparados y pintados, que podían ser utilizados perfectamente hasta Temuco. No entendemos por qué los ejecutivos de EFE no explican esto". El presidente del Consejo Nacional Ferroviario, Jaime Rebolledo, agrega: "Los declararon trenes no seguros, pero el mantenimiento mecánico hecho por personal de San Eugenio era satisfactorio". Todo apunta a un "velado intento de privatizar lo que queda de Ferrocarriles", señalan.
Contraloría investigó la gestión de EFE de 2001 a 2006. Encontró contratos preacordados, obras fantasmas, arriendos y remates oscuros, y un completo desorden administrativo. El Sindicato de Ferroviarios dice que era un secreto a voces: "Hicimos presentaciones al CDE y a Contraloría, y le enviamos cartas a autoridades. Pero nadie hizo caso de las denuncias", señala Jaime Rebolledo. "Es escandaloso que los últimos trenes comprados en la administración Ajenjo duraran mucho menos que los adquiridos para Metrotren. De seis equipos comprados para el servicio Temuco-Puerto Montt, sólo uno está bueno, y las fallas son altas en el caso de Concepción (Biovías). Hay garantías que no se han hecho efectivas", agrega. Según los dirigentes no hay políticas claras de transporte ferroviario. Tras los escándalos de corrupción se cuestiona la gestión de los trabajadores de Ferrocarriles. "Nos encontramos casi en la misma situación que en 1990. Hay sectores políticos que empujan el carro de la privatización".
Entre 2003 y 2005 EFE dispuso de 100.000 millones de dólares. Las deudas a diciembre de 2006 sumaban 1.350 millones de dólares: 7,54 veces su patrimonio. Los ferroviarios denuncian la compra sin licitación de veinte automotores y trenes usados a Renfe, a precio casi igual que los nuevos comprados a una empresa francesa. Otro caso: "modernización de señalética", adjudicada a un consorcio español que sólo se reemplazó la existente, pero cobró 180 millones de dólares. Denuncian que no se destinó dinero suficiente para "reparar puentes". Las irregularidades se extendieron más en el gobierno de Lagos, que inyectó 1.100 millones de dólares a EFE. Contraloría advierte "intencionalidad para defraudar". Las pérdidas no se explicarían sólo por ineficiencia: hay graves irregularidades.
Tras la salida de Luis Ajenjo, asumió la presidencia de EFE el ex subsecretario de Transportes, Guillermo Díaz (DC), procesado por el caso MOP-GATE. La comisión investigadora de la Cámara busca responsabilidades políticas. Los diputados Fulvio Rossi, Alfonso De Urresti, Manuel Monsalve y Fidel Espinoza solicitaron al presidente del Sistema de Empresas Públicas, Patricio Rojas (DC), que colabore: "Aquí han ocurrido hechos graves, desde el punto de vista de gestión y eventual comisión de delitos, que no estamos dispuestos a tolerar. Debe asumir su responsabilidad como presidente del SEP, del cual depende Ferrocarriles. A nosotros nos importa que EFE continúe siendo una empresa del Estado, pero eficiente. Ha habido una época de gran oscurantismo que marca la gestión de Patricio Rojas. Que entregue toda la información, es la única manera de garantizar de que Ferrocarriles será una empresa eficiente y bien evaluada por la ciudadanía".
La derecha ha hecho un festín del escándalo. Pide se investiguen las pérdidas de 100 millones de dólares de déficit anual, dejando camino pavimentado para una eventual privatización total. Según los ferroviarios, los únicos responsables son los anteriores directivos de EFE. El diputado Patricio Hales (PPD), de la comisión de Transportes, dice: "Se pagaban hasta hace muy poco contratos que estaban vencidos. Mientras estaba Luis Ajenjo, se entregaron millonarias sumas de dinero por indemnizaciones a gerentes". Se habla de millonarias pérdidas en 12 años de gestión. Se acusa la instrumentalización de EFE por parte de la Concertación y, especialmente, de la DC. El Contralor Ramiro Mendoza, dijo a La Nación que EFE no colaboró con la Contraloría: "Hubo una situación que no es usual en nuestras labores de fiscalización. No es usual que nuestros sujetos de fiscalización -que normalmente son colaborativos en la función de fiscalización que Contraloría ejerce- nos representen o nos conduzcan a una ventanilla única para los requerimientos que son propios de la labor de auditoría. (…) Es absolutamente improcedente y obviamente no vamos a aceptar acciones o actuaciones de esa naturaleza, las investigaciones las dirige quien fiscaliza y no quien es sujeto de la fiscalización. Hay un conjunto de informes finales que están sistematizados en un documento único, estos informes llegan a varias conclusiones, muchas de ellas de simple trámite, que la empresa de ferrocarriles consideró y fueron solucionadas, y otras que no fueron superadas y que han sido derivadas al Consejo de Defensa del Estado a fin de evaluar si procede la interposición de acciones civiles o penales".
