En una reciente encuesta se encontraron resultados que no sorprenden. De los encuestados, “la mayoría está de acuerdo o muy de acuerdo en que el Estado tenga empresas de utilidad pública (71,6%); que exista una AFP estatal (67,2%); que aumenten los bancos estatales (65,7%) y que el transporte público esté en manos de una empresa estatal (58,1%)…, la mayoría de los encuestados (52,9%) dijo ser partidario de que todas las universidades pasen a manos del Estado y de que exista una cadena de supermercados estatal (51,9%)”.
Nuestra sociedad muestra una alta confianza en una ficción legal que históricamente ha sido más una máquina de explotación para fines privados que una máquina de justicia y bienestar.
Chile, históricamente, ha tenido Estados fuertes. Solo pensemos que este escuálido territorio estaba plagado de bandas de indígenas sin organización central y el gran aporte de los españoles fue poner la autoridad en el centro de la actividad política. Desde ese momento asumimos al Estado como una verdad indiscutida en nuestras vidas hasta el día de hoy.
Vamos a completar dos siglos de construir una nacionalidad basada en un fuerte Estado y aún no logramos dar el salto de Calidad como para jugar en la primera división mundial. Y la razón es clave: excesivo Estado asistencialista y clientelista, y poco desarrollo a nivel de las personas.
Las familias crecen y se desarrollan cuando las personas que la componen crecen y se desarrollan. Comenzar un pequeño negocio en el Chile de hoy cuesta entre 2 a 3 meses de papeleos y entre $500.000 a $3.000.000 en promedio, y sin espacios de desarrollo para las personas con iniciativa nos debatimos respecto de políticas macro relativas al empleo y financieras.
Para que Chile crezca, las personas individuales deben crecer. Los colectivos son el paso necesario para el desastre, pero seguimos esperando del Estado los apoyos necesarios a nivel individual pero que se entregan a nivel grupal. Cuando una persona reclama nada pasa; cuando muchas reclaman, todo pasa y esa es la diferencia.
Los Estados fuertes y centralizadores son la consecuencia cultural de malas decisiones tomadas en el pasado. Pensamos que eran parte de la solución pero, en realidad, son el problema. Disponer de un Estado Cero Limitado otorgará más poderes a las personas que podrán utilizar para transformar la sociedad en algo más vivible para ellos y para todos.
El Genio de la Libertad conduciendo al León de la República.
viernes, 26 de diciembre de 2008
martes, 23 de diciembre de 2008
FMI: ¿Va el mundo hacia una Gran Depresión?
PARÍS.- A un paso de entrar en 2009, un año en el que se prevé una dura recesión tanto en EEUU como en Europa, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ya habla del riesgo de que la economía mundial se precipite hacia una Gran Depresión como la de los años 30.
El jefe economista del FMI, Olivar Blanchard, ha recomendado a los Estados actuar de urgencia para reactivar la demanda si quieren evitar que "la recesión se transforme en una Gran Depresión".
En este sentido, ha recordado que el Fondo considera que los planes de reactivación de los países industrializados son insuficientes para hacer frente a una crisis de estas dimensiones.
"Por el momento, un incremento del gasto presupuestario de un 2% parece suficiente. Pero, si las circunstancias lo exigen, es necesario que los Estados estén dispuestos a ir más allá, hasta un 3% o más", ha afirmado Blanchard. Los planes de estímulo acordados por los miembros de la Unión Europea representan alrededor del 1,4% del producto interior bruto de la zona.
Según ha destacado, la reactivación debe lograrse a través del "aumento del gasto público", en vez de "por la disminución de los ingresos públicos" mediante políticas de "reducción de impuestos".
Respecto a las medidas adoptadas en Europa, Blanchard cree que la reducción temporal del IVA adoptado en Reino Unido no es "una buena idea" porque la cantidad no será muy significativa como para relanzar el consumo.
Por otra parte, ha asegurado que no habrá "comienzo del crecimiento" mientras los bancos sigan reduciendo su oferta de crédito y las instituciones financieras no hagan un balance de sus pérdidas vinculadas a la crisis.
Fuente: AFP, 23/12/08
El jefe economista del FMI, Olivar Blanchard, ha recomendado a los Estados actuar de urgencia para reactivar la demanda si quieren evitar que "la recesión se transforme en una Gran Depresión".
En este sentido, ha recordado que el Fondo considera que los planes de reactivación de los países industrializados son insuficientes para hacer frente a una crisis de estas dimensiones.
"Por el momento, un incremento del gasto presupuestario de un 2% parece suficiente. Pero, si las circunstancias lo exigen, es necesario que los Estados estén dispuestos a ir más allá, hasta un 3% o más", ha afirmado Blanchard. Los planes de estímulo acordados por los miembros de la Unión Europea representan alrededor del 1,4% del producto interior bruto de la zona.
Según ha destacado, la reactivación debe lograrse a través del "aumento del gasto público", en vez de "por la disminución de los ingresos públicos" mediante políticas de "reducción de impuestos".
Respecto a las medidas adoptadas en Europa, Blanchard cree que la reducción temporal del IVA adoptado en Reino Unido no es "una buena idea" porque la cantidad no será muy significativa como para relanzar el consumo.
Por otra parte, ha asegurado que no habrá "comienzo del crecimiento" mientras los bancos sigan reduciendo su oferta de crédito y las instituciones financieras no hagan un balance de sus pérdidas vinculadas a la crisis.
Fuente: AFP, 23/12/08
lunes, 22 de diciembre de 2008
ENFOQUE AUSTRIACO DE LA REGULACION
UN ENFOQUE AUSTRIACO MODERNO DE LA REGULACIÓN ECONÓMICA.- por Karen Vaughn, George Mason University.
Traducido por Jose Luis Tapia
La introducción: La Perspectiva Austríaca
Los últimos veinte años se han visto como un florecimiento del trabajo de la tradición austríaca. Uno de los más importantes frutos ha sido precisar la diferencia entre la economía de la Escuela Austríaca y la Economía Neoclásica. En su nivel fundamental, los austríacos difieren de los economistas neoclásicos en los supuestos que ellos hacen sobre la naturaleza del problema económico. Considerando que la economía neoclásica ve la dificultad humana como un intento de aumentar al máximo la satisfacción de las necesidades ilimitadas ante los recursos limitados, los austríacos agregan que esa descripción de la observación hacen que los seres humanos lleven a cabo sus proyectos y planes ante la escasez de recursos; con tiempo e información limitada alrededor de ellos, promoviendo el progreso del mundo. Así, la economía austríaca es la economía de las necesidades y la escasez y también, del tiempo y la ignorancia.
Negándose a sustraer el tiempo y la ignorancia de la vida humana, los austríacos ofrecen una perspectiva diferente de la naturaleza de los mercados y del tema fundamental de la economía. Para los austríacos, la información limitada es una de las características necesarias en toda la acción humana; no es una "imperfección del mercado" sino un aspecto fundamental de vida humana. Los mercados son instituciones que les permiten a los individuos actuar con información limitada de manera que los llevan a aprender y a esparcir el conocimiento en la sociedad. La información imperfecta es una de las razones básicas para que la interacción del mercado sea útil. Pero el hecho de que las personas aprendan continuamente en sus relaciones de mercado, implica que los mercados son al mismo tiempo procesos continuados, donde ningún punto del extremo es discernible, sino que está implícito en los datos. Cada acto en el mercado cambia la constelación del conocimiento humano de tal manera que surgen nuevos planes y nuevas metas en los individuos. Para los austríacos, entonces, "la solución" de las condiciones de equilibrio es un ejercicio en vano. Las circunstancias continuamente cambiantes del conocimiento sobre los fenómenos del mercado da la posibilidad de llegar a un equilibrio más allá, incluso, de la rigidez. Para los austríacos, el problema central del análisis económico es entender cómo los seres humanos parcialmente ignorantes acostumbran a los mercados a cubrir sus limitaciones y sorprendentemente crean ordenadamente una economía (y un aumento de la riqueza).
Tal como veremos, esta negativa austríaca de apartar el tiempo y la ignorancia -no sólo implica una teoría positiva del proceso del mercado, sino también una crítica a la intervención gubernamental en las actividades del mercado. Esta crítica que ha surgido por mas de cien años de escritos de la tradición austríaca, se articula lo mejor en cuatro economistas austriacos del siglo veinte: Ludwig von Mises, Friedrich Hayek, Murray Rothbard e Israel Kirzner.
Ludwig von Mises y la Teoría de Intervencionismo
La postura austríaca respecto del intervencionismo gubernamental en la economía se ha desarrollado casi exclusivamente en contra de lo que son los intervencionistas: Primero, los marxistas y luego los planificadores y reguladores neoclásicos. En los albores de la escuela austríaca, Bohm-Bawerk era conocido por su oposición al Marxismo y, en general, por su liberalismo. El mismo Menger escribió poco sobre política económica, pero aparece en una reciente investigación como políticamente liberal. Sin embargo, el austríaco cuyo nombre es asociado para la mayoría con el liberalismo económico fue Ludwig von Mises, el segundo austríaco de la generación. De hecho, era Mises quien puso el curso del futuro enfoque austríaco de la política económica.
Las ideas de Mises, en relación al gobierno y la economía, crecieron directamente fuera de la crítica de socialismo que él empezó en 1920. En su artículo, ahora famoso, "El Cálculo Económico en la Comunidad Socialista," cuyo objetivo fue eclipsar a los marxistas ingenuos quienes creyeron que uno podía eliminar toda la propiedad, las transacciones del mercado, el dinero, y todavía, hacer decisiones de asignación racional en una economía compleja. [Vaughn, 1980] En sus críticas del socialismo [1920,1922, 1963], Mises contrastó lo que él llamó una economía pura de mercado con una economía centralmente planificada. Una economía pura de mercado señala que el papel del gobierno se limita a reforzar las reglas de la propiedad y de los contratos, mientras que, para una economía planificada, señala que la propiedad privada y el intercambio privado son completamente eliminados. Mises defendió que era imposible una planificacion pura porque sin propiedad privada e intercambios de mercado no habría precios para ayudar en el cálculo económico. Mientras su tesis fue reconocido por economistas socialistas (aunque el reconocimiento sólo sirvió intensificar sus esfuerzos para resolver el problema de planificación central), su ampliación de ese argumento del intervencionismo, o 'la economía del mercado obstruída" [1963, parte 6] fue recibido con menor aceptación.
Mises sostuvo que una intervención económica - o "economía mixta" - también era una estructura irracional, porque era fundamentalmente inestable. Cualquier intervención gubernamental originaría una respuesta por parte de actores individuales que tenderían a crear otro problema no advertido. Así, una intervención -que fue un medio para resolver un problema económico particular- sería por si mismo causa de otros problemas que requerirían más intervención. La introducción de sucesivas intervenciones para resolver problemas de intervenciones anteriores, produciría finalmente una economía demasiada obstruída por regulaciones dado que los precios de rnercado dejarían de llevar información útil al mercado, mientras que el calculo racional de las ganancias y pérdidas, sería imposible.
El argumento de Mises formaba parte de una teoría positiva mucho mayor sobre la importancia del cálculo monetario en relación a una economía compleja. [1963] Para parafrasear y quizás ampliar su argumento, parece decir que sólo pueden evaluarse comparaciones entre estrategias alternativas conocidas en el momento y las altemativas reales de mercado. Los costos realmente se evalúan dentro de un proceso de alineación de las alternativas previsibles y deseables. Sin embargo, las clasificaciones jerárquicas de la preferencia no existen aparte del acto de elegir. Sólo están en el proceso de evaluar las alternativas que los individuos pueden determinar, de lo que se prefiere a lo que es menos preferido y, elije opciones racionales. Este proceso no puede tener lugar en un hipótetico mundo. Exige el conocimiento de alternativas reales de mercado para ser viables. Pero, el mayor de las alternativas, de las dimensiones de elección, es el cálculo monetario para mantener un denominador común comparativo. Las implicancias son esas intervenciones del gobierno que harían los precios menos útil como alternativas reales en el cálculo económico.
Obviamente, la interferencia en el cálculo monetario tendría efectos negativos sistémicos. El dinero y el precio del dinero son las únicas herramientas disponibles para informar a los empresarios, si ellos están usando los recursos de acuerdo a la preferencias de las mayorías. Si los precios no pueden ser contados como un reflejo del consenso general entre las opiniones de los compradores y vendedores sobre el valor de los bienes y recursos, las ganancias y pérdidas llegarán a ser fiable como indicadores de buen y mal juicio económico. La intervención gubernamental en el intercambio privado de individuos sería por necesidad una distorsión de los precios y obstrucción de la actividad del mercado en alternativas ineficaces. Comulgó con su enfoque que las consecuencias imprevistas de la regulación provocaría más legislación para compensar los fracasos regulatorios inevitables, que llevó Mises a exigir que la opción estaba entre mercados libres o caos. [1963, p.86]
Hayek y el Conocimiento
El discípulo de Mises, Friedrich Hayek, aprendió bajo el tutelaje de Mises del escepticismo de la intervención económica gubernamental. Y, como Mises, el análisis de Hayek sobre la relación entre el gobierno y mercado surgió también su crítica a la planificación centralizada. En particular, el trabajo de Hayek en el debate del cálculo económico, lo llevó explorar la naturaleza y papel de conocimiento en el proceso del mercado. [1948, caps.2 y 4] Él dio énfasis a la naturaleza detallada, local y, a menudo tácita, del conocimiento económico y, defendió lo que calificó por ensayo y error, los experimentos del mercado para el conocimiento lo que los economistas tomaron por dado en sus modelos. La información es por naturaleza descentralizada e imperfecta: la competencia del mercado es necesaria para movilizar y hacer pública la información. La competencia, que Hayek defendió, es un proceso de descubrimiento que les permite a los seres humanos experimentar nuevas ideas y prácticas en un sistema que proporciona la retroalimentacion apropiada. [1978]
En el mismo contexto, Hayek examinó la naturaleza de la competencia y sostuvo que era más complejo y robusto de lo que los modelos convencionales de competencia perfecta señalaban. [1948,cap.5] La competencia real, que él defendió, involucra muchas más dimensiones que simplemente precio y cantidad; las empresas compiten en base a calidades del producto y servicios agregados, con el resultado que la demanda del consumidor no es sólo detectada por aumentos de los bienes, sino también, por la heterogeneidad entre los productos ofrecidos para su venta. Mientras que Hayek nunca se dirigió al problema de la regulación económica per se en su trabajo científico, sus ideas inspiraron a otro importante estudiante americano del círculo de Mises, Israel Kirzner, para desarrollar una teoría de los procesos del mercado que sería usada para lanzar una importante crítica a la teoría neoclásica de la regulación.
Murray Rothbard y la Economía Austriaca del Bienestar.
Mises y Hayek criticaron la intervención gubernamental cuyas bases pragmáticas es contraproducente. La política económica conduce a consecuencias imprevistas que hacen a todos, incluso a los intervencionistas, más pobres. Murray Rothbard, uno de los dos estudiantes prominentes de Mises en los EE.UU. (muy cerca de Mises, el austríaco que es muy asociado con la defensa del mercado libre) también creyó que la intervención gubernamental es contraproducente. Sin embargo, su crítica principal a la intervención descansó en la distinción entre la acción voluntaria e involuntaria. Las transacciones del mercado son pacíficas y "voluntarias". Al contrario, la regulación gubernamental es apoyada con armas y cárceles, y es, por consiguiente, "la economía de la violenta intervención en el mercado". [1962. Cap. 12]
Esta distinción que Rothbard señaló entre la acción violenta y voluntaria formó la base para una versión de la economía del bienestar que él llamó "la preferencia demostrada" [1956]. Siguiendo la teoría económica convencional, Rothbard defendió que las personas sólo comercian cuando ellas esperan ganar, dos partes que comercian deben ser siempre para aumentar su bienestar. Sin embargo, la intervención del gobierno siempre tiene el efecto de frustrar o alterar las condiciones de las dos partes que comercian entre sí, la intervención gubernamental como tal, reduce el bienestar. Nótese que ésta es una economía del bienestar que no hace ninguna referencia al proceso competitivo de largo plazo, pérdidas irrelevantes al monopolio, y más aún, de forma relevante, a las externalidades o los efectos de cualquier tipo a una tercera parte. Para Rothbard, como para Mises, tales ficciones teóricas fueron irrelevantes para evaluar el proceso de mercado. Ni Mises, ni Rothbard, alguna vez concedieron que hubiera aún en principio, fuese el caso, que las transacciones economicas fueran mejoradas por la intervención gubernamental. Yo creo que para la mayoría de los austríacos estarían de acuerdo con esta valoración.
Kirzner y el Proceso Empresarial del Mercado.
El caso neoclásico para la regulación económica está principalmente basado en los efectos de bienestar del monopolio. El bienestar es maximimizado en el largo plazo en un equilibrio perfectamente competitivo. Desde la existencia de elementos de monopolio generará el logro de la posición absolutamente competitiva, los economistas generalmente consideran al rnonopolio como un conejillo sujeto a cualquier tipo de regulación. La mayoría de las teorías regulatorias se preocupan de encontrar formas de limitar el monopolio natural y anticiparse a las empresas con poder monopólico que se comprometen en prácticas anti-competitivas. Mientras hay también una importante literatura que evalúa los costos y beneficios relativos de la regulación del monopolio, hay una pequeña interrogante de que el monopolio sea ineficiente, y cuando sea posible que los costes de monopolio sean bastante grandes, debe desalentarse o regularse.
En su libro de 1973, Competencia y Empresarialidad, Israel Kirzner construyó sobre el trabajo de Hayek el desarrollo de una teoría empresarial del proceso de mercado que puso en debate la teoría convencional de monopolio. En la perspectiva de Kirzner, en cualquier momento del tiempo, hay innumerables oportunidades de ganancias que son dejadas de aprovechar porque nadie las había descubierto. Los empresarios están en el negocio para advertir tales oportunidades y ganar con su aprovechamiento. Siendo así, ellos descubrieron el conocimiento previamente oculto para comercializar y extender su descubrimiento fuera del sistema. ¡Cada acto empresarial sirvió para revelar un desequilibrio previo y para aumentar el grado de coordinación en el mercado!. ¡Esta simple descripción del proceso empresarial estaba indistintamente en las definiciones estáticas convencionales del monopolio como un solo vendedor que enfrenta una curva de demanda inclinándose. Kirzner sostuvo que en el contexto dinámico que él asume, muchos de las empresas, sino la mayoría, fueran al principio sólo vendedoras. Ésta simplemente es el primer paso de un proceso competitivo dónde las subsiguientes etapas sacarían a los imitadores de esta empresa. Por otro lado, en un mercado competitivo, es también probable, incluso para las grandes empresas establecidas, enfrenten curvas de demanda absolutamente menos elásticas. Cuando Hayek había defendido, que la competencia real está en la diferenciación del producto, no en el producto homogéneo. Lejos de que refleja una pérdida de bienestar, tal "poder de monopolio" era una señal de un proceso competitivo vigoroso. El único monopolio que Kirzner estaba dispuesto a admitir que podría limitar la competencia, era el monopolio del recurso, pero igualmente, el monopolio del recurso está sujeto a la corrosión por el descubrimiento de productos y técnicas substitutas.
Los argumentos en el libro Competencia y Empresarialidad sólo se dirigieron indirectamente a las interrogantes sobre la regulación, socavando principalmente su justificación neoclásica. Sin embargo, en un ensayo posterior, Kirzner se dirigió al centro de la regulación desde una gran perspectiva Hayekiana. En un ensayo titulado "Los Peligros de la Regulación," [1979] Kirzner defendió que un peligro significativo de la regulación del gobierno era que la intervención pudiera impedir el proceso de descubrimiento empresarial que corrige los errores del mercado. Aún, si alguna deficiencia normal del mercado pudiera ser identificada con precisión por el gobierno, intentando irnponer una regulación, será una solución contraproducente:
Después de todo, los mismos problemas aparentes en el mercado generarían procesos de descubrimiento y de corrección para aquellas regulaciones deliberadamente implementadas por el gobierno; la deliberada intervención del estado no sólo serviría como un sustituto imperfecto para el espontáneo proceso de descubrimiento de mercado, sino también podría impedir procesos deseables de descubrimiento de necesidades para los que no han sido percibida por el gobierno. p.13
El hecho que un problema pueda existir, desde luego, no es un argumento suficiente para desarrollar alguna estrategia intervencionista para corregirlo. El problema puede ser un fenómeno temporal cuya misma apariencia conduce a los correctivos del mercado.
Nótese que el argurnento de Kirzner enfoca en las capacidades relativas del mercado y gobierno para resolver problemas dónde el conocimiento sólo emerge un proceso dinámico de descubrimiento. Talvés el gobierno perciba una ineficiencia económica, pero esto ciertamente no significa (sino es improbable) que el remedio que se diseñe sea de algún modo mejor de que lo que surja en el futuro del propio mercado. Lo que es cierto, sin embargo, es que el remedio que se diseñe sesgará el resto del proceso de descubrimiento de mercado en maneras no advertidas. Más allá, los incentivos diferentes entre el mercado y gobierno son tales que los burócratas de la agencia regulatoria no estarán motivados a continuar descubriendo las buenas soluciones para las deficiencias del mercado. Esto es, sin pérdidas y ganancias que personalmente los guien, las agencias reguladoras no podrán discernir qué tipo de solución reforzará la mejor eficiencia económica. Aquí, mientras no sea siempre cierto que la regulación económica hacen más mal que bien, hay buenas razones para ser muy cautos de usarlo, excepto en circunstancias extraordinarias.
La Regulación y el Proceso del Mercado
Muchos de los componentes importantes de una teoría austríaca de (o la crítica de) la regulación sale de esta corta historia doctrinal.
Primero, y reiteradamente, el tiempo que consume la naturaleza de la competencia del mercado requiere que la regulación sea un proceso, en lugar de una única y para todas la solución, de una falla percibida de mercado. Como Mises defendió, cualquier regulación como precio techo o mínimo, reglas para las fusiones y adquisiciones, control directo de los monopolios naturales, establecerán incentivos para los participantes del mercado, de manera que eviten las consecuencias imprevistas de la regulación. Esto significa que las consecuencias imprevistas de la regulación serán para crear problemas adicionales que los reguladores tendrán que llevar a cabo para intentar lograr sus metas originales. Entonces, estamos obligados a no preguntarnos simplemente qué cambios de política pueden eliminar las fallas de mercado; más bien nosotros debemos comparar los incentivos, propiedades del conocimiento y las probables consecuencias de largo plazo que fluyen del mercado libre vs. algunos procesos especificos de decisión e implementación.
Mientras la comparación entre el mercado y los procesos políticos es también amplio, el análisis austríaco lleva a la conclusión que identificando un problema para ser corregido a través de la regulación es también problemático. En un mercado dinámico, es difícil identificar una práctica que tiene consecuencias ineficaces aparte del mismo proceso de mercado. Lo que podría aparecer para un observador como una ineficiencia del mercado podría ser más bien un paso necesario en un consumo del proceso de descubrimiento. O podría ser el caso que el observador externo no conozca todas las restricciones que enfrentan los actores del mercado. Lo que parece ser un arreglo ineficiente podría sería la mejor solución a una dificultad de un problema en parte oculto. Los reguladores son dejados con un guía muy pequeña sobre como debería ser regulado.
Finalmente, aún si un regulador pudiera identificar una institución del mercado o una práctica que en principio debiera ser mejorada, al momento de imponer una nueva regla, sería difícil saber para el regulador cómo diseñarla o qué institución sirve al momento para mejorar el mercado. El propio proceso del mercado es relativamente eficaz respondiendo la demanda del consumidor y en solucionar problemas.
Más aún, los mercados son buenos en proporcionar la respuesta en cierto modo a los problemas particularmente localizados, eso deja un espacio para el reajuste y cambio. Las soluciones del mercado son a menudo provisionales y flexibles mientras las regulaciones son por regla limitadas y difíciles de cambiar. En otros términos, los hacedores de decisiones descentralizadas con un conocimiento local relevante pueden identificar bien los problemas y proporcionar soluciones a las circunstancias locales que los lejanos burócratas quienes deben hacer reglas generales de aplicación universal.
Evaluando el Argumento Austríaco
La posición anti-reguladora austríaca no es única en mucha de sus conclusiones. Muchos economistas defienden los mercados libres y la posicion estrictamente neoclásica de la regulación mínima. De hecho, la visión de Mises respecto "del arrastre al intervencionisrno" tiene una exacta contraparte en el análisis de los economistas neoclásicos sobre las consecuencias del control de precio de cualquier tipo. La mayoría de los economistas, arguyen desde una posición de equilibrio parcial de los modelos de la estática comparativa, que están en capacidad de predecir las consecuencias perversas de la imposición de precio límites y mínimos (aunque la similitud existe principalmente, porque el análisis de la corriente principal usa de hecho el razonamiento dinámico de ser el caso). Por otro lado, el problema de regulación del monopolio demuestra algunas reales diferencias entre los enfoques de la corriente principal y los argumentos austríacos, incluso, cuando las conclusiones tienden a ser similares.
Recientemente se ha desarrollado una importante literatura cuestionando la inutilidad de la regulación del monopolio. [Demsetz, Peltzman, Bork, Posner]. En esta literatura neoclásica, ha defendido que los costes de monopolio tienden a ser muy pequeños, mientras los costes de regulación tienden a ser más grandes. Sobre bases completamente pragmáticas, no merece la pena hacer el esfuerzo por regular el monopolio. Los austríacos, por otro lado, van más allá de los usuales argumentos pragmáticos desafiando la misma lógica de la propia estructura del monopolio, basado en su convicción de la importancia de los procesos económicos que implican una constelación constantemente cambiante del conocimiento del mercado.
Si nosotros negamos que el equilibrio condiciona cualquier papel describiendo un posible estado del mundo, nosotros tenemos poco sustento para intentar reproducir las consecuencias de los estados de equilibrio competitivo, a través de la politica reguladora. En un economía crecientemente dinámica, los monopolios podrían ser de hecho una fase necesaria del desarrollo. Más aún, si los monopolios persisten con el tiempo, no está claro si una estructura alternativa del mercado es viable o si ese monopolio resulta pérdida de bienestar. Al persistir en un mercado abierto, el monopolio debe ser más eficiente que cualquier competidor potencial y trasladar suficientes ganancias de eficiencia a los consumidores como para superar de lejos potenciales competidores que entran al mercado. Cualquier pérdida de bienestar que se produce podría ser sumergido por ganancias de bienestar de una economía creciente. Por ejemplo, la información respecto que el precio puede exceder el costo marginal para una empresa particular, de lejos indica que la falla de mercado, podría ser el síntoma de un saludable crecimiento económico. Hay una minúscula guía teórica incluso para identificar un real monopolio que dejar de regularlo exclusivamente.
Sin embargo, la regulación del monopolio es sólo una forma que la intervención gubernamental puede tomar en los mercados. Hay muchos otros tipos de regulaciones económicas e intervenciones que ahora afectan a los negocios en las economías del este. En particular, una creciente forma dominante de los problemas de regulación involucra temas de protección al consumidor: regulaciones sanitarias y de seguridad del producto, requisitos de etiquetados, y las normas de invención son algunos de los ejemplos más obvios. Lo que éstos tienen en común es una presunción de que hay "fallas" de información en el mercado con el resultado de que hay consumidores subabastecidos con información pertinente para guiar sus compras. Los austríacos han puesto muy poca atención a tales regulaciones, aún, la información basada en la regulación debería proporcionar un desafío especialmente interesante para la teoría austríaca desde que está justificado en señalar un tipo de irnperfección de mercado que los mismos austríacos tienden a enfatizar: la imperfección del conocimiento. Si el conocimiento del mercado es imperfecto y los mercados toman tiempo para ajustarse a la nueva información, ¿no es posible que los consumidores estén de hecho subabastecido con la información pertinente, y no es en principio posible que la regulación podría mejorar la eficiencia económica? Mientras los austríacos todavía no han consagrado mucho de su tiempo a este problema, hay varias líneas argumentales que el enfoque austríaco sugiere para responder esta interrogante.
Una Respuesta Austríaca a la Regulación del Consumidor
Las imperfecciones de información en el mercado pueden ser divididas en dos tipos: las asimetrías de información entre productores y consumidores, y lo que Kirzner llama "la pura ignorancia", información que nadie posee o reconoce que ellos poseen. Las asimetrías de inforrnación ocurren cuando las calidades economicamente relevante de un producto no son obvias al verificar antes de la compra: Los consumidores preferirían tener más información sobre las características del bien para que los productores lo hagan disponibles. Puede ser el caso que los productores tienen la infomación que los consumidores desean y hayan escogido no revelarlo, o puede ser que ellos puedan descubrir las características pertinentes a un más bajo costo que los consumidores incurrirían para intentar descubrir por si mismos las características. Por ejemplo, muchos consumidores les gustaría saber el promedio de consumo de combustible del nuevo modelo de automóvil que ellos están interesados en adquirir. Ésta es una información cualquiera que el fabricante sabe, o que él puede averiguar a través del bajo costo relativo de verificarlo, mientras los consumidores individuales pueden descubrir la información solo comprando y manejando el automóvil en un extendido período de tiempo. Ciertamente, dónde esta característica es importante para los consumidores, teniendo la información de adquisición por adelantado, es preferible a enterarse a cualquier costo que después del hecho.
En la medida en que las asimetrias den por sentado de que sean esparcidas, uno consideraría que este es un caso razonable de regulación gubernamental: se requiere que los productores abran toda la inforrnación pertinente a los potenciales consumidores antes de la compra. Mientras es verdad que las regulaciones aumentan el costo del producto (después de todo, la economía de información nos enseña que la información no es libre) todavía puede ser el caso que el mayor costo en proporcionar la información pertinente se compensa por la reducción en los errores adquisitivos hechos por los consumidores mal informados. Sin embargo, ¿está muy claro el caso?
Mientras ningún austríaco demanda que los consumidores estén absolutamente informados (al contrario, los austríacos defienden que los consumidores, junto con todos los demás, son relativamente ignorantes sobre casi todo), la pregunta a ser elevada es: ¿cómo la ignorancia del consumidor puede ser mejor vencida? Contestar esa pregunta requiere que uno deba comparar la respuesta del mercado frente a la ignorancia del consumidor con las probables consecuencias del diseño regulatorio para lograr la misma tarea.
El análisis austríaco, pronostica una sistemática respuesta del mercado a la demanda percibida del consumidor por más información: si es importante para los consumidores conocer más sobre las caracteristicas específicas de un producto, hay una oportunidad de ganancia que está disponible para la explotación empresarial. Los empresarios quienes perciben la oportunidad empezarán a proporcionar la información pertinente como parte de sus esfuerzos para estar lejos de sus competidores. La necesidad de mantenerse con rivales unicos forzará, entonces, a otros, ofrecer la misma información sobre los productos que ellos también venden. Para continuar con nuestro ejemplo, los fabricantes de autos entienden que los consumidores quieren saber sobre el consumo de combustible promedio, que la información se vuelve una variable en el proceso competitivo. Los productores intentarán atraer a clientes anunciando el consumo de combustible de varios modelos, sobre todo, si es extraordinariamente bajo. Mientras es verdad que los fabricantes de automóviles que son usuarios ineficientes de combustible podrían querer ocultar el poco atractivo de su consumo relativo de gasolina, es probable que ellos sean conducidos por las fuerzas competitivas de hacer que esa información sea conocida en todo caso.
Nótese el idioma que yo uso: "es probable", no "es cierto". De hecho, es también probable que no todos los fabricantes anunciarán la distancia en millas de gasolina en todos los modelos de automóviles. Sin embargo, ésta no es una crítica del proceso del mercado sino como una reflexión de la variación en la demanda del consumidor. No todos nos preocupamos de las mismas cosas. Los mercados tienden atender a las diferencias en la demanda. De hecho, uno de los aspectos centrales de la competencia del mercado es el "ajuste" que surge entre consumidores y productos.
Para ilustración, considere otro tipo de información que los consumidores probablemente les gustarían tener: las caracteristicas de seguridad del automóvil que ellos están considerando comprar. Hay un trade-off entre seguridad y precio de automóviles: más seguridad requiere más recursos. Las bolsas de aire (air-bag) cuestan más que los cinturones de seguridad; las puertas reforzadas cuestan más que las puertas no reforzadas. Uno esperaría que los precios altos de automóviles tenderían a ser más seguros que los de precio bajo, y uno esperaria que los rasgos de seguridad sea anunciado en el mismo grado por todos los fabricantes automovilísticos. De hecho, ése es el caso. Volvo hace mención a la seguridad en la mayor parte de su campaña de publicidad porque reconoce que hay un mercado para seguridad, relativamente de automóviles caros. Volvo ha tenido éxito en su estrategia de publicidad, pero todavía muchas personas escogen comprar un Hyundai menos seguro, pero es más barato. También, como uno esperaría, Hyundai enfoca su estrategia de publicidad en su bajo costo y la economía de combustible. En algunos casos, hay también una brecha entre el estilo y seguridad: los automóviles convertibles son menos seguros que los "sedans", todavía algunas personas prefieren consumir automóviles descapotables en lugar de autos seguros y de techo duro. La publicidad para automóviles descapotables, centraliza en el aspecto subjetivo del consumidor mientras maneja, en lugar de ver la seguridad o economía. Los diferentes consumidores quieren distintos conglomerados de características en los bienes que ellos compran. Las empresas tienden a proporcionar un surtido de características para coincidir en un ancho espectro de preferencias del consumidor.
Unos talvez sostendrían, sin embargo, que los incentivos para que los empresarios ofrezcan la información que los consumidores todavían quieren, no garantizan el monto "correcto" de información provista por el mercado. Mientras que es verdad que hay incentivos para los vendedores para competir a través de la provisión de información pertinente, podría tomar un largo proceso de ensayo y error para descubrir lo que los consumidores quieren saber, y en el interim, los consumidores estarían haciendo compras basadas con poca información de lo que ellos tendrían si pudieran hacer efectiva su demanda.
Este argumento no puede ser ignorado por los economistas austríacos cuando sostienen que posiciones de equilibrio es inalcanzable en la vida real. Cualquier innovación del mercado (como competir sobre la base de abrir información del producto) depende de empresarios que descubran la oportunidad de ganar en una acción y para los otros de estar suficientemente alerta para seguirlos. Lo que uno puede defender confiadamente es que dónde hay una oportunidad de ganancia a ser cogida, los empresarios tienen un incentivo para descubrirlo. ¡Pero uno también podría señalar que no es un reclamo común que los empresarios fallan en no notar las oportunidades de ganancia! De las especificaciones automovilísticas a las amenidades de hoteles de descanso o a los vuelos programado de aviones, la economía está lleno de ejemplos de descubrimiento competitivo de información en acción. Es más, cuando viene a proporcionar información sobre los productos, los consumidores no han tenido que confiar simplemente en los fabricantes para mantenerlo informados. Las organizaciones independientes de verificación han surgido para proporcionar información que ellos podrían encontrar difícil de descubrir por sí mismos. El Laboratorio Underwriters y Consumer Report de los EE.UU. son dos instituciones que se han levantado para complementar el proceso del mercado. Pero, uno debe conceder que no hay garantía alguna que cualquier oportunidad de ganancia se notará y actuará en cualquier momento particular, incluyendo potenciales ganancias de provisión de información.
Esto nos conduce a la más importante pregunta de política pertinente: Si los empresarios del mercado no perciben que los consumidores quieren un tipo particular de información y están deseosos pagar por él, ¿será probable que el gobierno sea capaz de advertir la oportunidad antes que el mercado lo haga? Por supuesto, los burócratas pensarían que ellos saben lo qué los consumidores quieren, pero sin un test de mercado para juzgar si o no estan en lo correcto, ¿no será más probable que los reguladores obligarán abrir lo que ellos creen que los consumidores quieren en lugar de lo que ellos de hecho quieren? Quizás esto explica por qué en los Estados Unidos tenemos regulaciones que obligan listar el volumen nutritivo en todas las comidas que los consumidores normalmente ignoran.
Sin embargo, permítanos suponer que algún burócrata gubernamental, responde a la presión de un grupo consumidor, sucede que el mercado es lento para discernir a la demanda del consumidor por la información del producto y obliga su provisión. Hay razones para creer que la información solicitada por el gobierno será menos eficientemente proporcionado de lo que surgiría en el proceso del mercado.
Las regulaciones son por necesidad uniformes para todos los fabricantes similares. Las regulaciones son las reglas, y las reglas deben aplicarse igualmente a todos los vendedores. Esto significa que aún si ese regulador está enterado que algunos (o aún muchos) consumidores exigen la información obligatoria, la regulación obligará abrir la misma información para todos los fabricantes incluyendo para aquéllos cuyos segmentos de mercado son indiferentes con la información. La regulación tendrá el efecto de sobreabastecer de infomación para algunos segmentos de mercado con un costo aumentado más allá de lo que los consumidores estarán dispuestos a pagar en un mercado desregulado. En lugar de adaptar el suministro de información al mercado apropiado, las regulaciones imponen uniformidad, incrementando los costos más allá de lo que es eficiente para encajar con la demanda del consumidor. Aún cuando un funcionario del gobierno estuviese en lo cierto de que hay asimetrías de información sígnificativa y corregible entre los fabricantes y consumidores, esto no es un argumento suficiente para imponer una regulación para cada uno.
Un caso más difícil es donde el producto tiene implicancias de salud y seguridad. Hay muchas maneras en que el mercado podría estar desprovisto de salud y seguridad: a través de la falla de información cuando una supuesta substancia benigna podría causar el daño (como una reacción alérgica severa) a un subconjunto de población que sin saber compra el producto dañino, o cuando un nuevo producto tiene ciertos defectos o efectos de largo plazo, que son desconocidos para cualquier comprador o vendedor cuando primero se introduce en el mercado. En estos casos, el mercado procesa lo que debería evenualmente proporcionar la información a través de la competencia empresarial. Sin embargo, la eventualidad no es inmediata, y el retraso en proporcionar la información puede ser significativa, incluso, con consecuencias desastrosas. Mientras hay incentivos sistemáticos para que los buenos productos sean producidos y mejorados con el tiempo, en el interim, podrían juzgarse como demasiado costosas y arriesgadas las consecuencias de un error. Por mandato ciertas normas de salud y seguridad, el gobierno reduce la probabilidad productos malogrados o inseguros que se compran. Por mandato a propocionar ciertas caracteristicas en las etiquetas el gobierno reduce el error del consumidor.
Éste es el argurnento que un "partidario de los consumidores" proporcionaría, pero pasa por alto otra consideración todavía importante. Ciertamente, el descubrimiento del mercado toma tiempo, y durante este período de descubrimiento, hay probabilidad para hayan casos de desilusión del consumidor, o aún, daño. Pero la desilusión del consumidor o el daño: ¿son completamente evitables? ¿No es este el caso que la muchas desilusiones y/o daños que afectan a los consumidores es el evento que alertan a empresarios a la necesidad del cambio?
