¿ES JUSTO EL JUICIO DE PAULA VIAL?

Algo huele mal en la justicia chilena al leer que Paula Vial, defensora nacional, se permita dudar por los medios de comunicación respecto de la justicia del fallo en el caso de los comuneros mapuches. Se pregunta con desparpajo si fue un “¿juicio justo…?. Y se contesta diciendo que “en democracia, una persona debe poder enfrentar la acción penal del Estado en un pie de igualdad jurídica. En este caso no fue así”.

Algo huele mal en la justicia chilena.

En La Tercera se publica la opinión de Paula Vial respecto del fallo en el caso de los comuneros mapuches. “De los 17 imputados perseguidos por supuestos delitos terroristas en el larguísimo juicio seguido contra comuneros mapuches en Cañete, ninguno fue condenado ayer por éstos y sólo cuatro por algunos de los delitos comunes por los que eran perseguidos. Incluso, existió un voto de minoría de una de las juezas que estuvo por absolver de todo a todos”.

A continuación plantea que “resulta sin duda inquietante que en los únicos casos en los que hubo condenados, esta decisión se haya afirmado sobre la base del testimonio de uno de los sentenciados aparentemente obtenida bajo tortura y al de uno de los testigos sin rostro que señalaba en su testimonio haber participado, no obstante no haber sido perseguido por el Ministerio Público”.

Insiste indicando que “en el juicio se pudo constatar que uno de los acusados denunció haber sido torturado durante su detención e interrogatorio de madrugada, luego de 16 horas detenido, y pese a una querella y  constatación de lesiones, la causa fue archivada sin una investigación imparcial. Mediante testigos de oídas, se introdujeron supuestas declaraciones de menores que también denunciaron haber sido objeto de torturas en su interrogatorio”.

Además, menciona que “se utilizaron, sin restricciones, las declaraciones de testigos sin identidad, cuya credibilidad no tuvo posibilidad de desvirtuar la defensa y aun así quedó en evidencia que uno de ellos era sordo, pero decía haber reconocido a los acusados por la voz, o que otro tenía razones para actuar por enemistad. De ninguno se pudo saber si tenía condenas o si obtuvo algún beneficio procesal o económico por declarar”.

Y finaliza diciendo que “en una democracia, un individuo debe ser capaz de enfrentar la acción penal del Estado en un pie de igualdad jurídica. Un procedimiento racional y justo supone que la enorme diferencia de poder entre el acusado y el acusador debe ser eliminada o al menos reducida a su mínima expresión. ¿Es posible afirmar que estos ciudadanos enfrentaron con igualdad de armas al Estado? ¿Es posible afirmar que tuvieron un juicio justo?”.

En otras palabras, Paula Vial se permite insinuar que el poder judicial es incompetente para realizar sus funciones. ¿Es justo el juicio de Paula Vial?

El poder judicial y sus distintos estamentos tienen por misión administrar justicia, estableciendo lo que es justo para cada caso particular del cual le toca conocer y fallar, dentro del ámbito de su competencia y de acuerdo con los conceptos legales vigentes.

Suponiendo que tuviera la razón, igual sorprende la falta de tino –por no llamarlo de otra manera- de esta funcionaria judicial al emitir juicios públicos, improcedentes y descalificatorios, con respecto a lo acontecido en el juicio. Lo correcto y normal es que sus reparos debiera presentarlos al tribunal superior para la correspondiente revisión y modificación si correspondiera, ¡ y tal como ella misma lo indica !. ¿Por qué no procedió de esa manera?, ¿para ejercer presión pública nacional e internacional?, ¿está en sus atribuciones?.

Con su accionar ha terminado desacreditando al mismo poder judicial, insinuando que es incapaz de atender a sus propias necesidades y satisfacer sus propios asuntos. Si ese no fuera el caso, ¿Cómo entender entonces esta opinión por medio de la prensa?.

Ya sucedió con una intendenta y ahora sucede con una funcionaria del poder judicial. La falta de sentido común y de discreción, la temeridad y la arrogancia con que emiten opiniones públicas parece ser una característica de nuestros tiempos. Las instituciones de nuestro Estado de Derecho requieren de funcionarios trabajadores, honestos y con sentido común. Pero, ya es muy claro que el sentido común es el menos común de los sentidos.

Finalmente, debemos hacernos una pregunta: ¿sobrevivirá nuestra institucionalidad a este tipo de funcionarios?.

Es de esperar que los organismos superiores tomen las medidas adecuadas para cautelar el correcto devenir de nuestras instituciones que deben estar por encima de las lamentables opiniones de algunos funcionarios.