EFE contrató a Evasa Consultores Ltda. para ejecutar una "asesoría estratégica" ya pagada a Invia, filial inmobiliaria de EFE. Regularizaciones y verificaciones que debían hacerse, de acuerdo al contrato, no se ejecutaron. Evasa regularizaría con la Tesorería General de la República las contribuciones morosas de EFE. Pero Evasa cobró comisiones, por 90 millones de pesos, por un trabajo ya hecho. Se le pagó además por "comisión de éxito", 5 millones de pesos y otros 6,6 millones después.
El cheque del pago de una factura de diciembre de 2005, por 9.668.280 de pesos, fue retirado directamente por el propio gerente de administración de EFE. Según Contraloría, Invia mantiene arrendatarios que no aparecen en nóminas de pago y hay arriendos sin contrato. Las 22.843 facturas perdidas se emitieron entre 1996 y 1999, cuando presidían EFE Hugo Trivelli (DC) y Nicolás Flaño (DC).
La española Renfe vendió a EFE automotores diesel que serían utilizados en el tramo Victoria-Puerto Montt. El servicio debió ser paralizado por graves defectos de las máquinas. Pero no se cobraron las garantías. La pérdida total fue de 8 millones de dólares. Según Contraloría, EFE hizo contratos de "trato directo" con una empresa e incluyó puntos eliminados al momento de adjudicar la propuesta. Pagó 431 millones por un trabajo, pero luego en un segundo y tercer contrato adjudicado por trato directo, pagó 304 y 158 millones más. Un proyecto de remodelación fue desglosado en partes y el costo final de las obras resultaron un 89 por ciento más de lo pactado. Además se detectó graves deficiencias en las obras entregadas. En la remodelación de la Estación Central el costo original era de 1.342 millones de pesos, pero el valor final superó los 2.380 millones. Las ampliaciones de contratos se hicieron sin licitación.
El 2005 y 2006 EFE pagó a Luis Briceño honorarios de cuatro millones de pesos por un estudio tributario. Las boletas emitidas por Briceño tenían un timbre que no correspondía al del Servicio de Impuestos Internos (SII). Briceño no tiene inicio de actividades en el SII y era socio de Claudio Carreño -gerente de administración de EFE-, en la sociedad B y S Consultores Limitada. Carreño adjudicó a la Empresa Servicios Tributarios Integrales -el 2005- contratos por 81 millones de pesos: su representante legal era Luis Briceño.
Otras irregularidades detectadas por Contraloría se refieren al inmueble de Morandé 115. Se arrendó a la inmobiliaria Plaza Constitución en una renta mensual era de 1.206 UF. Se detectó que de marzo a noviembre de 2005 se pagaron 84 millones de pesos por sobre el contrato. EFE contrató a K & V Ltda. para ejecutar trabajos de habilitación de los pisos de Morandé 115, por 151 millones de pesos. Sin embargo, finalmente pagó 376 millones. Además contrató una Consultora para una inspección técnica innecesaria y desembolsó otros 68 millones de pesos.
En octubre de 2002, EFE vendió a la española Temoinsa el lote 2B de la Maestranza San Eugenio -una superficie aproximada de 36.000 metros cuadrados- pero arbitrariamente se modificó el plano de subdivisión y se entregó en forma adicional un terreno de 4.000 metros cuadrados. Otra irregularidad detectada por Contraloría es el pago al contratista Anastasio Cerda de 13 millones de pesos por la remodelación del almacén San Bernardo para convertirlo en archivo histórico. La empresa de Cerda ejecutó otro trabajo: arreglar un baño, una cocina e instaló ventanas. A fines de 2004, EFE contrató sin licitación al "martillero" Marcos Encina para rematar repuestos y materiales. El domicilio de Encina no existe y según el Ministerio de Economía, está en "trámite la anulación de su registro de martillero". EFE le entregó repuestos sin inventario por los que recibió un dinero mucho menor al presupuestado.