En otras palabras, el problema podría no ser de asimetrías de información sino "pura ignorancia". Nadie, ni productor ni consumidor, podrían saber que un problema existe; por ejemplo, que el diseño de un automóvil tiene una falla que lo hace inseguro en ciertas condiciones. La infortunada ocurrencia de un patrón de accidentes podría ser parte necesaria del proceso del descubrimiento. Pero si eso fuera el caso, no está claro que la regulación del gobierno puede mejorar la circunstancias de los consumidores. El gobierno tendrá menos conocimiento acerca de las características de los productos que el fabricante y menos incentivo para corregir el defecto. No es ninguna sorpresa que las regulaciones de salud y seguridad siguen mas que precede a los accidentes del producto. Pero si ese es el caso, ¿por qué nosotros necesitamos la regulación? El gobierno es improbable que sepa sobre un defecto antes que el fabricante, y una vez que el defecto es conocido, la ley de la competencia disciplina al productor irresponsable. La regulación gubernamental aparecerá ser superfluo, y donde la regulación es muy específica, puede impedir a las empresas descubrir aún buenas maneras de dirigirse a la falla que causó el problema.
Una manera que la regulación trata de abordar estas preguntas de la pura ignorancia es por mandato de ciertos procedimientos de comprobación a la venta del producto. El mejor ejemplo de esto en los EE.UU. es la Food and Drug Administration (FDA). Mientras ésta es una solución atractiva para alguien, los economistas reconocen la dificultad inherente en el esquema de la comprobación previa. Las agencias tales como la FDA sustituyen normas de seguridad y comprobación del productor. Debido que las agencias son criticadas cuando una substancia aprobada causa daño, sin embargo, sufren pocos tropiezos si es que falla al no aprobar una sustancia benigna y útil, tienen incentivos a sobre dictaminar seguridad. Es probable que esto lleve a una sobrecomprobación para encontrar el estándar de la agencia, a la uniformidad de probar los procedimientos para problemas dispares con diversos riesgos y a la terminación de la innovación en el propio proceso de comprobación. La Agencias como la FDA llegan a ser jueces solitarios de cuánto y qué tipo de pruebas se aplican. Es bien conocido que la FDA llega a volverse algo en escándalo debido que por la minimización de aprobar drogas inseguras del tipo de errores I, aumentan al máximo el tipo de errores II al fracasar en la aprobación las substancias beneficiosas.
Mientras todavia no se esté convencido en sostener que no debe haber ninguna vigilancia gubernamental para la salud y seguridad del producto, debe reconocerse que hay alternativas de mercado que evitan algunas de las desventajas de la regulación. Por ejemplo, en el pasado, las agencias voluntarias de comprobación y procesos de certificación han surgido en el mercado no regulado para superar las insuficiencias informativas. Sería probable que tales instituciones florezcan en un régimen dónde no se espera que el gobierno sea el único garante de un mundo perfecto. La diferencia crucial entre la regulación gubernamental y el mercado que certifica instituciones es que la naturaleza voluntaria de las ínstituciones del mercado, ni llegará a un sobre abastecimiento de información y seguridad, ni el proceso del descubrimiento será estorbado por estandares rígidos o normas de desencriptación.
La Conclusión
Dada su historia doctrinal, los austríacos han empleado más tiempo desarrollando teorías de mercados que analizando la teoría de y de los costos de la regulación. Han proporcionado temas generalizados dentro de los trabajos y limitaciones del mercado y gobierno que pueden aplicarse útilmente para analizar los problemas del mundo real regulatorio. Su énfasis en el proceso y el conocimiento en los asuntos humanos podrían demostrar lo extremadamente fructífero en entender la historia y "las ganancias y pérdidas potenciales de la regulación". Ahora, si los austriacos desean ser útiles al debate contemporáneo, sería sensato para ellos llevar sus temas abstractos en estudios más empíricos de procesos del mercado y de la "intervención" del gobierno en esos procesos. Desde que la teoría austríaca no apoya la disputa que los mercados son perfectos de cualquier manera substantiva, el análisis austriaco de política no puede ser evitada. Pero, sin ninguna teoría del mercado perfecto para intentar reproducir con ciudado el diseño de regulaciones, el análisis austriaco de política puede ser sólo un ejercicio en el análisis comparativo institucional. Si el mercado es para ser sustituido por alguna norma o decreto gubernamental, ¿cuál es la consecuencia probable de la actividad gubernamental vs. las consecuencias probables sin gobierno? ¿Cuáles son las sistemáticas tendencias en lo político vs. las órdenes del mercado y cómo estas tendencias contribuyen a la creación de riqueza y a la satisfacción de la demanda del consumidor?
Otros también dicen que la política debe ser producto del análisis comparativo institucional, sin embargo, la contribución austríaca es que al hacer comparaciones institucionales, es importante no sólo tomar en cuenta la estructura de incentivos, sino también el carácter epistémico de los mercados y gobierno. Los problemas de conocimiento en el mercado y gobierno, podrían bien sumergir algunos problemas de incentivos. Este tipo de análisis comparativo institucional habría por necesidad ser muy contextual. Es decir, desde donde nosotros nos encontramos hoy dada nuestras actuales instituciones y situaciones de mercado.
El moderno enfoque austríaco del rnercado no es, como algunos sostendrían, necesariamente anti-gobierno. Es el anti "estado productivo" – que implica cuando el gobierno intenta crear valor económico desviando o interfiriendo con el mercado deliberadamente, surge pues la probabilidad de hacer más daño que bien. Sin embargo, el análisis austríaco es perfectamente consistente con (de hecho, depende de) un gobierno que castigue la violencia delictiva y el fraude, y apoye la propiedad y el contrato. Mientras dichas funciones de gobierno, por supuesto, contribuyan en el valor económico, su propósito principal no es económico en el sentido exacto. Ellas son normas de justicia que permiten a los mercados florecer. Hayek vió la conexión importante entre economía y valores políticos, y su mayor trabajo, Ley, Legislación y Libertad, eran un intento para traer bajo una amplia disciplina la economía y la política. Los austríacos harían bien en seguir el aplomo de Hayek y continuar desarrollando los nuevos principios de la economía política.
*Me gustaría reconocer al apoyo generoso de la Fundación de Earhart durante la preparación de este paper. Fecha: 25/6/1996.
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Traducido por Jose Luis Tapia
La introducción: La Perspectiva Austríaca
Los últimos veinte años se han visto como un florecimiento del trabajo de la tradición austríaca. Uno de los más importantes frutos ha sido precisar la diferencia entre la economía de la Escuela Austríaca y la Economía Neoclásica. En su nivel fundamental, los austríacos difieren de los economistas neoclásicos en los supuestos que ellos hacen sobre la naturaleza del problema económico. Considerando que la economía neoclásica ve la dificultad humana como un intento de aumentar al máximo la satisfacción de las necesidades ilimitadas ante los recursos limitados, los austríacos agregan que esa descripción de la observación hacen que los seres humanos lleven a cabo sus proyectos y planes ante la escasez de recursos; con tiempo e información limitada alrededor de ellos, promoviendo el progreso del mundo. Así, la economía austríaca es la economía de las necesidades y la escasez y también, del tiempo y la ignorancia.
Negándose a sustraer el tiempo y la ignorancia de la vida humana, los austríacos ofrecen una perspectiva diferente de la naturaleza de los mercados y del tema fundamental de la economía. Para los austríacos, la información limitada es una de las características necesarias en toda la acción humana; no es una "imperfección del mercado" sino un aspecto fundamental de vida humana. Los mercados son instituciones que les permiten a los individuos actuar con información limitada de manera que los llevan a aprender y a esparcir el conocimiento en la sociedad. La información imperfecta es una de las razones básicas para que la interacción del mercado sea útil. Pero el hecho de que las personas aprendan continuamente en sus relaciones de mercado, implica que los mercados son al mismo tiempo procesos continuados, donde ningún punto del extremo es discernible, sino que está implícito en los datos. Cada acto en el mercado cambia la constelación del conocimiento humano de tal manera que surgen nuevos planes y nuevas metas en los individuos. Para los austríacos, entonces, "la solución" de las condiciones de equilibrio es un ejercicio en vano. Las circunstancias continuamente cambiantes del conocimiento sobre los fenómenos del mercado da la posibilidad de llegar a un equilibrio más allá, incluso, de la rigidez. Para los austríacos, el problema central del análisis económico es entender cómo los seres humanos parcialmente ignorantes acostumbran a los mercados a cubrir sus limitaciones y sorprendentemente crean ordenadamente una economía (y un aumento de la riqueza).
Tal como veremos, esta negativa austríaca de apartar el tiempo y la ignorancia -no sólo implica una teoría positiva del proceso del mercado, sino también una crítica a la intervención gubernamental en las actividades del mercado. Esta crítica que ha surgido por mas de cien años de escritos de la tradición austríaca, se articula lo mejor en cuatro economistas austriacos del siglo veinte: Ludwig von Mises, Friedrich Hayek, Murray Rothbard e Israel Kirzner.
Ludwig von Mises y la Teoría de Intervencionismo
La postura austríaca respecto del intervencionismo gubernamental en la economía se ha desarrollado casi exclusivamente en contra de lo que son los intervencionistas: Primero, los marxistas y luego los planificadores y reguladores neoclásicos. En los albores de la escuela austríaca, Bohm-Bawerk era conocido por su oposición al Marxismo y, en general, por su liberalismo. El mismo Menger escribió poco sobre política económica, pero aparece en una reciente investigación como políticamente liberal. Sin embargo, el austríaco cuyo nombre es asociado para la mayoría con el liberalismo económico fue Ludwig von Mises, el segundo austríaco de la generación. De hecho, era Mises quien puso el curso del futuro enfoque austríaco de la política económica.
Las ideas de Mises, en relación al gobierno y la economía, crecieron directamente fuera de la crítica de socialismo que él empezó en 1920. En su artículo, ahora famoso, "El Cálculo Económico en la Comunidad Socialista," cuyo objetivo fue eclipsar a los marxistas ingenuos quienes creyeron que uno podía eliminar toda la propiedad, las transacciones del mercado, el dinero, y todavía, hacer decisiones de asignación racional en una economía compleja. [Vaughn, 1980] En sus críticas del socialismo [1920,1922, 1963], Mises contrastó lo que él llamó una economía pura de mercado con una economía centralmente planificada. Una economía pura de mercado señala que el papel del gobierno se limita a reforzar las reglas de la propiedad y de los contratos, mientras que, para una economía planificada, señala que la propiedad privada y el intercambio privado son completamente eliminados. Mises defendió que era imposible una planificacion pura porque sin propiedad privada e intercambios de mercado no habría precios para ayudar en el cálculo económico. Mientras su tesis fue reconocido por economistas socialistas (aunque el reconocimiento sólo sirvió intensificar sus esfuerzos para resolver el problema de planificación central), su ampliación de ese argumento del intervencionismo, o 'la economía del mercado obstruída" [1963, parte 6] fue recibido con menor aceptación.
Mises sostuvo que una intervención económica - o "economía mixta" - también era una estructura irracional, porque era fundamentalmente inestable. Cualquier intervención gubernamental originaría una respuesta por parte de actores individuales que tenderían a crear otro problema no advertido. Así, una intervención -que fue un medio para resolver un problema económico particular- sería por si mismo causa de otros problemas que requerirían más intervención. La introducción de sucesivas intervenciones para resolver problemas de intervenciones anteriores, produciría finalmente una economía demasiada obstruída por regulaciones dado que los precios de rnercado dejarían de llevar información útil al mercado, mientras que el calculo racional de las ganancias y pérdidas, sería imposible.
El argumento de Mises formaba parte de una teoría positiva mucho mayor sobre la importancia del cálculo monetario en relación a una economía compleja. [1963] Para parafrasear y quizás ampliar su argumento, parece decir que sólo pueden evaluarse comparaciones entre estrategias alternativas conocidas en el momento y las altemativas reales de mercado. Los costos realmente se evalúan dentro de un proceso de alineación de las alternativas previsibles y deseables. Sin embargo, las clasificaciones jerárquicas de la preferencia no existen aparte del acto de elegir. Sólo están en el proceso de evaluar las alternativas que los individuos pueden determinar, de lo que se prefiere a lo que es menos preferido y, elije opciones racionales. Este proceso no puede tener lugar en un hipótetico mundo. Exige el conocimiento de alternativas reales de mercado para ser viables. Pero, el mayor de las alternativas, de las dimensiones de elección, es el cálculo monetario para mantener un denominador común comparativo. Las implicancias son esas intervenciones del gobierno que harían los precios menos útil como alternativas reales en el cálculo económico.
Obviamente, la interferencia en el cálculo monetario tendría efectos negativos sistémicos. El dinero y el precio del dinero son las únicas herramientas disponibles para informar a los empresarios, si ellos están usando los recursos de acuerdo a la preferencias de las mayorías. Si los precios no pueden ser contados como un reflejo del consenso general entre las opiniones de los compradores y vendedores sobre el valor de los bienes y recursos, las ganancias y pérdidas llegarán a ser fiable como indicadores de buen y mal juicio económico. La intervención gubernamental en el intercambio privado de individuos sería por necesidad una distorsión de los precios y obstrucción de la actividad del mercado en alternativas ineficaces. Comulgó con su enfoque que las consecuencias imprevistas de la regulación provocaría más legislación para compensar los fracasos regulatorios inevitables, que llevó Mises a exigir que la opción estaba entre mercados libres o caos. [1963, p.86]
Hayek y el Conocimiento
El discípulo de Mises, Friedrich Hayek, aprendió bajo el tutelaje de Mises del escepticismo de la intervención económica gubernamental. Y, como Mises, el análisis de Hayek sobre la relación entre el gobierno y mercado surgió también su crítica a la planificación centralizada. En particular, el trabajo de Hayek en el debate del cálculo económico, lo llevó explorar la naturaleza y papel de conocimiento en el proceso del mercado. [1948, caps.2 y 4] Él dio énfasis a la naturaleza detallada, local y, a menudo tácita, del conocimiento económico y, defendió lo que calificó por ensayo y error, los experimentos del mercado para el conocimiento lo que los economistas tomaron por dado en sus modelos. La información es por naturaleza descentralizada e imperfecta: la competencia del mercado es necesaria para movilizar y hacer pública la información. La competencia, que Hayek defendió, es un proceso de descubrimiento que les permite a los seres humanos experimentar nuevas ideas y prácticas en un sistema que proporciona la retroalimentacion apropiada. [1978]
En el mismo contexto, Hayek examinó la naturaleza de la competencia y sostuvo que era más complejo y robusto de lo que los modelos convencionales de competencia perfecta señalaban. [1948,cap.5] La competencia real, que él defendió, involucra muchas más dimensiones que simplemente precio y cantidad; las empresas compiten en base a calidades del producto y servicios agregados, con el resultado que la demanda del consumidor no es sólo detectada por aumentos de los bienes, sino también, por la heterogeneidad entre los productos ofrecidos para su venta. Mientras que Hayek nunca se dirigió al problema de la regulación económica per se en su trabajo científico, sus ideas inspiraron a otro importante estudiante americano del círculo de Mises, Israel Kirzner, para desarrollar una teoría de los procesos del mercado que sería usada para lanzar una importante crítica a la teoría neoclásica de la regulación.
Murray Rothbard y la Economía Austriaca del Bienestar.
Mises y Hayek criticaron la intervención gubernamental cuyas bases pragmáticas es contraproducente. La política económica conduce a consecuencias imprevistas que hacen a todos, incluso a los intervencionistas, más pobres. Murray Rothbard, uno de los dos estudiantes prominentes de Mises en los EE.UU. (muy cerca de Mises, el austríaco que es muy asociado con la defensa del mercado libre) también creyó que la intervención gubernamental es contraproducente. Sin embargo, su crítica principal a la intervención descansó en la distinción entre la acción voluntaria e involuntaria. Las transacciones del mercado son pacíficas y "voluntarias". Al contrario, la regulación gubernamental es apoyada con armas y cárceles, y es, por consiguiente, "la economía de la violenta intervención en el mercado". [1962. Cap. 12]
Esta distinción que Rothbard señaló entre la acción violenta y voluntaria formó la base para una versión de la economía del bienestar que él llamó "la preferencia demostrada" [1956]. Siguiendo la teoría económica convencional, Rothbard defendió que las personas sólo comercian cuando ellas esperan ganar, dos partes que comercian deben ser siempre para aumentar su bienestar. Sin embargo, la intervención del gobierno siempre tiene el efecto de frustrar o alterar las condiciones de las dos partes que comercian entre sí, la intervención gubernamental como tal, reduce el bienestar. Nótese que ésta es una economía del bienestar que no hace ninguna referencia al proceso competitivo de largo plazo, pérdidas irrelevantes al monopolio, y más aún, de forma relevante, a las externalidades o los efectos de cualquier tipo a una tercera parte. Para Rothbard, como para Mises, tales ficciones teóricas fueron irrelevantes para evaluar el proceso de mercado. Ni Mises, ni Rothbard, alguna vez concedieron que hubiera aún en principio, fuese el caso, que las transacciones economicas fueran mejoradas por la intervención gubernamental. Yo creo que para la mayoría de los austríacos estarían de acuerdo con esta valoración.
Kirzner y el Proceso Empresarial del Mercado.
El caso neoclásico para la regulación económica está principalmente basado en los efectos de bienestar del monopolio. El bienestar es maximimizado en el largo plazo en un equilibrio perfectamente competitivo. Desde la existencia de elementos de monopolio generará el logro de la posición absolutamente competitiva, los economistas generalmente consideran al rnonopolio como un conejillo sujeto a cualquier tipo de regulación. La mayoría de las teorías regulatorias se preocupan de encontrar formas de limitar el monopolio natural y anticiparse a las empresas con poder monopólico que se comprometen en prácticas anti-competitivas. Mientras hay también una importante literatura que evalúa los costos y beneficios relativos de la regulación del monopolio, hay una pequeña interrogante de que el monopolio sea ineficiente, y cuando sea posible que los costes de monopolio sean bastante grandes, debe desalentarse o regularse.
En su libro de 1973, Competencia y Empresarialidad, Israel Kirzner construyó sobre el trabajo de Hayek el desarrollo de una teoría empresarial del proceso de mercado que puso en debate la teoría convencional de monopolio. En la perspectiva de Kirzner, en cualquier momento del tiempo, hay innumerables oportunidades de ganancias que son dejadas de aprovechar porque nadie las había descubierto. Los empresarios están en el negocio para advertir tales oportunidades y ganar con su aprovechamiento. Siendo así, ellos descubrieron el conocimiento previamente oculto para comercializar y extender su descubrimiento fuera del sistema. ¡Cada acto empresarial sirvió para revelar un desequilibrio previo y para aumentar el grado de coordinación en el mercado!. ¡Esta simple descripción del proceso empresarial estaba indistintamente en las definiciones estáticas convencionales del monopolio como un solo vendedor que enfrenta una curva de demanda inclinándose. Kirzner sostuvo que en el contexto dinámico que él asume, muchos de las empresas, sino la mayoría, fueran al principio sólo vendedoras. Ésta simplemente es el primer paso de un proceso competitivo dónde las subsiguientes etapas sacarían a los imitadores de esta empresa. Por otro lado, en un mercado competitivo, es también probable, incluso para las grandes empresas establecidas, enfrenten curvas de demanda absolutamente menos elásticas. Cuando Hayek había defendido, que la competencia real está en la diferenciación del producto, no en el producto homogéneo. Lejos de que refleja una pérdida de bienestar, tal "poder de monopolio" era una señal de un proceso competitivo vigoroso. El único monopolio que Kirzner estaba dispuesto a admitir que podría limitar la competencia, era el monopolio del recurso, pero igualmente, el monopolio del recurso está sujeto a la corrosión por el descubrimiento de productos y técnicas substitutas.
Los argumentos en el libro Competencia y Empresarialidad sólo se dirigieron indirectamente a las interrogantes sobre la regulación, socavando principalmente su justificación neoclásica. Sin embargo, en un ensayo posterior, Kirzner se dirigió al centro de la regulación desde una gran perspectiva Hayekiana. En un ensayo titulado "Los Peligros de la Regulación," [1979] Kirzner defendió que un peligro significativo de la regulación del gobierno era que la intervención pudiera impedir el proceso de descubrimiento empresarial que corrige los errores del mercado. Aún, si alguna deficiencia normal del mercado pudiera ser identificada con precisión por el gobierno, intentando irnponer una regulación, será una solución contraproducente:
Después de todo, los mismos problemas aparentes en el mercado generarían procesos de descubrimiento y de corrección para aquellas regulaciones deliberadamente implementadas por el gobierno; la deliberada intervención del estado no sólo serviría como un sustituto imperfecto para el espontáneo proceso de descubrimiento de mercado, sino también podría impedir procesos deseables de descubrimiento de necesidades para los que no han sido percibida por el gobierno. p.13
El hecho que un problema pueda existir, desde luego, no es un argumento suficiente para desarrollar alguna estrategia intervencionista para corregirlo. El problema puede ser un fenómeno temporal cuya misma apariencia conduce a los correctivos del mercado.
Nótese que el argurnento de Kirzner enfoca en las capacidades relativas del mercado y gobierno para resolver problemas dónde el conocimiento sólo emerge un proceso dinámico de descubrimiento. Talvés el gobierno perciba una ineficiencia económica, pero esto ciertamente no significa (sino es improbable) que el remedio que se diseñe sea de algún modo mejor de que lo que surja en el futuro del propio mercado. Lo que es cierto, sin embargo, es que el remedio que se diseñe sesgará el resto del proceso de descubrimiento de mercado en maneras no advertidas. Más allá, los incentivos diferentes entre el mercado y gobierno son tales que los burócratas de la agencia regulatoria no estarán motivados a continuar descubriendo las buenas soluciones para las deficiencias del mercado. Esto es, sin pérdidas y ganancias que personalmente los guien, las agencias reguladoras no podrán discernir qué tipo de solución reforzará la mejor eficiencia económica. Aquí, mientras no sea siempre cierto que la regulación económica hacen más mal que bien, hay buenas razones para ser muy cautos de usarlo, excepto en circunstancias extraordinarias.
La Regulación y el Proceso del Mercado
Muchos de los componentes importantes de una teoría austríaca de (o la crítica de) la regulación sale de esta corta historia doctrinal.
Primero, y reiteradamente, el tiempo que consume la naturaleza de la competencia del mercado requiere que la regulación sea un proceso, en lugar de una única y para todas la solución, de una falla percibida de mercado. Como Mises defendió, cualquier regulación como precio techo o mínimo, reglas para las fusiones y adquisiciones, control directo de los monopolios naturales, establecerán incentivos para los participantes del mercado, de manera que eviten las consecuencias imprevistas de la regulación. Esto significa que las consecuencias imprevistas de la regulación serán para crear problemas adicionales que los reguladores tendrán que llevar a cabo para intentar lograr sus metas originales. Entonces, estamos obligados a no preguntarnos simplemente qué cambios de política pueden eliminar las fallas de mercado; más bien nosotros debemos comparar los incentivos, propiedades del conocimiento y las probables consecuencias de largo plazo que fluyen del mercado libre vs. algunos procesos especificos de decisión e implementación.
Mientras la comparación entre el mercado y los procesos políticos es también amplio, el análisis austríaco lleva a la conclusión que identificando un problema para ser corregido a través de la regulación es también problemático. En un mercado dinámico, es difícil identificar una práctica que tiene consecuencias ineficaces aparte del mismo proceso de mercado. Lo que podría aparecer para un observador como una ineficiencia del mercado podría ser más bien un paso necesario en un consumo del proceso de descubrimiento. O podría ser el caso que el observador externo no conozca todas las restricciones que enfrentan los actores del mercado. Lo que parece ser un arreglo ineficiente podría sería la mejor solución a una dificultad de un problema en parte oculto. Los reguladores son dejados con un guía muy pequeña sobre como debería ser regulado.
Finalmente, aún si un regulador pudiera identificar una institución del mercado o una práctica que en principio debiera ser mejorada, al momento de imponer una nueva regla, sería difícil saber para el regulador cómo diseñarla o qué institución sirve al momento para mejorar el mercado. El propio proceso del mercado es relativamente eficaz respondiendo la demanda del consumidor y en solucionar problemas.
Más aún, los mercados son buenos en proporcionar la respuesta en cierto modo a los problemas particularmente localizados, eso deja un espacio para el reajuste y cambio. Las soluciones del mercado son a menudo provisionales y flexibles mientras las regulaciones son por regla limitadas y difíciles de cambiar. En otros términos, los hacedores de decisiones descentralizadas con un conocimiento local relevante pueden identificar bien los problemas y proporcionar soluciones a las circunstancias locales que los lejanos burócratas quienes deben hacer reglas generales de aplicación universal.
Evaluando el Argumento Austríaco
La posición anti-reguladora austríaca no es única en mucha de sus conclusiones. Muchos economistas defienden los mercados libres y la posicion estrictamente neoclásica de la regulación mínima. De hecho, la visión de Mises respecto "del arrastre al intervencionisrno" tiene una exacta contraparte en el análisis de los economistas neoclásicos sobre las consecuencias del control de precio de cualquier tipo. La mayoría de los economistas, arguyen desde una posición de equilibrio parcial de los modelos de la estática comparativa, que están en capacidad de predecir las consecuencias perversas de la imposición de precio límites y mínimos (aunque la similitud existe principalmente, porque el análisis de la corriente principal usa de hecho el razonamiento dinámico de ser el caso). Por otro lado, el problema de regulación del monopolio demuestra algunas reales diferencias entre los enfoques de la corriente principal y los argumentos austríacos, incluso, cuando las conclusiones tienden a ser similares.
Recientemente se ha desarrollado una importante literatura cuestionando la inutilidad de la regulación del monopolio. [Demsetz, Peltzman, Bork, Posner]. En esta literatura neoclásica, ha defendido que los costes de monopolio tienden a ser muy pequeños, mientras los costes de regulación tienden a ser más grandes. Sobre bases completamente pragmáticas, no merece la pena hacer el esfuerzo por regular el monopolio. Los austríacos, por otro lado, van más allá de los usuales argumentos pragmáticos desafiando la misma lógica de la propia estructura del monopolio, basado en su convicción de la importancia de los procesos económicos que implican una constelación constantemente cambiante del conocimiento del mercado.
Si nosotros negamos que el equilibrio condiciona cualquier papel describiendo un posible estado del mundo, nosotros tenemos poco sustento para intentar reproducir las consecuencias de los estados de equilibrio competitivo, a través de la politica reguladora. En un economía crecientemente dinámica, los monopolios podrían ser de hecho una fase necesaria del desarrollo. Más aún, si los monopolios persisten con el tiempo, no está claro si una estructura alternativa del mercado es viable o si ese monopolio resulta pérdida de bienestar. Al persistir en un mercado abierto, el monopolio debe ser más eficiente que cualquier competidor potencial y trasladar suficientes ganancias de eficiencia a los consumidores como para superar de lejos potenciales competidores que entran al mercado. Cualquier pérdida de bienestar que se produce podría ser sumergido por ganancias de bienestar de una economía creciente. Por ejemplo, la información respecto que el precio puede exceder el costo marginal para una empresa particular, de lejos indica que la falla de mercado, podría ser el síntoma de un saludable crecimiento económico. Hay una minúscula guía teórica incluso para identificar un real monopolio que dejar de regularlo exclusivamente.
Sin embargo, la regulación del monopolio es sólo una forma que la intervención gubernamental puede tomar en los mercados. Hay muchos otros tipos de regulaciones económicas e intervenciones que ahora afectan a los negocios en las economías del este. En particular, una creciente forma dominante de los problemas de regulación involucra temas de protección al consumidor: regulaciones sanitarias y de seguridad del producto, requisitos de etiquetados, y las normas de invención son algunos de los ejemplos más obvios. Lo que éstos tienen en común es una presunción de que hay "fallas" de información en el mercado con el resultado de que hay consumidores subabastecidos con información pertinente para guiar sus compras. Los austríacos han puesto muy poca atención a tales regulaciones, aún, la información basada en la regulación debería proporcionar un desafío especialmente interesante para la teoría austríaca desde que está justificado en señalar un tipo de irnperfección de mercado que los mismos austríacos tienden a enfatizar: la imperfección del conocimiento. Si el conocimiento del mercado es imperfecto y los mercados toman tiempo para ajustarse a la nueva información, ¿no es posible que los consumidores estén de hecho subabastecido con la información pertinente, y no es en principio posible que la regulación podría mejorar la eficiencia económica? Mientras los austríacos todavía no han consagrado mucho de su tiempo a este problema, hay varias líneas argumentales que el enfoque austríaco sugiere para responder esta interrogante.
Una Respuesta Austríaca a la Regulación del Consumidor
Las imperfecciones de información en el mercado pueden ser divididas en dos tipos: las asimetrías de información entre productores y consumidores, y lo que Kirzner llama "la pura ignorancia", información que nadie posee o reconoce que ellos poseen. Las asimetrías de inforrnación ocurren cuando las calidades economicamente relevante de un producto no son obvias al verificar antes de la compra: Los consumidores preferirían tener más información sobre las características del bien para que los productores lo hagan disponibles. Puede ser el caso que los productores tienen la infomación que los consumidores desean y hayan escogido no revelarlo, o puede ser que ellos puedan descubrir las características pertinentes a un más bajo costo que los consumidores incurrirían para intentar descubrir por si mismos las características. Por ejemplo, muchos consumidores les gustaría saber el promedio de consumo de combustible del nuevo modelo de automóvil que ellos están interesados en adquirir. Ésta es una información cualquiera que el fabricante sabe, o que él puede averiguar a través del bajo costo relativo de verificarlo, mientras los consumidores individuales pueden descubrir la información solo comprando y manejando el automóvil en un extendido período de tiempo. Ciertamente, dónde esta característica es importante para los consumidores, teniendo la información de adquisición por adelantado, es preferible a enterarse a cualquier costo que después del hecho.
En la medida en que las asimetrias den por sentado de que sean esparcidas, uno consideraría que este es un caso razonable de regulación gubernamental: se requiere que los productores abran toda la inforrnación pertinente a los potenciales consumidores antes de la compra. Mientras es verdad que las regulaciones aumentan el costo del producto (después de todo, la economía de información nos enseña que la información no es libre) todavía puede ser el caso que el mayor costo en proporcionar la información pertinente se compensa por la reducción en los errores adquisitivos hechos por los consumidores mal informados. Sin embargo, ¿está muy claro el caso?
Mientras ningún austríaco demanda que los consumidores estén absolutamente informados (al contrario, los austríacos defienden que los consumidores, junto con todos los demás, son relativamente ignorantes sobre casi todo), la pregunta a ser elevada es: ¿cómo la ignorancia del consumidor puede ser mejor vencida? Contestar esa pregunta requiere que uno deba comparar la respuesta del mercado frente a la ignorancia del consumidor con las probables consecuencias del diseño regulatorio para lograr la misma tarea.
El análisis austríaco, pronostica una sistemática respuesta del mercado a la demanda percibida del consumidor por más información: si es importante para los consumidores conocer más sobre las caracteristicas específicas de un producto, hay una oportunidad de ganancia que está disponible para la explotación empresarial. Los empresarios quienes perciben la oportunidad empezarán a proporcionar la información pertinente como parte de sus esfuerzos para estar lejos de sus competidores. La necesidad de mantenerse con rivales unicos forzará, entonces, a otros, ofrecer la misma información sobre los productos que ellos también venden. Para continuar con nuestro ejemplo, los fabricantes de autos entienden que los consumidores quieren saber sobre el consumo de combustible promedio, que la información se vuelve una variable en el proceso competitivo. Los productores intentarán atraer a clientes anunciando el consumo de combustible de varios modelos, sobre todo, si es extraordinariamente bajo. Mientras es verdad que los fabricantes de automóviles que son usuarios ineficientes de combustible podrían querer ocultar el poco atractivo de su consumo relativo de gasolina, es probable que ellos sean conducidos por las fuerzas competitivas de hacer que esa información sea conocida en todo caso.
Nótese el idioma que yo uso: "es probable", no "es cierto". De hecho, es también probable que no todos los fabricantes anunciarán la distancia en millas de gasolina en todos los modelos de automóviles. Sin embargo, ésta no es una crítica del proceso del mercado sino como una reflexión de la variación en la demanda del consumidor. No todos nos preocupamos de las mismas cosas. Los mercados tienden atender a las diferencias en la demanda. De hecho, uno de los aspectos centrales de la competencia del mercado es el "ajuste" que surge entre consumidores y productos.
Para ilustración, considere otro tipo de información que los consumidores probablemente les gustarían tener: las caracteristicas de seguridad del automóvil que ellos están considerando comprar. Hay un trade-off entre seguridad y precio de automóviles: más seguridad requiere más recursos. Las bolsas de aire (air-bag) cuestan más que los cinturones de seguridad; las puertas reforzadas cuestan más que las puertas no reforzadas. Uno esperaría que los precios altos de automóviles tenderían a ser más seguros que los de precio bajo, y uno esperaria que los rasgos de seguridad sea anunciado en el mismo grado por todos los fabricantes automovilísticos. De hecho, ése es el caso. Volvo hace mención a la seguridad en la mayor parte de su campaña de publicidad porque reconoce que hay un mercado para seguridad, relativamente de automóviles caros. Volvo ha tenido éxito en su estrategia de publicidad, pero todavía muchas personas escogen comprar un Hyundai menos seguro, pero es más barato. También, como uno esperaría, Hyundai enfoca su estrategia de publicidad en su bajo costo y la economía de combustible. En algunos casos, hay también una brecha entre el estilo y seguridad: los automóviles convertibles son menos seguros que los "sedans", todavía algunas personas prefieren consumir automóviles descapotables en lugar de autos seguros y de techo duro. La publicidad para automóviles descapotables, centraliza en el aspecto subjetivo del consumidor mientras maneja, en lugar de ver la seguridad o economía. Los diferentes consumidores quieren distintos conglomerados de características en los bienes que ellos compran. Las empresas tienden a proporcionar un surtido de características para coincidir en un ancho espectro de preferencias del consumidor.
Unos talvez sostendrían, sin embargo, que los incentivos para que los empresarios ofrezcan la información que los consumidores todavían quieren, no garantizan el monto "correcto" de información provista por el mercado. Mientras que es verdad que hay incentivos para los vendedores para competir a través de la provisión de información pertinente, podría tomar un largo proceso de ensayo y error para descubrir lo que los consumidores quieren saber, y en el interim, los consumidores estarían haciendo compras basadas con poca información de lo que ellos tendrían si pudieran hacer efectiva su demanda.
Este argumento no puede ser ignorado por los economistas austríacos cuando sostienen que posiciones de equilibrio es inalcanzable en la vida real. Cualquier innovación del mercado (como competir sobre la base de abrir información del producto) depende de empresarios que descubran la oportunidad de ganar en una acción y para los otros de estar suficientemente alerta para seguirlos. Lo que uno puede defender confiadamente es que dónde hay una oportunidad de ganancia a ser cogida, los empresarios tienen un incentivo para descubrirlo. ¡Pero uno también podría señalar que no es un reclamo común que los empresarios fallan en no notar las oportunidades de ganancia! De las especificaciones automovilísticas a las amenidades de hoteles de descanso o a los vuelos programado de aviones, la economía está lleno de ejemplos de descubrimiento competitivo de información en acción. Es más, cuando viene a proporcionar información sobre los productos, los consumidores no han tenido que confiar simplemente en los fabricantes para mantenerlo informados. Las organizaciones independientes de verificación han surgido para proporcionar información que ellos podrían encontrar difícil de descubrir por sí mismos. El Laboratorio Underwriters y Consumer Report de los EE.UU. son dos instituciones que se han levantado para complementar el proceso del mercado. Pero, uno debe conceder que no hay garantía alguna que cualquier oportunidad de ganancia se notará y actuará en cualquier momento particular, incluyendo potenciales ganancias de provisión de información.
Esto nos conduce a la más importante pregunta de política pertinente: Si los empresarios del mercado no perciben que los consumidores quieren un tipo particular de información y están deseosos pagar por él, ¿será probable que el gobierno sea capaz de advertir la oportunidad antes que el mercado lo haga? Por supuesto, los burócratas pensarían que ellos saben lo qué los consumidores quieren, pero sin un test de mercado para juzgar si o no estan en lo correcto, ¿no será más probable que los reguladores obligarán abrir lo que ellos creen que los consumidores quieren en lugar de lo que ellos de hecho quieren? Quizás esto explica por qué en los Estados Unidos tenemos regulaciones que obligan listar el volumen nutritivo en todas las comidas que los consumidores normalmente ignoran.
Sin embargo, permítanos suponer que algún burócrata gubernamental, responde a la presión de un grupo consumidor, sucede que el mercado es lento para discernir a la demanda del consumidor por la información del producto y obliga su provisión. Hay razones para creer que la información solicitada por el gobierno será menos eficientemente proporcionado de lo que surgiría en el proceso del mercado.
Las regulaciones son por necesidad uniformes para todos los fabricantes similares. Las regulaciones son las reglas, y las reglas deben aplicarse igualmente a todos los vendedores. Esto significa que aún si ese regulador está enterado que algunos (o aún muchos) consumidores exigen la información obligatoria, la regulación obligará abrir la misma información para todos los fabricantes incluyendo para aquéllos cuyos segmentos de mercado son indiferentes con la información. La regulación tendrá el efecto de sobreabastecer de infomación para algunos segmentos de mercado con un costo aumentado más allá de lo que los consumidores estarán dispuestos a pagar en un mercado desregulado. En lugar de adaptar el suministro de información al mercado apropiado, las regulaciones imponen uniformidad, incrementando los costos más allá de lo que es eficiente para encajar con la demanda del consumidor. Aún cuando un funcionario del gobierno estuviese en lo cierto de que hay asimetrías de información sígnificativa y corregible entre los fabricantes y consumidores, esto no es un argumento suficiente para imponer una regulación para cada uno.
Un caso más difícil es donde el producto tiene implicancias de salud y seguridad. Hay muchas maneras en que el mercado podría estar desprovisto de salud y seguridad: a través de la falla de información cuando una supuesta substancia benigna podría causar el daño (como una reacción alérgica severa) a un subconjunto de población que sin saber compra el producto dañino, o cuando un nuevo producto tiene ciertos defectos o efectos de largo plazo, que son desconocidos para cualquier comprador o vendedor cuando primero se introduce en el mercado. En estos casos, el mercado procesa lo que debería evenualmente proporcionar la información a través de la competencia empresarial. Sin embargo, la eventualidad no es inmediata, y el retraso en proporcionar la información puede ser significativa, incluso, con consecuencias desastrosas. Mientras hay incentivos sistemáticos para que los buenos productos sean producidos y mejorados con el tiempo, en el interim, podrían juzgarse como demasiado costosas y arriesgadas las consecuencias de un error. Por mandato ciertas normas de salud y seguridad, el gobierno reduce la probabilidad productos malogrados o inseguros que se compran. Por mandato a propocionar ciertas caracteristicas en las etiquetas el gobierno reduce el error del consumidor.
Éste es el argurnento que un "partidario de los consumidores" proporcionaría, pero pasa por alto otra consideración todavía importante. Ciertamente, el descubrimiento del mercado toma tiempo, y durante este período de descubrimiento, hay probabilidad para hayan casos de desilusión del consumidor, o aún, daño. Pero la desilusión del consumidor o el daño: ¿son completamente evitables? ¿No es este el caso que la muchas desilusiones y/o daños que afectan a los consumidores es el evento que alertan a empresarios a la necesidad del cambio?
En otras palabras, el problema podría no ser de asimetrías de información sino "pura ignorancia". Nadie, ni productor ni consumidor, podrían saber que un problema existe; por ejemplo, que el diseño de un automóvil tiene una falla que lo hace inseguro en ciertas condiciones. La infortunada ocurrencia de un patrón de accidentes podría ser parte necesaria del proceso del descubrimiento. Pero si eso fuera el caso, no está claro que la regulación del gobierno puede mejorar la circunstancias de los consumidores. El gobierno tendrá menos conocimiento acerca de las características de los productos que el fabricante y menos incentivo para corregir el defecto. No es ninguna sorpresa que las regulaciones de salud y seguridad siguen mas que precede a los accidentes del producto. Pero si ese es el caso, ¿por qué nosotros necesitamos la regulación? El gobierno es improbable que sepa sobre un defecto antes que el fabricante, y una vez que el defecto es conocido, la ley de la competencia disciplina al productor irresponsable. La regulación gubernamental aparecerá ser superfluo, y donde la regulación es muy específica, puede impedir a las empresas descubrir aún buenas maneras de dirigirse a la falla que causó el problema.
Una manera que la regulación trata de abordar estas preguntas de la pura ignorancia es por mandato de ciertos procedimientos de comprobación a la venta del producto. El mejor ejemplo de esto en los EE.UU. es la Food and Drug Administration (FDA). Mientras ésta es una solución atractiva para alguien, los economistas reconocen la dificultad inherente en el esquema de la comprobación previa. Las agencias tales como la FDA sustituyen normas de seguridad y comprobación del productor. Debido que las agencias son criticadas cuando una substancia aprobada causa daño, sin embargo, sufren pocos tropiezos si es que falla al no aprobar una sustancia benigna y útil, tienen incentivos a sobre dictaminar seguridad. Es probable que esto lleve a una sobrecomprobación para encontrar el estándar de la agencia, a la uniformidad de probar los procedimientos para problemas dispares con diversos riesgos y a la terminación de la innovación en el propio proceso de comprobación. La Agencias como la FDA llegan a ser jueces solitarios de cuánto y qué tipo de pruebas se aplican. Es bien conocido que la FDA llega a volverse algo en escándalo debido que por la minimización de aprobar drogas inseguras del tipo de errores I, aumentan al máximo el tipo de errores II al fracasar en la aprobación las substancias beneficiosas.
Mientras todavia no se esté convencido en sostener que no debe haber ninguna vigilancia gubernamental para la salud y seguridad del producto, debe reconocerse que hay alternativas de mercado que evitan algunas de las desventajas de la regulación. Por ejemplo, en el pasado, las agencias voluntarias de comprobación y procesos de certificación han surgido en el mercado no regulado para superar las insuficiencias informativas. Sería probable que tales instituciones florezcan en un régimen dónde no se espera que el gobierno sea el único garante de un mundo perfecto. La diferencia crucial entre la regulación gubernamental y el mercado que certifica instituciones es que la naturaleza voluntaria de las ínstituciones del mercado, ni llegará a un sobre abastecimiento de información y seguridad, ni el proceso del descubrimiento será estorbado por estandares rígidos o normas de desencriptación.
La Conclusión
Dada su historia doctrinal, los austríacos han empleado más tiempo desarrollando teorías de mercados que analizando la teoría de y de los costos de la regulación. Han proporcionado temas generalizados dentro de los trabajos y limitaciones del mercado y gobierno que pueden aplicarse útilmente para analizar los problemas del mundo real regulatorio. Su énfasis en el proceso y el conocimiento en los asuntos humanos podrían demostrar lo extremadamente fructífero en entender la historia y "las ganancias y pérdidas potenciales de la regulación". Ahora, si los austriacos desean ser útiles al debate contemporáneo, sería sensato para ellos llevar sus temas abstractos en estudios más empíricos de procesos del mercado y de la "intervención" del gobierno en esos procesos. Desde que la teoría austríaca no apoya la disputa que los mercados son perfectos de cualquier manera substantiva, el análisis austriaco de política no puede ser evitada. Pero, sin ninguna teoría del mercado perfecto para intentar reproducir con ciudado el diseño de regulaciones, el análisis austriaco de política puede ser sólo un ejercicio en el análisis comparativo institucional. Si el mercado es para ser sustituido por alguna norma o decreto gubernamental, ¿cuál es la consecuencia probable de la actividad gubernamental vs. las consecuencias probables sin gobierno? ¿Cuáles son las sistemáticas tendencias en lo político vs. las órdenes del mercado y cómo estas tendencias contribuyen a la creación de riqueza y a la satisfacción de la demanda del consumidor?
Otros también dicen que la política debe ser producto del análisis comparativo institucional, sin embargo, la contribución austríaca es que al hacer comparaciones institucionales, es importante no sólo tomar en cuenta la estructura de incentivos, sino también el carácter epistémico de los mercados y gobierno. Los problemas de conocimiento en el mercado y gobierno, podrían bien sumergir algunos problemas de incentivos. Este tipo de análisis comparativo institucional habría por necesidad ser muy contextual. Es decir, desde donde nosotros nos encontramos hoy dada nuestras actuales instituciones y situaciones de mercado.
El moderno enfoque austríaco del rnercado no es, como algunos sostendrían, necesariamente anti-gobierno. Es el anti "estado productivo" – que implica cuando el gobierno intenta crear valor económico desviando o interfiriendo con el mercado deliberadamente, surge pues la probabilidad de hacer más daño que bien. Sin embargo, el análisis austríaco es perfectamente consistente con (de hecho, depende de) un gobierno que castigue la violencia delictiva y el fraude, y apoye la propiedad y el contrato. Mientras dichas funciones de gobierno, por supuesto, contribuyan en el valor económico, su propósito principal no es económico en el sentido exacto. Ellas son normas de justicia que permiten a los mercados florecer. Hayek vió la conexión importante entre economía y valores políticos, y su mayor trabajo, Ley, Legislación y Libertad, eran un intento para traer bajo una amplia disciplina la economía y la política. Los austríacos harían bien en seguir el aplomo de Hayek y continuar desarrollando los nuevos principios de la economía política.
*Me gustaría reconocer al apoyo generoso de la Fundación de Earhart durante la preparación de este paper. Fecha: 25/6/1996.
Referencias
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sábado, 20 de diciembre de 2008
DEMOCRACIA SECUESTRADA
La rebelión ya ha comenzado y los ciudadanos quieren regresar del exilio...
DEMOCRACIA SECUESTRADA
Autor: Francisco Rubiales
Párrafos extraídos del libro:
La rebelión ya ha comenzado. Los ciudadanos quieren regresar del exilio y revitalizar una democracia que está postrada y secuestrada. El ciudadano será de nuevo el protagonista en una democracia auténtica y regenerada. El ser humano está dispuesto a construir a cualquier precio la catedral del futuro. Hay una fuerza desconocida que le impulsa a hacerlo, a pesar de sus cobardías, dudas y fracasos Pero, hasta conseguirlo, tendrá que atravesar desiertos y desfiladeros poblados de peligros y de alimañas dispuestas a defender con sangre y fuego sus privilegios.
El Estado, la gran institución creada por el hombre moderno para salvaguardar la paz y la armonía y preservar sus derechos y libertades, ha sido el mayor fracaso de la actual civilización".
Si asumimos el análisis de que los actuales poderes han fracasado, es urgente, entonces, sustituir a esos poderes por otros más eficaces. Esta línea argumental nos hace chocar de frente con la urgencia de transformar nuestra sociedad. Necesitamos un giro ético prometedor y nuevo que nos lleve, directamente, a sustituir el protagonismo hipertrofiado de las administraciones por el protagonismo de los ciudadanos, a valorar más a la persona, a depositar nuestra confianza plena sólo en lo que podemos controlar muy de cerca. Nuestra vida y nuestro mundo son demasiado importantes para que deleguemos su dirección y custodia en ineficientes administradores lejanos. No olvidemos a Jean-Jacques Rousseau cuando dijo "en el instante en que un pueblo permite ser representado, pierde su libertad", o cuando afirmo "no puede haber patriotismo sin libertad; ni libertad sin virtud; ni virtud sin ciudadanos. Crea ciudadanos y tendrás todo lo que necesitas; sin ellos no tendrás sino esclavos envilecidos, desde los gobernantes del Estado hacia abajo".
Que nadie piense que la fiera está en la jaula. El Estado está en libertad y sólo nos quedan dos opciones: encadenarlo o rezar para que la fiera esté saciada.
Hasta nuestros días, ya en la alborada del tercer milenio, tras haber atravesado periodos históricos de oscuridad y crueldad inimaginables, con millones de seres humanos asesinados por unos Estados que, sin descanso, alimentaron su poder por encima de cualquier otro objetivo, no ha sido posible plantear con fundamento y esperanza el principio del fin de una larga noche histórica, la de los Estados desbocados y con "sobredosis" de poder. De pronto, como por arte de magia, ese Estado que tantas veces a lo largo de la historia vendía con engano su imagen de imprescindible regulador de la vida social, de interventor económico en favor de los débiles o de defensor de las fronteras frente a pueblos injustamente pintados de maldad por la propaganda, aparece hoy, ante los ojos del ciudadano, desnudo, con todas sus miserias y mezquindades a flor de piel, desfasado, retrógrado, con la mente atrofiada por el abuso del poder, con el alma embrutecida por la represión y con las manos manchadas de sangre.
Cada paso dado por la sociedad civil en busca de más libertad ha resultado casi siempre un retroceso de las libertades ciudadanas y un incremento del poder estatal, acompanado con frecuencia de un nuevo pisotón a la dignidad humana.
Hemos sido tan insensatos que hemos abierto demasiadas veces el santuario más sagrado, las puertas del poder común, de la administración de nuestros Estados y gobiernos, a depredadores de bajos instintos y hemos permitido que durante siglos esos malos administradores nos acosen, nos persigan, nos roben y nos asesinen. Durante demasiados siglos hemos sido cobardes y hemos aceptado que nos enganen con mentiras insostenibles. Para justificar el vergonzoso espectáculo de los enfrentamientos, rencillas y cuchilladas en la cúspide del poder o para mantener privilegios y ventajas inconfesables nos hablan del rango del Estado y de las necesidades de la representatividad, o nos dicen que la política es así, o que en política todo vale, olvidando principios mayores como la primacía del bien común o la prioridad del servicio al ciudadano.
A pesar de las dificultades, aunque el poder disponga hoy de más recursos que nunca para erradicar la ciudadanía (miedo, manipulación, disuasión, sanciones y violencia), el ser humano ha decidido dar otro empujón a la historia, abandonar el ropaje del súbdito y volver a colocarse las vestimentas de ciudadano. Cree que no hay otra forma de garantizar el futuro. Aunque algunos hayan alertado de manera engañosa que un exceso de democracia puede poner en peligro las instituciones, el camino correcto ya fue senalado por Alfred Emanuel Smith, cuando dijo que "todos los males de la democracia pueden curarse con más democracia". En la democracia sólo se hace el camino al andar.
Por democracia entendemos una sociedad libre, no oprimida por poderes políticos, ni dominada por oligarquías en la que los gobernantes responden ante los gobernados. Una sociedad es democrática cuando es abierta y cuando el Estado está al servicio de los ciudadanos y no al revés. La definición más brillante y difundida de la democracia quizás sea la pronunciada por Lincoln en Gettysburg, en 1863: "government of the people, by the people, for the people" (gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo).
¿ Donde quedó ?
DEMOCRACIA SECUESTRADA
Autor: Francisco Rubiales
Párrafos extraídos del libro:
La rebelión ya ha comenzado. Los ciudadanos quieren regresar del exilio y revitalizar una democracia que está postrada y secuestrada. El ciudadano será de nuevo el protagonista en una democracia auténtica y regenerada. El ser humano está dispuesto a construir a cualquier precio la catedral del futuro. Hay una fuerza desconocida que le impulsa a hacerlo, a pesar de sus cobardías, dudas y fracasos Pero, hasta conseguirlo, tendrá que atravesar desiertos y desfiladeros poblados de peligros y de alimañas dispuestas a defender con sangre y fuego sus privilegios.
El Estado, la gran institución creada por el hombre moderno para salvaguardar la paz y la armonía y preservar sus derechos y libertades, ha sido el mayor fracaso de la actual civilización".
Si asumimos el análisis de que los actuales poderes han fracasado, es urgente, entonces, sustituir a esos poderes por otros más eficaces. Esta línea argumental nos hace chocar de frente con la urgencia de transformar nuestra sociedad. Necesitamos un giro ético prometedor y nuevo que nos lleve, directamente, a sustituir el protagonismo hipertrofiado de las administraciones por el protagonismo de los ciudadanos, a valorar más a la persona, a depositar nuestra confianza plena sólo en lo que podemos controlar muy de cerca. Nuestra vida y nuestro mundo son demasiado importantes para que deleguemos su dirección y custodia en ineficientes administradores lejanos. No olvidemos a Jean-Jacques Rousseau cuando dijo "en el instante en que un pueblo permite ser representado, pierde su libertad", o cuando afirmo "no puede haber patriotismo sin libertad; ni libertad sin virtud; ni virtud sin ciudadanos. Crea ciudadanos y tendrás todo lo que necesitas; sin ellos no tendrás sino esclavos envilecidos, desde los gobernantes del Estado hacia abajo".
Que nadie piense que la fiera está en la jaula. El Estado está en libertad y sólo nos quedan dos opciones: encadenarlo o rezar para que la fiera esté saciada.
Hasta nuestros días, ya en la alborada del tercer milenio, tras haber atravesado periodos históricos de oscuridad y crueldad inimaginables, con millones de seres humanos asesinados por unos Estados que, sin descanso, alimentaron su poder por encima de cualquier otro objetivo, no ha sido posible plantear con fundamento y esperanza el principio del fin de una larga noche histórica, la de los Estados desbocados y con "sobredosis" de poder. De pronto, como por arte de magia, ese Estado que tantas veces a lo largo de la historia vendía con engano su imagen de imprescindible regulador de la vida social, de interventor económico en favor de los débiles o de defensor de las fronteras frente a pueblos injustamente pintados de maldad por la propaganda, aparece hoy, ante los ojos del ciudadano, desnudo, con todas sus miserias y mezquindades a flor de piel, desfasado, retrógrado, con la mente atrofiada por el abuso del poder, con el alma embrutecida por la represión y con las manos manchadas de sangre.
Cada paso dado por la sociedad civil en busca de más libertad ha resultado casi siempre un retroceso de las libertades ciudadanas y un incremento del poder estatal, acompanado con frecuencia de un nuevo pisotón a la dignidad humana.
Hemos sido tan insensatos que hemos abierto demasiadas veces el santuario más sagrado, las puertas del poder común, de la administración de nuestros Estados y gobiernos, a depredadores de bajos instintos y hemos permitido que durante siglos esos malos administradores nos acosen, nos persigan, nos roben y nos asesinen. Durante demasiados siglos hemos sido cobardes y hemos aceptado que nos enganen con mentiras insostenibles. Para justificar el vergonzoso espectáculo de los enfrentamientos, rencillas y cuchilladas en la cúspide del poder o para mantener privilegios y ventajas inconfesables nos hablan del rango del Estado y de las necesidades de la representatividad, o nos dicen que la política es así, o que en política todo vale, olvidando principios mayores como la primacía del bien común o la prioridad del servicio al ciudadano.
A pesar de las dificultades, aunque el poder disponga hoy de más recursos que nunca para erradicar la ciudadanía (miedo, manipulación, disuasión, sanciones y violencia), el ser humano ha decidido dar otro empujón a la historia, abandonar el ropaje del súbdito y volver a colocarse las vestimentas de ciudadano. Cree que no hay otra forma de garantizar el futuro. Aunque algunos hayan alertado de manera engañosa que un exceso de democracia puede poner en peligro las instituciones, el camino correcto ya fue senalado por Alfred Emanuel Smith, cuando dijo que "todos los males de la democracia pueden curarse con más democracia". En la democracia sólo se hace el camino al andar.
Por democracia entendemos una sociedad libre, no oprimida por poderes políticos, ni dominada por oligarquías en la que los gobernantes responden ante los gobernados. Una sociedad es democrática cuando es abierta y cuando el Estado está al servicio de los ciudadanos y no al revés. La definición más brillante y difundida de la democracia quizás sea la pronunciada por Lincoln en Gettysburg, en 1863: "government of the people, by the people, for the people" (gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo).
¿ Donde quedó ?
POLITICOS, FUNCIONARIOS Y EL RESTO
El reciente caso, de interés nacional, relativo a un político y senador pone nuevamente sobre el tapete noticioso el accionar de estas personas que, en diversas oportunidades, se arrogan atribuciones que van más allá del cargo que detentan. Conviene, entonces, intentar describir en las palabras más sencillas de que o de quiénes estamos hablando.
Se dice que un político es una persona que se desempeña profesionalmente en la actividad pública, financiado por los contribuyentes, y cuya función es gestionar la cuota de poder que le corresponde al haber sido elegido. Por ejemplo, la principal función de un senador “es la de concurrir a la formación de las leyes y a la aprobación de los tratados internacionales”. Habitualmente, los políticos son personas pertenecientes a partidos políticos, reconocidos y capaces de ejercer influencia en su entorno cercano y de influir en toda la comunidad con el fin de poner en marcha su visión de sociedad.
Por su parte, un funcionario público es una persona dependiente, nombrada de hecho por políticos y no elegida, que desempeña sus funciones en cualquier organismo estatal, ya sea legislativo, ejecutivo o judicial.
Surge así una casta de personas diferentes de las demás por el solo hecho de disponer de cuotas de poder y recursos impensados para las mayorías. En general, los políticos se consideran dotados de especiales virtudes y capacidades que los hacen merecer un trato especial:
circulan con escolta de seguridad entorpeciendo el tránsito en calles y avenidas,
caminan sobre alfombras rojas como verdaderos monarcas,
se instalan en lugares preferenciales en eventos públicos
tienen figuración pública la merezcan o no
poseen choferes particulares
etc.
Los funcionarios públicos también se consideran seres humanos de virtudes extraordinarias. En alguna oportunidad, una funcionaria le manifestaba a otra autoridad que “¡ Soy Ministro ¡”
El “ser político” debe mutar si desea sobrevivir, reconociendo que los verdaderos patrones son la ciudadanía que paga sus salarios mes a mes; salarios que son bastante generosos como para dejarlos de lado. Antaño, se debían dedicar a la política aquellos que tenían los recursos para hacer carne “la vocación de servicio público” pero hoy se ha transformado en una actividad profesional para la cuál se preparan por años.
En concreto, se necesita una clase política preparada, independiente y respetuosa de sus jefes, la ciudadanía, y que quiera lo mejor para el país y no solo para ellos y sus cercanos.
¿ Será mucho pedir ?
Se dice que un político es una persona que se desempeña profesionalmente en la actividad pública, financiado por los contribuyentes, y cuya función es gestionar la cuota de poder que le corresponde al haber sido elegido. Por ejemplo, la principal función de un senador “es la de concurrir a la formación de las leyes y a la aprobación de los tratados internacionales”. Habitualmente, los políticos son personas pertenecientes a partidos políticos, reconocidos y capaces de ejercer influencia en su entorno cercano y de influir en toda la comunidad con el fin de poner en marcha su visión de sociedad.
Por su parte, un funcionario público es una persona dependiente, nombrada de hecho por políticos y no elegida, que desempeña sus funciones en cualquier organismo estatal, ya sea legislativo, ejecutivo o judicial.
Surge así una casta de personas diferentes de las demás por el solo hecho de disponer de cuotas de poder y recursos impensados para las mayorías. En general, los políticos se consideran dotados de especiales virtudes y capacidades que los hacen merecer un trato especial:
circulan con escolta de seguridad entorpeciendo el tránsito en calles y avenidas,
caminan sobre alfombras rojas como verdaderos monarcas,
se instalan en lugares preferenciales en eventos públicos
tienen figuración pública la merezcan o no
poseen choferes particulares
etc.
Los funcionarios públicos también se consideran seres humanos de virtudes extraordinarias. En alguna oportunidad, una funcionaria le manifestaba a otra autoridad que “¡ Soy Ministro ¡”
El “ser político” debe mutar si desea sobrevivir, reconociendo que los verdaderos patrones son la ciudadanía que paga sus salarios mes a mes; salarios que son bastante generosos como para dejarlos de lado. Antaño, se debían dedicar a la política aquellos que tenían los recursos para hacer carne “la vocación de servicio público” pero hoy se ha transformado en una actividad profesional para la cuál se preparan por años.
En concreto, se necesita una clase política preparada, independiente y respetuosa de sus jefes, la ciudadanía, y que quiera lo mejor para el país y no solo para ellos y sus cercanos.
¿ Será mucho pedir ?
MAPA DE LA CORRUPCION POLITICA EN DEMOCRACIA
Han pasado casi 20 años de la vuelta a la democracia y es aconsejable mantener en la memoria colectiva los hechos eventuales o reales de corrupción que se han denunciado. La ciudadanía responsable debe mantenerse atenta ante estos hechos vergonzosos protagonizados por personas a las cuáles se les dió una alta responsabilidad...
Invitamos a todos a enviar sus aportes para modificar, ampliar e incorporar hechos de corrupción...
GOBIERNO DE DON PATRICIO AYLWIN AZOCAR
1991 EL CASO ONEMI: Desvío de aportes de emergencia para damnificados por temporales y aluvión de Antofagasta y por la erupción del volcán Hundson, en Aisén, debutan como el primer caso de corrupción grave conocido en los gobiernos de la Concertación.
La Oficina Nacional de Emergencias hace desaparecer ayuda avaluada en cerca de $700 millones, siendo desviada a los directivos del organismo. En 1994, la Corte de Apelaciones acreditó delitos por $ 27 millones, condenando a 5 años al ex-director Sergio Navas, un independiente muy ligado a la DC. Se sancionaron también al ex jefe de Adquisiciones Sergio Contreras, Patricio Navas, Sergio Yaksic, Jesús Mundaca y Juan Manuel Yáñez.
Un hecho curioso en torno a este caso es que, cuando los damnificados que iban a recibir la ayuda en Aisén por la erupción del Hudson clamaron ayuda especial de parte del Gobierno de Patricio Aylwin Azócar, el entonces Ministro de Interior, Enrique Krauss Rusque, tuvo el desparpajo de responder que “en Chile no debía haber regiones privilegiadas”.
1992 FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES DE CHILE, FECH: Uso irregular de dineros fiscales. Implicados dirigentes, varios de ellos relacionados directamente con los partidos de la Concertación.
1992 , DIGEDER: Aparecen señales de que la Dirección General de Deporte y Recreación, dirigida entonces por el DC Iván Navarro, había protagonizado irregularidades por un monto de 500 millones de pesos, equivalente al 5% del presupuesto total del organismo ese año. Aunque la Contraloría sólo constató desórdenes administrativos, parte de la Cámara de Diputados y la propia DC reclamaron denunciando que la mayor parte de estos dineros no habían sido perdidos por mala gestión, sino desviados a campañas políticas del partido. Se optó por tapar con tierra este asunto y prácticamente ya está olvidado. Fue la primera denuncia de corrupción que implicaba desvíos de fondos públicos hacia gastos de tipo electoral.
1993 , SERVIU: El organismo se ve involucrado en la extensión irregular de boletas de garantía. Además, hubo cobros indebidos en la Comuna de La Granja.
1993 COBRE, CODELCO / EL TENIENTE: Se denuncia la existencia de contrataciones irregulares en la VI Región. A pesar de la gravedad del caso, nunca hubo sanciones.
1993 CORREOS DE CHILE: Apropiación indebida de recursos en oficinas de Juan Fernández.
1993 REFINERÍAS DE PETRÓLEOS DE CONCÓN, RPC : Tremendo escándalo por millonarios pagos para “desmalezamiento” de la planta. Lo que empezó con la denuncia del diputado RN Ramón Urrutia en los tribunales de Viña del Mar, desembocó en otro de los escándalos más grandes conocidos.
La denuncia demostraba que RPC había pagado en 1993 nada menos que $381 millones de pesos por labores de desmalezado de 32O hectáreas del recinto, encargadas a una empresa propietada por Francisco Zárate. En años anteriores, este trabajo no había superado los $90 millones.
La evidencia apuntaba a que los dineros podrían haber sido utilizados en la campaña senatorial de por lo menos un conocido político entreguista, militante de la DC. La investigación fue abordada por la juez Beatriz Pedrals, del Quinto Juzgado del Crimen viñamarino. Se comprobó el abuso y otra serie de irregularidades, que culminaron en el sometimiento a proceso de seis personas, entre ellas el propio Zárate y el ex-Gerente General de RPC, Marcos Vásquez.
Pero, en una desconcertante decisión, el día 24 de octubre de 1995, la Corte de Apelaciones de Valparaíso aceptó un recurso de protección que habían interpuesto los afectados, con lo que se anuló la resolución de la juez, lo que permitió, dos años más tarde, que los cargos se bajaran simplemente a los de mera “estafa residual”. El gravísimo affaire culminó con ocho directores expulsados, pero ningún detenido y ninguna comprobación de los vínculos del despilfarro con financiamientos electorales. Sin embargo, un océano de oscuros rumores y conjeturas han quedado aún haciendo olas en torno a este sorprendente caso.
1993 INSTITUTO NACIONAL PREVISIONAL, INP: Polémica compra de computadores, aparentemente con montos y cantidades alteradas.
1993 EMOS: Pagos indebidos en Santiago por razones nunca aclaradas.
1993 EMPREMAR: Compra irregular de motonave en Valparaíso. Nada, sin embargo, con el escándalo que al año siguiente comprometería a esta empresa estatal, obligando su cierre definitivo (ver más abajo).
GOBIERNO DE DON EDUARDO FREÍ RUIZ-TAGLE
1994 SEREMI de Transporte, Concepción: Acusaciones de extorsión y chantaje.
1994 OFICINA NACIONAL DE RETORNOS: Desviación de los dineros supuestamente destinados a “retornados” que regresaban a Chile desde el extranjero. También una marejada de rumores persiste sobre el destino real de estos dineros.
1994 SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS: Conflictos de intereses. Primeras sospechas de posibles irregularidades.
1994 EMPREMAR: La Empresa Marítima del Estado protagonizó oscuras transacciones ilegales por parte de sus directores, con las que desfalcaron al Estado en la nada despreciable suma de $495 millones. Estas acciones se cometieron con tal audacia, que no costó emitir sentencias, lo que resulta excepcional en la historia de los escándalos de corrupción en Chile.
Tres ex-ejecutivos íntimamente ligados a la Concertación (Patricio Vidal Walton, Heriberto Guerra Gálvez y Alexis Ramírez) fueron condenados en primera instancia por el ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Gonzalo Morales Herrera, por los delitos reiterados de fraude al Fisco y cohecho.
La sentencia declara que estos delitos tuvieron lugar entre 1991 y 1994. Vidal Walton, que era el Gerente General, fue condenado a seis años de presidio mayor en su grado mínimo como autor de delitos reiterados de fraude al Estado. Se verificó además, que la consultora Seminsa había depositado U$90 mil dólares en su cuenta personal como producto de estas maniobras ilícitas. Él canceló una multa superior a los $168 millones de pesos, siendo inhabilitado de manera perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos, y su castigo con presidio habrá de comenzar tiempo más tarde.
1994 EMPRESA NACIONAL DE CARBÓN, ENACAR - VIII Región: Graves denuncias de narcotráfico e irregularidades involucrando a la empresa estatal. Las acciones venían realizándose desde 1992.
1994 ESVAL - Viña del Mar: Otro de los escándalos más graves y groseros de saqueo de arcas públicas de los últimos años, que comprometió las labores de construcción del colector de Viña del Mar - Valparaíso, encargado a la Empresa Sanitaria de Valparaíso, ESVAL.
Un informe de una comisión investigadora en la Cámara y de la Contraloría de Valparaíso demostraron, en septiembre de 1994, que se había cometido una seguidilla de irregularidades y anomalías, al punto de que el proyecto había cuadruplicado los valores iniciales de la obra. Los desvíos se produjeron a través de dudosas asesorías y manejos oscuros, que significaron pérdidas por $13.500 millones y comprometían seriamente a su Gerente General, Manuel Llanos, y varios otros ingenieros y ejecutivos de la empresa.
El informe culpó a los directores y a dos empresas contratistas. En 1996, sin embargo, ESVAL y CORFO presentaron sus propias querellas por fraude al fisco ante los tribunales viñamarinos. No existe ningún procesado, pero sí un bosque de dudas y cuchicheos de todo tipo sobre el destino final de las platas perdidas.
1994 CORPORACIÓN DE FOMENTO, CORFO – Aisén: Ventas irregulares.
1994 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, MINEDUC: Dudas sobre el destino de U$ 4.700.000 del Ministerio de Educación utilizados hacia 1994 y poco antes de las parlamentarias. El abogado y columnista de “El Mercurio”, Hermógenes Pérez de Arce, emplazó públicamente al Presidente Ricardo Lagos Escobar, en más de una oportunidad, a responder por el destino de este dinero, ya que él era, entonces, el Ministro de Educación. Según Pérez de Arce, parte de estos dineros habrían ido a parar a la polémica compra de herramientas informáticas que ese ministerio realizó aquel año a un conocido empresario socialista español amigo de Ricardo Lagos, sin concursos ni licitaciones.
1994 CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE, CODELCO: El tristemente famoso caso del ejecutivo Juan Pablo Dávila y del fraude de las “Operaciones a Futuro”. Era, hasta entonces, el mayor escándalo de corrupción de la historia de Chile y el mayor fraude al fisco del que se tenga registro.
Todo empezó en el verano de 1994 y casi al final del Gobierno de Patricio Aylwin Azócar, cuando se descubren pérdidas por cerca de U$217 millones relacionadas con el operador de mercados a futuro de la CORFO. Dávila las venía realizando desde fines de 1993 y ostentaba grandes cuentas de enriquecimiento personal como prueba de que se estaba frente a una organización especialmente coordinada para estos ilícitos, y no sólo frente al caso de un funcionario aislado perdiendo dinero patrimonial de Chile.
Nunca se determinaron otras responsabilidades directas, pero el escándalo trajo como consecuencia las renuncias de importantes figuras de la Concertación, como el Vicepresidente Ejecutivo de CORFO Alejandro Noemí, el Vicepresidente de Comercialización de la Minera Gonzalo Trivelli (además de ser familiar de la ex Primera Dama, Leonor Oyarzún de Aylwin), el Gerente de Ventas Owen Guerrini y el Subgerente de Área Carlos Derpsch.
1995 SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANISMO, SERVIU: Irregularidades en fiscalización de viviendas.
1995 SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANISMO, SERVIU - Arica : Fraude al Fisco.
1995 OFICINA DE INSPECCIÓN DEL TRABAJO: Aparente extracción ilegal de dineros.
1995 SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS – Santiago: Se descubre contrabando de prendas de vestir.
1995 BANCO CENTRAL : Falta al procedimiento de licitación pública.
1995 BIBLIOTECA NACIONAL: Desórdenes financieros.
1995 SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS – Arica: Fraudes descubiertos en el complejo aduanero de Chacalluta, que regula el tráfico entre Arica y Tacna, lo que le da una importancia vital en la comunicación Chile-Perú.
1995 EMPREMAR: Compra irregular de computadores en el país y fraude a fisco en la V Región. Estos escándalos terminaron por sepultar y hacer desaparecer la empresa estatal luego de años de polémicas e irregularidades.
1995 CORREOS DE CHILE: Múltiples licitaciones indebidas.
1995 BANCO DEL ESTADO: Otorgamiento irregular de créditos.
1995 SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS / SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO, SAG : Denuncias de corrupción.
1995 ESVAL - V Región: Claras muestras de nepotismo.
1996 SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO, SAG Irregularidades en gastos de la institución.
1996 SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS Irregularidades en declaraciones de importación por pago simultáneo.
1996 METRO DE SANTIAGO Irregularidades en contratos.
1996 INTENDENCIA DE VALPARAÍSO Irregularidades y problemas de gestión culminan en la bullada destitución del Intendente Hardy Knittel.
1996 CONGRESO NACIONAL En el mes de julio se destapa un escándalo de tráfico de drogas dentro del Congreso Nacional. Algunos de los implicados están derechamente relacionados con parlamentarios concertacionistas, e incluso aparece implicada la secretaria personal de un conocido diputado DC, uno de los mayores políticos entreguistas de Chile. El aludido debió declarar en el Tercer Juzgado del Crimen de Valparaíso, ante el magistrado Roberto Contreras. El mismo se negaría rotundamente a hacerse el famoso examen antidrogas del “test de pelo”, que varios parlamentarios se practicaron voluntariamente después del escándalo.
1996 BANCO DEL ESTADO – Angol: Contrataciones de contraparte y nuevos créditos irregulares.
1996 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS SANITARIAS, EMOS: Múltiples negocios irregulares en Santiago. El más recordado derivó de gestiones anómalas en el pago del colector para el Zanjón de la Aguada.
1996 EMPRESA DE FERROCARRILES DEL ESTADO, EFE: Irregularidades administrativas y financieras.
1996 MINISTERIO DE SALUD / SERVICIO DE SALUD – Biobío: Irregularidades en Concepción.
1997 COMPIN – Santiago: Actividades incompatibles.
1997 CORPORACIÓN NACIONAL DE DESARROLLO INDÍGENA, CONADI: Compra irregular de de terrenos y derechos de aguas en la Región de la Araucanía. Increíblemente, se estaba lucrando con los dineros de las comunidades rurales más pobres del país, como son las indígenas.
1997 INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD, INJ: Escandalosas irregularidades en el manejo de los recursos del organismo para cuotas políticas, que casi culminan en la desaparición del instituto y terminaron el pérdidas por cerca de $600 millones, desfalcos descubiertos por la Contraloría.
Las acusaciones apuntan -entre otros funcionarios- al director del organismo, el PS Leonardo González, y se remontan al inicio de su gestión en 1994. Lo grave del asunto es que difícilmente no podría implicar a otros políticos de la Concertación, cuyos nombres lograron mantenerse escondidos con sobrehumanos esfuerzos. Como suele suceder, la falta de condenas en este caso ha generado toda clase de rumores y especulaciones sobre el verdadero trasfondo que tuvo, implicando especialmente -de ser ciertos- a sus correligionarios socialistas. Los ilícitos más comunes fueron fallas administrativas, falsificación de facturas, entregas reiteradas de adjudicaciones a un grupo específico de empresas y las infaltables “consultorías” millonarias de las que también gozó este organismo, con variados servicios creados ad-hoc para estos desvíos de dineros.
1997 ZONA FRANCA INTERNACIONAL DE IQUIQUE: Múltiples irregularidades.
1997 JUNTA NACIONAL DE ABASTECIMIENTOS Y BECAS, JUNAEB: A solicitud del ministro de Educación, José Pablo Arellano, en junio la Contraloría investiga y descubre la existencia de coimas y pagos adelantados de concesiones para los contratos de adquisición de alimentos, por $5.600 millones, que aparecían utilizados sin ningún respaldo. En esencia, consistían en préstamos “amistosos” (sin garantía ni interés) disfrazados de adelantos, a 29 de las 31 empresas que mantenían relación con JUNAEB, que comprometieron gravemente a su director, el PPD Arturo Benítez, quien había contratado, además, desde el año anterior, los servicios de la empresa Alidec por 180 mil raciones de $90 millones, por las cuales, sin embargo, se pagaron $338 millones, en un broche de la magnitud y el descaro de este desfalco. Tanto Benítez como el jefe de finanzas, César Rioseco, renunciarían después del escándalo.
La Contraloría les exigió pagar el 20% y el 5% de su sueldo respectivamente, pero la causa se mantuvo en el 6º Juzgado del Crimen de Santiago.
1997 EMPRESA NACIONAL DE MINERÍA, ENAMI: Pago de enigmáticos dineros a la secretaria de un conocido diputado entreguista de la DC.
1997 MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO, MINVIU / COPEVA: El triste caso conocido como las “Casas Copeva” o “Casas de Nylon”. Tras el crudo invierno de 1997, la opinión pública no podía dar crédito al descubrimiento denunciado por la prensa nacional en un sector de Puente Alto: cientos de casas departamentos recién entregadas a sus modestos moradores a través del fondo de subsidios, estaban completamente llovidas, con graves filtraciones y daños estructurales severos producto de las precipitaciones, que obligaron a sus moradores a colocar pliegos de plásticos para intentar frenar desesperadamente la entrada de agua. La indignación generalizada pedía la cabeza de los altos cargos en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Sin embargo, el escándalo fue mayúsculo cuando se supo que la empresa concesionaria, COPEVA, era de Francisco Pérez Yoma, hermano del ex-Ministro de Defensa durante el Gobierno de Patricio Aylwin Azócar, don Edmundo Pérez Yoma, muy conocido por participar intensamente de la entrega de Laguna del Desierto desde la cartera de Defensa y luego de las negociaciones por el “gasoducto-comodato” boliviano en Atacama. Y, como si esto fuera poco, se supo después que el ministro de vivienda, Edmundo Hermosilla, había recibido de regalo un fino caballo de parte de Francisco Pérez Yoma, noticia que le costó el puesto. Tanto Hermosilla como Pérez Yoma intentaron justificar las anomalías en las casas con “mejoras del estándar”. Las investigaciones de ingenieros demostraron, sin embargo, la existencia de graves irregularidades en las construcciones, como la falta de resistencia hídrica en los muros. Pero, como suele suceder en estos casos, no hubo culpables y la Corte de Apelaciones de San Miguel dejó sin efectos el sometimiento de los tres máximos ejecutivos de COPEVA por el delito de estafa que había resuelto el ministro en visita Ismael Contreras.
1997 SEREMI de Puerto Natales: Ventas irregulares de terrenos.
1997 DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN, DIGEDER: Entrega de dineros para la campaña política del fallecido diputado DC y ex dirigente sindical Manuel Bustos.
1997 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, MOP: Irregularidades en licitaciones para tramos de carreteras y modernización de la ruta 5 Sur. En 1995, una empresa del contratista Francisco Ortúzar había ganado concesión por 700 millones, pero en 1997 ésta le fue retirada y entregada a Bitumix Ltda., que pedía 2.100 millones. El Ministro de Obras Públicas de entonces era don Ricardo Lagos Escobar. Más abajo, veremos que durante el año 2002, Ortúzar y la Contraloría General de la República, pusieron al descubierto una situación mucho más oscura aún, derivada de la relación entre el MOP y Bitumix, que permitió tomar desde el fisco una enorme cantidad de dinero a través de obras sobrevaloradas y exageradas en gastos.
1997 SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANISMO, SERVIU – Concepción: Fraude al fisco y cobros indebidos de subsidios. Caso conocido como las “Casas Bilbao”. 896 modestas familias de Concepción postularon vía SERVIU a adquirir casas propias encargadas a la inmobiliaria Empresa de Inversiones Bilbao S.A., del empresario Carlos Wöerner Tapia. A pesar de que la firma recibió un millonario adelanto de $1.700 millones tomados del fondo de subsidio, las casas jamás fueron construidas y los postulantes quedaron abandonados, motivando la creación de una comisión especial en la Cámara de Diputados para investigar el caso. La comisión de la Cámara señaló responsabilidades en las autoridades del SERVIU, además de irregularidades, ausencia de permisos y falta de fiscalización. Se indicó la culpabilidad del ex-director del SERVIU de la VII Región, Ignacio Soler Viada, y de la misma inmobiliaria Bilbao por apropiación de dineros fiscales sin cumplir con los contratos, razón por la cual el señor Wöener se encuentra procesado.