También Contraloría señala que el contrato de concesión que EFE tiene con Ferrocarriles del Pacífico S.A., (Fepasa), desde 1995, "ha perjudicado a EFE. La empresa Fepasa mantiene deudas antiguas que datan de 2001. (…) Aparte de no cumplir con las disposiciones del contrato, podría significar que EFE esté subsidiando a Fepasa". Según el organismo fiscalizador, no se realiza un cobro eficiente, porque "no cuenta con una romana para pesar la carga que se transporta en las vías". Fepasa fue creada en 1993 y un año después, EFE vendió un 51 por ciento de la propiedad a privados. Se le otorgó por veinte años la concesión para operar y transportar carga. La empresa fue adquirida por Manuel Cruzat, pero en 2003 la compró el grupo Sigdo Koppers, de la cual fue socio el ex presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle (DC).
El primer caso grave de corrupción fue el de los "empleos brujos", originado en la elección parlamentaria de diciembre de 2005, cuando se denunció el uso de fondos públicos destinados a programas de generación de empleo (PGE) para financiar campañas de candidatos de la Concertación en la Región de Valparaíso. Las denuncias afectaban a cinco diputados y a un senador. La justicia finalmente formalizó a los diputados PPD Rodrigo González y Laura Soto, siendo ratificado por la Corte Suprema el desafuero contra esta última en enero de 2008.
2008 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA / Malversación de caudales públicos:
Con motivo del cambio de mando y visita de Fox el 15 de febrero de 2006, la Presidencia de la República, aún en manos de Ricardo Lagos, emitió a nombre de la empresa "Ser Producciones Creativas" facturas por 127 millones de pesos por "servicio de diseño y producción general de diversas actividades con motivo del traspaso de mando presidencial". Sin embargo, el dinero nunca se usó en este objetivo, sino que se gastó íntegro para pagar en forma retroactiva los sueldos de 22 personas que trabajaron en la campaña presidencial de Michelle Bachelet durante la segunda vuelta.
Jaime Miranda y Sergio Bravo, dueños de"Ser Producciones Creativas Ltda."explican al fiscal lo que denominan "la verdad de los hechos: "Con motivo de la elección de la Presidenta Michelle Bachelet, fuimos convocados por la Presidencia para prestar nuestros servicios en el proceso de Transmisión del Mando, que comprendían, entre otras materias, la producción integral de la visita de la Presidenta Michelle Bachelet a Casablanca, y su llegada al Palacio dela Moneda. Dentro de las actividades que se nos encomendaron, se nos ordenó contratar y pagar a un grupo de personas para que trabajaran en las actividades de transmisión del mando, bajo la administración y supervisión de la propia Presidencia de la República. Para ese efecto, la Presidencia de la República destinó recursos que ascendían a lo antes expuesto, que fueron pagados una vez que la Presidencia nos informó que los servicios habían sido prestados satisfactoriamente por los contratados", sostiene."En consecuencia, no existe nada ilegal en nuestra actuación, y respecto de las actividades pormenorizadas y específicas que realizaron las personas contratadas, es la Presidencia de la República, bajo cuyas órdenes se desempeñaron, quien puede responder. No es irregular ni ilegal, ni menos constituye un escándalo, contratar y pagar personal por encargo de un mandante, para que desarrolle labores que ese mandante supervisa y certifica", explican. Respecto de la visita del Presidente Fox a Chile, que según consta en la denuncia, la Presidencia emitió otra factura a nombre de la productora, explican que "jamás hemos realizado actividad alguna relativa a esa visita" y agregan que "esa factura corresponde al último pago de la fiesta de Navidad 2005, y la glosa que hace mención de la visita del Presidente Fox es Falso”.
Bueno, la triangulación de fondos desde la Presidencia a través de "Ser Producciones Creativas" para pagar sueldos a miembros del comando de Michelle Bachelet, esperamos que la investigación del Ministerio Público sea rotulada e "inicie la investigación por delitos de malversación de fondos públicos.-" y todos los chilenos podamos saber la verdad de los hechos.-
2008 MOP Sexta Región:
El diputado de ChilePrimero, Esteban Valenzuela, manifestó la necesidad de crear una comisión investigadora en el escándalo de corrupción que se produjo en el MOP, que "implicaría una red de coimas en los contratos de mantención de caminos, el que supera los 5.000 millones de pesos".