1998 JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS, JUNAEB - VII Región: Irregularidades en la entrega de raciones.
1998 INTENDENCIA DE LA XII REGIÓN / FNDR: Uso inaceptable de recursos fiscales en campañas políticas de la Concertación. A pesar de las gravísimas denuncias que involucraron este caso, se tapó al mismo rápidamente con tierra.
1998 SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANISMO, SERVIU - X Región: Cuestionada compra de terrenos Rahue Alto Osorno.
1998 DIRECCIÓN DE GENDARMERÍA DE CHILE: El Director de la institución arrendaba su propia residencia al servicio y la ocupaba en el cargo recibiendo una gran cantidad de dinero por ella. En vista del escándalo, debió presentar su renuncia.
1998 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, MOP: La empresa mexicana Tribasa gana licitación en remodelación Ruta 5 y el Acceso Norte a Concepción, pero en medio de las faenas, la firma quiebra, abandona la obra, deja a todos con el saco vacío y no paga indemnización. Entrega otras partes de la obra en inaceptable estado de incumplimiento. Otro caso lleno de velos y sombras oscuras. Sólo en el 2003 se comenzaron a dilucidar y a determinar responsabilidades concretas. El Ministro de Obras Públicas del período en que se llamó a la licitación era el señor Ricardo Lagos Escobar. En marzo 2003, apareció posible evidencia de irregularidades comprometiendo a Tribasa con el escándalo MOP-Gate (ver más abajo). También se supo que el primo de la Primera Dama, Matías de la Fuente, participó de estos oscuros negocios como Director de Planeamiento MOP-Gate y MOP-Tribasa, siendo sometido a proceso en dos oportunidades por esta causa el año 2005.
1998 DIPRECA: Acusaciones de asociación ilícita y fraude al fisco. Se contabilizan desfalcos por $150 millones.
1998 BANCO DEL ESTADO / OFICINA NACIONAL DEL RETORNO: Irregularidades en la entrega de recursos para retornados provenientes desde Alemania. Los recibieron personas íntimamente ligadas a la Concertación y que estaban lejos de necesitarlos realmente. Una investigación arrojó entre los receptores de estos dineros para facilitar la reincorporación de “retornados” a la esposa del PRSD Anselmo Sule (cuando éste era Senador), al millonario empresario Oscar Guillermo Garretón (cuando era Presidente del Metro), al director de cine Miguel Littin (siendo alcalde de Palmilla), al humanista y luego PPD Pablo Vergara (siendo alcalde de Ñuñoa), al PS Hernán del Canto (cuando era Asesor de la Secretaría General de la Presidencia de Patricio Aylwin Azócar), etc.
1999 INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA, ISP – Santiago: Operaciones ilícitas de una empresa de fachada y otra serie de irregularidades.
1999 INTENDENCIA DE LA II REGIÓN: Denuncia por uso indebido de recursos fiscales.
1999 SERVICIO DE SALUD – Maule: Irregularidades.
1999 INTENDENCIA DE TOCOPILLA: Escándalo por apropiación de dineros del organismo.
1999 GOBIERNO DE CHILE / COMANDO ELECTORAL DE RICARDO LAGOS ESCOBAR: Se denuncia la recepción de una serie de dineros obtenidos de recortes o descuentos a funcionarios públicos en plenas campañas electorales.
GOBIERNO DE RICARDO LAGOS ESCOBAR
2000 METRO DE SANTIAGO: Alzas abusivas del servicio, aprovechando las alzas paralelas en el petróleo y locomoción colectiva. Conductas monopólicas que nunca han sido abordadas.
2000 CORREOS DE CHILE: Una denuncia generada por un conflicto dentro del directorio de la empresa estatal, inicia el destape de lo que sería conocido como el caso de las “indemnizaciones”, que tratamos ampliamente más abajo. En el caso de Correos, el director PS don René Labraña, recibió por desahucio $71 millones tras sólo cuatro años de trabajo
2000 EMPRESA NACIONAL DE CARBÓN, ENACAR: Se contabiliza un total de pérdidas por mala gestión e irregularidades en cerca de $800 millones.
2000 EMPRESA DE FERROCARRILES DEL ESTADO, EFE: El militante del PRSD, don Patricio Morales recibió 47 millones como “indemnización” para abandonar la dirección de EFE tras siete años en el cargo. La estatal ya había estado implicada en casos de irregularidades en 1996.
2000 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS / AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ : En medio de los trabajos de ampliación de la infraestructura del Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, la sociedad concesionaria alegó que las bases de licitación debían ser modificadas porque se había requerido de obras adicionales que habían encarecido la ejecución, como remoción de cercos, revestimientos, instalación de defensas para caminos y otras estructuras.
La sociedad había sido escogida por el MOP en concurso público, por lo que la empresa exigía a la Dirección General de Obras Públicas cancelar las diferencias. En mayo, el Tribunal Arbitral del MOP accedió a cancelar la suma de 4.641 Unidades de Fomento, cuando estas estaban a aproximadamente $15.400 cada una.
Esta situación es una seria advertencia sobre la conveniencia de los criterios que siguen utilizándose para licitar los millones y millones de dólares en inversiones de infraestructura pública.
2000 CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO: Una investigación periodística publicada en noviembre destapó un hecho gravísimo dentro del CDE. Documentación del Departamento de Extranjería de la Policía de Investigaciones demostraba que la Presidenta del Consejo, Clara Szczaranski, aparecía resolviendo un conflicto de una empresa minera mientras se encontraba fuera del país.
La misma investigación comprobaba que la autoridad usaba su cargo público para lograr adjudicarse arbitrajes en litigios entre empresas privadas. La presidenta del CDE fue amonestada por la Corte Suprema por el escándalo del arbitraje minero, y los cuestionamientos hacia su persona aún continúan en torno a este caso.
2001 CASA DE LA MONEDA: Severos problemas administrativos que culminan con la salida del Director del organismo. Silva Muñoz, el Director de la Casa de Moneda (empresa estatal productora de billetes, monedas y especies valoradas) fue designado por el presidente Frei sin reunir la condición de ser ingeniero como exige la ley para el cargo de Director de esta institución. El mencionado no tiene profesión y el mérito para su designación fue el de ser dueño de una imprenta que colaboró en la campaña electoral del presidente Frei.
En su desempeño como Director, enajenó bienes fiscales sin los procedimientos legales, empleó recursos fiscales para pagar gastos personales, hizo uso indebido de vehículos fiscales (se iba de vacaciones en estos vehículos), regalaba medallas de oro a sus amigos o servidores, se llevó por varios días matrices fotográficas de billetes de $10.000 a lugares o instituciones desconocidas (estas matrices son muy caras y fáciles de fotocopiar son imprescindibles en las licitaciones), compró maquinarias innecesarias (nunca se usaron), etc.
Uno de los hechos más escandalosos fue el otorgarle una medalla de oro al Inspector de la Contraloría que estaba a cargo del control de la Casa de Moneda. También regalo una colección de medallas de oro a la Contraloría General de la República para que el Contralor las regalara a sus pares en un congreso internacional de Contralorías. El mencionado Director justificó estos regalos y otros similares, señalando que usaba el oro sobrante o "mermas" de la fabricación de monedas. A pesar de las denuncias de parlamentarios y de la Asociación Gremial respectiva se mantuvo en su cargo hasta el fin del gobierno de Frei y sólo fue sancionado con una pequeña multa por la Contraloría General de la República por uso indebido de vehículos fiscales.
2001 COMISIÓN NACIONAL DE DESARROLLO INDÍGENA, CONADI: Serias irregularidades en el fondo para compra de tierras en Temuco. Es tal vez el más severo de los escándalos que ha comprometido a este organismo.
Recordemos que la CONADI ya había sido sorprendida antes en otra compra irregular de terrenos.
2001 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, MOP – GATE: Irregularidades en contrato, detectadas por la Contraloría General de la República. GATE sería, sin embargo, el centro del huracán más de una años después, en otro escándalo infinitamente mayor y más grave.
2001 COMISIÓN NACIONAL DE MEDIO AMBIENTE, CONAMA: Denuncias por irregularidades en licitación de contenedores de basura. A la sazón, la directora del organismo era la ecologista Adriana Hoffmann Jacoby, quien ha recibido importantes sumas de dinero de parte de Douglas Tompkins.
2001 EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO, ENAP: Altos directores de este organismo también aparecen implicados en escándalo de “indemnizaciones”, especialmente el fallecido ex-Gerente General don Álvaro García Álamos, padre del ex-ministro García de Ricardo Lagos.
Vale recordar que el ex-ministro García era un apasionado defensor de Douglas Tompkins y se dice fue de su iniciativa la burda defensa que ese mismo año realizara el Ministerio de Salud en favor de una conocida cadena norteamericana de hamburguesas, luego de que se detectaran bacterias nocivas para la salud en sus alimentos.
2001 POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA: El ex-Gerente General, el PRSD Orlando Cantuarias, había recibido $90 millones por diez años de servicio como “indemnización” a su salida
2001 EMPRESA NACIONAL DE MINERÍA, ENAMI: Se revela que el ex vice Presidente de ENAMI, Patricio Artiagoitía, recibió la suma de 32 millones 631 mil pesos por concepto de “indemnización” a sus sólo dos años y medio en la gerencia, prefiriendo renunciar a su cargo antes de devolver el dinero como se lo había solicitado el Presidente Ricardo Lagos.
Patricio es hermano del ahora tristemente famoso “Cura Jolo” José Luis Artiagoitía (implicado en el escándalo del montaje contra el Senador Jovino Novoa por el caso de pedófilos de Spiniak), y del imitador chileno del radiolocutor neoyorkino Howard Stern, Rodrigo Artiagoitía, más conocido como “El Rumpy”.
2002 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS: A principios de año, los Diputados Víctor Pérez y Lily Pérez acusaron a la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas de despilfarrar 3.400 millones de pesos en los últimos tres años bajo el pretexto de hacerle publicidad a esta cartera, desde junio del 2000 en una cifra de 3.400 millones de pesos, que habría alcanzado para dar empleo a 28 mil cesantes.
Entre los gastos, figuraban una conferencia de prensa de 850 mil pesos, la suscripción a una revista por 8 millones al año y extraños contratos asesores contratados y recontratados. Vale advertir que la Dirección, por entonces, estaba el proceso de despedir a un 25% de sus trabajadores y cerrar 300 oficinas en distintas comunas del país.
2002 CÁMARA DE DIPUTADOS / MINISTERIO DE TRASPORTES (Caso “Coimas”): Un reportaje de Canal 13 pone al descubierto una red de falsificación de certificados de revisión técnica. El Gobierno toma cartas en la denuncia y ordena una investigación judicial, la que arroja por resultado la culpabilidad del dueño de una planta revisora en Rancagua, llamado Alejandro Fillipi.
Todo parecía ser un caso habitual de falsificadores hasta que, molesto y en represalia, Fillipi denuncia que él y su socio Gabriel Álamo operaban con el consentimiento del Sub-Secretario de Transportes y flamante presidente del Partido Radical, don Patricio Tombolini, a quien habría pagado 15 millones de pesos para obtener el permiso para su planta, parte de los cuales habría usado éste en su campaña dentro del partido.
Implicó, además, al agente político Alejandro Chaparro (ex jefe de gabinete de Tombolini) y al ex ministro Víctor Manuel Rebolledo (PPD, a la sazón abogado e “intermediario” con el ministerio) y al diputado Juan Pablo Letelier (PS), este último eximido de los cargos unos meses después.
En medio del reguero de pólvora, el empresario Alejandro Demhan -dueño de 18 plantas revisoras- aprovechó la ocasión para denunciar a los diputados DC Jaime Jiménez y Cristián Pareto (la dupla “fiscalizadora” conocida como “Los Sopranos”) y al PRSD Eduardo Lagos, quien también fue excluido más tarde. Según Demhan, los tres se reunieron con él exigiéndole dinero (20 millones, según se estableció) para obtener permisos para que las plantas funcionasen en una reunión realizada en el Hotel Kempinski, de la capital.
Los aludidos se justificaron diciendo que habían intentando ponerle un “anzuelo” como parte de sus labores fiscalizadoras, cosa que pocos creyeron. El ministro en visita Carlos Aránguiz tomó el “caso Coimas”, consiguió el desafuero de los involucrados y sometió a proceso a varios de ellos, en una investigación que concentró la atención pública por casi tres años. Los dos DC fueron expulsados del Partido.
Paralelamente al proceso, otro escándalo siguió afectando al Diputado Eduardo Lagos, ya que sus antecedentes educacionales declarados para postular a la Cámara no parecían ser reales y de hecho, el honorable no habría completado siquiera la enseñanza media, según la resolución de septiembre de ese año, emitida por el Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Juan Manuel Muñoz Pardo, en la causa que pasó a la Corte de Apelaciones de Santiago.
El 31 de mayo de 2005, el tribunal de alzada de la VI Región resolvió, por voto dividido, confirmar las sentencias del juez Aránguiz, entre otros, para Chaparro (21 días de presidio remitido más multa), Rebolledo (por delito de soborno a 300 días de pena remitida por un año de firma, más una multa de 30 millones de pesos), Jiménez (por delito de cohecho a 540 días de pena remitida y a pagar una multa de 20 millones de pesos) y Pareto (por delito de cohecho a 540 días de pena remitida y a pagar una multa de 20 millones de pesos), pero conmutando la pena de 3 años y un día para Tombolini (por 540 de presidio remitido y a mil ochenta días de firma, por delito de cohecho), pues consideró su “irreprochable conducta anterior”, como una atenuante calificada. Todos quedaron inhabilitados para ejercer cargos públicos.
2002 MINISTERIO NACIONAL DE SALUD, MINSAL / MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO: Se utilizan $600 millones del Estado para financiar carísima publicidad para el cuestionado Plan AUGE en radio y televisión, algo inconstitucional y expresamente prohibido en la legislación, que sólo se permite financiamiento de información sobre leyes o planes de ejecución completa, no sobre proyectos leyes que ni siquiera están aprobados.
Como nota curiosa, recordamos que en ese mismo período el Gobierno le prohibió y censuró a los trabajadores de la salud que pretendían exponer en los consultorios un video (financiado por ellos mismos), para informar a la población sus razones para estar contra el Plan AUGE.
2002 CONGRESO NACIONAL: Una serie de denuncias implican seriamente a los honorables. El conocido Diputado “fiscalizador” y Presidente del PPD, Guido Girardi aparece implicado en el uso ilegal de sobres del Congreso para campañas electorales al interior del partido.
Se descubre, además, que el Senador Jaime Naranjo (PS) mantiene contratada a su esposa en servicios no especificados, y llega a negar que la conoce cuando la periodista del programa de TV “Patalla Abierta” (Canal 13), Constanza Santa María, le consulta si el nombre de ella le es familiar. Adicionalmente, varios otros parlamentarios aparecerán implicados en estas irregularidades y en más nepotismo. Por último, el año termina con el destape de gestiones de dudosa legalidad para subir el sueldo de los parlamentarios. Ese mismo año, el honorable diputado DC Jorge Burgos intentó impulsar una ejemplar iniciativa para bajar las dietas parlamentarias, noble causa que fue saboteada por sus propios compañeros de bancada al no asistir a las sesiones.
2002 EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO, ENAP: Denuncias periodísticas sobre la aparente existencia de un poderoso lobby ligado a la empresa estatal, que se encargaría de procurar la mantención del altísimo precio del combustible en el mercado nacional y el alza constante del mismo.
2002 SEREMI DE EDUCACIÓN VI REGIÓN / MINEDUC: Canal 13 denuncia en septiembre la existencia de un descarado fraude al fisco protagonizado por dos institutos de educación de Rancagua, que reciben subvenciones del Estado por impartir clases a ancianos de la zona.
Al estudiarse las listas de “matriculados”, se encontró la sorpresa de que casi todos ellos eran abuelos postrados o físicamente impedidos como para estar asistiendo a las clases, y que incluso un porcentaje de ellos ya habían fallecido. Las acusaciones apuntan sobre todo a la directora del Instituto Manuel de Salas, doña Valentina Tapia. Parece increíble que este caso haya pasado inadvertido por los fiscalizadores del Ministerio de Educación, entre los que la señora Tapia tenía grandes amistades. Estas responsabilidades significaron la salida del SEREMI de la VI Región, Víctor Olea.
Un informe de la Contraloría de marzo 2003 verifica la existencia de funcionarios públicos y privados en complicidad para esta estafa.
2002 MINISTERIO DE SALUD, MINSAL: Escandalosa fiesta por cerca de $28 millones dentro del Ministerio para celebrar aniversario de la creación del ya desaparecido Servicio Nacional de Salud, en momentos de gran déficit fiscal y cuando se anunciaban los recortes que financiarían el Plan AUGE. Las críticas cayeron sobre el Ministro Osvaldo Artaza. La fastuosa fiesta fue organizada por una empresa ligada al hermano del Diputado PS Sergio Aguiló.
2002 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, MOP / GATE: En 1997, el ex-Seremi de Transportes, Héctor Peña Véliz, había creado la empresa Gestión Ambiental y Territorial S.A. o GATE, que asesoraba servicios de reparticiones públicas. Contaba únicamente con él y su secretaria como personal humano, y cerca de 5 millones de pesos de capital.
Poco después, ya firmaba contratos por más de 2.000 millones. En el año 2000, Peña Véliz denunció el robo de $190 millones a GATE, pero la policía de investigaciones concluyó que se trató de un autorrobo y culpó del mismo a la secretaria Sara Oliva y su madre, María Martínez, como autoras, recuperándose 172 millones.
Pasaron los meses y las mujeres procesadas decidieron denunciar -en venganza- que GATE era en realidad una empresa falsa, que sólo buscaba desviar fondos públicos a Campañas Políticas de conocidos entreguistas de la Concertación, pero pocos dieron crédito a la grave acusación.
Sin embargo, en abril del 2001 la Contraloría General de la República detectó las primeras irregularidades en un contrato de GATE, luego de una fiscalización realizada por el MOP. Sin embargo, la bomba estallará al año siguiente, en noviembre, cuando el Ministro en Visita Carlos Aránguiz, realizando estudios sobre el caso “coimas” que conducía y que ya vimos, descubrió que la empresa GATE había estado pagando sobresueldos o dineros “extras” en sobres y libres de impuestos a los funcionarios del Ministerio de Obras Públicas, comprometiendo seriamente al ex-Ministro, el PS Carlos Cruz.
Además, se verificó que GATE recibía pagos por más de 1.700 millones, mientras que el contrato con el MOP sólo registra 1.400 millones. Tal como lo habían denunciado las mujeres procesadas dos años antes, los dineros -o al menos una parte de ellos- estaban siendo utilizados para campañas políticas.
LA Corporación de defensa de la soberanía contaba desde principios del 2001 con antecedentes de que estos desvíos a campañas políticas se producían, pero, ante el desconocimiento de la existencia de las operaciones de GATE, lo creyeron relacionado con el escándalo de las indemnizaciones y así se le hizo entender al Presidente de la República en una profética carta enviada en mayo de 2001 donde se le anticipo que estos dineros iban a ser utilizados en las campañas parlamentarias de ese año.
El escándalo desencadenó una avalancha de denuncias de otros funcionarios de Estado recibiendo “sobresueldos”, casos en los cuales no se han precisado del todo las responsabilidades y consecuencias, especialmente con relación a varias empresas constructoras que habrían pagado dineros a GATE para conseguir licitaciones.
Un dato curioso e intrigante, es que, cuando el juez Aránguiz denuncia los pagos de sobresueldos por parte de GATE, el ex-presidente Patricio Aylwin Azócar se apresuró a declarar públicamente que el magistrado “ha ido demasiado lejos en su investigación”, palabras que obviamente reflejan el deseo de que no se llegue a algo de lo que ya estaba cerca. Las presiones del Gobierno consiguieron sacar al juez Aránguiz de esta investigación, pero en una formidable y acertada jugada, la Corte Suprema designó una ministro en visita exclusiva para el caso, Gloria Ana Chevesich, dejando en jaque los intentos del Gobierno por salvar a los involucrados. Entre otros, al propio primo de la Primera Dama, Matías de la Fuente, procesado de falsificación y estafa en el 2005 en su condición de Director de Planeamiento de MOP-GATE y MOP-Tribasa, saliendo en su defensa en mismo Presidente Lagos en los medios de comunicación.
La oposición presentó entre fines del 2002 y principios del 2005, cerca de ocho iniciativas para formar una comisión parlamentaria que investigara las irregularidades del MOP, fundamentalmente en desvíos de dinero de 1997-1998 por medio de la agencia M&P Délano Consultores (vínculo conocido como el caso MOP-Délano), pero en todos las ocasiones, los parlamentarios de la Concertación votaron en forma corporativa contra el proyecto (ver más abajo).
Finalmente, el 8 de diciembre de 2005, la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones estableció que los delitos del caso MOP-Gate estaban prescritos por dos votos contra uno (dos los ministros Amanda Valdovinos y Carlos Gajardo contra el de Víctor Montiglio), pues consideró que los años debían contarse desde que el momento en que fue procesada Ximena Riff por la juez Gloria Ana Chevesich, por un contrato de $ 92 millones para sobresueldos. Desde ese instante, se cuentan cinco años hacia atrás, por lo que el convenio quedó fuera del plazo de indagación de la juez, con lo que la responsabilidad de Ricardo Lagos queda fuera del caso y se prescribe el delito, pues ella nunca lo citó a declarar y, en agosto de 1998, él dejó el MOP.
No hay duda de que,. con esta decisión, el tribunal logró sacar al Presidente Lagos de la peligrosa posición en que había quedado empantanado con este escándalo.
2002 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS / CIADE (UNIVERSIDAD DE CHILE): Casi simultáneamente al escándalo MOP-GATE, y producto de unas declaraciones del propio Ministro de Obras Públicas en un medio escrito, sale a la luz el primer caso confirmado de “sobresueldos”, es decir, triangulaciones de dineros en “sobres” que se hacían dentro de los organismos del Estado para incrementar informalmente las dietas de los funcionarios bajo el concepto de “gastos reservados” que no era necesario declarar en la Contraloría General de
la República sino más de que un modo meramente global, desde el propio Presidente hacia abajo, práctica que -trascendió- llevaba varios años siendo usada.
Se detectó la participación de una consultoría en particular que tuvo gran importancia en estos fraudes: Centro de Investigación Aplicada para la Investigación de la Empresa o CIADE, dependiente de la Universidad de Chile, que trabajó con el MOP con el mismo proceso de servicios pagados pero nunca ejecutados. Cabe advertir que este caso revistió negros pasajes, como el robo de uno de los computadores de los implicados en el caso; luego, la desaparición (23 de diciembre de 2002) y hallazgo de sus restos en Pirque (13 de abril de 2003) del contador de Idecon y pieza clave del caso, Daniel Figueroa; y luego el suicidio en Las Condes, a fines de octubre de 2004, sociólogo Enrique Ponce de León Milnes (59 años), procesado en el marco del caso.
Vale advertir que, al saberse de este caso, CIADE estaba prestando servicios de auditoría a la Corporación Administrativa del Poder Judicial por un contrato entre el entonces presidente de la Corte Suprema, Mario Garrido Montt y el rector de la Universidad de Chile, Luis Riveros.
Se precisó que cerca de 12 Seremis recibieron pagos extraordinarios o sobresueldos por un total de 120 millones de pesos gracias a un contrato suscrito entre el MOP y el CIADE, pero en octubre de 2003, la Corte de Apelaciones anuló los procesos por fraude al fisco que pesaban sobre Manuel Peña Véliz, Seremi de Atacama (PS); Juan Antonio Muñoz, Seremi Metropolitano (PPD); Enrique Jiménez Sepúlveda, del Maule (DC); José Luis Larroucau Reitze, del Biobío (DC); Yazmín Balboa Rojas, de la Araucanía (DC); Miguel Silva Rodríguez, de Los Lagos (DC); Carlos Alert Agüero, de Coihaique (independiente DC); Fernando Vilches Santibáñez, de Tarapacá (PRSD); Pedro Martínez Rojas, ex seremi de Antofagasta (independiente DC); Raúl Gutiérrez Areyuna, ex seremi de Coquimbo (PPD); Vladimir Morales González, ex seremi de Valparaíso (PPD); y Ricardo Trincado Cvjetkovic, ex seremi y ex intendente de O´Higgins.
2002 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS - Bitumix Ltda.: Como vimos más arriba, en 1995 el MOP había llamado una licitación para el mejoramiento de la Ruta W-775 Chonqui-Teupa, Décima Región, siendo ganada la empresa del ingeniero Francisco Ortúzar, que cobraba 700 millones de pesos. Sin embargo, posteriormente la licitación fue transferida a la empresa Bitumix Ltda., que pedía 2.100 millones para un tramo de sólo seis o siete kilómetros de carretera.
Las obras se entregaron a fines 1997. Sin embargo, en diciembre de 2002, la Contraloría General de la República respaldó los fundamentos del contratista Ortúzar, denunciados en torno a este oscuro contrato MOP-Bitumix y quien presentó, poco después, una querella por fraude al Fisco, malversación de fondos públicos y estafa contra los funcionarios recontratados para la obra con un presupuesto que, además, excedió con amplitud el monto estimado originalmente. Según el dictamen de la Contraloría, firmado por el fiscal instructor de la causa, Ricardo Herrera, el ingeniero jefe del Departamento de Construcción de la Dirección de Vialidad del ministerio, Mario Fernández Rodríguez, había adjudicado a Bitumix la terminación de la obra por más de $1.380 millones, algo que constituye “una práctica carente de sustento legal que ha derivado en un resultado altamente oneroso para el interés fiscal”, pues el valor cobrado por Bitumix bajo el sistema de trato directo fue un 42% mayor que lo ofertado la empresa en el llamado a licitación y en el contrato del 8 de agosto de 1995.
El texto agrega que “yendo al fondo del asunto, resulta absurdo sustentar los precios inusualmente elevados, con la explicación del encausado (Fernández) en el sentido de que la diferencia de precios entre Bitumix y los valores reajustados de Ortúzar, deberían entenderse como la distinta confirmación de costos entre una empresa y otra”, y que “esto implica dejar supeditado el interés fiscal a meras explicaciones carentes de fundamento técnico analítico y real”. Según la defensa de Fernández en el sumario, “el director de Vialidad de la época (Yanko Vilicic Rasmussen) pidió autorización al señor ministro de Obras Públicas de turno (Ricardo Lagos Escobar) para contratar la terminación de las obras por trato directo”. Efectivamente, el oficio N° 9.813 del 4 de noviembre de 1997 autorizando esta acción, posee el visto bueno del entonces Ministro Lagos. Cabe destacar que un grupo de diputados puso en manos del Consejo de Defensa del Estado estos antecedentes, pero el organismo se puso del lado del Gobierno.
2003 SEREMI DE EDUCACIÓN de la IX Región: 14 funcionarios son expulsados por irregularidades en dineros y falsificación de documentos públicos.
2003 SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO (SENCE) / Proem: En enero, Diputados de la UDI solicitan ante la Cámara la creación de una Comisión Investigadora que estudie la asignación de recursos en las licitaciones a empresas particulares ofrecidas por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, Sence.
En la denuncia que avalaba la solicitud de investigación, se demostraba que la empresa “Proem” había logrado gestionar en el sistema bancario, a través del Sence, créditos por unos $ 4.000 millones para centenares de microempresarios en todo el país que jamás recibieron estos beneficios destinados a la capacitación. No sería el último escándalo Sence de aquel año.
2003 MINISTERIO DE SALUD, MINSAL / CENTRO NACIONAL DE ABASTECIMIENTOS, CENABAST: En febrero, miles de cajas de leche descompuesta para niños fue repartida por todo Chile por el Ministerio de Salud en los consultorios nacionales. El Ministerio y CENABAST se culparon agresivamente entre sí, culminando el escándalo con la destitución de la directora de este último organismo. El asunto se agravó cuando una partida de estas leches agrias llegó a Arica y a pesar de que, para entonces, la denuncia era cubierta por todos los medios con gran bulla. Las sorpresas continuaron al mes siguiente, cuando fueron descubiertas nuevas partidas de productos en mal estado: bolsas de arroz para niños.
El gremio de los trabajadores de la Salud denunció que el Ministerio había realizado esta compra y distribución de leches a sabiendas de los riesgos que se corrían, pero con la urgencia de desviar dineros para el financiamiento del controvertido Plan AUGE, a la sazón en práctica piloto. Los dardos apuntaban al entonces ministro Eduardo Artaza, quien no sobrevivió en su puesto a los ajustes ministeriales realizados por el Presidente Ricardo Lagos, poco después.
2003 SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO (SENCE) / Escuela de Conducción Siglo XXI: Luego de una gran cantidad de denuncias sobre el desempeño del Servicio de Capacitación y Empleo, Sence, entre el 2002 y el 2003, sobre la asignación de recursos a las empresas y organismos que compiten por las licitaciones, una investigación de la Contraloría General de la República deja al descubierto que una serie de sospechosas fallas en los mecanismos de control del servicio habían permitido el uso malicioso de los recursos estatales, especialmente por parte de la escuela de conductores “Siglo XXI”, empresa que recibió más de $ 1.000 millones en franquicias tributarias para una capacitación en la figuraban personas que nunca asistieron a los cursos y que, en otros casos, no tenían relación laboral con quienes cobraron las facturas.
2003 SENADO DE LA REPÚBLICA: Hacia mediados de año, se hace pública la noticia de que el Presidente del Senado, el DC Andrés Zaldívar, votaría a favor de la nefasta Ley de Pesca, de la que estaría técnicamente inhibido de hacerlo al ser accionista de una empresa vinculada al rubro, con el 0.2 % de las acciones.
Junto a otros 16 miembros de su familia, controlaba el 1.1 % del paquete accionario. También se insinuó que el hermano del Senador y Presidente de la DC, Adolfo Zaldívar, también participaba de esta sociedad.
La Moneda solidarizó con Zaldívar alegando que cada “institución debe actuar libremente” y que, por lo tanto, no re correspondía al Ejecutivo intervenir a pesar de que la propia Constitución Política impide a los legisladores votar en un tema en el que estén implicados sus intereses personales. Zaldívar renunció a su participación en el paquete de acciones, después de estos hechos.
2003 MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO / CEDUC : En el marco del Programa Pro-Empleo, por intermedio de la Municipalidad de Tocopilla, se traspasaron $400 millones desde el gobierno a la ONG CEDUC, cuyo director ejecutivo era funcionario del Ministerio Secretaría General de Gobierno. La Contraloría detectó las irregularidades en noviembre.
2003 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES: Luego de decidirse el traslado de la Cancillería a las dependencias del histórico ex Hotel Carrera, el Diputado Arturo Longton demostró con papeles en mano, en el mes de septiembre, que se habían pagando cerca de US$8 millones por sobre el valor real del edificio, dato que fue confirmado por algunos corredores de propiedades en base a la depreciación comercial que experimentaba el centro de Santiago.
2003 BANCO CENTRAL / INVERLINK / CORPORACIÓN DE FOMENTO, CORFO: Un mail enviado equivocadamente a principios de año por la secretaria del Director del Banco Central (el DC Carlos Massad), doña Pamela Andrada, pondría en carpeta el escándalo más grande conocido sobre fraude al fisco y tráfico de información privilegiada: la secretaria estaba proporcionando información confidencial a un organismo particular.
La filtración hizo que, a mediados de febrero, terminara detenido el ex-gerente general de la corredora de Bolsa del holding Inverlink, don Enzo Bertinelli, por robo de información del Banco Central ya que su empresa era la que se proveía de los datos confidenciales. Inverlink era una firma nacida en 1991 como mera agencia de valores, experimentando un vertiginoso crecimiento y asimilando entre 1998 y 1999 otras empresas como la corredora Edwards Hearns y las AFP Magister, Qualitas, Aporta y Fomenta, y las isapres Vida Plena, La Araucana y más tarde Cigna Salud, clínica Las Lilas y aseguradora Le Mans. Ocho empresas en total.
Sin embargo, la detención de Bertinelli (su socio representante en La Bolsa) significó grandes problemas financieros para la firma y un escándalo mayúsculo que aún no se resuelve. Pero, como si fuera poco, el Presidente de Inverlink, don Eduardo Monasterio (dueño del 30% del holding), intentó salvar de la ruina a Inverlink realizando toda clase de actos ilícitos, especialmente con un robo de instrumentos financieros de CORFO, que fueron traspasados al holding sin autorización y gracias a la complicidad de Javier Moya Cucurella, jefe de la tesorería de la corporación, estimados hasta ahora en unos U$80.000 millones y que la empresa se apresuró a vender en el mercado financiero.
Las relaciones entre los socios de la empresa y los entreguistas son evidentes. En su directorio vuelve a aparece el nombre del ex-Ministro de Ricardo Lagos, don Álvaro García Hurtado. El entonces alcalde de Viña del Mar, Jorge Kaplán, denunció también que García le había llamado telefónicamente presionándole para que no retirara fondos municipales invertidos en Inverlink, noticia que causó verdadero estupor, y por la que Kaplán interpuso querella contra los responsables.
El ministro en visita del caso, Patricio Villarroel, decidió someter a proceso al ex ministro, en calidad de cómplice del delito de estafa a la Municipalidad de Viña del Mar por $ 1.500 millones, en octubre siguiente.
Otro implicado directo es Gonzalo Rivas, Gerente General de Corfo y yerno del Presidente Ricardo Lagos, que lo puso en el cargo. Sólo se le señalaron responsabilidades jerárquicas, que le costaron la renuncia y ser sustituido por Oscar Landerretche. También debió renunciar Gibran Harcha, Coordinador de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas que, hasta fines de 2002, ocupaba el cargo de Gerente Productivo de Corfo. Todos estos tambaleos desataron un verdadero terremoto en el mercado de valores y, tras negarse a declarar ante una comisión parlamentaria, el Director del Banco Central, don Carlos Massad, finalmente renunció también a su cargo a fines de marzo 2003, tras seis años de cuestionada gestión y en medio de un escándalo mayúsculo por su responsabilidad jerárquica en el asunto.
2004 CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL, CONAF: Luego de un reportaje denuncia de un canal de TV sobre actividades de tala ilegal e indiscriminada de Alerce al interior de Chiloé continental, e incluso en áreas protegidas, se descubren vínculos entre altos funcionarios regionales de la CONAF y los leñadores furtivos, llegando a ser detenido su director, Carlos Weber.
2004 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS: El 18 de noviembre, se derrumbó inesperadamente el puente “Loncomilla”, que representa un acceso principal de la ciudad de Constitución. La gravísima situación comenzó a ser investigada y, a las pocas semanas, se supo en la Cámara Baja que empresas particulares estaban pasando por el puente con exceso de carga y con pleno conocimiento del entonces Ministro de Obras Públicas, el PS Javier Etcheberry, que a la sazón ya estaba involucrado en el caso MOP-GATE.
Indignado por la información, el diputado DC Pablo Lorenzini realizó un furioso descargo en la Cámara, el día 14 de diciembre, donde acusó directamente al ministro de lo sucedido desatando una colosal polémica: “¡¿Cuánto le pagan ministro?! Se lo pregunto desde aquí, no de afuera, desde aquí porque tengo fuero, y no me venga con que lo digamos afuera, porque el tema está acá adentro, ya que usted no quiere venir a la Cámara, que es una cámara fiscalizadora… ¿Y le falta sobresueldo al ministro o tiene arreglines con las concesionarias?”.
Lorenzini se negó a pedir disculpas ante las muestras de furia del gobierno y del propio Etcheberry, incluso cuando se pidió su desafuero, el 2 de febrero del año siguiente. En los actos públicos, tanto el Presidente Lagos como el Ministro Insulza se negaron a darle la mano y, presionado, debió renunciar a la Presidencia de la Cámara poco después.
Jamás retiró sus dichos, se negó a disculparse y hasta ofreció su voto a la oposición ante una eventual petición de comisión investigadora para el MOP.
2004 COMISIÓN NACIONAL DE MEDIO AMBIENTE (CONAMA): La Municipalidad de Talagante denuncia acuerdos oscuros entre la CONAMA de Santiago y la Empresa de Residuos Sanitarios Santa Marta, para liberar a esta última de acciones legales en su contra.
2005 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS / FICOR: En enero, como parte de la investigación llevada por la ministra Chevesich y en medio del terremoto generado por las declaraciones del diputado Lorenzini, se publicó que ante la magistrado el socio de una empresa contratista denominada FICOR, había reconocido que, en 1999, el MOP había utilizando dicha firma como “caja de cuadre”, para desviar fondos hacia la campaña presidencial de Ricardo Lagos, que por entonces acaba de renunciar al ministerio y competía en las elecciones presidenciales con Lavín. Según declaró ante la magistrado, la empresa entregaba facturas por servicios no prestados.
2005 CHILEDEPORTES: Una serie de denuncias contra Chiledeportes, dependiente del Ministerio Secretaría General de Gobierno, comienzan a hacerse públicas en marzo. Una investigación analizó proyectos presentados entre 2003 y 2004 y develó un abuso en las franquicias tributarias y la presencia de empresas intermediarias que lograron favorecer con los fondos actividades deportivas de elite, violando así el espíritu del organismo.
Las denuncias implicaron a importantes personajes del ambiente dirigencial de los clubes chilenos y llevaron incluso la postergación (y posterior fracaso) de los trámites del Congreso para otorgar la nacionalidad por gracia al entrenador de tenis argentino Horacio de la Peña, complicado en los enredos del fondo para el deporte. En una polémica decisión, la comisión de la Cámara encargada de investigar estas denuncias comunicó en octubre de 2005 que los procedimientos cuestionados estaban ajustados a las normas vigentes.
2005 MINISTERIO DE JUSTICIA / DJP SA: En medio del enrarecido ambiente de las campañas presidenciales, los diputados de oposición Marcela Cubillos, Cristián Leay y Víctor Pérez, revelaron que durante la secretaría de la presidenciable y sumamente entreguista Soledad Alvear (que se había declarado partidaria de terminar con el financiamiento de las FF.AA. por el cobre y liquidar el buque escuela “Esmeralda”, entre otros claveles), el Ministerio de Justicia a su cargo había entregado millonarias licitaciones de las Defensorías Públicas de la Región Metropolitana, entre 1994 y 1999, a una de las firmas de abogados integradas por su marido, Gutenberg Martínez, también DC.
De las 123 sociedades jurídicas que postularon, al menos 90 habían pasado la evaluación técnica pero sólo dos de ellas captaron el 80% de las defensas licitadas: la Sociedad Defensa Jurídico Penal (DJP S.A) integrada por la Universidad Miguel de Cervantes que preside Martínez, y la Sociedad Defensores Penales Metropolitanos. De hecho, el 48% del total de causas adjudicadas lo obtuvo la Sociedad Defensa Jurídico Penal. También se reveló que el subsecretario de justicia y miembro del Comité de Licitaciones era entonces profesor de esa Universidad.
2005 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS / PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA / GESCAM: En la primera semana de junio, el candidato presidencial de la UDI, Joaquín Lavín, lanzó públicamente una bomba mediática al exigir al Presidente de la República, Ricardo Lagos, que explicara la presencia de una millonaria licitación que fuera adjudicada a su cuñado, el ingeniero Hernán Durán.
La información habría aparecido en el transcurso de las investigaciones que la juez Chevesich estaba realizado sobre todos los contratos extendidos por el Ministerio de Obras Públicas, descubriendo que había uno de diciembre de 2002, para asesorías por cerca de $ 2.000 millones, entregado a la firma Víctor Faraggi y Gescam Consultores Ambientales, del hermano de la primera dama María Luisa Durán.
Otro importante socio de la consultora era el embajador de Chile en Francia, Hernán Sandoval, gran amigo del Presidente Lagos. Luego de 8 intentos fallidos por abrir una Comisión Investigadora del Congreso para la actuación del MOP, fracasados por los votos corporativos de los parlamentarios concertacionistas en contra de tal proyecto, la oposición logró aprobar por un voto una comisión tras reñida votación del 22 de junio de 2005, a raíz de este caso, al parecer gracias al cambio de actitud de diputados DC.
Con el correr de las semanas, aparecieron nuevos miembros de la familia de la primera dama colocados en cargos y licitaciones estratégicas, que comprometieron al Presidente de la República en acusaciones de nepotismo, como era el caso de su cuñado Pedro Durán, quien oficiaba como Director de Programación de la Presidencia, y el de su propio hijo Ricardo Escobar Weber, designado en la Dirección Económica de la Cancillería.
2005 CORPORACIÓN NACIONAL DE COBRE, CODELCO: Simultáneamente, se supo que la firma Gescam del cuñado del Presidente Lagos, entre 1997 y 2005, había hecho 18 asesorías ambientales para CODELCO, por montos superiores a los 900 millones de dólares, de los cuales sólo 5 fueron adjudicados por licitación, mientras que los otros 13 lo fueron por asignación directa.
Pocos días después, el 19 de junio, la Senador UDI Evelyn Matthei reveló públicamente que CODELCO había extendido similar tipo de contratos sin licitaciones a firmas de propiedad de los hermanos del ex ministro del Trabajo Ricardo Solari y del entonces ministro MOP Jaime Estévez, ex Director del Banco de Estado.
La Sociedad de Gestión Limitada de Jaime Solari Saavedra aparecía con un contrato por más de 356 millones de pesos por asignación directa, mientras que la empresa Tecnología Organización y Personas Consultores S.A. o “TOP Consultores”, perteneciente a Rafael Estévez Valencia, ostentaba contratos por más de 1.100 millones de pesos en cursos de capacitación sin licitación, también por asignación directa, y en circunstancias de que Estévez había sido vicepresidente de recursos humanos en CODELCO. Hernán Durán, cuñado del Presidente Lagos, también apareció recibiendo de CODELCO millonarios proyectos sin procesos de licitación.
2005 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS - Autopista Vespucio Express: En 2004 el entonces ministro de Obras Públicas Javier Etcheberry fue informado de un posible agotamiento del stock inicial de 900 mil televías o “tags” para el cobro automático de peajes en las carreteras concesionadas a privados por la cartera.
El problema derivaba de un error en la estimación inicial de la demanda de usuarios desde 900 mil a 1.350.000 de los dispositivos. El MOP acordó con las empresas adquirir más “tags”, pero a cuenta del Estado. Sin embargo, en septiembre del año siguiente se supo que el “error” le había costado al Estado de Chile la suma de $ 5.175 millones, en otro de los más grandes despilfarros de dineros fiscales de los que es responsable este oscuro ministerio.
2005 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS / AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ: La carísima y flamante segunda pista del Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez, de Pudahuel –misma que el Gobierno utilizó como excusa para cerrar irresponsablemente el importantísimo y vital Aeropuerto de los Cerrillos- comenzó a presentar serios daños estructurales hacia las Fiestas Patrias del 2005 y se verificó que no cumplía con las normas internacionales de seguridad, al punto de que generaba una nube de partículas en suspensión de varios metros de alto tras cada despegue.
La obra, que fue licitada y defendida a muerte por el MOP, había sido inaugurada con fastuosas celebraciones y, menos de dos semanas después, ya presentaba grietas, agujeros y otras fallas peligrosas, al punto de tener que ser reconstruida en al menos 600 metros sin que la empresa concesionaria debiese pagar por las cartas de garantías vigentes.
En una oscura decisión destinada a proteger a los concesionarios, Ministro de Obras Públicas Jaime Estévez declaró en “La Segunda” del 23 de septiembre que la pista ”se puso en operación antes porque necesitábamos reparar de urgencia la pista uno” y que esto explicaba los problemas, pues aún se estaba en “marcha blanca” y la obra no era recibida por el MOP de manos de los constructores. Sin embargo, la pista se suponía ya en operaciones y así se presentó ante la opinión pública el mismo día en que entró en funciones.
2005 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS – GESYS: En de octubre de 2005, la ministro Gloria Ana Chevesich confirma la existencia de dineros desviados por el ex Director de Planeamiento del MOP, Matías de la Fuente (primo de la Primera Dama y ex Jefe de Gabinete de Lagos), a la campaña presidencial de Ricardo Lagos en 1999, a través de su página web, revelación que produjo un escándalo público a mediados de octubre de 2005.
De la Fuente y Sergio Cortés, este último ex jefe de Finanzas de Vialidad del MOP, fueron procesados por la juez por fraude y estafa al fisco, al igual que Raúl Herrera de la Consultora Gesys y Óscar Araos de la firma asesora Ábaco. Las triangulaciones se realizaron a través de la Consultora y se destinaron a la empresa Faunes para la confección sobrevalorada de una página web que apoyaba la candidatura de Ricardo Lagos, acción en la que participaron personas ligadas a su comando electoral y a través de un contrato MOP-Ábaco.
De la Fuente actuó directamente en esta maniobra y Cortés se encargó de blanquearla con un manto de aparente normalidad. La operación fue realizada simulando un desvío de fondos hacia un supuesto “Programa de Capacitación” por $15 millones que nunca se realizó, según se constata en el fallo presentado por la señora Chévesich el 13 de octubre de 2005. Tras ese monto se descontaron dos facturas que se le adeudaban a Faunes, sumando un total de $4.720.000.
La revelación provocó una inusitada reacción de La Moneda defendiendo a De la Fuente y pretendiendo sentar la absurda tesis de que se trataba de una maniobra para perjudicar a la candidata presidencial concertacionista Michelle Bachelet. Intentando sacarse de encima los graves cargos que pesaban sobre la Concertación, el director ejecutivo de la campaña de Ricardo Lagos en 1999, Genaro Arriagada, no tuvo mejor idea que intentar emplazar al candidato opositor Joaquín Lavín a explicar “de dónde consiguió los cerca de 20.000 millones de pesos que gastó en la misma contienda electoral”, como si fuese este quien estaba siendo cuestionado y complicado en los tribunales. Vale recordar que la juez Chevesich ya había considerado en el procesamiento del ex ministro Carlos Cruz, la presencia de un desvío de $32 millones desde el MOP, ocasión en la que el propio Cruz argumentó que los dineros fueron a parar a la campaña presidencial de Lagos y no al enriquecimiento personal, e incluso su defensa consiguió que el Senador socialista Carlos Ominami declarara corroborando esta tesis. De este modo, resulta inaudito e inaceptable que la propia Concertación haya negado los hechos demostrados por el fallo judicial que procesó por segunda vez a De la Fuente, pretendiendo vincularlo a la monserga del “asesinato de imagen”.
A pesar de todo, y como ha sucedido antes, la Séptima Sala de Apelaciones -integrada por los jueces Jorge Dahm, Lamberto Cisternas y el abogado integrante Oscar Herrera- revocó los procesamientos el jueves 1º de diciembre, bajo la insólita decisión de que “no se vislumbra que los hechos tipifiquen los ilícitos de fraude y estafa al Fisco, por cuanto no se le ha originado pérdidas ni se le ha privado legítima ganancia” y que, de hecho, “el origen de los dineros es irrelevante”, ya que aunque salieran del Fisco, estos “ingresaron al patrimonio de la sociedad, pasando a formar parte de su activo, y debido al carácter fungible de este bien, se ha confundido con los de su especie en el mencionado patrimonio”… Es decir, se consideró que el dinero fiscal comprometido era “privado”.
2005 CANDIDATURA PS VI Región - FOSIS - CHILEDEPORTES - SERNAM - SERVIU – PRODEMU: El Diputado PPD y candidato a Senador por la Sexta Región, Aníbal Pérez, denuncia públicamente una red de corrupción estatal destinada a beneficiar la candidatura del socialista Juan Pablo Letelier, que involucra el uso de funcionarios, recintos y dineros públicos, poniendo a disposición de la Contraloría General de la República todos los antecedentes que demostraban esta grave imputación.
En la red participaban entidades como el Fosis, la cuestionada institución de Chiledeportes, el Sernam, el Serviu y Prodemu.
2005 SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO (SENCE) / Organismos Técnicos de Capacitación (OTEC): A principios de noviembre, se anuncia un exhaustivo proceso de fiscalización del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), tras una denuncia recibida por la Contraloría General de la República sobre vínculos comerciales existentes entre dos altos funcionarios del organismo y empresas ligadas a la adjudicación de recursos estatales destinados a la capacitación.
Los denunciados son el Jefe de la Unidad de Microempresas y ex Director del Programa Proempleo del organismo, Enrique Correa Jaña, y del Jefe de la Unidad de Innovación y Desarrollo de la entidad, Ramón Castillo Corral. Según el Registro de Sociedades del Diario Oficial, ambos estaban ligados a dos entidades de giro comercial dedicadas a la capacitación del personal de micro y pequeña empresa, denominadas Organismos Técnicos de Capacitación (Otec), que operan con recursos fiscales asignados por Sence a través de licitaciones.
En el caso de Correa Jaña, se trata de la la empresa Servicios de Asesorías y Capacitación a la Micro y Pequeña Empresa, cuyo nombre de fantasía es Emprenda S.A., y en el de Castillo Corral, corresponde a la Corporación de Capacitación para el Desarrollo de la Productividad, alias Corcepri.
La investigación preliminar demostró que ambas aparecían en el listado de postulantes pre-seleccionados (supuestamente, debido a su experiencia) para participar en el segundo proceso de licitación de recursos de 2005, que debían culminar dentro de las semanas siguientes. En este caso hay, cuanto menos, una incompatibilidad inaceptable.
2005 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS - MINISTERIO DE TRANSPORTES - MINISTERIO DEL TRABAJO: Por largo tiempo, las licitaciones de puertos para el proceso de transformación y modernización de los terminales al final del gobierno de Frei Ruiz-Tagle, generaron una gran cantidad de protestas y violentas manifestaciones de pescadores y operarios, que generaron la creación de una comisión investigadora hacia el año 2002.
En un comunicado del 6 diciembre de 2005, el gremio de Trabajadores Marítimos, Portuarios y Aduaneros señalaba como principal culpable al señor Walter Astorga Lobos, Presidente de la Coordinadora Nacional Marítimo-Portuaria y ex-Presidente de CONGEMAR, por “haber usado dineros de los trabajadores por concepto capacitación, según lo publicado en ese mismo diario (”La Estrella” del 12 de noviembre anterior) hace algún tiempo atrás, ex Presidente del Sindicato de Marineros de Bahía de San Antonio, en donde entró y salió por la Ventana, ex Presidente del Sindicato Rema-Port, creado para que tuviera donde llegar después de que fuera expulsado de CONGEMAR.
El cuestionado señor Walter Astorga quien también está mencionado en el proceso que se investiga por Malversación de Fondos de los Ministerios de Transportes, Obras Públicas y del Trabajo, a raíz de la ley de modernización de los Puertos”. Coincidió que el día 21 de diciembre siguiente, y luego de más de tres años de haberse conformado, la Comisión Investigadora encargada de estudiar la situación que afecta a los trabajadores portuarios del país, identificó graves irregularidades que involucrarían a los funcionarios públicos con diversos grados de participación en el proceso de asignación anómala de unos dos mil millones de pesos, e hizo pública la información, pidiendo la intervención del Consejo de Defensa del Estado y de la Contraloría General de
la República para que actúen los tribunales sancionando a los responsables.
La noticia fue comunicada por la Diputada Rosa González, presidenta de la comisión que, además, estuvo integrada además por los diputados Waldo Mora (DC), Ramón Pérez Opazo (UDI), Carlos Vilches (RN), Mario Varela (UDI) y Francisco Encina (DC), quienes concluyeron en forma unánime en la existencia de un fraude, evidenciado por los siguientes hechos:
“a.- El acuerdo de 18 de agosto de 1999 aparece suscrito –entre otros- por don Walter Astorga Lobos, el que no se habría encontrado en el país en esa fecha”.
“b.- Respecto del programa de reconversión laboral, recibieron beneficios 53 personas que no cumplían con los requisitos habilitantes –mayor de 40 años, 15 de desempeño en el sector, y haber sido desplazado de él-, recibiendo aportes por un monto de $ 428.520.000.-”.
“c.- Se observa que 38 carpetas no cuentan con los antecedentes de respaldo para acreditar los años de servicio en el sector portuario, y a pesar de ello recibieron beneficios por un monto de $ 298.920.000.-”.
“d.- En la entrega a ex trabajadores beneficiarios del Programa de Reconversión es posible observar ausencia de respaldo con documentos fehacientes de la calidad de tales, sólo se cuenta con fotocopia de cédula de identidad y una declaración jurada, en la entrega de fondos por un monto de $ 220.000.000.-”.
“e.- Se entregaron recursos por un monto de $ 428.520.000.- a personas que no reunían los requisitos estipulados”.
“f.- Se entregaron recursos por un monto de $ 298.920.000.- a ex trabajadores con antecedentes incompletos”. “
g.- Ausencia de rigurosidad en la selección de postulantes por parte de la Subsecretaría de Transportes, no velando esta institución por el correcto destino de los fondos públicos”.
“h.- Se pactaron, al margen del acuerdo final con los trabajadores portuarios del puerto de Iquique, condiciones de otorgamiento de los beneficios pactados que no guardan relación con la seriedad y rigurosidad con que debieran administrarse los recursos públicos”.
2005 INTENDENCIA DE LA V REGIÓN / SEREMI V REGIÓN / Candidatura Parlamentaria del PS en Quillota: El 7 de diciembre, faltando muy poco para las elecciones presidenciales (primera vuelta) y parlamentarias del 11 de diciembre anterior, el Alcalde de Quillota, el DC Luis Mella, destapó uno de los mayores escándalos electorales que han ocurrido en Chile, al denunciar ante el Ministerio Público que la candidatura a diputado del PS Marcos Enríquez-Ominami (hijo adoptivo del Senador Ominami) utilizó fondos públicos para financiar parte de la campaña, comprar votantes y cometer cohecho.
Los dineros, que sumaban por lo menos unos tres millones de pesos, habrían sido tomados de 55 documentos bancarios respaldados por el Estado y originalmente destinados a un plan de generación de empleos o PGP, para trabajadores de Quillota, que iban a recibir 50 mil modestos pesos por el desmalezamiento del cerro Macaya. La denuncia fue respondida por el electo diputado alegando que se trataba de una venganza política por haber derrotado en las urnas a la hermana del alcalde, doña María Eugenia Mella.
Rápidamente, un grupo de integrantes de la farándula firmaron una sentida carta de solidaridad en favor de Enríquez-Ominami, quien estaba estrechamente ligado al mundo del espectáculo, a principios del año siguiente.
Sin embargo, la existencia de estos 55 cheques fue ampliamente difundida por los medios de prensa y se demostró que el desmalezamiento jamás se había realizado. El Fiscal Jefe de Quillota, Pablo Bravo, formalizó cargos contra cuatro personas: los contratistas Giovanni Malatesta y Hernán Meza; el activista político Luis “Luiggi” Fernández Sarmiento, y el ex Seremi del Trabajo en la V Región, José Manuel Mancilla. Todos por el fraude al fisco, siendo imputados ante el Tribunal de Garantía de la ciudad el 3 de enero. Mella, en tanto, renunció a la DC y Enríquez-Ominami anunció querellas en su contra por injurias y calumnias.
Otra ardiente polémica se generó en torno a la Intendencia de la Quinta Región y en la persona del Intendente PS Luis Guastavino, a quien el Gobernador DC Iván De la Maza y el alcalde también DC Aldo Cornejo, le señalaron posibles complicidades con el caso por no haber brindado su apoyo a las denuncias de Mella tras haber sido uno de los primeros en conocerlas, ocasión en la que prefirió meterlas a su escritorio.
La Contraloría regional asumió la investigación del caso ante la magnitud de los gravísimos cargos y luego de que se lo solicitaran, entre otros, el integrante del Consejo Regional, Manuel Millones. Cabe señalar que el Seremi Mancilla dirigía varios otros proyectos similares al de Quillota en otras ciudades de la V Región y con los mismos demás involucrados. El fiscal Bravo expuso que Malatesta (quien ya había sido impedido de participar en planes gubernamentales por una anterior resolución de la Contraloría) estaba recibiendo en su cuenta pagos por “nada” recibidos por Meza, quien sólo actuaba firmando y recibiendo documentos. Fernández, en tanto, organizó todo el montaje de los trabajos en cerro Macaya simulando cancelar las obras de los trabajadores con cheques de la cuenta de Malatesta.
2006 MINISTERIO DE EDUCACIÓN / Cofinsa: Al entregarse los resultados del proceso de admisión en enero de 2006 para los créditos universitarios con aval del Estado para estudiantes de Chile, con otro de los planes estrella del Gobierno sobre materias de educación, aparece una serie de denuncias sobre asignaciones a postulantes que estaban en condiciones económicas muy superiores a otros que no quedaron en la selección.
Las sospechas por el error comienzan a recaer sobre el ex Ministro Sergio Bitar, quien había renunciado convenientemente a principio de año y antes de publicarse los pésimos resultados de la PSU (que, de paso, comprueban el fracaso rotundo de la reforma educacional introducida durante el gobierno e Frei Ruiz -Tagle) y su sucesora, doña Marigen Hornkhol, además de la Jefa de la División de Educación Superior, Pilar Armanet.
En un enredo descomunal de declaraciones para tratar de ocultar lo sucedido, el Presidente Ricardo Lagos declaró públicamente que subirían los créditos para alumnos de escasos recursos desde los 14 mil anunciados a 40 mil. Sin embargo, a las pocas horas la ministra Hornkhol corrigió a la autoridad dando a conocer que sólo serían 28 mil.
Para empeorar la situación, el día 21 de enero se reconoció públicamente desde el Ministerio que por un “error informático” se habían asignado los créditos universitarios a los estudiantes con más recursos de la postulación en lugar de aquellos que más lo necesitaban, por lo que las señoras Hornkhol y Armanet debieron declarar ante la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados el día 24 de enero y el Jefe de la Comisión Administradora, don Cristian Larraín, presentó su renuncia.
Sin embargo, casi simultáneamente se denunció que Larraín era miembro representante de la empresa Cofinsa, que había estado encargada de diseñar y vender el proyecto de ley de créditos universitarios durante el año 2004, además de haber participado directamente en la implementación del sistema y en el cuestionado proceso de selección, recibiendo por ello varios millones de pesos de la misma secretaría en remuneración, en una incompatibilidad evidente con el cargo en el Ministerio al que había renunciado
2006 GUIDO GIRARDI / PUBLICAM: Guido Girardi, senador del Partido por la Democracia (PPD), confirmó que su comando estuvo relacionado con la empresa Publicam, cuestionada en el escándalo por corrupción en Chiledeportes, ya que utilizó a la firma sólo para pagar gastos electorales.
El parlamentario fue enfático en señalar que, en cualquier caso, se trató de un "error de forma" en que los dineros involucrados correspondieron a dineros privados y en ningún caso tuvieron origen en Fisco. Girardi fue enfático en señalar que la situación no tiene "nada que ver con las actividades que se le adjudican a Publicam", en referencia a las indagaciones a las que es sometida la firma por aparecer recibiendo ocho millones 900 mil pesos por un proyecto de Chiledeportes que nunca se realizó, de acuerdo a Contraloría. Sin embargo, explicó que "nosotros en nuestro comando, a partir de finales de noviembre estableció una relación con Publicam como empresa prestadora de servicios para la campaña".
Esta relación se dio "en el sentido de que nosotros tenemos grandes cantidades de gente que hacia puerta a puerta. A los puerta a puerta tú no les puedes pagar directamente dado que no tienen boleta, no tienen factura, no tienen cómo comprobar su acción". Respecto a si conocía de los cuestionamientos a Publicam, el senador por Santiago Poniente indicó que la firma "llegó recomendada como una empresa seria".
"(El objetivo de) las personas que se relacionaron con Publicam fue chequear si efectivamente existía. Nosotros no sabíamos de todas estas irregularidades que se iban a resolver después. Ellos chequearon que efectivamente Publicam tenía vida tributaria, aparecía en el Servicio de Impuestos Internos, aparecía en Dicom y la gente consideró que era suficiente", explicó.
"Más allá de eso", añadió el parlamentario, "los trabajos que había avalado Publicam se hicieron. De hecho nosotros tenemos las firmas de todas las personas que trabajaron en las campañas, nosotros tenemos los documentos que muestran que todas las personas que trabajaron poniendo publicidad o haciendo puerta a puerta firmaron. Es decir, el 100 por ciento de los trabajos se hizo", aseveró, anunciando que presentarán estos documentos al Servicio de Impuestos Internos.
"Y esos trabajos se pagaron contra aportes privados de la campaña, no contra aportes públicos", recalcó, añadiendo que José Ignacio García, director del Servicio Electoral, confirmó el lunes que los gastos de Publicam aparecían en su rendición de cuenta electoral como gastos privados y no para ser reembolsados por el Fisco. "Aquí no hay ninguna malversación, ningún uso de recursos fiscales. Esto se pagó con dineros de privados que hicieron aportes a nuestra campaña", enfatizó.
Sobre el uso de Publicam reconoció que fue un hubo un error "en la forma en que se rindieron estos recursos, porque el tema de fondo es que las personas fueron pagadas, tenemos los antecedentes de que fueron pagadas, tenemos los documento firmados por ellos de que recibieron sus dineros y que en segundo lugar los dineros que se usaron fueron aportes privados".
El senador salió al paso también de del e-mail de Andrés Farías, ex jefe de gabinete del director metropolitano Chiledeportes, Orlando Morales, donde están los nombres de nueve diputados del Partido por la Democracia (entre ellos su padre) y el de un parlamentario ex militante de la colectividad, como destinatarios de fondos de asignación directa. Al respecto, fue enfático en señalar que eso "es absolutamente falso". "No hemos recibido ni un peso ni hemos pedido ni un peso", recalcó.
Posteriormente, cerca del mediodía, Girardi reiteró sus dichos y puso su palabra como prueba de que decía la verdad al asegurar que no conocía del vínculo con Publicam: "Si bien yo desconocía absolutamente esto, y es mi palabra de hombre que yo no tenía idea de cuáles son los montos, las empresas que habían trabajado y cómo se habían vinculado no sólo con esta, con las distintas empresas ni sabía que se había generado un vínculo con esta empresa Publicam, ni sabía quién lo había hecho ni sabía para qué ítem se había pedido los servicios de Publicam".
"Independientemente de eso, de no tener ninguna vinculación, ni siquiera haber sabido, yo entiendo que tengo responsabilidad política sobre los hechos", dijo. (Cooperativa.cl)
Junio 2007 CHILEDEPORTES / MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO: Corresponde al desvío de fondos de Chiledeportes al Ministerio de la Secretaría General del Gobierno. Después de varias semanas de tranquilidad, el escándalo de Chiledeportes volvió a ganar los titulares. Según el informe final sobre la Secretaría de Deportes que presentó la Contraloría, la cartera desvió 135 millones de dólares a la Secretaría General del Gobierno en 2005, de los cuales sólo se regularizaron 30 millones después de estallar el escándalo. En sus conclusiones, el ente fiscalizador determinó que los desvíos de fondos no eran legítimos, contradiciendo la posición que defendía el gobierno.
Desde el Palacio de la Moneda aceptaron este informe, aunque volvieron a sostener que el desvío de fondos era una práctica usual, no sólo de este gobierno, sino también de los anteriores. “Esto se ha hecho por muchos años, no ha sido cuestionado con anterioridad por ninguna institución”, explicó ayer Ricardo Lagos Weber, el ministro cuya cartera recibía los fondos de los proyectos de Chiledeportes. “Ahora se tienen que rendir las cuentas como corresponde”, agregó.
Sin embargo, esta promesa no dejó tranquila a la oposición que, con el informe de la Contraloría en mano, quiere que empiecen a rodar cabezas ya. “¿Quién tiene responsabilidades sobre la plata que se perdió?”, cuestionó el presidente de la Unión Democrática Independiente (UDI), Hernán Larraín. Sus aliados de Renovación Nacional (RN) también aprovecharon el momento de debilidad del gobierno y recordaron que ningún funcionario de primer nivel de la Secretaría General del Gobierno reconoció su responsabilidad sobre los desvíos –sólo renunció el ex jefe de gabinete de Lagos Weber– ni explicó el destino de los 104 millones de dólares de Chiledeportes que todavía no fueron fiscalizados.
La seguidilla de denuncias –hubo otros casos menores promocionados por la oposición, que perdieron fuerza por falta de evidencia– les ha permitido a los dirigentes de la UDI y RN un renovado protagonismo. “No puede ser que en Chile no pase un día o una semana en que no conozcamos un nuevo caso de corrupción en alguna institución pública”, se indignaban ayer un grupo de diputados de la UDI al conocer las irregularidades en el Servicio de Impuestos Internos. Declaraciones como ésta abundan en estos días en los medios chilenos. Y es que finalmente la oposición parece haber encontrado una herramienta para enfrentar a un gobierno que, casi a un año de asumir, sigue manteniendo el apoyo de más de la mitad de los chilenos.
Junio 2007 SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS: Un grupo de funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII), que asociados con una consultora externa, obligaban a las grandes empresas a aceptar gestiones para evitar futuras sanciones tributarias. Por supuesto, ellos se quedaban con un porcentaje del costo de esas gestiones.
El ministro del Interior, Belisario Velasco, calificó de graves las denuncias y prometió que el gobierno seguirá de cerca la investigación. Sin embargo, la oposición acusó al oficialismo de ser incapaz de encontrar y juzgar a los responsables.
Agosto 2007 EMPRESA DE FERROCARRILES DEL ESTADO:
Durante el gobierno de Patricio Aylwin, los ferrocarriles dejaron de ser un servicio público y se convirtieron en empresa comercial, que pasó a llamarse Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE). Según las autoridades, se han ejecutado proyectos de rehabilitación de vías, con durmientes de hormigón, y adoptado nuevas tecnologías, reparado la electrificación y señalización y se han comprado nuevos equipos. Los sindicatos advierten que tras los escándalos de corrupción vienen "nuevos ajustes y racionalizaciones", y emerge el peligro de la privatización. "Nuestras bases están inquietas por los malos resultados de EFE.
Hay que buscar las verdaderas causas de ese inmenso déficit", dice Miguel Muñoz, presidente de la Federación Nacional de Sindicatos de Ferrocarriles. Desde años vienen denunciando la corrupción en la empresa. Durante la presidencia en EFE de Luis Ajenjo (DC), revelaron la compra de trenes españoles con motores fundidos, la duplicación de contratos por trabajos ya ejecutados, el no hacer efectivo el pago de boletas de garantías por fallas en el servicio Victoria-Puerto Montt y tres mil millones de pesos en facturas no cobradas, según el balance 2006. Denuncias que hoy son investigadas por la Contraloría General de la República.
Según Muñoz, los problemas de mantenimiento de equipos, infraestructura y construcción de vías con empresas de capital español no son nuevos. "EFE no defiende los ferrocarriles, quieren privatizarlos. Todos los gerentes de la administración Ajenjo conocían los problemas y el plan trienal. Hoy se encogen de hombros y eluden responsabilidades". Recientemente 138 dirigentes ferroviarios resolvieron solicitar -en un Consejo ampliado- a la Contraloría y al Consejo de Defensa del Estado (CDE) investigar el plan trienal 2003-2005.
Luis Ajenjo firmó contratos con las empresas Sice-Enyse, del grupo ACS, y con la Compañía Americana de Multiservicios (CAM), del grupo Enersis. Sice controla los peajes free flow de las autopistas Central y Vespucio Norte Express. Según Ajenjo, los contratos implicarían "modernización tecnológica y de infraestructura, un salto del siglo XIX al XXI". Pero no sucedió, dicen los sindicatos.
CAM tiene inversiones en Brasil, Argentina, Colombia y Perú; y ACS es tercer grupo en Europa en construcción y servicios. Otra empresa Tecsa-Dragados S.A., es propiedad de ACS-Dragados. Otras empresas españolas cuestionadas son Temoinsa, Tecdra y Renfe, y las chilenas Evasa Consultores, B y S Consultores, Empresa Servicios Tributarios Integrales, Inmobiliaria Plaza Constitución, K & V Ltda. y Ferrocarriles del Pacífico (Fepasa), entre otras.
Según los trabajadores el ex presidente Ricardo Lagos aseguró que los ferrocarriles llegarían hasta Puerto Montt antes de 2007: "El ex ministro de Transportes Carlos Cruz puso manos a la obra; hoy, se suspenden itinerarios. La estación de Puerto Montt está vacía. En los tramos entre Chillán, Victoria y Temuco la suspensión de trenes es habitual; el servicio está deteriorado y hay menos frecuencias y aumentan el precio de los pasajes". Un círculo vicioso que acrecienta el déficit.
Se hicieron millonarias inversiones con nula rentabilidad. En Merval se invirtieron 340 millones de dólares; en Biovías, 160 millones de dólares; en SEC, 180 millones de dólares; y en el tramo Victoria-Puerto Montt, 47 millones de dólares. "Dinero despilfarrado", dicen los trabajadores. Hoy los ejecutivos de EFE negocian con la banca créditos por más de 37 millones de dólares para "recuperar" a EFE del descalabro.
Según los trabajadores ferroviarios entre otras anomalías se han "perdido" 50.000 durmientes, 1.300 guantes y 22.834 facturas. Hay terrenos han sido "cedidos" o "arrendados" sin contratos. Se pagó por obras deficientes en la remodelación de la Estación Central. Se compraron trenes averiados a Renfe por millones de dólares. Se supone que EFE posee controles: el Ministerio de Transportes, Mideplan, el Ministerio de Hacienda y el Sistema de Empresas Públicas (SEP).
Los dardos apuntan a los ejecutivos Luis Ajenjo y Eduardo Castillo, entre otros. Ajenjo, casado con Victoria Martínez, gerente de BancoEstado y hermana de Gutemberg Martínez, y por tanto cuñada de la senadora Soledad Alvear, presidenta de la DC, fue presidente de la Compañía Chilena de Comunicaciones, dueña de Radio Cooperativa. Castillo fue ejecutivo de Repsol YPF. Ajenjo fue quien llevó a EFE a Claudio Carreño -gerente de administración-, hoy procesado por fraude al Fisco.
El actual Fiscal de EFE, Rodrigo Asenjo, anunció querellas y revisión de contratos con Renfe y Fepasa. Tras el informe de Contraloría decidió ampliar la querella contra Claudio Carreño, presentar otra contra ex ejecutivos vinculados a Evasa, y demandar a ex ejecutivos de EFE por fraude al Fisco. "Hemos ampliado dos querellas, presentado otras dos y vamos a presentar otras dos, además del arbitraje en el SEC", señaló. Le preocupan las 22.843 facturas perdidas, muchas más que en el escándalo Publicam.
"El contrato con Temoinsa -firmado bajo la administración de Nicolás Flaño-, establecía que sólo realizaría mantenimientos mayores, mientras la Maestranza San Eugenio se encargaría de las necesidades rutinarias. Con Luis Ajenjo, el gerente de planificación, Vicente Pardo, lo modificó entregando todo el mantenimiento a Temoinsa. Hoy EFE paga cuantiosas sumas por mantenimiento de equipos, estén o no en el taller. Temoinsa era filial de Renfe", dice Muñoz. Agrega que cuando se instalaron durmientes de hormigón en San Fernando, Tecdra (española) no ejecutó trabajos de limpieza que habrían impedido que los durmientes se soltaran, pero cobró por ese trabajo. EFE no hizo efectiva las multas o boletas de garantía. También le señalaron a Ajenjo que no arrendara oficias en Morandé Nº 115 por su alto costo. Hoy de los tres pisos arrendados sólo se ocupan dos.
Osvaldo Sepúlveda, ex gerente general de EFE, reconoció irregularidades ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, entre ellas que el ex gerente de contabilidad y finanzas, Jorge Letelier, "recibía tres sueldos gracias a asesorías a Merval, y bonos". Según los ferroviarios los gerentes superaban los cien millones de pesos en sueldos. Las indemnizaciones de Alberto de la Carrera, Carlos Gárate, Vicente Pardo y Claudio Carreño fueron millonarias, a pesar del poco tiempo que se desempeñaron en la empresa. Según los trabajadores, tras la investigación iniciada por Contraloría por la pérdida de las facturas, Jorge Letelier -con el visto bueno de Eduardo Castillo, gerente general- habría firmado un instructivo para los trabajadores de Contabilidad prohibiéndoles dar cualquier información a la Contraloría.
Durante meses permanecieron estacionados trenes en la Maestranza San Eugenio. Eran usados, sólo cuando fallaban los convoyes españoles, denuncian los sindicatos. Jaime Araneda, presidente de la Federación de Ferrocarriles Nº1 señala: "Eran trenes reparados y pintados, que podían ser utilizados perfectamente hasta Temuco. No entendemos por qué los ejecutivos de EFE no explican esto". El presidente del Consejo Nacional Ferroviario, Jaime Rebolledo, agrega: "Los declararon trenes no seguros, pero el mantenimiento mecánico hecho por personal de San Eugenio era satisfactorio". Todo apunta a un "velado intento de privatizar lo que queda de Ferrocarriles", señalan.
Contraloría investigó la gestión de EFE de 2001 a 2006. Encontró contratos preacordados, obras fantasmas, arriendos y remates oscuros, y un completo desorden administrativo. El Sindicato de Ferroviarios dice que era un secreto a voces: "Hicimos presentaciones al CDE y a Contraloría, y le enviamos cartas a autoridades. Pero nadie hizo caso de las denuncias", señala Jaime Rebolledo. "Es escandaloso que los últimos trenes comprados en la administración Ajenjo duraran mucho menos que los adquiridos para Metrotren. De seis equipos comprados para el servicio Temuco-Puerto Montt, sólo uno está bueno, y las fallas son altas en el caso de Concepción (Biovías). Hay garantías que no se han hecho efectivas", agrega. Según los dirigentes no hay políticas claras de transporte ferroviario. Tras los escándalos de corrupción se cuestiona la gestión de los trabajadores de Ferrocarriles. "Nos encontramos casi en la misma situación que en 1990. Hay sectores políticos que empujan el carro de la privatización".
Entre 2003 y 2005 EFE dispuso de 100.000 millones de dólares. Las deudas a diciembre de 2006 sumaban 1.350 millones de dólares: 7,54 veces su patrimonio. Los ferroviarios denuncian la compra sin licitación de veinte automotores y trenes usados a Renfe, a precio casi igual que los nuevos comprados a una empresa francesa. Otro caso: "modernización de señalética", adjudicada a un consorcio español que sólo se reemplazó la existente, pero cobró 180 millones de dólares. Denuncian que no se destinó dinero suficiente para "reparar puentes". Las irregularidades se extendieron más en el gobierno de Lagos, que inyectó 1.100 millones de dólares a EFE. Contraloría advierte "intencionalidad para defraudar". Las pérdidas no se explicarían sólo por ineficiencia: hay graves irregularidades.
Tras la salida de Luis Ajenjo, asumió la presidencia de EFE el ex subsecretario de Transportes, Guillermo Díaz (DC), procesado por el caso MOP-GATE. La comisión investigadora de la Cámara busca responsabilidades políticas. Los diputados Fulvio Rossi, Alfonso De Urresti, Manuel Monsalve y Fidel Espinoza solicitaron al presidente del Sistema de Empresas Públicas, Patricio Rojas (DC), que colabore: "Aquí han ocurrido hechos graves, desde el punto de vista de gestión y eventual comisión de delitos, que no estamos dispuestos a tolerar. Debe asumir su responsabilidad como presidente del SEP, del cual depende Ferrocarriles. A nosotros nos importa que EFE continúe siendo una empresa del Estado, pero eficiente. Ha habido una época de gran oscurantismo que marca la gestión de Patricio Rojas. Que entregue toda la información, es la única manera de garantizar de que Ferrocarriles será una empresa eficiente y bien evaluada por la ciudadanía".
La derecha ha hecho un festín del escándalo. Pide se investiguen las pérdidas de 100 millones de dólares de déficit anual, dejando camino pavimentado para una eventual privatización total. Según los ferroviarios, los únicos responsables son los anteriores directivos de EFE. El diputado Patricio Hales (PPD), de la comisión de Transportes, dice: "Se pagaban hasta hace muy poco contratos que estaban vencidos. Mientras estaba Luis Ajenjo, se entregaron millonarias sumas de dinero por indemnizaciones a gerentes". Se habla de millonarias pérdidas en 12 años de gestión. Se acusa la instrumentalización de EFE por parte de la Concertación y, especialmente, de la DC. El Contralor Ramiro Mendoza, dijo a La Nación que EFE no colaboró con la Contraloría: "Hubo una situación que no es usual en nuestras labores de fiscalización. No es usual que nuestros sujetos de fiscalización -que normalmente son colaborativos en la función de fiscalización que Contraloría ejerce- nos representen o nos conduzcan a una ventanilla única para los requerimientos que son propios de la labor de auditoría. (…) Es absolutamente improcedente y obviamente no vamos a aceptar acciones o actuaciones de esa naturaleza, las investigaciones las dirige quien fiscaliza y no quien es sujeto de la fiscalización. Hay un conjunto de informes finales que están sistematizados en un documento único, estos informes llegan a varias conclusiones, muchas de ellas de simple trámite, que la empresa de ferrocarriles consideró y fueron solucionadas, y otras que no fueron superadas y que han sido derivadas al Consejo de Defensa del Estado a fin de evaluar si procede la interposición de acciones civiles o penales".
EFE contrató a Evasa Consultores Ltda. para ejecutar una "asesoría estratégica" ya pagada a Invia, filial inmobiliaria de EFE. Regularizaciones y verificaciones que debían hacerse, de acuerdo al contrato, no se ejecutaron. Evasa regularizaría con la Tesorería General de la República las contribuciones morosas de EFE. Pero Evasa cobró comisiones, por 90 millones de pesos, por un trabajo ya hecho. Se le pagó además por "comisión de éxito", 5 millones de pesos y otros 6,6 millones después.
El cheque del pago de una factura de diciembre de 2005, por 9.668.280 de pesos, fue retirado directamente por el propio gerente de administración de EFE. Según Contraloría, Invia mantiene arrendatarios que no aparecen en nóminas de pago y hay arriendos sin contrato. Las 22.843 facturas perdidas se emitieron entre 1996 y 1999, cuando presidían EFE Hugo Trivelli (DC) y Nicolás Flaño (DC).