Valenzuela dijo que los hechos expuestos por la ex seremi de Obras Públicas de la Sexta Región, Beatriz Valenzuela, "son muy grave porque se repiten en un Ministerio cuestionado por el caso GATE y por denuncias similares realizadas en la Región de la Araucanía, que culminaron con funcionarios destituidos por abultar contratos, avalar trabajos no realizados o mal hechos, entre otras malas prácticas".
A su parecer la denuncia de la ex seremi, "realizada por su coraje a pesar de las presiones que recibió, entrega un sin número de carencias estructurales y falta de respuesta institucional, más allá de apoyo dado por el Ministro Bitrán a su denuncia de mayo del año 2007".
El parlamentario relató que "la ex SEREMI apenas asume su cargo en marzo del año 2006 cuestiona los abultados contratos de ampliación de obras de Pilén, pero por escrito se le ordena visarlos desde el nivel central. No obstante, los cuestionamiento a Aldo Rossi, visitador técnico y luego nombrado jefe nacional de mantención, este continuó en el Ministerio. Lo mismo ocurrió con otros funcionarios sindicados por la funcionaria a superiores, los cuales siguieron en sus cargos".
Y agregó: "El Ministerio no ordena detener los contratos de las empresas cuestionadas, no obstante la ex SEREMI recibe incluso amenazas por sus pedidos de investigación de los hechos. Se recabaron nuevos antecedentes que avalaron la denuncia realizada al Ministerio Público, pero las empresas siguieron en el sistema por una mal comprendida teoría de que 'hay que esperar los veredictos de la Justicia'. Se perdieron dos años de limpieza institucional".
Sostuvo que "los cuestionamiento a José Miguel Zurita, ex Jefe de Vialidad de O´Higgins, donde ocurrieron las irregularidades, cuya petición de remoción del mismo por parte de la ex SEREMI, no se traducen en sumarios clarificadores, produciéndose su posterior contratación como asesor en el área de aeropuertos".
También expresó que "el Gobierno no coloca urgencia al proyecto de modernización del Ministerio, incluyendo una Superintendencia que fiscalizara con mayor celo la transparencia y la calidad en adjudicaciones y obras. Hay una omisión lesiva evidente".
Aclaró que incluso "tampoco se hace auditoría a las ampliaciones de contratos en todas las regiones, ni se generan comités plurales para adjudicar, ni se indaga respecto a las declaraciones de bienes de los funcionarios, ni al origen de las empresas adjudicatarias, entre otras 'buenas prácticas' necesarias ante la evidencia de las denuncias y la necesidad de un mayor celo administrativo".
En ese sentido, el diputado Valenzuela dijo que "por lo anterior se solicita crear una Comisión Investigadora de las denuncias sobre corrupción en la Región de O'Higgins y la falta de reacción institucional del MOP, con el objeto de cooperar en aclarar los hechos que reviste la denuncia de la ex seremi".
Además de revisar las políticas de adjudicaciones y fiscalización de obras del MOP y ver los procedimientos internos del MOP ante denuncias y la respuesta institucional pro transparencia.
Diciembre 2008: Guirardi / Subsecretaria / Carabineros
El senador Guido Girardi, según propia confesión, transitaba a exceso de velocidad, por lo cual Carabineros procedió a cursarle un parte de tránsito por dicha infracción. Dice el afectado que Carabineros no actuó como correspondía, por no haber controlado a otra autoridad por la misma causal y no haber querido revisar su credencial de autoridad.
Reclama a la subsecretaria de Carabineros, una funcionaria de gobierno quien transmite el tema al alto mando de Carabinero. Este último decide castigar a los funcionarios de carabineros.
Fuente: www.carloserazo.cl y otros
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1 comentario:
La verdad es que quedo sorprendido por nuestra mala memoria politica, es increible la cantidad de dinero publico que se va a los bolsillos de unos cuantos sinverguenzas que no son capaces ni siquiera de hacer algo bien por la propia gente que los enriquece.
Espero que todas aquellas personas que aun estan indecisas para estas proximas elecciones lean este impresionante articulo.
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