La española Renfe vendió a EFE automotores diesel que serían utilizados en el tramo Victoria-Puerto Montt. El servicio debió ser paralizado por graves defectos de las máquinas. Pero no se cobraron las garantías. La pérdida total fue de 8 millones de dólares. Según Contraloría, EFE hizo contratos de "trato directo" con una empresa e incluyó puntos eliminados al momento de adjudicar la propuesta. Pagó 431 millones por un trabajo, pero luego en un segundo y tercer contrato adjudicado por trato directo, pagó 304 y 158 millones más. Un proyecto de remodelación fue desglosado en partes y el costo final de las obras resultaron un 89 por ciento más de lo pactado. Además se detectó graves deficiencias en las obras entregadas. En la remodelación de la Estación Central el costo original era de 1.342 millones de pesos, pero el valor final superó los 2.380 millones. Las ampliaciones de contratos se hicieron sin licitación.
El 2005 y 2006 EFE pagó a Luis Briceño honorarios de cuatro millones de pesos por un estudio tributario. Las boletas emitidas por Briceño tenían un timbre que no correspondía al del Servicio de Impuestos Internos (SII). Briceño no tiene inicio de actividades en el SII y era socio de Claudio Carreño -gerente de administración de EFE-, en la sociedad B y S Consultores Limitada. Carreño adjudicó a la Empresa Servicios Tributarios Integrales -el 2005- contratos por 81 millones de pesos: su representante legal era Luis Briceño.
Otras irregularidades detectadas por Contraloría se refieren al inmueble de Morandé 115. Se arrendó a la inmobiliaria Plaza Constitución en una renta mensual era de 1.206 UF. Se detectó que de marzo a noviembre de 2005 se pagaron 84 millones de pesos por sobre el contrato. EFE contrató a K & V Ltda. para ejecutar trabajos de habilitación de los pisos de Morandé 115, por 151 millones de pesos. Sin embargo, finalmente pagó 376 millones. Además contrató una Consultora para una inspección técnica innecesaria y desembolsó otros 68 millones de pesos.
En octubre de 2002, EFE vendió a la española Temoinsa el lote 2B de la Maestranza San Eugenio -una superficie aproximada de 36.000 metros cuadrados- pero arbitrariamente se modificó el plano de subdivisión y se entregó en forma adicional un terreno de 4.000 metros cuadrados. Otra irregularidad detectada por Contraloría es el pago al contratista Anastasio Cerda de 13 millones de pesos por la remodelación del almacén San Bernardo para convertirlo en archivo histórico. La empresa de Cerda ejecutó otro trabajo: arreglar un baño, una cocina e instaló ventanas. A fines de 2004, EFE contrató sin licitación al "martillero" Marcos Encina para rematar repuestos y materiales. El domicilio de Encina no existe y según el Ministerio de Economía, está en "trámite la anulación de su registro de martillero". EFE le entregó repuestos sin inventario por los que recibió un dinero mucho menor al presupuestado.
También Contraloría señala que el contrato de concesión que EFE tiene con Ferrocarriles del Pacífico S.A., (Fepasa), desde 1995, "ha perjudicado a EFE. La empresa Fepasa mantiene deudas antiguas que datan de 2001. (…) Aparte de no cumplir con las disposiciones del contrato, podría significar que EFE esté subsidiando a Fepasa". Según el organismo fiscalizador, no se realiza un cobro eficiente, porque "no cuenta con una romana para pesar la carga que se transporta en las vías". Fepasa fue creada en 1993 y un año después, EFE vendió un 51 por ciento de la propiedad a privados. Se le otorgó por veinte años la concesión para operar y transportar carga. La empresa fue adquirida por Manuel Cruzat, pero en 2003 la compró el grupo Sigdo Koppers, de la cual fue socio el ex presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle (DC).
El primer caso grave de corrupción fue el de los "empleos brujos", originado en la elección parlamentaria de diciembre de 2005, cuando se denunció el uso de fondos públicos destinados a programas de generación de empleo (PGE) para financiar campañas de candidatos de la Concertación en la Región de Valparaíso. Las denuncias afectaban a cinco diputados y a un senador. La justicia finalmente formalizó a los diputados PPD Rodrigo González y Laura Soto, siendo ratificado por la Corte Suprema el desafuero contra esta última en enero de 2008.
2008 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA / Malversación de caudales públicos:
Con motivo del cambio de mando y visita de Fox el 15 de febrero de 2006, la Presidencia de la República, aún en manos de Ricardo Lagos, emitió a nombre de la empresa "Ser Producciones Creativas" facturas por 127 millones de pesos por "servicio de diseño y producción general de diversas actividades con motivo del traspaso de mando presidencial". Sin embargo, el dinero nunca se usó en este objetivo, sino que se gastó íntegro para pagar en forma retroactiva los sueldos de 22 personas que trabajaron en la campaña presidencial de Michelle Bachelet durante la segunda vuelta.
Jaime Miranda y Sergio Bravo, dueños de"Ser Producciones Creativas Ltda."explican al fiscal lo que denominan "la verdad de los hechos: "Con motivo de la elección de la Presidenta Michelle Bachelet, fuimos convocados por la Presidencia para prestar nuestros servicios en el proceso de Transmisión del Mando, que comprendían, entre otras materias, la producción integral de la visita de la Presidenta Michelle Bachelet a Casablanca, y su llegada al Palacio dela Moneda. Dentro de las actividades que se nos encomendaron, se nos ordenó contratar y pagar a un grupo de personas para que trabajaran en las actividades de transmisión del mando, bajo la administración y supervisión de la propia Presidencia de la República. Para ese efecto, la Presidencia de la República destinó recursos que ascendían a lo antes expuesto, que fueron pagados una vez que la Presidencia nos informó que los servicios habían sido prestados satisfactoriamente por los contratados", sostiene."En consecuencia, no existe nada ilegal en nuestra actuación, y respecto de las actividades pormenorizadas y específicas que realizaron las personas contratadas, es la Presidencia de la República, bajo cuyas órdenes se desempeñaron, quien puede responder. No es irregular ni ilegal, ni menos constituye un escándalo, contratar y pagar personal por encargo de un mandante, para que desarrolle labores que ese mandante supervisa y certifica", explican. Respecto de la visita del Presidente Fox a Chile, que según consta en la denuncia, la Presidencia emitió otra factura a nombre de la productora, explican que "jamás hemos realizado actividad alguna relativa a esa visita" y agregan que "esa factura corresponde al último pago de la fiesta de Navidad 2005, y la glosa que hace mención de la visita del Presidente Fox es Falso”.
Bueno, la triangulación de fondos desde la Presidencia a través de "Ser Producciones Creativas" para pagar sueldos a miembros del comando de Michelle Bachelet, esperamos que la investigación del Ministerio Público sea rotulada e "inicie la investigación por delitos de malversación de fondos públicos.-" y todos los chilenos podamos saber la verdad de los hechos.-
2008 MOP Sexta Región:
El diputado de ChilePrimero, Esteban Valenzuela, manifestó la necesidad de crear una comisión investigadora en el escándalo de corrupción que se produjo en el MOP, que "implicaría una red de coimas en los contratos de mantención de caminos, el que supera los 5.000 millones de pesos".
Valenzuela dijo que los hechos expuestos por la ex seremi de Obras Públicas de la Sexta Región, Beatriz Valenzuela, "son muy grave porque se repiten en un Ministerio cuestionado por el caso GATE y por denuncias similares realizadas en la Región de la Araucanía, que culminaron con funcionarios destituidos por abultar contratos, avalar trabajos no realizados o mal hechos, entre otras malas prácticas".
A su parecer la denuncia de la ex seremi, "realizada por su coraje a pesar de las presiones que recibió, entrega un sin número de carencias estructurales y falta de respuesta institucional, más allá de apoyo dado por el Ministro Bitrán a su denuncia de mayo del año 2007".
El parlamentario relató que "la ex SEREMI apenas asume su cargo en marzo del año 2006 cuestiona los abultados contratos de ampliación de obras de Pilén, pero por escrito se le ordena visarlos desde el nivel central. No obstante, los cuestionamiento a Aldo Rossi, visitador técnico y luego nombrado jefe nacional de mantención, este continuó en el Ministerio. Lo mismo ocurrió con otros funcionarios sindicados por la funcionaria a superiores, los cuales siguieron en sus cargos".
Y agregó: "El Ministerio no ordena detener los contratos de las empresas cuestionadas, no obstante la ex SEREMI recibe incluso amenazas por sus pedidos de investigación de los hechos. Se recabaron nuevos antecedentes que avalaron la denuncia realizada al Ministerio Público, pero las empresas siguieron en el sistema por una mal comprendida teoría de que 'hay que esperar los veredictos de la Justicia'. Se perdieron dos años de limpieza institucional".
Sostuvo que "los cuestionamiento a José Miguel Zurita, ex Jefe de Vialidad de O´Higgins, donde ocurrieron las irregularidades, cuya petición de remoción del mismo por parte de la ex SEREMI, no se traducen en sumarios clarificadores, produciéndose su posterior contratación como asesor en el área de aeropuertos".
También expresó que "el Gobierno no coloca urgencia al proyecto de modernización del Ministerio, incluyendo una Superintendencia que fiscalizara con mayor celo la transparencia y la calidad en adjudicaciones y obras. Hay una omisión lesiva evidente".
Aclaró que incluso "tampoco se hace auditoría a las ampliaciones de contratos en todas las regiones, ni se generan comités plurales para adjudicar, ni se indaga respecto a las declaraciones de bienes de los funcionarios, ni al origen de las empresas adjudicatarias, entre otras 'buenas prácticas' necesarias ante la evidencia de las denuncias y la necesidad de un mayor celo administrativo".
En ese sentido, el diputado Valenzuela dijo que "por lo anterior se solicita crear una Comisión Investigadora de las denuncias sobre corrupción en la Región de O'Higgins y la falta de reacción institucional del MOP, con el objeto de cooperar en aclarar los hechos que reviste la denuncia de la ex seremi".
Además de revisar las políticas de adjudicaciones y fiscalización de obras del MOP y ver los procedimientos internos del MOP ante denuncias y la respuesta institucional pro transparencia.
Diciembre 2008: Guirardi / Subsecretaria / Carabineros
El senador Guido Girardi, según propia confesión, transitaba a exceso de velocidad, por lo cual Carabineros procedió a cursarle un parte de tránsito por dicha infracción. Dice el afectado que Carabineros no actuó como correspondía, por no haber controlado a otra autoridad por la misma causal y no haber querido revisar su credencial de autoridad.
Reclama a la subsecretaria de Carabineros, una funcionaria de gobierno quien transmite el tema al alto mando de Carabinero. Este último decide castigar a los funcionarios de carabineros.
Fuente: www.carloserazo.cl y otros
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GOBIERNO DE DON PATRICIO AYLWIN AZOCAR
1991 EL CASO ONEMI: Desvío de aportes de emergencia para damnificados por temporales y aluvión de Antofagasta y por la erupción del volcán Hundson, en Aisén, debutan como el primer caso de corrupción grave conocido en los gobiernos de la Concertación.
La Oficina Nacional de Emergencias hace desaparecer ayuda avaluada en cerca de $700 millones, siendo desviada a los directivos del organismo. En 1994, la Corte de Apelaciones acreditó delitos por $ 27 millones, condenando a 5 años al ex-director Sergio Navas, un independiente muy ligado a la DC. Se sancionaron también al ex jefe de Adquisiciones Sergio Contreras, Patricio Navas, Sergio Yaksic, Jesús Mundaca y Juan Manuel Yáñez.
Un hecho curioso en torno a este caso es que, cuando los damnificados que iban a recibir la ayuda en Aisén por la erupción del Hudson clamaron ayuda especial de parte del Gobierno de Patricio Aylwin Azócar, el entonces Ministro de Interior, Enrique Krauss Rusque, tuvo el desparpajo de responder que “en Chile no debía haber regiones privilegiadas”.
1992 FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES DE CHILE, FECH: Uso irregular de dineros fiscales. Implicados dirigentes, varios de ellos relacionados directamente con los partidos de la Concertación.
1992 , DIGEDER: Aparecen señales de que la Dirección General de Deporte y Recreación, dirigida entonces por el DC Iván Navarro, había protagonizado irregularidades por un monto de 500 millones de pesos, equivalente al 5% del presupuesto total del organismo ese año. Aunque la Contraloría sólo constató desórdenes administrativos, parte de la Cámara de Diputados y la propia DC reclamaron denunciando que la mayor parte de estos dineros no habían sido perdidos por mala gestión, sino desviados a campañas políticas del partido. Se optó por tapar con tierra este asunto y prácticamente ya está olvidado. Fue la primera denuncia de corrupción que implicaba desvíos de fondos públicos hacia gastos de tipo electoral.
1993 , SERVIU: El organismo se ve involucrado en la extensión irregular de boletas de garantía. Además, hubo cobros indebidos en la Comuna de La Granja.
1993 COBRE, CODELCO / EL TENIENTE: Se denuncia la existencia de contrataciones irregulares en la VI Región. A pesar de la gravedad del caso, nunca hubo sanciones.
1993 CORREOS DE CHILE: Apropiación indebida de recursos en oficinas de Juan Fernández.
1993 REFINERÍAS DE PETRÓLEOS DE CONCÓN, RPC : Tremendo escándalo por millonarios pagos para “desmalezamiento” de la planta. Lo que empezó con la denuncia del diputado RN Ramón Urrutia en los tribunales de Viña del Mar, desembocó en otro de los escándalos más grandes conocidos.
La denuncia demostraba que RPC había pagado en 1993 nada menos que $381 millones de pesos por labores de desmalezado de 32O hectáreas del recinto, encargadas a una empresa propietada por Francisco Zárate. En años anteriores, este trabajo no había superado los $90 millones.
La evidencia apuntaba a que los dineros podrían haber sido utilizados en la campaña senatorial de por lo menos un conocido político entreguista, militante de la DC. La investigación fue abordada por la juez Beatriz Pedrals, del Quinto Juzgado del Crimen viñamarino. Se comprobó el abuso y otra serie de irregularidades, que culminaron en el sometimiento a proceso de seis personas, entre ellas el propio Zárate y el ex-Gerente General de RPC, Marcos Vásquez.
Pero, en una desconcertante decisión, el día 24 de octubre de 1995, la Corte de Apelaciones de Valparaíso aceptó un recurso de protección que habían interpuesto los afectados, con lo que se anuló la resolución de la juez, lo que permitió, dos años más tarde, que los cargos se bajaran simplemente a los de mera “estafa residual”. El gravísimo affaire culminó con ocho directores expulsados, pero ningún detenido y ninguna comprobación de los vínculos del despilfarro con financiamientos electorales. Sin embargo, un océano de oscuros rumores y conjeturas han quedado aún haciendo olas en torno a este sorprendente caso.
1993 INSTITUTO NACIONAL PREVISIONAL, INP: Polémica compra de computadores, aparentemente con montos y cantidades alteradas.
1993 EMOS: Pagos indebidos en Santiago por razones nunca aclaradas.
1993 EMPREMAR: Compra irregular de motonave en Valparaíso. Nada, sin embargo, con el escándalo que al año siguiente comprometería a esta empresa estatal, obligando su cierre definitivo (ver más abajo).
GOBIERNO DE DON EDUARDO FREÍ RUIZ-TAGLE
1994 SEREMI de Transporte, Concepción: Acusaciones de extorsión y chantaje.
1994 OFICINA NACIONAL DE RETORNOS: Desviación de los dineros supuestamente destinados a “retornados” que regresaban a Chile desde el extranjero. También una marejada de rumores persiste sobre el destino real de estos dineros.
1994 SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS: Conflictos de intereses. Primeras sospechas de posibles irregularidades.
1994 EMPREMAR: La Empresa Marítima del Estado protagonizó oscuras transacciones ilegales por parte de sus directores, con las que desfalcaron al Estado en la nada despreciable suma de $495 millones. Estas acciones se cometieron con tal audacia, que no costó emitir sentencias, lo que resulta excepcional en la historia de los escándalos de corrupción en Chile.
Tres ex-ejecutivos íntimamente ligados a la Concertación (Patricio Vidal Walton, Heriberto Guerra Gálvez y Alexis Ramírez) fueron condenados en primera instancia por el ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Gonzalo Morales Herrera, por los delitos reiterados de fraude al Fisco y cohecho.
La sentencia declara que estos delitos tuvieron lugar entre 1991 y 1994. Vidal Walton, que era el Gerente General, fue condenado a seis años de presidio mayor en su grado mínimo como autor de delitos reiterados de fraude al Estado. Se verificó además, que la consultora Seminsa había depositado U$90 mil dólares en su cuenta personal como producto de estas maniobras ilícitas. Él canceló una multa superior a los $168 millones de pesos, siendo inhabilitado de manera perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos, y su castigo con presidio habrá de comenzar tiempo más tarde.
1994 EMPRESA NACIONAL DE CARBÓN, ENACAR - VIII Región: Graves denuncias de narcotráfico e irregularidades involucrando a la empresa estatal. Las acciones venían realizándose desde 1992.
1994 ESVAL - Viña del Mar: Otro de los escándalos más graves y groseros de saqueo de arcas públicas de los últimos años, que comprometió las labores de construcción del colector de Viña del Mar - Valparaíso, encargado a la Empresa Sanitaria de Valparaíso, ESVAL.
Un informe de una comisión investigadora en la Cámara y de la Contraloría de Valparaíso demostraron, en septiembre de 1994, que se había cometido una seguidilla de irregularidades y anomalías, al punto de que el proyecto había cuadruplicado los valores iniciales de la obra. Los desvíos se produjeron a través de dudosas asesorías y manejos oscuros, que significaron pérdidas por $13.500 millones y comprometían seriamente a su Gerente General, Manuel Llanos, y varios otros ingenieros y ejecutivos de la empresa.
El informe culpó a los directores y a dos empresas contratistas. En 1996, sin embargo, ESVAL y CORFO presentaron sus propias querellas por fraude al fisco ante los tribunales viñamarinos. No existe ningún procesado, pero sí un bosque de dudas y cuchicheos de todo tipo sobre el destino final de las platas perdidas.
1994 CORPORACIÓN DE FOMENTO, CORFO – Aisén: Ventas irregulares.
1994 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, MINEDUC: Dudas sobre el destino de U$ 4.700.000 del Ministerio de Educación utilizados hacia 1994 y poco antes de las parlamentarias. El abogado y columnista de “El Mercurio”, Hermógenes Pérez de Arce, emplazó públicamente al Presidente Ricardo Lagos Escobar, en más de una oportunidad, a responder por el destino de este dinero, ya que él era, entonces, el Ministro de Educación. Según Pérez de Arce, parte de estos dineros habrían ido a parar a la polémica compra de herramientas informáticas que ese ministerio realizó aquel año a un conocido empresario socialista español amigo de Ricardo Lagos, sin concursos ni licitaciones.
1994 CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE, CODELCO: El tristemente famoso caso del ejecutivo Juan Pablo Dávila y del fraude de las “Operaciones a Futuro”. Era, hasta entonces, el mayor escándalo de corrupción de la historia de Chile y el mayor fraude al fisco del que se tenga registro.
Todo empezó en el verano de 1994 y casi al final del Gobierno de Patricio Aylwin Azócar, cuando se descubren pérdidas por cerca de U$217 millones relacionadas con el operador de mercados a futuro de la CORFO. Dávila las venía realizando desde fines de 1993 y ostentaba grandes cuentas de enriquecimiento personal como prueba de que se estaba frente a una organización especialmente coordinada para estos ilícitos, y no sólo frente al caso de un funcionario aislado perdiendo dinero patrimonial de Chile.
Nunca se determinaron otras responsabilidades directas, pero el escándalo trajo como consecuencia las renuncias de importantes figuras de la Concertación, como el Vicepresidente Ejecutivo de CORFO Alejandro Noemí, el Vicepresidente de Comercialización de la Minera Gonzalo Trivelli (además de ser familiar de la ex Primera Dama, Leonor Oyarzún de Aylwin), el Gerente de Ventas Owen Guerrini y el Subgerente de Área Carlos Derpsch.
1995 SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANISMO, SERVIU: Irregularidades en fiscalización de viviendas.
1995 SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANISMO, SERVIU - Arica : Fraude al Fisco.
1995 OFICINA DE INSPECCIÓN DEL TRABAJO: Aparente extracción ilegal de dineros.
1995 SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS – Santiago: Se descubre contrabando de prendas de vestir.
1995 BANCO CENTRAL : Falta al procedimiento de licitación pública.
1995 BIBLIOTECA NACIONAL: Desórdenes financieros.
1995 SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS – Arica: Fraudes descubiertos en el complejo aduanero de Chacalluta, que regula el tráfico entre Arica y Tacna, lo que le da una importancia vital en la comunicación Chile-Perú.
1995 EMPREMAR: Compra irregular de computadores en el país y fraude a fisco en la V Región. Estos escándalos terminaron por sepultar y hacer desaparecer la empresa estatal luego de años de polémicas e irregularidades.
1995 CORREOS DE CHILE: Múltiples licitaciones indebidas.
1995 BANCO DEL ESTADO: Otorgamiento irregular de créditos.
1995 SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS / SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO, SAG : Denuncias de corrupción.
1995 ESVAL - V Región: Claras muestras de nepotismo.
1996 SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO, SAG Irregularidades en gastos de la institución.
1996 SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS Irregularidades en declaraciones de importación por pago simultáneo.
1996 METRO DE SANTIAGO Irregularidades en contratos.
1996 INTENDENCIA DE VALPARAÍSO Irregularidades y problemas de gestión culminan en la bullada destitución del Intendente Hardy Knittel.
1996 CONGRESO NACIONAL En el mes de julio se destapa un escándalo de tráfico de drogas dentro del Congreso Nacional. Algunos de los implicados están derechamente relacionados con parlamentarios concertacionistas, e incluso aparece implicada la secretaria personal de un conocido diputado DC, uno de los mayores políticos entreguistas de Chile. El aludido debió declarar en el Tercer Juzgado del Crimen de Valparaíso, ante el magistrado Roberto Contreras. El mismo se negaría rotundamente a hacerse el famoso examen antidrogas del “test de pelo”, que varios parlamentarios se practicaron voluntariamente después del escándalo.
1996 BANCO DEL ESTADO – Angol: Contrataciones de contraparte y nuevos créditos irregulares.
1996 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS SANITARIAS, EMOS: Múltiples negocios irregulares en Santiago. El más recordado derivó de gestiones anómalas en el pago del colector para el Zanjón de la Aguada.
1996 EMPRESA DE FERROCARRILES DEL ESTADO, EFE: Irregularidades administrativas y financieras.
1996 MINISTERIO DE SALUD / SERVICIO DE SALUD – Biobío: Irregularidades en Concepción.
1997 COMPIN – Santiago: Actividades incompatibles.
1997 CORPORACIÓN NACIONAL DE DESARROLLO INDÍGENA, CONADI: Compra irregular de de terrenos y derechos de aguas en la Región de la Araucanía. Increíblemente, se estaba lucrando con los dineros de las comunidades rurales más pobres del país, como son las indígenas.
1997 INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD, INJ: Escandalosas irregularidades en el manejo de los recursos del organismo para cuotas políticas, que casi culminan en la desaparición del instituto y terminaron el pérdidas por cerca de $600 millones, desfalcos descubiertos por la Contraloría.
Las acusaciones apuntan -entre otros funcionarios- al director del organismo, el PS Leonardo González, y se remontan al inicio de su gestión en 1994. Lo grave del asunto es que difícilmente no podría implicar a otros políticos de la Concertación, cuyos nombres lograron mantenerse escondidos con sobrehumanos esfuerzos. Como suele suceder, la falta de condenas en este caso ha generado toda clase de rumores y especulaciones sobre el verdadero trasfondo que tuvo, implicando especialmente -de ser ciertos- a sus correligionarios socialistas. Los ilícitos más comunes fueron fallas administrativas, falsificación de facturas, entregas reiteradas de adjudicaciones a un grupo específico de empresas y las infaltables “consultorías” millonarias de las que también gozó este organismo, con variados servicios creados ad-hoc para estos desvíos de dineros.
1997 ZONA FRANCA INTERNACIONAL DE IQUIQUE: Múltiples irregularidades.
1997 JUNTA NACIONAL DE ABASTECIMIENTOS Y BECAS, JUNAEB: A solicitud del ministro de Educación, José Pablo Arellano, en junio la Contraloría investiga y descubre la existencia de coimas y pagos adelantados de concesiones para los contratos de adquisición de alimentos, por $5.600 millones, que aparecían utilizados sin ningún respaldo. En esencia, consistían en préstamos “amistosos” (sin garantía ni interés) disfrazados de adelantos, a 29 de las 31 empresas que mantenían relación con JUNAEB, que comprometieron gravemente a su director, el PPD Arturo Benítez, quien había contratado, además, desde el año anterior, los servicios de la empresa Alidec por 180 mil raciones de $90 millones, por las cuales, sin embargo, se pagaron $338 millones, en un broche de la magnitud y el descaro de este desfalco. Tanto Benítez como el jefe de finanzas, César Rioseco, renunciarían después del escándalo.
La Contraloría les exigió pagar el 20% y el 5% de su sueldo respectivamente, pero la causa se mantuvo en el 6º Juzgado del Crimen de Santiago.
1997 EMPRESA NACIONAL DE MINERÍA, ENAMI: Pago de enigmáticos dineros a la secretaria de un conocido diputado entreguista de la DC.
1997 MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO, MINVIU / COPEVA: El triste caso conocido como las “Casas Copeva” o “Casas de Nylon”. Tras el crudo invierno de 1997, la opinión pública no podía dar crédito al descubrimiento denunciado por la prensa nacional en un sector de Puente Alto: cientos de casas departamentos recién entregadas a sus modestos moradores a través del fondo de subsidios, estaban completamente llovidas, con graves filtraciones y daños estructurales severos producto de las precipitaciones, que obligaron a sus moradores a colocar pliegos de plásticos para intentar frenar desesperadamente la entrada de agua. La indignación generalizada pedía la cabeza de los altos cargos en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Sin embargo, el escándalo fue mayúsculo cuando se supo que la empresa concesionaria, COPEVA, era de Francisco Pérez Yoma, hermano del ex-Ministro de Defensa durante el Gobierno de Patricio Aylwin Azócar, don Edmundo Pérez Yoma, muy conocido por participar intensamente de la entrega de Laguna del Desierto desde la cartera de Defensa y luego de las negociaciones por el “gasoducto-comodato” boliviano en Atacama. Y, como si esto fuera poco, se supo después que el ministro de vivienda, Edmundo Hermosilla, había recibido de regalo un fino caballo de parte de Francisco Pérez Yoma, noticia que le costó el puesto. Tanto Hermosilla como Pérez Yoma intentaron justificar las anomalías en las casas con “mejoras del estándar”. Las investigaciones de ingenieros demostraron, sin embargo, la existencia de graves irregularidades en las construcciones, como la falta de resistencia hídrica en los muros. Pero, como suele suceder en estos casos, no hubo culpables y la Corte de Apelaciones de San Miguel dejó sin efectos el sometimiento de los tres máximos ejecutivos de COPEVA por el delito de estafa que había resuelto el ministro en visita Ismael Contreras.
1997 SEREMI de Puerto Natales: Ventas irregulares de terrenos.
1997 DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN, DIGEDER: Entrega de dineros para la campaña política del fallecido diputado DC y ex dirigente sindical Manuel Bustos.
1997 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, MOP: Irregularidades en licitaciones para tramos de carreteras y modernización de la ruta 5 Sur. En 1995, una empresa del contratista Francisco Ortúzar había ganado concesión por 700 millones, pero en 1997 ésta le fue retirada y entregada a Bitumix Ltda., que pedía 2.100 millones. El Ministro de Obras Públicas de entonces era don Ricardo Lagos Escobar. Más abajo, veremos que durante el año 2002, Ortúzar y la Contraloría General de la República, pusieron al descubierto una situación mucho más oscura aún, derivada de la relación entre el MOP y Bitumix, que permitió tomar desde el fisco una enorme cantidad de dinero a través de obras sobrevaloradas y exageradas en gastos.
1997 SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANISMO, SERVIU – Concepción: Fraude al fisco y cobros indebidos de subsidios. Caso conocido como las “Casas Bilbao”. 896 modestas familias de Concepción postularon vía SERVIU a adquirir casas propias encargadas a la inmobiliaria Empresa de Inversiones Bilbao S.A., del empresario Carlos Wöerner Tapia. A pesar de que la firma recibió un millonario adelanto de $1.700 millones tomados del fondo de subsidio, las casas jamás fueron construidas y los postulantes quedaron abandonados, motivando la creación de una comisión especial en la Cámara de Diputados para investigar el caso. La comisión de la Cámara señaló responsabilidades en las autoridades del SERVIU, además de irregularidades, ausencia de permisos y falta de fiscalización. Se indicó la culpabilidad del ex-director del SERVIU de la VII Región, Ignacio Soler Viada, y de la misma inmobiliaria Bilbao por apropiación de dineros fiscales sin cumplir con los contratos, razón por la cual el señor Wöener se encuentra procesado.
1998 JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS, JUNAEB - VII Región: Irregularidades en la entrega de raciones.
1998 INTENDENCIA DE LA XII REGIÓN / FNDR: Uso inaceptable de recursos fiscales en campañas políticas de la Concertación. A pesar de las gravísimas denuncias que involucraron este caso, se tapó al mismo rápidamente con tierra.
1998 SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANISMO, SERVIU - X Región: Cuestionada compra de terrenos Rahue Alto Osorno.
1998 DIRECCIÓN DE GENDARMERÍA DE CHILE: El Director de la institución arrendaba su propia residencia al servicio y la ocupaba en el cargo recibiendo una gran cantidad de dinero por ella. En vista del escándalo, debió presentar su renuncia.
1998 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, MOP: La empresa mexicana Tribasa gana licitación en remodelación Ruta 5 y el Acceso Norte a Concepción, pero en medio de las faenas, la firma quiebra, abandona la obra, deja a todos con el saco vacío y no paga indemnización. Entrega otras partes de la obra en inaceptable estado de incumplimiento. Otro caso lleno de velos y sombras oscuras. Sólo en el 2003 se comenzaron a dilucidar y a determinar responsabilidades concretas. El Ministro de Obras Públicas del período en que se llamó a la licitación era el señor Ricardo Lagos Escobar. En marzo 2003, apareció posible evidencia de irregularidades comprometiendo a Tribasa con el escándalo MOP-Gate (ver más abajo). También se supo que el primo de la Primera Dama, Matías de la Fuente, participó de estos oscuros negocios como Director de Planeamiento MOP-Gate y MOP-Tribasa, siendo sometido a proceso en dos oportunidades por esta causa el año 2005.
1998 DIPRECA: Acusaciones de asociación ilícita y fraude al fisco. Se contabilizan desfalcos por $150 millones.
1998 BANCO DEL ESTADO / OFICINA NACIONAL DEL RETORNO: Irregularidades en la entrega de recursos para retornados provenientes desde Alemania. Los recibieron personas íntimamente ligadas a la Concertación y que estaban lejos de necesitarlos realmente. Una investigación arrojó entre los receptores de estos dineros para facilitar la reincorporación de “retornados” a la esposa del PRSD Anselmo Sule (cuando éste era Senador), al millonario empresario Oscar Guillermo Garretón (cuando era Presidente del Metro), al director de cine Miguel Littin (siendo alcalde de Palmilla), al humanista y luego PPD Pablo Vergara (siendo alcalde de Ñuñoa), al PS Hernán del Canto (cuando era Asesor de la Secretaría General de la Presidencia de Patricio Aylwin Azócar), etc.
1999 INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA, ISP – Santiago: Operaciones ilícitas de una empresa de fachada y otra serie de irregularidades.
1999 INTENDENCIA DE LA II REGIÓN: Denuncia por uso indebido de recursos fiscales.
1999 SERVICIO DE SALUD – Maule: Irregularidades.
1999 INTENDENCIA DE TOCOPILLA: Escándalo por apropiación de dineros del organismo.
1999 GOBIERNO DE CHILE / COMANDO ELECTORAL DE RICARDO LAGOS ESCOBAR: Se denuncia la recepción de una serie de dineros obtenidos de recortes o descuentos a funcionarios públicos en plenas campañas electorales.
GOBIERNO DE RICARDO LAGOS ESCOBAR
2000 METRO DE SANTIAGO: Alzas abusivas del servicio, aprovechando las alzas paralelas en el petróleo y locomoción colectiva. Conductas monopólicas que nunca han sido abordadas.
2000 CORREOS DE CHILE: Una denuncia generada por un conflicto dentro del directorio de la empresa estatal, inicia el destape de lo que sería conocido como el caso de las “indemnizaciones”, que tratamos ampliamente más abajo. En el caso de Correos, el director PS don René Labraña, recibió por desahucio $71 millones tras sólo cuatro años de trabajo
2000 EMPRESA NACIONAL DE CARBÓN, ENACAR: Se contabiliza un total de pérdidas por mala gestión e irregularidades en cerca de $800 millones.
2000 EMPRESA DE FERROCARRILES DEL ESTADO, EFE: El militante del PRSD, don Patricio Morales recibió 47 millones como “indemnización” para abandonar la dirección de EFE tras siete años en el cargo. La estatal ya había estado implicada en casos de irregularidades en 1996.
2000 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS / AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ : En medio de los trabajos de ampliación de la infraestructura del Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, la sociedad concesionaria alegó que las bases de licitación debían ser modificadas porque se había requerido de obras adicionales que habían encarecido la ejecución, como remoción de cercos, revestimientos, instalación de defensas para caminos y otras estructuras.
La sociedad había sido escogida por el MOP en concurso público, por lo que la empresa exigía a la Dirección General de Obras Públicas cancelar las diferencias. En mayo, el Tribunal Arbitral del MOP accedió a cancelar la suma de 4.641 Unidades de Fomento, cuando estas estaban a aproximadamente $15.400 cada una.
Esta situación es una seria advertencia sobre la conveniencia de los criterios que siguen utilizándose para licitar los millones y millones de dólares en inversiones de infraestructura pública.
2000 CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO: Una investigación periodística publicada en noviembre destapó un hecho gravísimo dentro del CDE. Documentación del Departamento de Extranjería de la Policía de Investigaciones demostraba que la Presidenta del Consejo, Clara Szczaranski, aparecía resolviendo un conflicto de una empresa minera mientras se encontraba fuera del país.
La misma investigación comprobaba que la autoridad usaba su cargo público para lograr adjudicarse arbitrajes en litigios entre empresas privadas. La presidenta del CDE fue amonestada por la Corte Suprema por el escándalo del arbitraje minero, y los cuestionamientos hacia su persona aún continúan en torno a este caso.
2001 CASA DE LA MONEDA: Severos problemas administrativos que culminan con la salida del Director del organismo. Silva Muñoz, el Director de la Casa de Moneda (empresa estatal productora de billetes, monedas y especies valoradas) fue designado por el presidente Frei sin reunir la condición de ser ingeniero como exige la ley para el cargo de Director de esta institución. El mencionado no tiene profesión y el mérito para su designación fue el de ser dueño de una imprenta que colaboró en la campaña electoral del presidente Frei.
En su desempeño como Director, enajenó bienes fiscales sin los procedimientos legales, empleó recursos fiscales para pagar gastos personales, hizo uso indebido de vehículos fiscales (se iba de vacaciones en estos vehículos), regalaba medallas de oro a sus amigos o servidores, se llevó por varios días matrices fotográficas de billetes de $10.000 a lugares o instituciones desconocidas (estas matrices son muy caras y fáciles de fotocopiar son imprescindibles en las licitaciones), compró maquinarias innecesarias (nunca se usaron), etc.
Uno de los hechos más escandalosos fue el otorgarle una medalla de oro al Inspector de la Contraloría que estaba a cargo del control de la Casa de Moneda. También regalo una colección de medallas de oro a la Contraloría General de la República para que el Contralor las regalara a sus pares en un congreso internacional de Contralorías. El mencionado Director justificó estos regalos y otros similares, señalando que usaba el oro sobrante o "mermas" de la fabricación de monedas. A pesar de las denuncias de parlamentarios y de la Asociación Gremial respectiva se mantuvo en su cargo hasta el fin del gobierno de Frei y sólo fue sancionado con una pequeña multa por la Contraloría General de la República por uso indebido de vehículos fiscales.
2001 COMISIÓN NACIONAL DE DESARROLLO INDÍGENA, CONADI: Serias irregularidades en el fondo para compra de tierras en Temuco. Es tal vez el más severo de los escándalos que ha comprometido a este organismo.
Recordemos que la CONADI ya había sido sorprendida antes en otra compra irregular de terrenos.
2001 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, MOP – GATE: Irregularidades en contrato, detectadas por la Contraloría General de la República. GATE sería, sin embargo, el centro del huracán más de una años después, en otro escándalo infinitamente mayor y más grave.
2001 COMISIÓN NACIONAL DE MEDIO AMBIENTE, CONAMA: Denuncias por irregularidades en licitación de contenedores de basura. A la sazón, la directora del organismo era la ecologista Adriana Hoffmann Jacoby, quien ha recibido importantes sumas de dinero de parte de Douglas Tompkins.
2001 EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO, ENAP: Altos directores de este organismo también aparecen implicados en escándalo de “indemnizaciones”, especialmente el fallecido ex-Gerente General don Álvaro García Álamos, padre del ex-ministro García de Ricardo Lagos.
Vale recordar que el ex-ministro García era un apasionado defensor de Douglas Tompkins y se dice fue de su iniciativa la burda defensa que ese mismo año realizara el Ministerio de Salud en favor de una conocida cadena norteamericana de hamburguesas, luego de que se detectaran bacterias nocivas para la salud en sus alimentos.
2001 POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA: El ex-Gerente General, el PRSD Orlando Cantuarias, había recibido $90 millones por diez años de servicio como “indemnización” a su salida
2001 EMPRESA NACIONAL DE MINERÍA, ENAMI: Se revela que el ex vice Presidente de ENAMI, Patricio Artiagoitía, recibió la suma de 32 millones 631 mil pesos por concepto de “indemnización” a sus sólo dos años y medio en la gerencia, prefiriendo renunciar a su cargo antes de devolver el dinero como se lo había solicitado el Presidente Ricardo Lagos.
Patricio es hermano del ahora tristemente famoso “Cura Jolo” José Luis Artiagoitía (implicado en el escándalo del montaje contra el Senador Jovino Novoa por el caso de pedófilos de Spiniak), y del imitador chileno del radiolocutor neoyorkino Howard Stern, Rodrigo Artiagoitía, más conocido como “El Rumpy”.
2002 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS: A principios de año, los Diputados Víctor Pérez y Lily Pérez acusaron a la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas de despilfarrar 3.400 millones de pesos en los últimos tres años bajo el pretexto de hacerle publicidad a esta cartera, desde junio del 2000 en una cifra de 3.400 millones de pesos, que habría alcanzado para dar empleo a 28 mil cesantes.
Entre los gastos, figuraban una conferencia de prensa de 850 mil pesos, la suscripción a una revista por 8 millones al año y extraños contratos asesores contratados y recontratados. Vale advertir que la Dirección, por entonces, estaba el proceso de despedir a un 25% de sus trabajadores y cerrar 300 oficinas en distintas comunas del país.
2002 CÁMARA DE DIPUTADOS / MINISTERIO DE TRASPORTES (Caso “Coimas”): Un reportaje de Canal 13 pone al descubierto una red de falsificación de certificados de revisión técnica. El Gobierno toma cartas en la denuncia y ordena una investigación judicial, la que arroja por resultado la culpabilidad del dueño de una planta revisora en Rancagua, llamado Alejandro Fillipi.
Todo parecía ser un caso habitual de falsificadores hasta que, molesto y en represalia, Fillipi denuncia que él y su socio Gabriel Álamo operaban con el consentimiento del Sub-Secretario de Transportes y flamante presidente del Partido Radical, don Patricio Tombolini, a quien habría pagado 15 millones de pesos para obtener el permiso para su planta, parte de los cuales habría usado éste en su campaña dentro del partido.
Implicó, además, al agente político Alejandro Chaparro (ex jefe de gabinete de Tombolini) y al ex ministro Víctor Manuel Rebolledo (PPD, a la sazón abogado e “intermediario” con el ministerio) y al diputado Juan Pablo Letelier (PS), este último eximido de los cargos unos meses después.
En medio del reguero de pólvora, el empresario Alejandro Demhan -dueño de 18 plantas revisoras- aprovechó la ocasión para denunciar a los diputados DC Jaime Jiménez y Cristián Pareto (la dupla “fiscalizadora” conocida como “Los Sopranos”) y al PRSD Eduardo Lagos, quien también fue excluido más tarde. Según Demhan, los tres se reunieron con él exigiéndole dinero (20 millones, según se estableció) para obtener permisos para que las plantas funcionasen en una reunión realizada en el Hotel Kempinski, de la capital.
Los aludidos se justificaron diciendo que habían intentando ponerle un “anzuelo” como parte de sus labores fiscalizadoras, cosa que pocos creyeron. El ministro en visita Carlos Aránguiz tomó el “caso Coimas”, consiguió el desafuero de los involucrados y sometió a proceso a varios de ellos, en una investigación que concentró la atención pública por casi tres años. Los dos DC fueron expulsados del Partido.
Paralelamente al proceso, otro escándalo siguió afectando al Diputado Eduardo Lagos, ya que sus antecedentes educacionales declarados para postular a la Cámara no parecían ser reales y de hecho, el honorable no habría completado siquiera la enseñanza media, según la resolución de septiembre de ese año, emitida por el Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Juan Manuel Muñoz Pardo, en la causa que pasó a la Corte de Apelaciones de Santiago.
El 31 de mayo de 2005, el tribunal de alzada de la VI Región resolvió, por voto dividido, confirmar las sentencias del juez Aránguiz, entre otros, para Chaparro (21 días de presidio remitido más multa), Rebolledo (por delito de soborno a 300 días de pena remitida por un año de firma, más una multa de 30 millones de pesos), Jiménez (por delito de cohecho a 540 días de pena remitida y a pagar una multa de 20 millones de pesos) y Pareto (por delito de cohecho a 540 días de pena remitida y a pagar una multa de 20 millones de pesos), pero conmutando la pena de 3 años y un día para Tombolini (por 540 de presidio remitido y a mil ochenta días de firma, por delito de cohecho), pues consideró su “irreprochable conducta anterior”, como una atenuante calificada. Todos quedaron inhabilitados para ejercer cargos públicos.
2002 MINISTERIO NACIONAL DE SALUD, MINSAL / MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO: Se utilizan $600 millones del Estado para financiar carísima publicidad para el cuestionado Plan AUGE en radio y televisión, algo inconstitucional y expresamente prohibido en la legislación, que sólo se permite financiamiento de información sobre leyes o planes de ejecución completa, no sobre proyectos leyes que ni siquiera están aprobados.
Como nota curiosa, recordamos que en ese mismo período el Gobierno le prohibió y censuró a los trabajadores de la salud que pretendían exponer en los consultorios un video (financiado por ellos mismos), para informar a la población sus razones para estar contra el Plan AUGE.
2002 CONGRESO NACIONAL: Una serie de denuncias implican seriamente a los honorables. El conocido Diputado “fiscalizador” y Presidente del PPD, Guido Girardi aparece implicado en el uso ilegal de sobres del Congreso para campañas electorales al interior del partido.
Se descubre, además, que el Senador Jaime Naranjo (PS) mantiene contratada a su esposa en servicios no especificados, y llega a negar que la conoce cuando la periodista del programa de TV “Patalla Abierta” (Canal 13), Constanza Santa María, le consulta si el nombre de ella le es familiar. Adicionalmente, varios otros parlamentarios aparecerán implicados en estas irregularidades y en más nepotismo. Por último, el año termina con el destape de gestiones de dudosa legalidad para subir el sueldo de los parlamentarios. Ese mismo año, el honorable diputado DC Jorge Burgos intentó impulsar una ejemplar iniciativa para bajar las dietas parlamentarias, noble causa que fue saboteada por sus propios compañeros de bancada al no asistir a las sesiones.
2002 EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO, ENAP: Denuncias periodísticas sobre la aparente existencia de un poderoso lobby ligado a la empresa estatal, que se encargaría de procurar la mantención del altísimo precio del combustible en el mercado nacional y el alza constante del mismo.
2002 SEREMI DE EDUCACIÓN VI REGIÓN / MINEDUC: Canal 13 denuncia en septiembre la existencia de un descarado fraude al fisco protagonizado por dos institutos de educación de Rancagua, que reciben subvenciones del Estado por impartir clases a ancianos de la zona.
Al estudiarse las listas de “matriculados”, se encontró la sorpresa de que casi todos ellos eran abuelos postrados o físicamente impedidos como para estar asistiendo a las clases, y que incluso un porcentaje de ellos ya habían fallecido. Las acusaciones apuntan sobre todo a la directora del Instituto Manuel de Salas, doña Valentina Tapia. Parece increíble que este caso haya pasado inadvertido por los fiscalizadores del Ministerio de Educación, entre los que la señora Tapia tenía grandes amistades. Estas responsabilidades significaron la salida del SEREMI de la VI Región, Víctor Olea.
Un informe de la Contraloría de marzo 2003 verifica la existencia de funcionarios públicos y privados en complicidad para esta estafa.
2002 MINISTERIO DE SALUD, MINSAL: Escandalosa fiesta por cerca de $28 millones dentro del Ministerio para celebrar aniversario de la creación del ya desaparecido Servicio Nacional de Salud, en momentos de gran déficit fiscal y cuando se anunciaban los recortes que financiarían el Plan AUGE. Las críticas cayeron sobre el Ministro Osvaldo Artaza. La fastuosa fiesta fue organizada por una empresa ligada al hermano del Diputado PS Sergio Aguiló.
2002 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, MOP / GATE: En 1997, el ex-Seremi de Transportes, Héctor Peña Véliz, había creado la empresa Gestión Ambiental y Territorial S.A. o GATE, que asesoraba servicios de reparticiones públicas. Contaba únicamente con él y su secretaria como personal humano, y cerca de 5 millones de pesos de capital.
Poco después, ya firmaba contratos por más de 2.000 millones. En el año 2000, Peña Véliz denunció el robo de $190 millones a GATE, pero la policía de investigaciones concluyó que se trató de un autorrobo y culpó del mismo a la secretaria Sara Oliva y su madre, María Martínez, como autoras, recuperándose 172 millones.
Pasaron los meses y las mujeres procesadas decidieron denunciar -en venganza- que GATE era en realidad una empresa falsa, que sólo buscaba desviar fondos públicos a Campañas Políticas de conocidos entreguistas de la Concertación, pero pocos dieron crédito a la grave acusación.
Sin embargo, en abril del 2001 la Contraloría General de la República detectó las primeras irregularidades en un contrato de GATE, luego de una fiscalización realizada por el MOP. Sin embargo, la bomba estallará al año siguiente, en noviembre, cuando el Ministro en Visita Carlos Aránguiz, realizando estudios sobre el caso “coimas” que conducía y que ya vimos, descubrió que la empresa GATE había estado pagando sobresueldos o dineros “extras” en sobres y libres de impuestos a los funcionarios del Ministerio de Obras Públicas, comprometiendo seriamente al ex-Ministro, el PS Carlos Cruz.
Además, se verificó que GATE recibía pagos por más de 1.700 millones, mientras que el contrato con el MOP sólo registra 1.400 millones. Tal como lo habían denunciado las mujeres procesadas dos años antes, los dineros -o al menos una parte de ellos- estaban siendo utilizados para campañas políticas.
LA Corporación de defensa de la soberanía contaba desde principios del 2001 con antecedentes de que estos desvíos a campañas políticas se producían, pero, ante el desconocimiento de la existencia de las operaciones de GATE, lo creyeron relacionado con el escándalo de las indemnizaciones y así se le hizo entender al Presidente de la República en una profética carta enviada en mayo de 2001 donde se le anticipo que estos dineros iban a ser utilizados en las campañas parlamentarias de ese año.
El escándalo desencadenó una avalancha de denuncias de otros funcionarios de Estado recibiendo “sobresueldos”, casos en los cuales no se han precisado del todo las responsabilidades y consecuencias, especialmente con relación a varias empresas constructoras que habrían pagado dineros a GATE para conseguir licitaciones.
Un dato curioso e intrigante, es que, cuando el juez Aránguiz denuncia los pagos de sobresueldos por parte de GATE, el ex-presidente Patricio Aylwin Azócar se apresuró a declarar públicamente que el magistrado “ha ido demasiado lejos en su investigación”, palabras que obviamente reflejan el deseo de que no se llegue a algo de lo que ya estaba cerca. Las presiones del Gobierno consiguieron sacar al juez Aránguiz de esta investigación, pero en una formidable y acertada jugada, la Corte Suprema designó una ministro en visita exclusiva para el caso, Gloria Ana Chevesich, dejando en jaque los intentos del Gobierno por salvar a los involucrados. Entre otros, al propio primo de la Primera Dama, Matías de la Fuente, procesado de falsificación y estafa en el 2005 en su condición de Director de Planeamiento de MOP-GATE y MOP-Tribasa, saliendo en su defensa en mismo Presidente Lagos en los medios de comunicación.
La oposición presentó entre fines del 2002 y principios del 2005, cerca de ocho iniciativas para formar una comisión parlamentaria que investigara las irregularidades del MOP, fundamentalmente en desvíos de dinero de 1997-1998 por medio de la agencia M&P Délano Consultores (vínculo conocido como el caso MOP-Délano), pero en todos las ocasiones, los parlamentarios de la Concertación votaron en forma corporativa contra el proyecto (ver más abajo).
Finalmente, el 8 de diciembre de 2005, la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones estableció que los delitos del caso MOP-Gate estaban prescritos por dos votos contra uno (dos los ministros Amanda Valdovinos y Carlos Gajardo contra el de Víctor Montiglio), pues consideró que los años debían contarse desde que el momento en que fue procesada Ximena Riff por la juez Gloria Ana Chevesich, por un contrato de $ 92 millones para sobresueldos. Desde ese instante, se cuentan cinco años hacia atrás, por lo que el convenio quedó fuera del plazo de indagación de la juez, con lo que la responsabilidad de Ricardo Lagos queda fuera del caso y se prescribe el delito, pues ella nunca lo citó a declarar y, en agosto de 1998, él dejó el MOP.
No hay duda de que,. con esta decisión, el tribunal logró sacar al Presidente Lagos de la peligrosa posición en que había quedado empantanado con este escándalo.
2002 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS / CIADE (UNIVERSIDAD DE CHILE): Casi simultáneamente al escándalo MOP-GATE, y producto de unas declaraciones del propio Ministro de Obras Públicas en un medio escrito, sale a la luz el primer caso confirmado de “sobresueldos”, es decir, triangulaciones de dineros en “sobres” que se hacían dentro de los organismos del Estado para incrementar informalmente las dietas de los funcionarios bajo el concepto de “gastos reservados” que no era necesario declarar en la Contraloría General de
la República sino más de que un modo meramente global, desde el propio Presidente hacia abajo, práctica que -trascendió- llevaba varios años siendo usada.
Se detectó la participación de una consultoría en particular que tuvo gran importancia en estos fraudes: Centro de Investigación Aplicada para la Investigación de la Empresa o CIADE, dependiente de la Universidad de Chile, que trabajó con el MOP con el mismo proceso de servicios pagados pero nunca ejecutados. Cabe advertir que este caso revistió negros pasajes, como el robo de uno de los computadores de los implicados en el caso; luego, la desaparición (23 de diciembre de 2002) y hallazgo de sus restos en Pirque (13 de abril de 2003) del contador de Idecon y pieza clave del caso, Daniel Figueroa; y luego el suicidio en Las Condes, a fines de octubre de 2004, sociólogo Enrique Ponce de León Milnes (59 años), procesado en el marco del caso.
Vale advertir que, al saberse de este caso, CIADE estaba prestando servicios de auditoría a la Corporación Administrativa del Poder Judicial por un contrato entre el entonces presidente de la Corte Suprema, Mario Garrido Montt y el rector de la Universidad de Chile, Luis Riveros.
Se precisó que cerca de 12 Seremis recibieron pagos extraordinarios o sobresueldos por un total de 120 millones de pesos gracias a un contrato suscrito entre el MOP y el CIADE, pero en octubre de 2003, la Corte de Apelaciones anuló los procesos por fraude al fisco que pesaban sobre Manuel Peña Véliz, Seremi de Atacama (PS); Juan Antonio Muñoz, Seremi Metropolitano (PPD); Enrique Jiménez Sepúlveda, del Maule (DC); José Luis Larroucau Reitze, del Biobío (DC); Yazmín Balboa Rojas, de la Araucanía (DC); Miguel Silva Rodríguez, de Los Lagos (DC); Carlos Alert Agüero, de Coihaique (independiente DC); Fernando Vilches Santibáñez, de Tarapacá (PRSD); Pedro Martínez Rojas, ex seremi de Antofagasta (independiente DC); Raúl Gutiérrez Areyuna, ex seremi de Coquimbo (PPD); Vladimir Morales González, ex seremi de Valparaíso (PPD); y Ricardo Trincado Cvjetkovic, ex seremi y ex intendente de O´Higgins.
2002 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS - Bitumix Ltda.: Como vimos más arriba, en 1995 el MOP había llamado una licitación para el mejoramiento de la Ruta W-775 Chonqui-Teupa, Décima Región, siendo ganada la empresa del ingeniero Francisco Ortúzar, que cobraba 700 millones de pesos. Sin embargo, posteriormente la licitación fue transferida a la empresa Bitumix Ltda., que pedía 2.100 millones para un tramo de sólo seis o siete kilómetros de carretera.
Las obras se entregaron a fines 1997. Sin embargo, en diciembre de 2002, la Contraloría General de la República respaldó los fundamentos del contratista Ortúzar, denunciados en torno a este oscuro contrato MOP-Bitumix y quien presentó, poco después, una querella por fraude al Fisco, malversación de fondos públicos y estafa contra los funcionarios recontratados para la obra con un presupuesto que, además, excedió con amplitud el monto estimado originalmente. Según el dictamen de la Contraloría, firmado por el fiscal instructor de la causa, Ricardo Herrera, el ingeniero jefe del Departamento de Construcción de la Dirección de Vialidad del ministerio, Mario Fernández Rodríguez, había adjudicado a Bitumix la terminación de la obra por más de $1.380 millones, algo que constituye “una práctica carente de sustento legal que ha derivado en un resultado altamente oneroso para el interés fiscal”, pues el valor cobrado por Bitumix bajo el sistema de trato directo fue un 42% mayor que lo ofertado la empresa en el llamado a licitación y en el contrato del 8 de agosto de 1995.
El texto agrega que “yendo al fondo del asunto, resulta absurdo sustentar los precios inusualmente elevados, con la explicación del encausado (Fernández) en el sentido de que la diferencia de precios entre Bitumix y los valores reajustados de Ortúzar, deberían entenderse como la distinta confirmación de costos entre una empresa y otra”, y que “esto implica dejar supeditado el interés fiscal a meras explicaciones carentes de fundamento técnico analítico y real”. Según la defensa de Fernández en el sumario, “el director de Vialidad de la época (Yanko Vilicic Rasmussen) pidió autorización al señor ministro de Obras Públicas de turno (Ricardo Lagos Escobar) para contratar la terminación de las obras por trato directo”. Efectivamente, el oficio N° 9.813 del 4 de noviembre de 1997 autorizando esta acción, posee el visto bueno del entonces Ministro Lagos. Cabe destacar que un grupo de diputados puso en manos del Consejo de Defensa del Estado estos antecedentes, pero el organismo se puso del lado del Gobierno.
2003 SEREMI DE EDUCACIÓN de la IX Región: 14 funcionarios son expulsados por irregularidades en dineros y falsificación de documentos públicos.
2003 SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO (SENCE) / Proem: En enero, Diputados de la UDI solicitan ante la Cámara la creación de una Comisión Investigadora que estudie la asignación de recursos en las licitaciones a empresas particulares ofrecidas por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, Sence.
En la denuncia que avalaba la solicitud de investigación, se demostraba que la empresa “Proem” había logrado gestionar en el sistema bancario, a través del Sence, créditos por unos $ 4.000 millones para centenares de microempresarios en todo el país que jamás recibieron estos beneficios destinados a la capacitación. No sería el último escándalo Sence de aquel año.
2003 MINISTERIO DE SALUD, MINSAL / CENTRO NACIONAL DE ABASTECIMIENTOS, CENABAST: En febrero, miles de cajas de leche descompuesta para niños fue repartida por todo Chile por el Ministerio de Salud en los consultorios nacionales. El Ministerio y CENABAST se culparon agresivamente entre sí, culminando el escándalo con la destitución de la directora de este último organismo. El asunto se agravó cuando una partida de estas leches agrias llegó a Arica y a pesar de que, para entonces, la denuncia era cubierta por todos los medios con gran bulla. Las sorpresas continuaron al mes siguiente, cuando fueron descubiertas nuevas partidas de productos en mal estado: bolsas de arroz para niños.
El gremio de los trabajadores de la Salud denunció que el Ministerio había realizado esta compra y distribución de leches a sabiendas de los riesgos que se corrían, pero con la urgencia de desviar dineros para el financiamiento del controvertido Plan AUGE, a la sazón en práctica piloto. Los dardos apuntaban al entonces ministro Eduardo Artaza, quien no sobrevivió en su puesto a los ajustes ministeriales realizados por el Presidente Ricardo Lagos, poco después.
2003 SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO (SENCE) / Escuela de Conducción Siglo XXI: Luego de una gran cantidad de denuncias sobre el desempeño del Servicio de Capacitación y Empleo, Sence, entre el 2002 y el 2003, sobre la asignación de recursos a las empresas y organismos que compiten por las licitaciones, una investigación de la Contraloría General de la República deja al descubierto que una serie de sospechosas fallas en los mecanismos de control del servicio habían permitido el uso malicioso de los recursos estatales, especialmente por parte de la escuela de conductores “Siglo XXI”, empresa que recibió más de $ 1.000 millones en franquicias tributarias para una capacitación en la figuraban personas que nunca asistieron a los cursos y que, en otros casos, no tenían relación laboral con quienes cobraron las facturas.
2003 SENADO DE LA REPÚBLICA: Hacia mediados de año, se hace pública la noticia de que el Presidente del Senado, el DC Andrés Zaldívar, votaría a favor de la nefasta Ley de Pesca, de la que estaría técnicamente inhibido de hacerlo al ser accionista de una empresa vinculada al rubro, con el 0.2 % de las acciones.
Junto a otros 16 miembros de su familia, controlaba el 1.1 % del paquete accionario. También se insinuó que el hermano del Senador y Presidente de la DC, Adolfo Zaldívar, también participaba de esta sociedad.
La Moneda solidarizó con Zaldívar alegando que cada “institución debe actuar libremente” y que, por lo tanto, no re correspondía al Ejecutivo intervenir a pesar de que la propia Constitución Política impide a los legisladores votar en un tema en el que estén implicados sus intereses personales. Zaldívar renunció a su participación en el paquete de acciones, después de estos hechos.
2003 MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO / CEDUC : En el marco del Programa Pro-Empleo, por intermedio de la Municipalidad de Tocopilla, se traspasaron $400 millones desde el gobierno a la ONG CEDUC, cuyo director ejecutivo era funcionario del Ministerio Secretaría General de Gobierno. La Contraloría detectó las irregularidades en noviembre.
2003 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES: Luego de decidirse el traslado de la Cancillería a las dependencias del histórico ex Hotel Carrera, el Diputado Arturo Longton demostró con papeles en mano, en el mes de septiembre, que se habían pagando cerca de US$8 millones por sobre el valor real del edificio, dato que fue confirmado por algunos corredores de propiedades en base a la depreciación comercial que experimentaba el centro de Santiago.
2003 BANCO CENTRAL / INVERLINK / CORPORACIÓN DE FOMENTO, CORFO: Un mail enviado equivocadamente a principios de año por la secretaria del Director del Banco Central (el DC Carlos Massad), doña Pamela Andrada, pondría en carpeta el escándalo más grande conocido sobre fraude al fisco y tráfico de información privilegiada: la secretaria estaba proporcionando información confidencial a un organismo particular.
La filtración hizo que, a mediados de febrero, terminara detenido el ex-gerente general de la corredora de Bolsa del holding Inverlink, don Enzo Bertinelli, por robo de información del Banco Central ya que su empresa era la que se proveía de los datos confidenciales. Inverlink era una firma nacida en 1991 como mera agencia de valores, experimentando un vertiginoso crecimiento y asimilando entre 1998 y 1999 otras empresas como la corredora Edwards Hearns y las AFP Magister, Qualitas, Aporta y Fomenta, y las isapres Vida Plena, La Araucana y más tarde Cigna Salud, clínica Las Lilas y aseguradora Le Mans. Ocho empresas en total.
Sin embargo, la detención de Bertinelli (su socio representante en La Bolsa) significó grandes problemas financieros para la firma y un escándalo mayúsculo que aún no se resuelve. Pero, como si fuera poco, el Presidente de Inverlink, don Eduardo Monasterio (dueño del 30% del holding), intentó salvar de la ruina a Inverlink realizando toda clase de actos ilícitos, especialmente con un robo de instrumentos financieros de CORFO, que fueron traspasados al holding sin autorización y gracias a la complicidad de Javier Moya Cucurella, jefe de la tesorería de la corporación, estimados hasta ahora en unos U$80.000 millones y que la empresa se apresuró a vender en el mercado financiero.
Las relaciones entre los socios de la empresa y los entreguistas son evidentes. En su directorio vuelve a aparece el nombre del ex-Ministro de Ricardo Lagos, don Álvaro García Hurtado. El entonces alcalde de Viña del Mar, Jorge Kaplán, denunció también que García le había llamado telefónicamente presionándole para que no retirara fondos municipales invertidos en Inverlink, noticia que causó verdadero estupor, y por la que Kaplán interpuso querella contra los responsables.
El ministro en visita del caso, Patricio Villarroel, decidió someter a proceso al ex ministro, en calidad de cómplice del delito de estafa a la Municipalidad de Viña del Mar por $ 1.500 millones, en octubre siguiente.
Otro implicado directo es Gonzalo Rivas, Gerente General de Corfo y yerno del Presidente Ricardo Lagos, que lo puso en el cargo. Sólo se le señalaron responsabilidades jerárquicas, que le costaron la renuncia y ser sustituido por Oscar Landerretche. También debió renunciar Gibran Harcha, Coordinador de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas que, hasta fines de 2002, ocupaba el cargo de Gerente Productivo de Corfo. Todos estos tambaleos desataron un verdadero terremoto en el mercado de valores y, tras negarse a declarar ante una comisión parlamentaria, el Director del Banco Central, don Carlos Massad, finalmente renunció también a su cargo a fines de marzo 2003, tras seis años de cuestionada gestión y en medio de un escándalo mayúsculo por su responsabilidad jerárquica en el asunto.
2004 CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL, CONAF: Luego de un reportaje denuncia de un canal de TV sobre actividades de tala ilegal e indiscriminada de Alerce al interior de Chiloé continental, e incluso en áreas protegidas, se descubren vínculos entre altos funcionarios regionales de la CONAF y los leñadores furtivos, llegando a ser detenido su director, Carlos Weber.
2004 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS: El 18 de noviembre, se derrumbó inesperadamente el puente “Loncomilla”, que representa un acceso principal de la ciudad de Constitución. La gravísima situación comenzó a ser investigada y, a las pocas semanas, se supo en la Cámara Baja que empresas particulares estaban pasando por el puente con exceso de carga y con pleno conocimiento del entonces Ministro de Obras Públicas, el PS Javier Etcheberry, que a la sazón ya estaba involucrado en el caso MOP-GATE.
Indignado por la información, el diputado DC Pablo Lorenzini realizó un furioso descargo en la Cámara, el día 14 de diciembre, donde acusó directamente al ministro de lo sucedido desatando una colosal polémica: “¡¿Cuánto le pagan ministro?! Se lo pregunto desde aquí, no de afuera, desde aquí porque tengo fuero, y no me venga con que lo digamos afuera, porque el tema está acá adentro, ya que usted no quiere venir a la Cámara, que es una cámara fiscalizadora… ¿Y le falta sobresueldo al ministro o tiene arreglines con las concesionarias?”.
Lorenzini se negó a pedir disculpas ante las muestras de furia del gobierno y del propio Etcheberry, incluso cuando se pidió su desafuero, el 2 de febrero del año siguiente. En los actos públicos, tanto el Presidente Lagos como el Ministro Insulza se negaron a darle la mano y, presionado, debió renunciar a la Presidencia de la Cámara poco después.
Jamás retiró sus dichos, se negó a disculparse y hasta ofreció su voto a la oposición ante una eventual petición de comisión investigadora para el MOP.
2004 COMISIÓN NACIONAL DE MEDIO AMBIENTE (CONAMA): La Municipalidad de Talagante denuncia acuerdos oscuros entre la CONAMA de Santiago y la Empresa de Residuos Sanitarios Santa Marta, para liberar a esta última de acciones legales en su contra.
2005 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS / FICOR: En enero, como parte de la investigación llevada por la ministra Chevesich y en medio del terremoto generado por las declaraciones del diputado Lorenzini, se publicó que ante la magistrado el socio de una empresa contratista denominada FICOR, había reconocido que, en 1999, el MOP había utilizando dicha firma como “caja de cuadre”, para desviar fondos hacia la campaña presidencial de Ricardo Lagos, que por entonces acaba de renunciar al ministerio y competía en las elecciones presidenciales con Lavín. Según declaró ante la magistrado, la empresa entregaba facturas por servicios no prestados.
2005 CHILEDEPORTES: Una serie de denuncias contra Chiledeportes, dependiente del Ministerio Secretaría General de Gobierno, comienzan a hacerse públicas en marzo. Una investigación analizó proyectos presentados entre 2003 y 2004 y develó un abuso en las franquicias tributarias y la presencia de empresas intermediarias que lograron favorecer con los fondos actividades deportivas de elite, violando así el espíritu del organismo.
Las denuncias implicaron a importantes personajes del ambiente dirigencial de los clubes chilenos y llevaron incluso la postergación (y posterior fracaso) de los trámites del Congreso para otorgar la nacionalidad por gracia al entrenador de tenis argentino Horacio de la Peña, complicado en los enredos del fondo para el deporte. En una polémica decisión, la comisión de la Cámara encargada de investigar estas denuncias comunicó en octubre de 2005 que los procedimientos cuestionados estaban ajustados a las normas vigentes.
2005 MINISTERIO DE JUSTICIA / DJP SA: En medio del enrarecido ambiente de las campañas presidenciales, los diputados de oposición Marcela Cubillos, Cristián Leay y Víctor Pérez, revelaron que durante la secretaría de la presidenciable y sumamente entreguista Soledad Alvear (que se había declarado partidaria de terminar con el financiamiento de las FF.AA. por el cobre y liquidar el buque escuela “Esmeralda”, entre otros claveles), el Ministerio de Justicia a su cargo había entregado millonarias licitaciones de las Defensorías Públicas de la Región Metropolitana, entre 1994 y 1999, a una de las firmas de abogados integradas por su marido, Gutenberg Martínez, también DC.
De las 123 sociedades jurídicas que postularon, al menos 90 habían pasado la evaluación técnica pero sólo dos de ellas captaron el 80% de las defensas licitadas: la Sociedad Defensa Jurídico Penal (DJP S.A) integrada por la Universidad Miguel de Cervantes que preside Martínez, y la Sociedad Defensores Penales Metropolitanos. De hecho, el 48% del total de causas adjudicadas lo obtuvo la Sociedad Defensa Jurídico Penal. También se reveló que el subsecretario de justicia y miembro del Comité de Licitaciones era entonces profesor de esa Universidad.
2005 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS / PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA / GESCAM: En la primera semana de junio, el candidato presidencial de la UDI, Joaquín Lavín, lanzó públicamente una bomba mediática al exigir al Presidente de la República, Ricardo Lagos, que explicara la presencia de una millonaria licitación que fuera adjudicada a su cuñado, el ingeniero Hernán Durán.
La información habría aparecido en el transcurso de las investigaciones que la juez Chevesich estaba realizado sobre todos los contratos extendidos por el Ministerio de Obras Públicas, descubriendo que había uno de diciembre de 2002, para asesorías por cerca de $ 2.000 millones, entregado a la firma Víctor Faraggi y Gescam Consultores Ambientales, del hermano de la primera dama María Luisa Durán.
Otro importante socio de la consultora era el embajador de Chile en Francia, Hernán Sandoval, gran amigo del Presidente Lagos. Luego de 8 intentos fallidos por abrir una Comisión Investigadora del Congreso para la actuación del MOP, fracasados por los votos corporativos de los parlamentarios concertacionistas en contra de tal proyecto, la oposición logró aprobar por un voto una comisión tras reñida votación del 22 de junio de 2005, a raíz de este caso, al parecer gracias al cambio de actitud de diputados DC.
Con el correr de las semanas, aparecieron nuevos miembros de la familia de la primera dama colocados en cargos y licitaciones estratégicas, que comprometieron al Presidente de la República en acusaciones de nepotismo, como era el caso de su cuñado Pedro Durán, quien oficiaba como Director de Programación de la Presidencia, y el de su propio hijo Ricardo Escobar Weber, designado en la Dirección Económica de la Cancillería.
2005 CORPORACIÓN NACIONAL DE COBRE, CODELCO: Simultáneamente, se supo que la firma Gescam del cuñado del Presidente Lagos, entre 1997 y 2005, había hecho 18 asesorías ambientales para CODELCO, por montos superiores a los 900 millones de dólares, de los cuales sólo 5 fueron adjudicados por licitación, mientras que los otros 13 lo fueron por asignación directa.
Pocos días después, el 19 de junio, la Senador UDI Evelyn Matthei reveló públicamente que CODELCO había extendido similar tipo de contratos sin licitaciones a firmas de propiedad de los hermanos del ex ministro del Trabajo Ricardo Solari y del entonces ministro MOP Jaime Estévez, ex Director del Banco de Estado.
La Sociedad de Gestión Limitada de Jaime Solari Saavedra aparecía con un contrato por más de 356 millones de pesos por asignación directa, mientras que la empresa Tecnología Organización y Personas Consultores S.A. o “TOP Consultores”, perteneciente a Rafael Estévez Valencia, ostentaba contratos por más de 1.100 millones de pesos en cursos de capacitación sin licitación, también por asignación directa, y en circunstancias de que Estévez había sido vicepresidente de recursos humanos en CODELCO. Hernán Durán, cuñado del Presidente Lagos, también apareció recibiendo de CODELCO millonarios proyectos sin procesos de licitación.
2005 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS - Autopista Vespucio Express: En 2004 el entonces ministro de Obras Públicas Javier Etcheberry fue informado de un posible agotamiento del stock inicial de 900 mil televías o “tags” para el cobro automático de peajes en las carreteras concesionadas a privados por la cartera.
El problema derivaba de un error en la estimación inicial de la demanda de usuarios desde 900 mil a 1.350.000 de los dispositivos. El MOP acordó con las empresas adquirir más “tags”, pero a cuenta del Estado. Sin embargo, en septiembre del año siguiente se supo que el “error” le había costado al Estado de Chile la suma de $ 5.175 millones, en otro de los más grandes despilfarros de dineros fiscales de los que es responsable este oscuro ministerio.
2005 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS / AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ: La carísima y flamante segunda pista del Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez, de Pudahuel –misma que el Gobierno utilizó como excusa para cerrar irresponsablemente el importantísimo y vital Aeropuerto de los Cerrillos- comenzó a presentar serios daños estructurales hacia las Fiestas Patrias del 2005 y se verificó que no cumplía con las normas internacionales de seguridad, al punto de que generaba una nube de partículas en suspensión de varios metros de alto tras cada despegue.
La obra, que fue licitada y defendida a muerte por el MOP, había sido inaugurada con fastuosas celebraciones y, menos de dos semanas después, ya presentaba grietas, agujeros y otras fallas peligrosas, al punto de tener que ser reconstruida en al menos 600 metros sin que la empresa concesionaria debiese pagar por las cartas de garantías vigentes.
En una oscura decisión destinada a proteger a los concesionarios, Ministro de Obras Públicas Jaime Estévez declaró en “La Segunda” del 23 de septiembre que la pista ”se puso en operación antes porque necesitábamos reparar de urgencia la pista uno” y que esto explicaba los problemas, pues aún se estaba en “marcha blanca” y la obra no era recibida por el MOP de manos de los constructores. Sin embargo, la pista se suponía ya en operaciones y así se presentó ante la opinión pública el mismo día en que entró en funciones.
2005 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS – GESYS: En de octubre de 2005, la ministro Gloria Ana Chevesich confirma la existencia de dineros desviados por el ex Director de Planeamiento del MOP, Matías de la Fuente (primo de la Primera Dama y ex Jefe de Gabinete de Lagos), a la campaña presidencial de Ricardo Lagos en 1999, a través de su página web, revelación que produjo un escándalo público a mediados de octubre de 2005.
De la Fuente y Sergio Cortés, este último ex jefe de Finanzas de Vialidad del MOP, fueron procesados por la juez por fraude y estafa al fisco, al igual que Raúl Herrera de la Consultora Gesys y Óscar Araos de la firma asesora Ábaco. Las triangulaciones se realizaron a través de la Consultora y se destinaron a la empresa Faunes para la confección sobrevalorada de una página web que apoyaba la candidatura de Ricardo Lagos, acción en la que participaron personas ligadas a su comando electoral y a través de un contrato MOP-Ábaco.
De la Fuente actuó directamente en esta maniobra y Cortés se encargó de blanquearla con un manto de aparente normalidad. La operación fue realizada simulando un desvío de fondos hacia un supuesto “Programa de Capacitación” por $15 millones que nunca se realizó, según se constata en el fallo presentado por la señora Chévesich el 13 de octubre de 2005. Tras ese monto se descontaron dos facturas que se le adeudaban a Faunes, sumando un total de $4.720.000.
La revelación provocó una inusitada reacción de La Moneda defendiendo a De la Fuente y pretendiendo sentar la absurda tesis de que se trataba de una maniobra para perjudicar a la candidata presidencial concertacionista Michelle Bachelet. Intentando sacarse de encima los graves cargos que pesaban sobre la Concertación, el director ejecutivo de la campaña de Ricardo Lagos en 1999, Genaro Arriagada, no tuvo mejor idea que intentar emplazar al candidato opositor Joaquín Lavín a explicar “de dónde consiguió los cerca de 20.000 millones de pesos que gastó en la misma contienda electoral”, como si fuese este quien estaba siendo cuestionado y complicado en los tribunales. Vale recordar que la juez Chevesich ya había considerado en el procesamiento del ex ministro Carlos Cruz, la presencia de un desvío de $32 millones desde el MOP, ocasión en la que el propio Cruz argumentó que los dineros fueron a parar a la campaña presidencial de Lagos y no al enriquecimiento personal, e incluso su defensa consiguió que el Senador socialista Carlos Ominami declarara corroborando esta tesis. De este modo, resulta inaudito e inaceptable que la propia Concertación haya negado los hechos demostrados por el fallo judicial que procesó por segunda vez a De la Fuente, pretendiendo vincularlo a la monserga del “asesinato de imagen”.
A pesar de todo, y como ha sucedido antes, la Séptima Sala de Apelaciones -integrada por los jueces Jorge Dahm, Lamberto Cisternas y el abogado integrante Oscar Herrera- revocó los procesamientos el jueves 1º de diciembre, bajo la insólita decisión de que “no se vislumbra que los hechos tipifiquen los ilícitos de fraude y estafa al Fisco, por cuanto no se le ha originado pérdidas ni se le ha privado legítima ganancia” y que, de hecho, “el origen de los dineros es irrelevante”, ya que aunque salieran del Fisco, estos “ingresaron al patrimonio de la sociedad, pasando a formar parte de su activo, y debido al carácter fungible de este bien, se ha confundido con los de su especie en el mencionado patrimonio”… Es decir, se consideró que el dinero fiscal comprometido era “privado”.
2005 CANDIDATURA PS VI Región - FOSIS - CHILEDEPORTES - SERNAM - SERVIU – PRODEMU: El Diputado PPD y candidato a Senador por la Sexta Región, Aníbal Pérez, denuncia públicamente una red de corrupción estatal destinada a beneficiar la candidatura del socialista Juan Pablo Letelier, que involucra el uso de funcionarios, recintos y dineros públicos, poniendo a disposición de la Contraloría General de la República todos los antecedentes que demostraban esta grave imputación.
En la red participaban entidades como el Fosis, la cuestionada institución de Chiledeportes, el Sernam, el Serviu y Prodemu.
2005 SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO (SENCE) / Organismos Técnicos de Capacitación (OTEC): A principios de noviembre, se anuncia un exhaustivo proceso de fiscalización del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), tras una denuncia recibida por la Contraloría General de la República sobre vínculos comerciales existentes entre dos altos funcionarios del organismo y empresas ligadas a la adjudicación de recursos estatales destinados a la capacitación.
Los denunciados son el Jefe de la Unidad de Microempresas y ex Director del Programa Proempleo del organismo, Enrique Correa Jaña, y del Jefe de la Unidad de Innovación y Desarrollo de la entidad, Ramón Castillo Corral. Según el Registro de Sociedades del Diario Oficial, ambos estaban ligados a dos entidades de giro comercial dedicadas a la capacitación del personal de micro y pequeña empresa, denominadas Organismos Técnicos de Capacitación (Otec), que operan con recursos fiscales asignados por Sence a través de licitaciones.
En el caso de Correa Jaña, se trata de la la empresa Servicios de Asesorías y Capacitación a la Micro y Pequeña Empresa, cuyo nombre de fantasía es Emprenda S.A., y en el de Castillo Corral, corresponde a la Corporación de Capacitación para el Desarrollo de la Productividad, alias Corcepri.
La investigación preliminar demostró que ambas aparecían en el listado de postulantes pre-seleccionados (supuestamente, debido a su experiencia) para participar en el segundo proceso de licitación de recursos de 2005, que debían culminar dentro de las semanas siguientes. En este caso hay, cuanto menos, una incompatibilidad inaceptable.
2005 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS - MINISTERIO DE TRANSPORTES - MINISTERIO DEL TRABAJO: Por largo tiempo, las licitaciones de puertos para el proceso de transformación y modernización de los terminales al final del gobierno de Frei Ruiz-Tagle, generaron una gran cantidad de protestas y violentas manifestaciones de pescadores y operarios, que generaron la creación de una comisión investigadora hacia el año 2002.
En un comunicado del 6 diciembre de 2005, el gremio de Trabajadores Marítimos, Portuarios y Aduaneros señalaba como principal culpable al señor Walter Astorga Lobos, Presidente de la Coordinadora Nacional Marítimo-Portuaria y ex-Presidente de CONGEMAR, por “haber usado dineros de los trabajadores por concepto capacitación, según lo publicado en ese mismo diario (”La Estrella” del 12 de noviembre anterior) hace algún tiempo atrás, ex Presidente del Sindicato de Marineros de Bahía de San Antonio, en donde entró y salió por la Ventana, ex Presidente del Sindicato Rema-Port, creado para que tuviera donde llegar después de que fuera expulsado de CONGEMAR.
El cuestionado señor Walter Astorga quien también está mencionado en el proceso que se investiga por Malversación de Fondos de los Ministerios de Transportes, Obras Públicas y del Trabajo, a raíz de la ley de modernización de los Puertos”. Coincidió que el día 21 de diciembre siguiente, y luego de más de tres años de haberse conformado, la Comisión Investigadora encargada de estudiar la situación que afecta a los trabajadores portuarios del país, identificó graves irregularidades que involucrarían a los funcionarios públicos con diversos grados de participación en el proceso de asignación anómala de unos dos mil millones de pesos, e hizo pública la información, pidiendo la intervención del Consejo de Defensa del Estado y de la Contraloría General de
la República para que actúen los tribunales sancionando a los responsables.
La noticia fue comunicada por la Diputada Rosa González, presidenta de la comisión que, además, estuvo integrada además por los diputados Waldo Mora (DC), Ramón Pérez Opazo (UDI), Carlos Vilches (RN), Mario Varela (UDI) y Francisco Encina (DC), quienes concluyeron en forma unánime en la existencia de un fraude, evidenciado por los siguientes hechos:
“a.- El acuerdo de 18 de agosto de 1999 aparece suscrito –entre otros- por don Walter Astorga Lobos, el que no se habría encontrado en el país en esa fecha”.
“b.- Respecto del programa de reconversión laboral, recibieron beneficios 53 personas que no cumplían con los requisitos habilitantes –mayor de 40 años, 15 de desempeño en el sector, y haber sido desplazado de él-, recibiendo aportes por un monto de $ 428.520.000.-”.
“c.- Se observa que 38 carpetas no cuentan con los antecedentes de respaldo para acreditar los años de servicio en el sector portuario, y a pesar de ello recibieron beneficios por un monto de $ 298.920.000.-”.
“d.- En la entrega a ex trabajadores beneficiarios del Programa de Reconversión es posible observar ausencia de respaldo con documentos fehacientes de la calidad de tales, sólo se cuenta con fotocopia de cédula de identidad y una declaración jurada, en la entrega de fondos por un monto de $ 220.000.000.-”.
“e.- Se entregaron recursos por un monto de $ 428.520.000.- a personas que no reunían los requisitos estipulados”.
“f.- Se entregaron recursos por un monto de $ 298.920.000.- a ex trabajadores con antecedentes incompletos”. “
g.- Ausencia de rigurosidad en la selección de postulantes por parte de la Subsecretaría de Transportes, no velando esta institución por el correcto destino de los fondos públicos”.
“h.- Se pactaron, al margen del acuerdo final con los trabajadores portuarios del puerto de Iquique, condiciones de otorgamiento de los beneficios pactados que no guardan relación con la seriedad y rigurosidad con que debieran administrarse los recursos públicos”.
2005 INTENDENCIA DE LA V REGIÓN / SEREMI V REGIÓN / Candidatura Parlamentaria del PS en Quillota: El 7 de diciembre, faltando muy poco para las elecciones presidenciales (primera vuelta) y parlamentarias del 11 de diciembre anterior, el Alcalde de Quillota, el DC Luis Mella, destapó uno de los mayores escándalos electorales que han ocurrido en Chile, al denunciar ante el Ministerio Público que la candidatura a diputado del PS Marcos Enríquez-Ominami (hijo adoptivo del Senador Ominami) utilizó fondos públicos para financiar parte de la campaña, comprar votantes y cometer cohecho.
Los dineros, que sumaban por lo menos unos tres millones de pesos, habrían sido tomados de 55 documentos bancarios respaldados por el Estado y originalmente destinados a un plan de generación de empleos o PGP, para trabajadores de Quillota, que iban a recibir 50 mil modestos pesos por el desmalezamiento del cerro Macaya. La denuncia fue respondida por el electo diputado alegando que se trataba de una venganza política por haber derrotado en las urnas a la hermana del alcalde, doña María Eugenia Mella.
Rápidamente, un grupo de integrantes de la farándula firmaron una sentida carta de solidaridad en favor de Enríquez-Ominami, quien estaba estrechamente ligado al mundo del espectáculo, a principios del año siguiente.
Sin embargo, la existencia de estos 55 cheques fue ampliamente difundida por los medios de prensa y se demostró que el desmalezamiento jamás se había realizado. El Fiscal Jefe de Quillota, Pablo Bravo, formalizó cargos contra cuatro personas: los contratistas Giovanni Malatesta y Hernán Meza; el activista político Luis “Luiggi” Fernández Sarmiento, y el ex Seremi del Trabajo en la V Región, José Manuel Mancilla. Todos por el fraude al fisco, siendo imputados ante el Tribunal de Garantía de la ciudad el 3 de enero. Mella, en tanto, renunció a la DC y Enríquez-Ominami anunció querellas en su contra por injurias y calumnias.
Otra ardiente polémica se generó en torno a la Intendencia de la Quinta Región y en la persona del Intendente PS Luis Guastavino, a quien el Gobernador DC Iván De la Maza y el alcalde también DC Aldo Cornejo, le señalaron posibles complicidades con el caso por no haber brindado su apoyo a las denuncias de Mella tras haber sido uno de los primeros en conocerlas, ocasión en la que prefirió meterlas a su escritorio.
La Contraloría regional asumió la investigación del caso ante la magnitud de los gravísimos cargos y luego de que se lo solicitaran, entre otros, el integrante del Consejo Regional, Manuel Millones. Cabe señalar que el Seremi Mancilla dirigía varios otros proyectos similares al de Quillota en otras ciudades de la V Región y con los mismos demás involucrados. El fiscal Bravo expuso que Malatesta (quien ya había sido impedido de participar en planes gubernamentales por una anterior resolución de la Contraloría) estaba recibiendo en su cuenta pagos por “nada” recibidos por Meza, quien sólo actuaba firmando y recibiendo documentos. Fernández, en tanto, organizó todo el montaje de los trabajos en cerro Macaya simulando cancelar las obras de los trabajadores con cheques de la cuenta de Malatesta.
2006 MINISTERIO DE EDUCACIÓN / Cofinsa: Al entregarse los resultados del proceso de admisión en enero de 2006 para los créditos universitarios con aval del Estado para estudiantes de Chile, con otro de los planes estrella del Gobierno sobre materias de educación, aparece una serie de denuncias sobre asignaciones a postulantes que estaban en condiciones económicas muy superiores a otros que no quedaron en la selección.
Las sospechas por el error comienzan a recaer sobre el ex Ministro Sergio Bitar, quien había renunciado convenientemente a principio de año y antes de publicarse los pésimos resultados de la PSU (que, de paso, comprueban el fracaso rotundo de la reforma educacional introducida durante el gobierno e Frei Ruiz -Tagle) y su sucesora, doña Marigen Hornkhol, además de la Jefa de la División de Educación Superior, Pilar Armanet.
En un enredo descomunal de declaraciones para tratar de ocultar lo sucedido, el Presidente Ricardo Lagos declaró públicamente que subirían los créditos para alumnos de escasos recursos desde los 14 mil anunciados a 40 mil. Sin embargo, a las pocas horas la ministra Hornkhol corrigió a la autoridad dando a conocer que sólo serían 28 mil.
Para empeorar la situación, el día 21 de enero se reconoció públicamente desde el Ministerio que por un “error informático” se habían asignado los créditos universitarios a los estudiantes con más recursos de la postulación en lugar de aquellos que más lo necesitaban, por lo que las señoras Hornkhol y Armanet debieron declarar ante la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados el día 24 de enero y el Jefe de la Comisión Administradora, don Cristian Larraín, presentó su renuncia.
Sin embargo, casi simultáneamente se denunció que Larraín era miembro representante de la empresa Cofinsa, que había estado encargada de diseñar y vender el proyecto de ley de créditos universitarios durante el año 2004, además de haber participado directamente en la implementación del sistema y en el cuestionado proceso de selección, recibiendo por ello varios millones de pesos de la misma secretaría en remuneración, en una incompatibilidad evidente con el cargo en el Ministerio al que había renunciado
2006 GUIDO GIRARDI / PUBLICAM: Guido Girardi, senador del Partido por la Democracia (PPD), confirmó que su comando estuvo relacionado con la empresa Publicam, cuestionada en el escándalo por corrupción en Chiledeportes, ya que utilizó a la firma sólo para pagar gastos electorales.
El parlamentario fue enfático en señalar que, en cualquier caso, se trató de un "error de forma" en que los dineros involucrados correspondieron a dineros privados y en ningún caso tuvieron origen en Fisco. Girardi fue enfático en señalar que la situación no tiene "nada que ver con las actividades que se le adjudican a Publicam", en referencia a las indagaciones a las que es sometida la firma por aparecer recibiendo ocho millones 900 mil pesos por un proyecto de Chiledeportes que nunca se realizó, de acuerdo a Contraloría. Sin embargo, explicó que "nosotros en nuestro comando, a partir de finales de noviembre estableció una relación con Publicam como empresa prestadora de servicios para la campaña".
Esta relación se dio "en el sentido de que nosotros tenemos grandes cantidades de gente que hacia puerta a puerta. A los puerta a puerta tú no les puedes pagar directamente dado que no tienen boleta, no tienen factura, no tienen cómo comprobar su acción". Respecto a si conocía de los cuestionamientos a Publicam, el senador por Santiago Poniente indicó que la firma "llegó recomendada como una empresa seria".
"(El objetivo de) las personas que se relacionaron con Publicam fue chequear si efectivamente existía. Nosotros no sabíamos de todas estas irregularidades que se iban a resolver después. Ellos chequearon que efectivamente Publicam tenía vida tributaria, aparecía en el Servicio de Impuestos Internos, aparecía en Dicom y la gente consideró que era suficiente", explicó.
"Más allá de eso", añadió el parlamentario, "los trabajos que había avalado Publicam se hicieron. De hecho nosotros tenemos las firmas de todas las personas que trabajaron en las campañas, nosotros tenemos los documentos que muestran que todas las personas que trabajaron poniendo publicidad o haciendo puerta a puerta firmaron. Es decir, el 100 por ciento de los trabajos se hizo", aseveró, anunciando que presentarán estos documentos al Servicio de Impuestos Internos.
"Y esos trabajos se pagaron contra aportes privados de la campaña, no contra aportes públicos", recalcó, añadiendo que José Ignacio García, director del Servicio Electoral, confirmó el lunes que los gastos de Publicam aparecían en su rendición de cuenta electoral como gastos privados y no para ser reembolsados por el Fisco. "Aquí no hay ninguna malversación, ningún uso de recursos fiscales. Esto se pagó con dineros de privados que hicieron aportes a nuestra campaña", enfatizó.
Sobre el uso de Publicam reconoció que fue un hubo un error "en la forma en que se rindieron estos recursos, porque el tema de fondo es que las personas fueron pagadas, tenemos los antecedentes de que fueron pagadas, tenemos los documento firmados por ellos de que recibieron sus dineros y que en segundo lugar los dineros que se usaron fueron aportes privados".
El senador salió al paso también de del e-mail de Andrés Farías, ex jefe de gabinete del director metropolitano Chiledeportes, Orlando Morales, donde están los nombres de nueve diputados del Partido por la Democracia (entre ellos su padre) y el de un parlamentario ex militante de la colectividad, como destinatarios de fondos de asignación directa. Al respecto, fue enfático en señalar que eso "es absolutamente falso". "No hemos recibido ni un peso ni hemos pedido ni un peso", recalcó.
Posteriormente, cerca del mediodía, Girardi reiteró sus dichos y puso su palabra como prueba de que decía la verdad al asegurar que no conocía del vínculo con Publicam: "Si bien yo desconocía absolutamente esto, y es mi palabra de hombre que yo no tenía idea de cuáles son los montos, las empresas que habían trabajado y cómo se habían vinculado no sólo con esta, con las distintas empresas ni sabía que se había generado un vínculo con esta empresa Publicam, ni sabía quién lo había hecho ni sabía para qué ítem se había pedido los servicios de Publicam".
"Independientemente de eso, de no tener ninguna vinculación, ni siquiera haber sabido, yo entiendo que tengo responsabilidad política sobre los hechos", dijo. (Cooperativa.cl)
Junio 2007 CHILEDEPORTES / MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO: Corresponde al desvío de fondos de Chiledeportes al Ministerio de la Secretaría General del Gobierno. Después de varias semanas de tranquilidad, el escándalo de Chiledeportes volvió a ganar los titulares. Según el informe final sobre la Secretaría de Deportes que presentó la Contraloría, la cartera desvió 135 millones de dólares a la Secretaría General del Gobierno en 2005, de los cuales sólo se regularizaron 30 millones después de estallar el escándalo. En sus conclusiones, el ente fiscalizador determinó que los desvíos de fondos no eran legítimos, contradiciendo la posición que defendía el gobierno.
Desde el Palacio de la Moneda aceptaron este informe, aunque volvieron a sostener que el desvío de fondos era una práctica usual, no sólo de este gobierno, sino también de los anteriores. “Esto se ha hecho por muchos años, no ha sido cuestionado con anterioridad por ninguna institución”, explicó ayer Ricardo Lagos Weber, el ministro cuya cartera recibía los fondos de los proyectos de Chiledeportes. “Ahora se tienen que rendir las cuentas como corresponde”, agregó.
Sin embargo, esta promesa no dejó tranquila a la oposición que, con el informe de la Contraloría en mano, quiere que empiecen a rodar cabezas ya. “¿Quién tiene responsabilidades sobre la plata que se perdió?”, cuestionó el presidente de la Unión Democrática Independiente (UDI), Hernán Larraín. Sus aliados de Renovación Nacional (RN) también aprovecharon el momento de debilidad del gobierno y recordaron que ningún funcionario de primer nivel de la Secretaría General del Gobierno reconoció su responsabilidad sobre los desvíos –sólo renunció el ex jefe de gabinete de Lagos Weber– ni explicó el destino de los 104 millones de dólares de Chiledeportes que todavía no fueron fiscalizados.
La seguidilla de denuncias –hubo otros casos menores promocionados por la oposición, que perdieron fuerza por falta de evidencia– les ha permitido a los dirigentes de la UDI y RN un renovado protagonismo. “No puede ser que en Chile no pase un día o una semana en que no conozcamos un nuevo caso de corrupción en alguna institución pública”, se indignaban ayer un grupo de diputados de la UDI al conocer las irregularidades en el Servicio de Impuestos Internos. Declaraciones como ésta abundan en estos días en los medios chilenos. Y es que finalmente la oposición parece haber encontrado una herramienta para enfrentar a un gobierno que, casi a un año de asumir, sigue manteniendo el apoyo de más de la mitad de los chilenos.
Junio 2007 SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS: Un grupo de funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII), que asociados con una consultora externa, obligaban a las grandes empresas a aceptar gestiones para evitar futuras sanciones tributarias. Por supuesto, ellos se quedaban con un porcentaje del costo de esas gestiones.
El ministro del Interior, Belisario Velasco, calificó de graves las denuncias y prometió que el gobierno seguirá de cerca la investigación. Sin embargo, la oposición acusó al oficialismo de ser incapaz de encontrar y juzgar a los responsables.
Agosto 2007 EMPRESA DE FERROCARRILES DEL ESTADO:
Durante el gobierno de Patricio Aylwin, los ferrocarriles dejaron de ser un servicio público y se convirtieron en empresa comercial, que pasó a llamarse Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE). Según las autoridades, se han ejecutado proyectos de rehabilitación de vías, con durmientes de hormigón, y adoptado nuevas tecnologías, reparado la electrificación y señalización y se han comprado nuevos equipos. Los sindicatos advierten que tras los escándalos de corrupción vienen "nuevos ajustes y racionalizaciones", y emerge el peligro de la privatización. "Nuestras bases están inquietas por los malos resultados de EFE.
Hay que buscar las verdaderas causas de ese inmenso déficit", dice Miguel Muñoz, presidente de la Federación Nacional de Sindicatos de Ferrocarriles. Desde años vienen denunciando la corrupción en la empresa. Durante la presidencia en EFE de Luis Ajenjo (DC), revelaron la compra de trenes españoles con motores fundidos, la duplicación de contratos por trabajos ya ejecutados, el no hacer efectivo el pago de boletas de garantías por fallas en el servicio Victoria-Puerto Montt y tres mil millones de pesos en facturas no cobradas, según el balance 2006. Denuncias que hoy son investigadas por la Contraloría General de la República.
Según Muñoz, los problemas de mantenimiento de equipos, infraestructura y construcción de vías con empresas de capital español no son nuevos. "EFE no defiende los ferrocarriles, quieren privatizarlos. Todos los gerentes de la administración Ajenjo conocían los problemas y el plan trienal. Hoy se encogen de hombros y eluden responsabilidades". Recientemente 138 dirigentes ferroviarios resolvieron solicitar -en un Consejo ampliado- a la Contraloría y al Consejo de Defensa del Estado (CDE) investigar el plan trienal 2003-2005.
Luis Ajenjo firmó contratos con las empresas Sice-Enyse, del grupo ACS, y con la Compañía Americana de Multiservicios (CAM), del grupo Enersis. Sice controla los peajes free flow de las autopistas Central y Vespucio Norte Express. Según Ajenjo, los contratos implicarían "modernización tecnológica y de infraestructura, un salto del siglo XIX al XXI". Pero no sucedió, dicen los sindicatos.
CAM tiene inversiones en Brasil, Argentina, Colombia y Perú; y ACS es tercer grupo en Europa en construcción y servicios. Otra empresa Tecsa-Dragados S.A., es propiedad de ACS-Dragados. Otras empresas españolas cuestionadas son Temoinsa, Tecdra y Renfe, y las chilenas Evasa Consultores, B y S Consultores, Empresa Servicios Tributarios Integrales, Inmobiliaria Plaza Constitución, K & V Ltda. y Ferrocarriles del Pacífico (Fepasa), entre otras.
Según los trabajadores el ex presidente Ricardo Lagos aseguró que los ferrocarriles llegarían hasta Puerto Montt antes de 2007: "El ex ministro de Transportes Carlos Cruz puso manos a la obra; hoy, se suspenden itinerarios. La estación de Puerto Montt está vacía. En los tramos entre Chillán, Victoria y Temuco la suspensión de trenes es habitual; el servicio está deteriorado y hay menos frecuencias y aumentan el precio de los pasajes". Un círculo vicioso que acrecienta el déficit.
Se hicieron millonarias inversiones con nula rentabilidad. En Merval se invirtieron 340 millones de dólares; en Biovías, 160 millones de dólares; en SEC, 180 millones de dólares; y en el tramo Victoria-Puerto Montt, 47 millones de dólares. "Dinero despilfarrado", dicen los trabajadores. Hoy los ejecutivos de EFE negocian con la banca créditos por más de 37 millones de dólares para "recuperar" a EFE del descalabro.
Según los trabajadores ferroviarios entre otras anomalías se han "perdido" 50.000 durmientes, 1.300 guantes y 22.834 facturas. Hay terrenos han sido "cedidos" o "arrendados" sin contratos. Se pagó por obras deficientes en la remodelación de la Estación Central. Se compraron trenes averiados a Renfe por millones de dólares. Se supone que EFE posee controles: el Ministerio de Transportes, Mideplan, el Ministerio de Hacienda y el Sistema de Empresas Públicas (SEP).
Los dardos apuntan a los ejecutivos Luis Ajenjo y Eduardo Castillo, entre otros. Ajenjo, casado con Victoria Martínez, gerente de BancoEstado y hermana de Gutemberg Martínez, y por tanto cuñada de la senadora Soledad Alvear, presidenta de la DC, fue presidente de la Compañía Chilena de Comunicaciones, dueña de Radio Cooperativa. Castillo fue ejecutivo de Repsol YPF. Ajenjo fue quien llevó a EFE a Claudio Carreño -gerente de administración-, hoy procesado por fraude al Fisco.
El actual Fiscal de EFE, Rodrigo Asenjo, anunció querellas y revisión de contratos con Renfe y Fepasa. Tras el informe de Contraloría decidió ampliar la querella contra Claudio Carreño, presentar otra contra ex ejecutivos vinculados a Evasa, y demandar a ex ejecutivos de EFE por fraude al Fisco. "Hemos ampliado dos querellas, presentado otras dos y vamos a presentar otras dos, además del arbitraje en el SEC", señaló. Le preocupan las 22.843 facturas perdidas, muchas más que en el escándalo Publicam.
"El contrato con Temoinsa -firmado bajo la administración de Nicolás Flaño-, establecía que sólo realizaría mantenimientos mayores, mientras la Maestranza San Eugenio se encargaría de las necesidades rutinarias. Con Luis Ajenjo, el gerente de planificación, Vicente Pardo, lo modificó entregando todo el mantenimiento a Temoinsa. Hoy EFE paga cuantiosas sumas por mantenimiento de equipos, estén o no en el taller. Temoinsa era filial de Renfe", dice Muñoz. Agrega que cuando se instalaron durmientes de hormigón en San Fernando, Tecdra (española) no ejecutó trabajos de limpieza que habrían impedido que los durmientes se soltaran, pero cobró por ese trabajo. EFE no hizo efectiva las multas o boletas de garantía. También le señalaron a Ajenjo que no arrendara oficias en Morandé Nº 115 por su alto costo. Hoy de los tres pisos arrendados sólo se ocupan dos.
Osvaldo Sepúlveda, ex gerente general de EFE, reconoció irregularidades ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, entre ellas que el ex gerente de contabilidad y finanzas, Jorge Letelier, "recibía tres sueldos gracias a asesorías a Merval, y bonos". Según los ferroviarios los gerentes superaban los cien millones de pesos en sueldos. Las indemnizaciones de Alberto de la Carrera, Carlos Gárate, Vicente Pardo y Claudio Carreño fueron millonarias, a pesar del poco tiempo que se desempeñaron en la empresa. Según los trabajadores, tras la investigación iniciada por Contraloría por la pérdida de las facturas, Jorge Letelier -con el visto bueno de Eduardo Castillo, gerente general- habría firmado un instructivo para los trabajadores de Contabilidad prohibiéndoles dar cualquier información a la Contraloría.
Durante meses permanecieron estacionados trenes en la Maestranza San Eugenio. Eran usados, sólo cuando fallaban los convoyes españoles, denuncian los sindicatos. Jaime Araneda, presidente de la Federación de Ferrocarriles Nº1 señala: "Eran trenes reparados y pintados, que podían ser utilizados perfectamente hasta Temuco. No entendemos por qué los ejecutivos de EFE no explican esto". El presidente del Consejo Nacional Ferroviario, Jaime Rebolledo, agrega: "Los declararon trenes no seguros, pero el mantenimiento mecánico hecho por personal de San Eugenio era satisfactorio". Todo apunta a un "velado intento de privatizar lo que queda de Ferrocarriles", señalan.
Contraloría investigó la gestión de EFE de 2001 a 2006. Encontró contratos preacordados, obras fantasmas, arriendos y remates oscuros, y un completo desorden administrativo. El Sindicato de Ferroviarios dice que era un secreto a voces: "Hicimos presentaciones al CDE y a Contraloría, y le enviamos cartas a autoridades. Pero nadie hizo caso de las denuncias", señala Jaime Rebolledo. "Es escandaloso que los últimos trenes comprados en la administración Ajenjo duraran mucho menos que los adquiridos para Metrotren. De seis equipos comprados para el servicio Temuco-Puerto Montt, sólo uno está bueno, y las fallas son altas en el caso de Concepción (Biovías). Hay garantías que no se han hecho efectivas", agrega. Según los dirigentes no hay políticas claras de transporte ferroviario. Tras los escándalos de corrupción se cuestiona la gestión de los trabajadores de Ferrocarriles. "Nos encontramos casi en la misma situación que en 1990. Hay sectores políticos que empujan el carro de la privatización".
Entre 2003 y 2005 EFE dispuso de 100.000 millones de dólares. Las deudas a diciembre de 2006 sumaban 1.350 millones de dólares: 7,54 veces su patrimonio. Los ferroviarios denuncian la compra sin licitación de veinte automotores y trenes usados a Renfe, a precio casi igual que los nuevos comprados a una empresa francesa. Otro caso: "modernización de señalética", adjudicada a un consorcio español que sólo se reemplazó la existente, pero cobró 180 millones de dólares. Denuncian que no se destinó dinero suficiente para "reparar puentes". Las irregularidades se extendieron más en el gobierno de Lagos, que inyectó 1.100 millones de dólares a EFE. Contraloría advierte "intencionalidad para defraudar". Las pérdidas no se explicarían sólo por ineficiencia: hay graves irregularidades.
Tras la salida de Luis Ajenjo, asumió la presidencia de EFE el ex subsecretario de Transportes, Guillermo Díaz (DC), procesado por el caso MOP-GATE. La comisión investigadora de la Cámara busca responsabilidades políticas. Los diputados Fulvio Rossi, Alfonso De Urresti, Manuel Monsalve y Fidel Espinoza solicitaron al presidente del Sistema de Empresas Públicas, Patricio Rojas (DC), que colabore: "Aquí han ocurrido hechos graves, desde el punto de vista de gestión y eventual comisión de delitos, que no estamos dispuestos a tolerar. Debe asumir su responsabilidad como presidente del SEP, del cual depende Ferrocarriles. A nosotros nos importa que EFE continúe siendo una empresa del Estado, pero eficiente. Ha habido una época de gran oscurantismo que marca la gestión de Patricio Rojas. Que entregue toda la información, es la única manera de garantizar de que Ferrocarriles será una empresa eficiente y bien evaluada por la ciudadanía".
La derecha ha hecho un festín del escándalo. Pide se investiguen las pérdidas de 100 millones de dólares de déficit anual, dejando camino pavimentado para una eventual privatización total. Según los ferroviarios, los únicos responsables son los anteriores directivos de EFE. El diputado Patricio Hales (PPD), de la comisión de Transportes, dice: "Se pagaban hasta hace muy poco contratos que estaban vencidos. Mientras estaba Luis Ajenjo, se entregaron millonarias sumas de dinero por indemnizaciones a gerentes". Se habla de millonarias pérdidas en 12 años de gestión. Se acusa la instrumentalización de EFE por parte de la Concertación y, especialmente, de la DC. El Contralor Ramiro Mendoza, dijo a La Nación que EFE no colaboró con la Contraloría: "Hubo una situación que no es usual en nuestras labores de fiscalización. No es usual que nuestros sujetos de fiscalización -que normalmente son colaborativos en la función de fiscalización que Contraloría ejerce- nos representen o nos conduzcan a una ventanilla única para los requerimientos que son propios de la labor de auditoría. (…) Es absolutamente improcedente y obviamente no vamos a aceptar acciones o actuaciones de esa naturaleza, las investigaciones las dirige quien fiscaliza y no quien es sujeto de la fiscalización. Hay un conjunto de informes finales que están sistematizados en un documento único, estos informes llegan a varias conclusiones, muchas de ellas de simple trámite, que la empresa de ferrocarriles consideró y fueron solucionadas, y otras que no fueron superadas y que han sido derivadas al Consejo de Defensa del Estado a fin de evaluar si procede la interposición de acciones civiles o penales".
EFE contrató a Evasa Consultores Ltda. para ejecutar una "asesoría estratégica" ya pagada a Invia, filial inmobiliaria de EFE. Regularizaciones y verificaciones que debían hacerse, de acuerdo al contrato, no se ejecutaron. Evasa regularizaría con la Tesorería General de la República las contribuciones morosas de EFE. Pero Evasa cobró comisiones, por 90 millones de pesos, por un trabajo ya hecho. Se le pagó además por "comisión de éxito", 5 millones de pesos y otros 6,6 millones después.
El cheque del pago de una factura de diciembre de 2005, por 9.668.280 de pesos, fue retirado directamente por el propio gerente de administración de EFE. Según Contraloría, Invia mantiene arrendatarios que no aparecen en nóminas de pago y hay arriendos sin contrato. Las 22.843 facturas perdidas se emitieron entre 1996 y 1999, cuando presidían EFE Hugo Trivelli (DC) y Nicolás Flaño (DC).
La española Renfe vendió a EFE automotores diesel que serían utilizados en el tramo Victoria-Puerto Montt. El servicio debió ser paralizado por graves defectos de las máquinas. Pero no se cobraron las garantías. La pérdida total fue de 8 millones de dólares. Según Contraloría, EFE hizo contratos de "trato directo" con una empresa e incluyó puntos eliminados al momento de adjudicar la propuesta. Pagó 431 millones por un trabajo, pero luego en un segundo y tercer contrato adjudicado por trato directo, pagó 304 y 158 millones más. Un proyecto de remodelación fue desglosado en partes y el costo final de las obras resultaron un 89 por ciento más de lo pactado. Además se detectó graves deficiencias en las obras entregadas. En la remodelación de la Estación Central el costo original era de 1.342 millones de pesos, pero el valor final superó los 2.380 millones. Las ampliaciones de contratos se hicieron sin licitación.
El 2005 y 2006 EFE pagó a Luis Briceño honorarios de cuatro millones de pesos por un estudio tributario. Las boletas emitidas por Briceño tenían un timbre que no correspondía al del Servicio de Impuestos Internos (SII). Briceño no tiene inicio de actividades en el SII y era socio de Claudio Carreño -gerente de administración de EFE-, en la sociedad B y S Consultores Limitada. Carreño adjudicó a la Empresa Servicios Tributarios Integrales -el 2005- contratos por 81 millones de pesos: su representante legal era Luis Briceño.
Otras irregularidades detectadas por Contraloría se refieren al inmueble de Morandé 115. Se arrendó a la inmobiliaria Plaza Constitución en una renta mensual era de 1.206 UF. Se detectó que de marzo a noviembre de 2005 se pagaron 84 millones de pesos por sobre el contrato. EFE contrató a K & V Ltda. para ejecutar trabajos de habilitación de los pisos de Morandé 115, por 151 millones de pesos. Sin embargo, finalmente pagó 376 millones. Además contrató una Consultora para una inspección técnica innecesaria y desembolsó otros 68 millones de pesos.
En octubre de 2002, EFE vendió a la española Temoinsa el lote 2B de la Maestranza San Eugenio -una superficie aproximada de 36.000 metros cuadrados- pero arbitrariamente se modificó el plano de subdivisión y se entregó en forma adicional un terreno de 4.000 metros cuadrados. Otra irregularidad detectada por Contraloría es el pago al contratista Anastasio Cerda de 13 millones de pesos por la remodelación del almacén San Bernardo para convertirlo en archivo histórico. La empresa de Cerda ejecutó otro trabajo: arreglar un baño, una cocina e instaló ventanas. A fines de 2004, EFE contrató sin licitación al "martillero" Marcos Encina para rematar repuestos y materiales. El domicilio de Encina no existe y según el Ministerio de Economía, está en "trámite la anulación de su registro de martillero". EFE le entregó repuestos sin inventario por los que recibió un dinero mucho menor al presupuestado.
También Contraloría señala que el contrato de concesión que EFE tiene con Ferrocarriles del Pacífico S.A., (Fepasa), desde 1995, "ha perjudicado a EFE. La empresa Fepasa mantiene deudas antiguas que datan de 2001. (…) Aparte de no cumplir con las disposiciones del contrato, podría significar que EFE esté subsidiando a Fepasa". Según el organismo fiscalizador, no se realiza un cobro eficiente, porque "no cuenta con una romana para pesar la carga que se transporta en las vías". Fepasa fue creada en 1993 y un año después, EFE vendió un 51 por ciento de la propiedad a privados. Se le otorgó por veinte años la concesión para operar y transportar carga. La empresa fue adquirida por Manuel Cruzat, pero en 2003 la compró el grupo Sigdo Koppers, de la cual fue socio el ex presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle (DC).
El primer caso grave de corrupción fue el de los "empleos brujos", originado en la elección parlamentaria de diciembre de 2005, cuando se denunció el uso de fondos públicos destinados a programas de generación de empleo (PGE) para financiar campañas de candidatos de la Concertación en la Región de Valparaíso. Las denuncias afectaban a cinco diputados y a un senador. La justicia finalmente formalizó a los diputados PPD Rodrigo González y Laura Soto, siendo ratificado por la Corte Suprema el desafuero contra esta última en enero de 2008.
2008 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA / Malversación de caudales públicos:
Con motivo del cambio de mando y visita de Fox el 15 de febrero de 2006, la Presidencia de la República, aún en manos de Ricardo Lagos, emitió a nombre de la empresa "Ser Producciones Creativas" facturas por 127 millones de pesos por "servicio de diseño y producción general de diversas actividades con motivo del traspaso de mando presidencial". Sin embargo, el dinero nunca se usó en este objetivo, sino que se gastó íntegro para pagar en forma retroactiva los sueldos de 22 personas que trabajaron en la campaña presidencial de Michelle Bachelet durante la segunda vuelta.
Jaime Miranda y Sergio Bravo, dueños de"Ser Producciones Creativas Ltda."explican al fiscal lo que denominan "la verdad de los hechos: "Con motivo de la elección de la Presidenta Michelle Bachelet, fuimos convocados por la Presidencia para prestar nuestros servicios en el proceso de Transmisión del Mando, que comprendían, entre otras materias, la producción integral de la visita de la Presidenta Michelle Bachelet a Casablanca, y su llegada al Palacio dela Moneda. Dentro de las actividades que se nos encomendaron, se nos ordenó contratar y pagar a un grupo de personas para que trabajaran en las actividades de transmisión del mando, bajo la administración y supervisión de la propia Presidencia de la República. Para ese efecto, la Presidencia de la República destinó recursos que ascendían a lo antes expuesto, que fueron pagados una vez que la Presidencia nos informó que los servicios habían sido prestados satisfactoriamente por los contratados", sostiene."En consecuencia, no existe nada ilegal en nuestra actuación, y respecto de las actividades pormenorizadas y específicas que realizaron las personas contratadas, es la Presidencia de la República, bajo cuyas órdenes se desempeñaron, quien puede responder. No es irregular ni ilegal, ni menos constituye un escándalo, contratar y pagar personal por encargo de un mandante, para que desarrolle labores que ese mandante supervisa y certifica", explican. Respecto de la visita del Presidente Fox a Chile, que según consta en la denuncia, la Presidencia emitió otra factura a nombre de la productora, explican que "jamás hemos realizado actividad alguna relativa a esa visita" y agregan que "esa factura corresponde al último pago de la fiesta de Navidad 2005, y la glosa que hace mención de la visita del Presidente Fox es Falso”.
Bueno, la triangulación de fondos desde la Presidencia a través de "Ser Producciones Creativas" para pagar sueldos a miembros del comando de Michelle Bachelet, esperamos que la investigación del Ministerio Público sea rotulada e "inicie la investigación por delitos de malversación de fondos públicos.-" y todos los chilenos podamos saber la verdad de los hechos.-
2008 MOP Sexta Región:
El diputado de ChilePrimero, Esteban Valenzuela, manifestó la necesidad de crear una comisión investigadora en el escándalo de corrupción que se produjo en el MOP, que "implicaría una red de coimas en los contratos de mantención de caminos, el que supera los 5.000 millones de pesos".
Valenzuela dijo que los hechos expuestos por la ex seremi de Obras Públicas de la Sexta Región, Beatriz Valenzuela, "son muy grave porque se repiten en un Ministerio cuestionado por el caso GATE y por denuncias similares realizadas en la Región de la Araucanía, que culminaron con funcionarios destituidos por abultar contratos, avalar trabajos no realizados o mal hechos, entre otras malas prácticas".
A su parecer la denuncia de la ex seremi, "realizada por su coraje a pesar de las presiones que recibió, entrega un sin número de carencias estructurales y falta de respuesta institucional, más allá de apoyo dado por el Ministro Bitrán a su denuncia de mayo del año 2007".
El parlamentario relató que "la ex SEREMI apenas asume su cargo en marzo del año 2006 cuestiona los abultados contratos de ampliación de obras de Pilén, pero por escrito se le ordena visarlos desde el nivel central. No obstante, los cuestionamiento a Aldo Rossi, visitador técnico y luego nombrado jefe nacional de mantención, este continuó en el Ministerio. Lo mismo ocurrió con otros funcionarios sindicados por la funcionaria a superiores, los cuales siguieron en sus cargos".
Y agregó: "El Ministerio no ordena detener los contratos de las empresas cuestionadas, no obstante la ex SEREMI recibe incluso amenazas por sus pedidos de investigación de los hechos. Se recabaron nuevos antecedentes que avalaron la denuncia realizada al Ministerio Público, pero las empresas siguieron en el sistema por una mal comprendida teoría de que 'hay que esperar los veredictos de la Justicia'. Se perdieron dos años de limpieza institucional".
Sostuvo que "los cuestionamiento a José Miguel Zurita, ex Jefe de Vialidad de O´Higgins, donde ocurrieron las irregularidades, cuya petición de remoción del mismo por parte de la ex SEREMI, no se traducen en sumarios clarificadores, produciéndose su posterior contratación como asesor en el área de aeropuertos".
También expresó que "el Gobierno no coloca urgencia al proyecto de modernización del Ministerio, incluyendo una Superintendencia que fiscalizara con mayor celo la transparencia y la calidad en adjudicaciones y obras. Hay una omisión lesiva evidente".
Aclaró que incluso "tampoco se hace auditoría a las ampliaciones de contratos en todas las regiones, ni se generan comités plurales para adjudicar, ni se indaga respecto a las declaraciones de bienes de los funcionarios, ni al origen de las empresas adjudicatarias, entre otras 'buenas prácticas' necesarias ante la evidencia de las denuncias y la necesidad de un mayor celo administrativo".
En ese sentido, el diputado Valenzuela dijo que "por lo anterior se solicita crear una Comisión Investigadora de las denuncias sobre corrupción en la Región de O'Higgins y la falta de reacción institucional del MOP, con el objeto de cooperar en aclarar los hechos que reviste la denuncia de la ex seremi".
Además de revisar las políticas de adjudicaciones y fiscalización de obras del MOP y ver los procedimientos internos del MOP ante denuncias y la respuesta institucional pro transparencia.
Diciembre 2008: Guirardi / Subsecretaria / Carabineros
El senador Guido Girardi, según propia confesión, transitaba a exceso de velocidad, por lo cual Carabineros procedió a cursarle un parte de tránsito por dicha infracción. Dice el afectado que Carabineros no actuó como correspondía, por no haber controlado a otra autoridad por la misma causal y no haber querido revisar su credencial de autoridad.
Reclama a la subsecretaria de Carabineros, una funcionaria de gobierno quien transmite el tema al alto mando de Carabinero. Este último decide castigar a los funcionarios de carabineros.
Fuente: www.carloserazo.cl y otros